Lorenzo Meyer
Una Promesa por Cumplir.- Durante la 13 Asamblea Nacional Extraordinaria que el PAN celebró en Querétaro, el presidente Vicente Fox anunció que, como consecuencia de la lucha de su gobierno contra la corrupción pública –un tema central de su campaña como candidato de oposición pero con pocos resultados hasta ahora—, pronto caerían “peces gordos” (Reforma, 10 de diciembre). Según el presidente, el esfuerzo de su administración en su primer año de vida se centró en los preparativos --en levantar el “andamiaje”--, pero como éstos ya han concluido, es tiempo de poner manos a la obra y hacer efectiva la promesa. En poco tiempo podremos constatar si este anuncio es un caso más de “estridencia y furia que nada significa” o efectivamente desemboca en los resultados largamente esperados por prometidos pero, sobre todo, por ser socialmente necesarios. En materia de corrupción y violación de derechos humanos, sacar a flote el pasado es una forma de evitar que las inercias prevalezcan y vuelvan a ganarnos el futuro.
Los especialistas aseguran que en todo lugar y época ha existido la corrupción de funcionarios públicos, y que es utópico suponer que alguna sociedad pueda eliminarla por completo. Lo que sí es posible es arrinconar a esa corrupción hasta convertirla en un fenómeno marginal, incapaz de distorsionar en lo esencial los procesos políticos y administrativos. Y es con ese objetivo en mente que en México se debe de proceder a modificar las estructuras legales –en buena medida hechas para proteger a los corruptos— y enjuiciar a los elementos más torcidos del pasado como un paso necesario para asegurarnos un futuro mejor.
Definición y Problemática.- Como todo fenómeno social, el de la corrupción pública dispone de varias definiciones, aunque para nuestro propósito no se requiere echar mano de explicaciones complicadas y basta con entenderla como “el hecho de que la ganancia privada es asegurada a expensas públicas” o como la transformación de la función pública en fuente de enriquecimiento privado ilícito (Francisco J. Laporta en Laportra y Silvina Alvarez (eds.), La corrupción política, Alianza Editorial, 1997, pp.20-21). Muchas son las modalidades que puede asumir el uso ilegal de lo público para beneficio privado: soborno, extorsión, manipulación del mercado, malversación, especulación con fondos públicos, uso de información privilegiada, etcétera.
Durante un tiempo, cierta teoría administrativa vio la corrupción de los funcionarios públicos en sociedades atrasadas, como una desviación de las normas que no dejaba de tener efectos positivos o funcionales, pues permitía a los elementos más dinámicos y empresariales, aceitar los duros e ineficientes engranajes de una burocracia poco profesional y eliminar así cuellos de botella administrativos. Al México del PRI, alguien lo definió como una tiranía sexenal atemperada por la corrupción, de tal manera que ésta última era vista como antídoto a los peores aspectos del autoritarismo. Hoy pocos defienden tal punto de vista, pues el examen de la realidad muestra que los efectos negativos de la corrupción son mayores que los supuestos beneficios.
La contradicción sistemática entre los valores que el marco constitucional exige respetar y defender y las prácticas ilegales en beneficio personal de políticos y funcionarios, como ha sido el caso de México, termina por minar la cultura cívica y por erosionar la legitimidad de los líderes políticos, del gobierno, del régimen y, en algunos casos, de la comunidad nacional misma. ¿Como mantener esa comunidad imaginada que es la nación, si dentro de ella y por encima de los lazos de solidaridad dominan el soborno, la extorsión y la malversación? Desde otro punto de vista –uno más técnico y menos moral— la corrupción significa desvío de recursos, una asignación no eficiente de fondos, impide la creación de un factor central de la economía: la confianza, y aumenta los incentivos y las externalidades negativas y aleja a la gran inversión que necesita de un entorno con reglas claras y predecibles.
El combate a la corrupción se debe de iniciar con el ejemplo: con una conducta impecable de los dirigentes políticos, y con retribuciones adecuadas para los funcionarios y servidores del Estado, desde el presidente hasta los policías. Sin embargo, todo combate a la perversión del cargo público también requiere del castigo, en particular del castigo ejemplar de los más altos responsables políticos.
