Lorenzo Meyer
No toda Comparación es Odiosa.- Ninguna transición a la democracia ha transitado por el mismo camino de alguna de las que le antecedieron. Cada democratización que ha tenido lugar a partir del inicio de la llamada “tercera ola democratizadora” –el punto de partida fue la caída en 1974 de la dictadura más antigua en la Europa Occidental: la implantada en Portugal por un profesor de economía, Antonio de Oliveira Salazar, en 1933— ha trazada su propia ruta y ha desarrollado su estilo irrepetible. Las peculiaridades del proceso mexicano –y sus posibles consecuencias para el futuro— resaltan mejor si se les compara con las experiencias en otros países, que no son pocas.
La Originalidad de la Raíz.- Para empezar el análisis comparativo, tomemos el ya mencionado caso de Portugal. En ese país, el origen de su autoritarismo fue el plebiscito que en 1933 puso en marcha una constitución que consagraba la forma corporativa del Estado -- el “Estado Nôvo”-- en el marco de un partido único; fue eso lo que permitiría a Oliveira Salazar mantenerse en el poder por tantos años. En contraste, el autoritarismo chileno se inició en 1973 por la vía de un dramático y cruento golpe militar reaccionario apoyado por la potencia dominante de la región: los Estados Unidos. Distinto fue el caso de la dictadura de Mussolini en Italia; ésta tuvo como punto de partida la “Marcha sobre Roma” de los “Fasci di Combatimento” y le valió a Benito Mussolini la invitación del rey Víctor Manuel III para que en octubre de 1922 se convirtiera en el Primer Ministro más joven en la historia italiana y echara a andar una formidable maquinaria dictatorial. La relativamente corta pero brutal experiencia totalitaria de Alemania, arranca, paradójicamente, con las elecciones democráticas de 1932 y el subsecuente nombramiento de Adolfo Hitler, líder del partido Nacionalsocialista, como canciller. En fin, muchos fueron los caminos que llevaron a un buen número de sociedades en el siglo XX a institucionalizar la antidemocracia.
El origen inmediato del autoritarismo mexicano no fue plebiscito, elección, golpe o movilización multitudinaria. El punto de partida de los 71 años de monopolio político del PNR-PRM-PRI fue una cruenta guerra civil que, irónicamente, estalló como resultado de la demanda de “sufragio efectivo” a una dictadura personal; la demanda fue desoída y eso desembocó en la Revolución Mexicana. En ese sentido, nuestra experiencia se acerca, por la izquierda, a las de Rusia, China o Cuba y, por la derecha, a España. En todos estos casos, el poder político del régimen autoritario nació, para citar a Mao Zedong, “del cañón del fusil”, es decir, directamente de la fuerza.
En México, como en Rusia, España, China o Cuba, el nuevo régimen se construyó después de dejar en ruinas –literalmente— al antiguo. El poder antidemocrático se estableció en sociedades ya desangradas y gastadas por la lucha interna y la intervención o la guerra externa. Como los enemigos fueron barridos a sangre y fuego, la naturaleza del proceso político que siguió fue la imposición incondicional del proyecto de los triunfadores. En cada caso, lo único que se permitió fue una cierta negociación dentro del círculo de los vencedores, revolucionarios o contrarrevolucionarios, y eso dentro de límites más bien estrechos.
