Lorenzo Meyer
Efectos del Gran Cambio.- Lo que efectivamente sucede en el mundo del poder, siempre quedará por debajo de lo que podría y debería ser. De ahí la necesidad de examinar la realidad política a la luz de sus limitaciones y deficiencias para intentar superarlas, Por ello, y aún en las mejores circunstancias, la crítica mantiene su razón de ser.
Lo que ocurrió en México el 2 de julio fue una elección presidencial crucial, una que llevó a la alternancia de partidos en el poder y, como consecuencia de ello, desembocó en algo poco frecuente, importante y que a lo largo de nuestra historia se ha visto únicamente un puñado de veces: un cambio del régimen político. Y no sólo eso, sino que la transformación se llevó a cabo por la vía legal y pacífica, algo totalmente inédito en nuestra experiencia nacional y con pocos precedentes en cualquier otra parte. En circunstancias tan novedosas, el arte de la crítica política, debe registrar la novedad pero no modificar su esencia.
La transformación que hoy está viviendo la sociedad mexicana en la arena del poder público implica, entre otras cosas, que el objeto de la crítica ya no es el que por tanto tiempo fue. En efecto, desde hace decenios y hasta hoy, el cuestionamiento de fondo a la estructura de poder vigente era la falta de legitimidad de la estructura misma. Sin embargo, a partir del cambio no sólo de presidente y partido sino de las reglas del juego, esa falta de legitimidad global se marcha junto con quienes fueron democráticamente derrotados. Cuando un nuevo equipo asuma la dirección de la compleja red de instituciones que conforman el sistema político en su conjunto, la crítica deberá asumir como punto de partida que estará examinando a un nuevo régimen, a uno que tiene la legitimidad que le da el haber nacido de una elección real, pues por lo que al triunfador se refiere, el proceso en virtud del cual va a asumir el poder cubrió al pie de la letra todas las condiciones para ser considerada democrático, pero lo democrático no asegura, ni de lejos, eficacia, honestidad y sentido sustantivo de justicia.
La Legitimidad. Hoy por hoy, una parte de la opinión pública pareciera aún no darse cuenta cabal de la magnitud del cambio que acaba de tener lugar en la arena del poder en México. Sin embargo, una definición de lo que es un régimen político puede ayudar a poner en su justa dimensión lo ocurrido el 2 de julio y a comprender sus posibles consecuencias presentes y futuras. Para S. Krasner, un régimen político –que lo mismo puede ser nacional que internacional--, es el conjunto de “principios, normas, reglas y procedimientos, implícitos y explícitos, que regulan el proceso de la toma de decisiones [políticas] alrededor de los cuales convergen las expectativas de los actores” (International Regimes, Cornell University Press, 1983, p. 186).
Usando la definición anterior, podemos asegurar que si bien y como resultado directo e inmediato de la pasada elección presidencial no se han modificado aún los principios, normas, reglas y procedimientos explícitos que rigen la toma de decisiones políticas en México –el marco jurídico--, los que sí cambió y va a seguir cambiando, es el conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos implícitos o informales que rigieron el juego político mexicano a lo largo del siglo XX. Hasta antes del 2 de julio, lo determinante en México era lo implícito, lo que no estaba en las leyes sino en unas costumbres antidemocráticas y autoritarias muy arraigadas.
La primera gran transformación de régimen que tuvo lugar en el México independiente fue, obviamente, la independencia misma, el proceso que en 1821 transformó a la sociedad mexicana de colonia en nación independiente. La siguiente gran mudanza tuvo lugar cuando se adoptó la constitución liberal de 1857. El llamado Segundo Imperio fue otra transformación de régimen, aunque efímera y, en 1867, con la derrota de los conservadores y el fusilamiento de Maximiliano de Hapsburgo en Querétaro, se volvió a restaurar el sistema anterior. En 1911 el levantamiento maderista iniciado el año anterior acabó con el régimen porfirista y comenzó el violento proceso de construcción de uno nuevo, cuya base legal fue la Constitución de 1917. La derrota del PRI el pasado 2 de julio puso el punto final a ese viejo sistema construido por los revolucionarios norteños y que, a partir de los años treinta, tuvo como eje central una presidencia autoritaria que, de tan fuerte, casi no tuvo límites. En el siglo XXI estrenamos etapa histórica, pero nadie puede asegurar que va a ser mejor, la calidad hay que ganarla día a día y para ello es indispensable la crítica.