Museo de la Corrpción.- La Academia Mexicana de la Ciencia (AMC) –institución fundada en 1959-- celebró de nuevo su comida de fin de año. La sede de la institución se encuentra en San Andrés Totoltepec –pueblo viejo que ya estaba en la lista de tributarios de Hernán Cortés--, en la salida de la Ciudad de México a Cuernavaca. Desde lejos, el edificio de tabique rojo, construido sobre una pequeña colina rodeadas de cipreses, corresponde bien a lo que el arquitecto debió tener en mente: una elegante villa de la Italia del Renacimiento. El interior, sin embargo, depara una sorpresa: el dueño original nunca pensó destinar el palacete a los propósitos propios de ese tipo de construcción sino ¡a una simple cuadra para sus caballos! Hoy, esos establos sirven muy bien como soleadas oficinas y cubículos para la AMC y sólo un ejercicio de imaginación permite vislumbrar que hace veinte años el mismo lugar donde hoy se discuten y administran asuntos y proyectos relacionados con las diez secciones en que la AMC divide a las disciplinas científicas que se cultivan en México, estuvo ocupado por una decena de caballos, caballerangos, aperos y forraje. Como sea, los más de dos centenares de académicos invitados este fin de año, pudimos dejar los autos al pie de las caballerizas renacentistas, dentro de la pista del que fuera un galgódromo. En el lado opuesto, las mesas cupieron con holgura en lo que originalmente debió ser un ruedo o un lienzo charro; a lo lejos y en el centro de tan opulento complejo –rodeado por una impresionante muralla de piedra— se podía ver el suntuoso edificio central, que en su origen fue la residencia de un personaje al que el presidencialismo sin límites nombró general de división cuando se desempeñaba como jefe de policía de la Ciudad de México (1976-1982): Arturo Durazo Moreno. Alguien comentó que en el garaje de esa casa --que también contó con una “disco”— hubo un par de docenas de autos antiguos. En realidad, y sin necesidad de afectar las muy agradables instalaciones de la AMC, y sirviéndole de contrapunto, una parte de tan espectacular complejo arquitectónico puede albergar, cuando haya la voluntad y recursos para hacerlo, el Museo de la Corrupción en México.
Monumento Didáctico.- ¿Para que un museo sobre uno de nuestros grandes problemas nacionales?. Bueno, por varias razones: exponer a la vergüenza pública las prácticas ilegales e ilegítimas del pasado, es una manera de inhibirlas. Por otro lado, sí Jorge Santayana (1863-1962) tenía razón, resulta que aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo. Y la antigua mansión del señor Durazo –una entre varias— es el sitio ideal para que nadie pueda olvidar la fenomenal corrupción que se vivió en México durante la madurez y decadencia del viejo régimen priísta. Se trataría, por tanto, de una institución dedicada a educar a las nuevas generaciones en una cultura cívica que, idealmente, deberá ser la negación de la que campeó en México a todo lo largo del siglo XX y cuyas raíces son, además, centenarias. Si en Churubusco existe el Museo de las Intervenciones, San Andrés Totoltepec es el sitio perfecto para investigar, documentar y mostrar otro aspecto clave del pasado que no debe repetirse.
Al preguntársele sobre la guerra sucia de los años setenta, el ex presidente José López Portillo (1976-1982) respondió que no sabía nada al respecto porque él se había desempeñado como presidente, no como policía. Fue una mala respuesta, ya que justamente una de las responsabilidades de todo Jefe del Poder Ejecutivo –responsabilidad innegable e intransferible— es la de avalar y vigilar la conducta de sus colaboradores inmediatos, en particular de aquellos, que como su amigo Durazo, habían sido nombrados directamente por el presidente. Fue el estilo patrimonial, autoritario e irresponsable de ejercer el poder del ahora viejo régimen, lo que le permitió al señor Durazo acceder a un puesto para el que no era apto y usarlo para acumular una enorme fortuna personal. Esa fortuna, entre otras cosas, tuvo expresiones arquitectónicas que, sin proponérselo, simbolizan a la perfección un tipo de poder que presupone un profundo desprecio hacia la sociedad que se gobierna.
La Clase Política y la Ciencia.- No es en el discurso sino en la acción donde se pueden ver las auténticas prioridades de un individuo, un grupo, una nación o una clase política. La retórica ampulosa de José López Portillo –abogado, funcionario, teórico del Estado y autor de “Don Q” y “Ellos vienen”— contrastó con hechos como llegar a la presidencia tras “ganar” una elección sin contendientes, el derroche de la efímera bonanza petrolera, el aumento catastrófico de la deuda externa, la guerra sucia contra los pequeños grupos insurgentes, el nepotismo, la frivolidad, la nacionalización de la banca para ocultar la responsabilidad gubernamental de una crisis económica. Las lagrimas presidenciales derramadas en 1982 para pedir perdón a los pobres de México fueron negadas con anticipación por, entre otras cosas, la vulgar ostentación de la fortuna acumulada por su amigo y jefe de policía.