Lo que separa a la experiencia mexicana de las soviética, china o cubana, y lo acerca a la española, es la ausencia de un marco ideológico claro entre los vencedores. Aunque a los líderes mexicanos les interesó identificarse con las grandes corrientes del cambio social y, por tanto, con la izquierda, en la práctica la mecánica de su régimen se asemejó menos a los totalitarismos revolucionarios y mucho más al autoritarismo de derecha –tan antimarxista como antiliberal— de Francisco Franco. Sin embargo, el autoritarismo mexicano resultó muy distinto del franquista porque, en primer lugar, el corporativismo mexicano no buscó, como el de España, preservar el pasado sino, al contrario, modificarlo, y por ello lo mismo marginó a la Iglesia Católica que apoyó al movimiento obrero o destruyó al latifundio en favor de los campesinos sin tierra. En segundo lugar, por el hecho fundamental de no depender para su continuidad de ningún “caudillo de España por la gracia de Dios”. La originalidad mexicana consistió precisamente en aprovechar el asesinato del último caudillo revolucionario --Alvaro Obregón-- en 1928, para institucionalizar la no-reelección y la renovación no democrática pero sí sexenal, de una parte de la élite; para ello contó con la ayuda de un partido corporativo, no ideológico y desde 1935 enteramente a disposición de la voluntad del presidente. El nombre de ese partido mexicano cambio tres veces, pero desde su nacimiento en marzo de 1929 hasta su derrota el 2 de junio del 2000, siempre fue, en la práctica, el mismo.
La Manera de Operar.- La mayoría de los sistemas autoritarios y, desde luego, los totalitarios, fueron excluyentes. Excluían por razones ideológicas, de clase –el gobierno chino establecido en 1949 le hizo la vida imposible a los hijos de los terratenientes— o raciales –los nacionalsocialistas alemanes se dedicaron con ferocidad sistemática a eliminar a los judíos. En la práctica, los regímenes militares del Cono Sur latinoamericano hicieron de la exclusión su segunda naturaleza. En efecto, después de tomar el poder, esos militares crearon un pequeño círculo donde estaban los generales (no todos), algunos prelados de lga Iglesia Católica, un grupo de grandes empresarios nacionales y extranjeros y un puñado de tecnócratas; al resto de la sociedad simplemente la dejaron fuera.
En contraste, el autoritarismo mexicano no dejó fuera casi a nadie. En principio, todo aquel que dijera tener simpatías por una revolución que siempre se negó a dar una definición precisa de sí misma, podía entrar a las filas del gran partido oficial a condición de someterse a la voluntad del “Jefe Máximo” primero y del presidente en funciones, después. Ese partido, dividido en sectores obrero, campesino y popular (y por un tiempo, militar), no pretendió nunca ser el alfa y omega del corporativismo mexicano, pues éste englobó, además, a partidos minoritarios, a personajes y organizaciones del capital privado, a las universidades públicas, etcétera. Y si bien la Iglesia Católica por mucho tiempo fue formalmente, aunque no efectivamente, marginada de ese gran acuerdo, en la etapa final del régimen también se le admitió oficialmente dentro de su estructura.
Las Condiciones de la Transición.- En el caso de España, el cambio a la democracia no sólo fue apoyado sino exigido por la comunidad europea como condición para unirse a ese bloque de naciones prósperas. A la propia Unión Soviética, Estados Unidos y el bloque occidental le alentaron y apoyaron en su transición, aunque sin mostrar gran generosidad. En contraste, al autoritarismo mexicano el factor externo (el norteamericano) le dio sistemáticamente todas las facilidades –especialmente en momentos de crisis económica— para que se mantuviera inalterable y nunca se le atacó o excluyó. Sí finalmente el cambio se dio en México, en ello tuvo que ver poco el mundo externo.
El cambio de régimen político en la Unión Soviética, tiene mucho que ver con el rotundo fracaso de su economía; lo mismo sucedió en México. Las rigideces del régimen priísta se podían percibir claramente desde los sesenta, pero no hay duda que la aceleración de sus disfuncionalidades y su caída están relacionadas con la crisis económica de 1982 y sus secuelas, incluyendo los famosos “errores de diciembre” del 94. Sin embargo, y a diferencia de Rusia, donde la novedosísima experiencia democrática se ha tenido que llevar a cabo en condiciones económicas extraordinariamente difíciles –entre 1991 y 1998 la producción industrial rusa se redujo a la mitad y la renta por habitante disminuyó en 40%-- la experiencia mexicana parece que va a transcurrir en condiciones muy diferentes, más favorables.