Viejo y Nuevo Régimen.- Con la derrota del PRI, lo que se ha modificado son las reglas que, aunque informales eran las que realmente rigieron el acceso y el ejercicio del poder en México por casi un siglo. Para empezar, desde 1916, fecha en que se pusieron los cimientos del nuevo orden y hasta antes del 2 de julio del 2000, las elecciones mismas no fueron nunca la fuente primaria del derecho a gobernar, sino un mero trámite, pues la decisión de quien sucedería al presidente en turno no pasaba por las urnas. Desde Alvaro Obregón, el presidente que entraba era designado por el que salía (con las excepciones del propio Obregón, que en 1928 se nombró a sí mismo para ocupar el alto puesto y de Lázaro Cárdenas, a quien lo nombró presidente no Abelardo L. Rodríguez, sino el “Jefe Máximo”: Plutarco Elías Calles). Pues bien, la regla anterior ya dejó de operar. El partido de Estado surgido de la voluntad de Calles en 1928-1929 –el PRI-- ya perdió el poder y hoy simplemente no existen las condiciones que hace 71 años generó la Revolución Mexicana para suponer que el ganador actual –el PAN— pudiera intentar seguir el camino antes andado por el PRI y se convierta en el nuevo monopolizador del poder.
Sin el apoyo de un partido de Estado y con un congreso plural –uno donde ninguna fuerza tiene ya mayoría absoluta, como fue el caso por decenios antes de 1997--, la presidencia ha quedado efectivamente acotada, tal y como lo demanda la teoría de la división del poder. El ejército, esa fuerza de la que surgió y por la que en el siglo XX se mantuvo en varias coyunturas delicadas la voluntad presidencial por sobre cualquier otra consideración, hoy ya no está en posibilidad de ofrecer un apoyo similar al nuevo presidente. Para prevalecer, la voluntad presidencial va a tener que negociar con la oposición y con el resto de los grandes actores políticos.
Aquella sociedad mexicana, básicamente rural, que fue corporativizada desde los años treinta por la reforma agraria y el proceso de sindicalización y de control estatal de la economía, ya no es más. Si en el pasado los llamados partidos de oposición eran sólo organizaciones ficticias o impotentes, los de hoy, a pesar de sus crisis, representan una parte mayoritaria del electorado y una opción de poder. Sí fuera el caso que el PRI o el PRD no pudieran superar sus dificultades actuales y no lograran refundarse, no hay duda de que la sociedad mexicana tiene la necesidad y la capacidad, de dar vida a nuevos institutos que cumplan el papel de oposición. La camisa de fuerza al pluralismo político que fueron el PRI y la presidencia autoritaria simplemente ya no le entra a una sociedad urbana, informada, exigente, que ha aprendió el valor y los efectos del sufragio efectivo y que opera en un contexto económico global donde la democracia es el valor político dominante.
La Crítica en el Nuevo Contexto. Si el régimen ahora es legítimo y también lo son las autoridades federales que se disponen a dirigir las acciones del nuevo gobierno, entonces el centro de interés para lo crítica deben de constituir, por un lado, los remanentes del antiguo régimen –por ejemplo, los gobiernos estatales del sur, gran refugio de los dinosaurios— y, sobre todo, las acciones de los nuevos gobiernos federal y locales.