La Ciencia y las Caballerizas. Nadie discute hoy que la educación y el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico junto con la creación y mantenimiento de la infraestructura que tal empresa requiere, es una de las inversiones más productivas y posible ruta para superar el atraso de países como México. Sin embargo, históricamente y en la práctica la clase política mexicana le dio prioridad a muchas otras cosas –entre ellas su reproducción y enriquecimiento— y trató a la educación –su calidad— y al desarrollo de la ciencia –base y resultado de la buena educación superior— como algo secundario.
En el sexenio de Luis Echeverría --el de “arriba y adelante”--, el gasto gubernamental federal en ciencia y tecnología representó en promedio el 0. 32% del Producto Interno Bruto (PIB) y la cifra apenas aumentó siete centésimas --0.39%-- en el sexenio de López Portillo (y Durazo). Para el último decenio del siglo XX, el promedio del gasto público en ciencia y tecnología bajo a 0.37%. Y aquí conviene subrayar que en nuestro país es el sector público, no el privado, el que hace la mayor inversión y esfuerzo en este campo. Así pues, poco más de un tercio del uno por ciento del PIB difícilmente puede servir de prueba del compromiso y voluntad de la clase gobernante de hacer de la ciencia una de las vías para superar el atraso histórico de México. En proporción a su PIB, en 1997 el gasto en investigación y desarrollo experimental en Estados Unidos fue ocho veces mayor mayor que en México y en Suecia 11.3 veces; incluso Brasil nos superó por el doble. Lo dicho, es en los hechos --en este caso el presupuesto o la forma de vida de las élites políticas-- y no los discursos, donde se encuentran los verdaderos indicador de las prioridades y naturaleza de los sistemas políticos.
El nuevo régimen, el democrático que se inició en el 2000, acabó con el antiguo gracias a promesas como la de exigir cuentas a la casta de funcionarios a la que pertenecía y simboliza quien construyó las caballerizas que hoy albergan a la AMC o sacar a la educación pública de esa barranca en la que las evaluaciones externas –como la de la OCDE— nos dice que se encuentra. Sin embargo, hasta hoy nada significativo se ha hecho para pedirle cuentas a los responsables del pasado y la información que ofrecen la AMC por voz de su titular René Drucker o los voceros de la UNAM y el IPN (Milenio Diario, 12 de diciembre) es que los recursos para apoyar la educación de los estudiantes mexicanos de posgrado y la investigación científica en general —pilar insustituible de la educación superior— van a disminuir. Así pues, y en la práctica, la nueva clase política pareciera dispuesta a mantener a la ciencia mexicana, sino en los establos, sí bastante lejos del centro de sus prioridades.
Los especialistas aseguran que en todo lugar y época ha existido la corrupción de funcionarios públicos, y que es utópico suponer que alguna sociedad pueda eliminarla por completo. Lo que sí es posible es arrinconar a esa corrupción hasta convertirla en un fenómeno marginal, incapaz de distorsionar en lo esencial los procesos políticos y administrativos. Y es con ese objetivo en mente que en México se debe de proceder a modificar las estructuras legales –en buena medida hechas para proteger a los corruptos— y enjuiciar a los elementos más torcidos del pasado como un paso necesario para asegurarnos un futuro mejor.
Definición y Problemática.- Como todo fenómeno social, el de la corrupción pública dispone de varias definiciones, aunque para nuestro propósito no se requiere echar mano de explicaciones complicadas y basta con entenderla como “el hecho de que la ganancia privada es asegurada a expensas públicas” o como la transformación de la función pública en fuente de enriquecimiento privado ilícito (Francisco J. Laporta en Laportra y Silvina Alvarez (eds.), La corrupción política, Alianza Editorial, 1997, pp.20-21). Muchas son las modalidades que puede asumir el uso ilegal de lo público para beneficio privado: soborno, extorsión, manipulación del mercado, malversación, especulación con fondos públicos, uso de información privilegiada, etcétera.
Durante un tiempo, cierta teoría administrativa vio la corrupción de los funcionarios públicos en sociedades atrasadas, como una desviación de las normas que no dejaba de tener efectos positivos o funcionales, pues permitía a los elementos más dinámicos y empresariales, aceitar los duros e ineficientes engranajes de una burocracia poco profesional y eliminar así cuellos de botella administrativos. Al México del PRI, alguien lo definió como una tiranía sexenal atemperada por la corrupción, de tal manera que ésta última era vista como antídoto a los peores aspectos del autoritarismo. Hoy pocos defienden tal punto de vista, pues el examen de la realidad muestra que los efectos negativos de la corrupción son mayores que los supuestos beneficios.