Si el fraude electoral de 1988 no hubiera tenido lugar y la oposición hubiera llegado entonces al poder –12 años antes de cuando efectivamente ocurrió--, el cambio democrático mexicano se hubiera tenido que dar, como en Rusia, en condiciones de depresión económica. Pero no fue así; al retener el PRI el poder por vías ilegales e ilegítimas por dos sexenios más, la parte más penosa del reajuste económico tuvo lugar bajo la responsabilidad del viejo sistema autoritario, con su consiguiente desprestigio. Cuando finalmente la voluntad ciudadana logró desalojar al PRI del espacio que había monopolizado por poco más de siete decenios, la economía mexicana ya había dejado atrás la parte más difícil del cambio estructural e iba en ascenso. Así pues, de entrada y sin proponérselo, la democracia mexicana inició su vida en condiciones materiales muy superiores a las de Rusia o a las que hubiera tenido que experimentar en los años ochenta. Según los indicadores, cuando Vicente Fox asuma el cargo de presidente, el Producto Interno Bruto puede estar creciendo a una tasa del 7% anual.
La transición rusa a la democracia fue --tuvo que ser-- encabezada por personajes que habían sido parte integral del antiguo régimen –Mijail Gorvachov, Boris Yeltsin y Vladimir Putin—, con toda la mala herencia que eso ha significado. Sin embargo, en el caso mexicano, el nuevo liderazgo recayó en un personaje cuya experiencia política es relativamente nueva y que nunca antes militó en el viejo partido autoritario. Esa condición de ser sustancialmente ajeno al viejo régimen, puede permitirle a la nueva clase gobernante actuar sin compromisos con el pasado e introducir un estilo de gobernar fresco, lo que no ocurrió en Rusia.
En España, el cambio a la democracia se hizo con el auxilio de una institución muy antigua: la monarquía. El rey Juan Carlos jugó un papel crucial para impedir que una de las estructuras más antidemocráticas de su país, el ejército, rechazara algo que iba contra lo más profundo de su naturaleza pero que era necesario para un juego democrático auténtico: la legalización del Partido Comunista Español o la aceptación del triunfo electoral de los socialistas en 1982. En contraste, en México ninguna institución antigua sirvió de partera a la democracia; el Instituto Federal Electoral que tan bien se desempeñó en la organización y control del proceso electoral del 2000, ya nada tenía que ver con esas estructuras dependientes de la Secretaría de Gobernación que tantas veces en el pasado sirvieron de cobertura a la manipulación y al fraude electoral a favor del PRI. En México, el puente institucional entre el viejo y el nuevo régimen resultó ser una estructura de reciente creación.
En Chile, el retorno a la democracia se hizo bajo la sombra de los golpistas del 73. En efecto, el general Augusto Pinochet dejó la presidencia en 1989, pero por varios años más mantuvo el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas, para asegurar que la democracia no pudiera pedir cuentas a los antiguos asaltantes del poder. Hoy esa sombra casi ha desaparecido, pero más por razones externas que internas a Chile. En otros casos, como los de Uruguay y Argentina, los militares no dejaron el poder que habían tomado por la fuerza, sin antes asegurar jurídicamente su impunidad con la excusa de la “obediencia debida”. De entrada, en el caso mexicano no hay ningún acuerdo formal con el pasado que impida exigir cuentas a quienes dentro y fuera de la administración pública y por mucho tiempo, actuaron de manera ilegal amparados en la impunidad que caracterizó desde el inicio al presidencialismo mexicano del siglo XX.