En el caso de un gobierno surgido de elecciones que tuvieron lugar en un contexto que cumplió con los cánones democráticos (las grandes manchas del 2 de julio fueron los esfuerzos por comprar y coaccionar el voto y a los votantes, pero esas acciones corrieron, básicamente, por cuenta del partido derrotado), la observación, análisis y crítica deberá de hacerse en función de los propios ofrecimientos del ganador. En efecto, hay que someter la acción política del nuevo jefe del Poder Ejecutivo a la prueba de la congruencia con los temas señalados en su plataforma y campaña electorales.
Es claro que en esta esfera no hay que esperar al 1° de diciembre para emitir una opinión. En los preparativos mismos ya hay materia de reflexión, como es la propuesta de hacer a un lado la tasa cero en el impuesto al valor agregado a alimentos y medicamentos y tratarlos como al resto de bienes y servicios. Es una verdad tan grande como una catedral que la recaudación fiscal en México es sencillamente insuficiente para que el gobierno cumpla adecuadamente con sus obligaciones. Es igualmente cierto que una reforma fiscal debería gravar más a los que más tienen, pero que en la práctica es más fácil y más rápido acudir al IVA –un impuesto que no discrimina entre pobres y ricos-- para hacer frente a las necesidades inmediatas del Estado. Sin embargo, antes de tocar el IVA actual, la nueva administración debe argumentar y de manera convincente algo que, de entrada, no es evidente: como es que la nueva carga fiscal, compensada con subsidios, no repercutiría negativamente en los sectores menos privilegiados de la población. Si hay razones prácticas para alterar el IVA, hay razones éticas para rechazar la propuesta y exigir una alternativa: una reforma impositiva justa y de gran envergadura.
Otro campo abierto ya a una crítica razonable es el del personal que conforma el equipo de gobierno. Las biografías de los que serán los hombres públicos del próximo sexenio deberán estar disponibles y ser examinadas en sus aspectos pertinentes con detalle para asegurar su congruencia con la legitimidad que se pretende para la nueva autoridad. Y ya hay dudas con relación al equipo de salud.
En la gira internacional que como presidente electo acaba de iniciar Vicente Fox, hizo una declaración donde sugiere que la llamada “Doctrina Estrada”, un principio que por setenta años rigió nuestra política internacional, ya no es tan útil y aceptable como lo fue en el pasado. Esa doctrina negaba el derecho de un gobierno a reconocer o desconocer al de otro país –lo consideraba un atentado a la autodeterminación-- y fue una reacción a las presiones que varios gobiernos de México recibieron de Estados Unidos durante la Revolución y en los años inmediatamente posteriores. El presidente electo deberá argumentar ahora porque ese principio que justificó el que México no se pronunciara en contra de las violaciones de los derechos humanos en otros países ni aceptara que otros le juzgaran por ese motivo, ya es obsoleto y, sobre todo, conque se propone sustituirlo para perseguir un fin que sigue siendo válido: proteger nuestra soberanía frente a la gran potencia del norte.
Otro campo igualmente abierto al examen crítico es el de la ideología y visión del mundo que está detrás de la plataforma misma de gobierno del partido ganador y de las personas que lo forman. La decisión, ahora sometida a revisión, de los diputados locales del PAN en Guanajuato de convertir en crimen el aborto de una mujer violada, es motivo para exigir a ese partido y, sobre todo, del presidente electo, una definición razonada sobre el tema. En una sociedad tan brutalmente dividida en clases, toda acción política debe examinarse a la luz de sus efectos sobre los intereses de los menos favorecidos. Y la lista puede seguir y seguir.
En Suma.- El régimen ya pasó la prueba inicial de la democracia, pero no por ello el gobierno no tiene fallas, su proyecto no es el único válido ni el mejor a la luz de la diversidad y las contradicciones sociales, ni su honestidad está garantizada. Hay que someterlo a una crítica sistemática, aunque dentro de ciertos límites. Y aquí cabe recordar que el maderismo reconquistó la libertad de prensa, pero esa prensa recién liberada lo atacó con tal ferocidad y mala fe, que contribuyó a crear el clima que propicio el golpe militar que acabó con Madero y con la naciente democracia. No hay razón para repetir la experiencia.