La contradicción sistemática entre los valores que el marco constitucional exige respetar y defender y las prácticas ilegales en beneficio personal de políticos y funcionarios, como ha sido el caso de México, termina por minar la cultura cívica y por erosionar la legitimidad de los líderes políticos, del gobierno, del régimen y, en algunos casos, de la comunidad nacional misma. ¿Como mantener esa comunidad imaginada que es la nación, si dentro de ella y por encima de los lazos de solidaridad dominan el soborno, la extorsión y la malversación? Desde otro punto de vista –uno más técnico y menos moral— la corrupción significa desvío de recursos, una asignación no eficiente de fondos, impide la creación de un factor central de la economía: la confianza, y aumenta los incentivos y las externalidades negativas y aleja a la gran inversión que necesita de un entorno con reglas claras y predecibles.
El combate a la corrupción se debe de iniciar con el ejemplo: con una conducta impecable de los dirigentes políticos, y con retribuciones adecuadas para los funcionarios y servidores del Estado, desde el presidente hasta los policías. Sin embargo, todo combate a la perversión del cargo público también requiere del castigo, en particular del castigo ejemplar de los más altos responsables políticos.
Museo de la Corrpción.- La Academia Mexicana de la Ciencia (AMC) –institución fundada en 1959-- celebró de nuevo su comida de fin de año. La sede de la institución se encuentra en San Andrés Totoltepec –pueblo viejo que ya estaba en la lista de tributarios de Hernán Cortés--, en la salida de la Ciudad de México a Cuernavaca. Desde lejos, el edificio de tabique rojo, construido sobre una pequeña colina rodeadas de cipreses, corresponde bien a lo que el arquitecto debió tener en mente: una elegante villa de la Italia del Renacimiento. El interior, sin embargo, depara una sorpresa: el dueño original nunca pensó destinar el palacete a los propósitos propios de ese tipo de construcción sino ¡a una simple cuadra para sus caballos! Hoy, esos establos sirven muy bien como soleadas oficinas y cubículos para la AMC y sólo un ejercicio de imaginación permite vislumbrar que hace veinte años el mismo lugar donde hoy se discuten y administran asuntos y proyectos relacionados con las diez secciones en que la AMC divide a las disciplinas científicas que se cultivan en México, estuvo ocupado por una decena de caballos, caballerangos, aperos y forraje. Como sea, los más de dos centenares de académicos invitados este fin de año, pudimos dejar los autos al pie de las caballerizas renacentistas, dentro de la pista del que fuera un galgódromo. En el lado opuesto, las mesas cupieron con holgura en lo que originalmente debió ser un ruedo o un lienzo charro; a lo lejos y en el centro de tan opulento complejo –rodeado por una impresionante muralla de piedra— se podía ver el suntuoso edificio central, que en su origen fue la residencia de un personaje al que el presidencialismo sin límites nombró general de división cuando se desempeñaba como jefe de policía de la Ciudad de México (1976-1982): Arturo Durazo Moreno. Alguien comentó que en el garaje de esa casa --que también contó con una “disco”— hubo un par de docenas de autos antiguos. En realidad, y sin necesidad de afectar las muy agradables instalaciones de la AMC, y sirviéndole de contrapunto, una parte de tan espectacular complejo arquitectónico puede albergar, cuando haya la voluntad y recursos para hacerlo, el Museo de la Corrupción en México.
Monumento Didáctico.- ¿Para que un museo sobre uno de nuestros grandes problemas nacionales?. Bueno, por varias razones: exponer a la vergüenza pública las prácticas ilegales e ilegítimas del pasado, es una manera de inhibirlas. Por otro lado, sí Jorge Santayana (1863-1962) tenía razón, resulta que aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo. Y la antigua mansión del señor Durazo –una entre varias— es el sitio ideal para que nadie pueda olvidar la fenomenal corrupción que se vivió en México durante la madurez y decadencia del viejo régimen priísta. Se trataría, por tanto, de una institución dedicada a educar a las nuevas generaciones en una cultura cívica que, idealmente, deberá ser la negación de la que campeó en México a todo lo largo del siglo XX y cuyas raíces son, además, centenarias. Si en Churubusco existe el Museo de las Intervenciones, San Andrés Totoltepec es el sitio perfecto para investigar, documentar y mostrar otro aspecto clave del pasado que no debe repetirse.