Lo que ocurrió en México el 2 de julio fue una elección presidencial crucial, una que llevó a la alternancia de partidos en el poder y, como consecuencia de ello, desembocó en algo poco frecuente, importante y que a lo largo de nuestra historia se ha visto únicamente un puñado de veces: un cambio del régimen político. Y no sólo eso, sino que la transformación se llevó a cabo por la vía legal y pacífica, algo totalmente inédito en nuestra experiencia nacional y con pocos precedentes en cualquier otra parte. En circunstancias tan novedosas, el arte de la crítica política, debe registrar la novedad pero no modificar su esencia.
La transformación que hoy está viviendo la sociedad mexicana en la arena del poder público implica, entre otras cosas, que el objeto de la crítica ya no es el que por tanto tiempo fue. En efecto, desde hace decenios y hasta hoy, el cuestionamiento de fondo a la estructura de poder vigente era la falta de legitimidad de la estructura misma. Sin embargo, a partir del cambio no sólo de presidente y partido sino de las reglas del juego, esa falta de legitimidad global se marcha junto con quienes fueron democráticamente derrotados. Cuando un nuevo equipo asuma la dirección de la compleja red de instituciones que conforman el sistema político en su conjunto, la crítica deberá asumir como punto de partida que estará examinando a un nuevo régimen, a uno que tiene la legitimidad que le da el haber nacido de una elección real, pues por lo que al triunfador se refiere, el proceso en virtud del cual va a asumir el poder cubrió al pie de la letra todas las condiciones para ser considerada democrático, pero lo democrático no asegura, ni de lejos, eficacia, honestidad y sentido sustantivo de justicia.
La Legitimidad. Hoy por hoy, una parte de la opinión pública pareciera aún no darse cuenta cabal de la magnitud del cambio que acaba de tener lugar en la arena del poder en México. Sin embargo, una definición de lo que es un régimen político puede ayudar a poner en su justa dimensión lo ocurrido el 2 de julio y a comprender sus posibles consecuencias presentes y futuras. Para S. Krasner, un régimen político –que lo mismo puede ser nacional que internacional--, es el conjunto de “principios, normas, reglas y procedimientos, implícitos y explícitos, que regulan el proceso de la toma de decisiones [políticas] alrededor de los cuales convergen las expectativas de los actores” (International Regimes, Cornell University Press, 1983, p. 186).
Usando la definición anterior, podemos asegurar que si bien y como resultado directo e inmediato de la pasada elección presidencial no se han modificado aún los principios, normas, reglas y procedimientos explícitos que rigen la toma de decisiones políticas en México –el marco jurídico--, los que sí cambió y va a seguir cambiando, es el conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos implícitos o informales que rigieron el juego político mexicano a lo largo del siglo XX. Hasta antes del 2 de julio, lo determinante en México era lo implícito, lo que no estaba en las leyes sino en unas costumbres antidemocráticas y autoritarias muy arraigadas.
La primera gran transformación de régimen que tuvo lugar en el México independiente fue, obviamente, la independencia misma, el proceso que en 1821 transformó a la sociedad mexicana de colonia en nación independiente. La siguiente gran mudanza tuvo lugar cuando se adoptó la constitución liberal de 1857. El llamado Segundo Imperio fue otra transformación de régimen, aunque efímera y, en 1867, con la derrota de los conservadores y el fusilamiento de Maximiliano de Hapsburgo en Querétaro, se volvió a restaurar el sistema anterior. En 1911 el levantamiento maderista iniciado el año anterior acabó con el régimen porfirista y comenzó el violento proceso de construcción de uno nuevo, cuya base legal fue la Constitución de 1917. La derrota del PRI el pasado 2 de julio puso el punto final a ese viejo sistema construido por los revolucionarios norteños y que, a partir de los años treinta, tuvo como eje central una presidencia autoritaria que, de tan fuerte, casi no tuvo límites. En el siglo XXI estrenamos etapa histórica, pero nadie puede asegurar que va a ser mejor, la calidad hay que ganarla día a día y para ello es indispensable la crítica.
Viejo y Nuevo Régimen.- Con la derrota del PRI, lo que se ha modificado son las reglas que, aunque informales eran las que realmente rigieron el acceso y el ejercicio del poder en México por casi un siglo. Para empezar, desde 1916, fecha en que se pusieron los cimientos del nuevo orden y hasta antes del 2 de julio del 2000, las elecciones mismas no fueron nunca la fuente primaria del derecho a gobernar, sino un mero trámite, pues la decisión de quien sucedería al presidente en turno no pasaba por las urnas. Desde Alvaro Obregón, el presidente que entraba era designado por el que salía (con las excepciones del propio Obregón, que en 1928 se nombró a sí mismo para ocupar el alto puesto y de Lázaro Cárdenas, a quien lo nombró presidente no Abelardo L. Rodríguez, sino el “Jefe Máximo”: Plutarco Elías Calles). Pues bien, la regla anterior ya dejó de operar. El partido de Estado surgido de la voluntad de Calles en 1928-1929 –el PRI-- ya perdió el poder y hoy simplemente no existen las condiciones que hace 71 años generó la Revolución Mexicana para suponer que el ganador actual –el PAN— pudiera intentar seguir el camino antes andado por el PRI y se convierta en el nuevo monopolizador del poder.
Sin el apoyo de un partido de Estado y con un congreso plural –uno donde ninguna fuerza tiene ya mayoría absoluta, como fue el caso por decenios antes de 1997--, la presidencia ha quedado efectivamente acotada, tal y como lo demanda la teoría de la división del poder. El ejército, esa fuerza de la que surgió y por la que en el siglo XX se mantuvo en varias coyunturas delicadas la voluntad presidencial por sobre cualquier otra consideración, hoy ya no está en posibilidad de ofrecer un apoyo similar al nuevo presidente. Para prevalecer, la voluntad presidencial va a tener que negociar con la oposición y con el resto de los grandes actores políticos.
Aquella sociedad mexicana, básicamente rural, que fue corporativizada desde los años treinta por la reforma agraria y el proceso de sindicalización y de control estatal de la economía, ya no es más. Si en el pasado los llamados partidos de oposición eran sólo organizaciones ficticias o impotentes, los de hoy, a pesar de sus crisis, representan una parte mayoritaria del electorado y una opción de poder. Sí fuera el caso que el PRI o el PRD no pudieran superar sus dificultades actuales y no lograran refundarse, no hay duda de que la sociedad mexicana tiene la necesidad y la capacidad, de dar vida a nuevos institutos que cumplan el papel de oposición. La camisa de fuerza al pluralismo político que fueron el PRI y la presidencia autoritaria simplemente ya no le entra a una sociedad urbana, informada, exigente, que ha aprendió el valor y los efectos del sufragio efectivo y que opera en un contexto económico global donde la democracia es el valor político dominante.
La Crítica en el Nuevo Contexto. Si el régimen ahora es legítimo y también lo son las autoridades federales que se disponen a dirigir las acciones del nuevo gobierno, entonces el centro de interés para lo crítica deben de constituir, por un lado, los remanentes del antiguo régimen –por ejemplo, los gobiernos estatales del sur, gran refugio de los dinosaurios— y, sobre todo, las acciones de los nuevos gobiernos federal y locales.
En el caso de un gobierno surgido de elecciones que tuvieron lugar en un contexto que cumplió con los cánones democráticos (las grandes manchas del 2 de julio fueron los esfuerzos por comprar y coaccionar el voto y a los votantes, pero esas acciones corrieron, básicamente, por cuenta del partido derrotado), la observación, análisis y crítica deberá de hacerse en función de los propios ofrecimientos del ganador. En efecto, hay que someter la acción política del nuevo jefe del Poder Ejecutivo a la prueba de la congruencia con los temas señalados en su plataforma y campaña electorales.