Al preguntársele sobre la guerra sucia de los años setenta, el ex presidente José López Portillo (1976-1982) respondió que no sabía nada al respecto porque él se había desempeñado como presidente, no como policía. Fue una mala respuesta, ya que justamente una de las responsabilidades de todo Jefe del Poder Ejecutivo –responsabilidad innegable e intransferible— es la de avalar y vigilar la conducta de sus colaboradores inmediatos, en particular de aquellos, que como su amigo Durazo, habían sido nombrados directamente por el presidente. Fue el estilo patrimonial, autoritario e irresponsable de ejercer el poder del ahora viejo régimen, lo que le permitió al señor Durazo acceder a un puesto para el que no era apto y usarlo para acumular una enorme fortuna personal. Esa fortuna, entre otras cosas, tuvo expresiones arquitectónicas que, sin proponérselo, simbolizan a la perfección un tipo de poder que presupone un profundo desprecio hacia la sociedad que se gobierna.
La Clase Política y la Ciencia.- No es en el discurso sino en la acción donde se pueden ver las auténticas prioridades de un individuo, un grupo, una nación o una clase política. La retórica ampulosa de José López Portillo –abogado, funcionario, teórico del Estado y autor de “Don Q” y “Ellos vienen”— contrastó con hechos como llegar a la presidencia tras “ganar” una elección sin contendientes, el derroche de la efímera bonanza petrolera, el aumento catastrófico de la deuda externa, la guerra sucia contra los pequeños grupos insurgentes, el nepotismo, la frivolidad, la nacionalización de la banca para ocultar la responsabilidad gubernamental de una crisis económica. Las lagrimas presidenciales derramadas en 1982 para pedir perdón a los pobres de México fueron negadas con anticipación por, entre otras cosas, la vulgar ostentación de la fortuna acumulada por su amigo y jefe de policía.
La Ciencia y las Caballerizas. Nadie discute hoy que la educación y el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico junto con la creación y mantenimiento de la infraestructura que tal empresa requiere, es una de las inversiones más productivas y posible ruta para superar el atraso de países como México. Sin embargo, históricamente y en la práctica la clase política mexicana le dio prioridad a muchas otras cosas –entre ellas su reproducción y enriquecimiento— y trató a la educación –su calidad— y al desarrollo de la ciencia –base y resultado de la buena educación superior— como algo secundario.
En el sexenio de Luis Echeverría --el de “arriba y adelante”--, el gasto gubernamental federal en ciencia y tecnología representó en promedio el 0. 32% del Producto Interno Bruto (PIB) y la cifra apenas aumentó siete centésimas --0.39%-- en el sexenio de López Portillo (y Durazo). Para el último decenio del siglo XX, el promedio del gasto público en ciencia y tecnología bajo a 0.37%. Y aquí conviene subrayar que en nuestro país es el sector público, no el privado, el que hace la mayor inversión y esfuerzo en este campo. Así pues, poco más de un tercio del uno por ciento del PIB difícilmente puede servir de prueba del compromiso y voluntad de la clase gobernante de hacer de la ciencia una de las vías para superar el atraso histórico de México. En proporción a su PIB, en 1997 el gasto en investigación y desarrollo experimental en Estados Unidos fue ocho veces mayor mayor que en México y en Suecia 11.3 veces; incluso Brasil nos superó por el doble. Lo dicho, es en los hechos --en este caso el presupuesto o la forma de vida de las élites políticas-- y no los discursos, donde se encuentran los verdaderos indicador de las prioridades y naturaleza de los sistemas políticos.
El nuevo régimen, el democrático que se inició en el 2000, acabó con el antiguo gracias a promesas como la de exigir cuentas a la casta de funcionarios a la que pertenecía y simboliza quien construyó las caballerizas que hoy albergan a la AMC o sacar a la educación pública de esa barranca en la que las evaluaciones externas –como la de la OCDE— nos dice que se encuentra. Sin embargo, hasta hoy nada significativo se ha hecho para pedirle cuentas a los responsables del pasado y la información que ofrecen la AMC por voz de su titular René Drucker o los voceros de la UNAM y el IPN (Milenio Diario, 12 de diciembre) es que los recursos para apoyar la educación de los estudiantes mexicanos de posgrado y la investigación científica en general —pilar insustituible de la educación superior— van a disminuir. Así pues, y en la práctica, la nueva clase política pareciera dispuesta a mantener a la ciencia mexicana, sino en los establos, sí bastante lejos del centro de sus prioridades.
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