Es claro que en esta esfera no hay que esperar al 1° de diciembre para emitir una opinión. En los preparativos mismos ya hay materia de reflexión, como es la propuesta de hacer a un lado la tasa cero en el impuesto al valor agregado a alimentos y medicamentos y tratarlos como al resto de bienes y servicios. Es una verdad tan grande como una catedral que la recaudación fiscal en México es sencillamente insuficiente para que el gobierno cumpla adecuadamente con sus obligaciones. Es igualmente cierto que una reforma fiscal debería gravar más a los que más tienen, pero que en la práctica es más fácil y más rápido acudir al IVA –un impuesto que no discrimina entre pobres y ricos-- para hacer frente a las necesidades inmediatas del Estado. Sin embargo, antes de tocar el IVA actual, la nueva administración debe argumentar y de manera convincente algo que, de entrada, no es evidente: como es que la nueva carga fiscal, compensada con subsidios, no repercutiría negativamente en los sectores menos privilegiados de la población. Si hay razones prácticas para alterar el IVA, hay razones éticas para rechazar la propuesta y exigir una alternativa: una reforma impositiva justa y de gran envergadura.
Otro campo abierto ya a una crítica razonable es el del personal que conforma el equipo de gobierno. Las biografías de los que serán los hombres públicos del próximo sexenio deberán estar disponibles y ser examinadas en sus aspectos pertinentes con detalle para asegurar su congruencia con la legitimidad que se pretende para la nueva autoridad. Y ya hay dudas con relación al equipo de salud.
En la gira internacional que como presidente electo acaba de iniciar Vicente Fox, hizo una declaración donde sugiere que la llamada “Doctrina Estrada”, un principio que por setenta años rigió nuestra política internacional, ya no es tan útil y aceptable como lo fue en el pasado. Esa doctrina negaba el derecho de un gobierno a reconocer o desconocer al de otro país –lo consideraba un atentado a la autodeterminación-- y fue una reacción a las presiones que varios gobiernos de México recibieron de Estados Unidos durante la Revolución y en los años inmediatamente posteriores. El presidente electo deberá argumentar ahora porque ese principio que justificó el que México no se pronunciara en contra de las violaciones de los derechos humanos en otros países ni aceptara que otros le juzgaran por ese motivo, ya es obsoleto y, sobre todo, conque se propone sustituirlo para perseguir un fin que sigue siendo válido: proteger nuestra soberanía frente a la gran potencia del norte.
Otro campo igualmente abierto al examen crítico es el de la ideología y visión del mundo que está detrás de la plataforma misma de gobierno del partido ganador y de las personas que lo forman. La decisión, ahora sometida a revisión, de los diputados locales del PAN en Guanajuato de convertir en crimen el aborto de una mujer violada, es motivo para exigir a ese partido y, sobre todo, del presidente electo, una definición razonada sobre el tema. En una sociedad tan brutalmente dividida en clases, toda acción política debe examinarse a la luz de sus efectos sobre los intereses de los menos favorecidos. Y la lista puede seguir y seguir.
En Suma.- El régimen ya pasó la prueba inicial de la democracia, pero no por ello el gobierno no tiene fallas, su proyecto no es el único válido ni el mejor a la luz de la diversidad y las contradicciones sociales, ni su honestidad está garantizada. Hay que someterlo a una crítica sistemática, aunque dentro de ciertos límites. Y aquí cabe recordar que el maderismo reconquistó la libertad de prensa, pero esa prensa recién liberada lo atacó con tal ferocidad y mala fe, que contribuyó a crear el clima que propicio el golpe militar que acabó con Madero y con la naciente democracia. No hay razón para repetir la experiencia.
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