En Suma.- México tuvo una transición del autoritarismo a la democracia prolongada en exceso, al punto que nuestro país se incorpora al grupo de países con régimen político democrático, cuando la “tercera ola democratizadora” ya vive su reflujo, como lo muestra con claridad el caso de Perú. Sin embargo, y comparando la nuestra con otras transiciones, resulta que las condiciones para llevar a cabo la siguiente etapa de nuestro desarrollo político –la consolidación del régimen democrático recién conquistado--, no son las peores. Por el contrario, sí sabemos sacar el mejor partido de las circunstancias, es muy probable que el siglo XXI sea el siglo de la democracia mexicana, pero a condición, claro, de que tengamos la voluntad de resolver el problema social. La nación de los extremos de pobreza y riqueza que hoy somos, no resulta la arena ideal para erigir la gran estructura democrática a la que la mayoría de los mexicanos aspiramos.
La Originalidad de la Raíz.- Para empezar el análisis comparativo, tomemos el ya mencionado caso de Portugal. En ese país, el origen de su autoritarismo fue el plebiscito que en 1933 puso en marcha una constitución que consagraba la forma corporativa del Estado -- el “Estado Nôvo”-- en el marco de un partido único; fue eso lo que permitiría a Oliveira Salazar mantenerse en el poder por tantos años. En contraste, el autoritarismo chileno se inició en 1973 por la vía de un dramático y cruento golpe militar reaccionario apoyado por la potencia dominante de la región: los Estados Unidos. Distinto fue el caso de la dictadura de Mussolini en Italia; ésta tuvo como punto de partida la “Marcha sobre Roma” de los “Fasci di Combatimento” y le valió a Benito Mussolini la invitación del rey Víctor Manuel III para que en octubre de 1922 se convirtiera en el Primer Ministro más joven en la historia italiana y echara a andar una formidable maquinaria dictatorial. La relativamente corta pero brutal experiencia totalitaria de Alemania, arranca, paradójicamente, con las elecciones democráticas de 1932 y el subsecuente nombramiento de Adolfo Hitler, líder del partido Nacionalsocialista, como canciller. En fin, muchos fueron los caminos que llevaron a un buen número de sociedades en el siglo XX a institucionalizar la antidemocracia.
El origen inmediato del autoritarismo mexicano no fue plebiscito, elección, golpe o movilización multitudinaria. El punto de partida de los 71 años de monopolio político del PNR-PRM-PRI fue una cruenta guerra civil que, irónicamente, estalló como resultado de la demanda de “sufragio efectivo” a una dictadura personal; la demanda fue desoída y eso desembocó en la Revolución Mexicana. En ese sentido, nuestra experiencia se acerca, por la izquierda, a las de Rusia, China o Cuba y, por la derecha, a España. En todos estos casos, el poder político del régimen autoritario nació, para citar a Mao Zedong, “del cañón del fusil”, es decir, directamente de la fuerza.
En México, como en Rusia, España, China o Cuba, el nuevo régimen se construyó después de dejar en ruinas –literalmente— al antiguo. El poder antidemocrático se estableció en sociedades ya desangradas y gastadas por la lucha interna y la intervención o la guerra externa. Como los enemigos fueron barridos a sangre y fuego, la naturaleza del proceso político que siguió fue la imposición incondicional del proyecto de los triunfadores. En cada caso, lo único que se permitió fue una cierta negociación dentro del círculo de los vencedores, revolucionarios o contrarrevolucionarios, y eso dentro de límites más bien estrechos.
Lo que separa a la experiencia mexicana de las soviética, china o cubana, y lo acerca a la española, es la ausencia de un marco ideológico claro entre los vencedores. Aunque a los líderes mexicanos les interesó identificarse con las grandes corrientes del cambio social y, por tanto, con la izquierda, en la práctica la mecánica de su régimen se asemejó menos a los totalitarismos revolucionarios y mucho más al autoritarismo de derecha –tan antimarxista como antiliberal— de Francisco Franco. Sin embargo, el autoritarismo mexicano resultó muy distinto del franquista porque, en primer lugar, el corporativismo mexicano no buscó, como el de España, preservar el pasado sino, al contrario, modificarlo, y por ello lo mismo marginó a la Iglesia Católica que apoyó al movimiento obrero o destruyó al latifundio en favor de los campesinos sin tierra. En segundo lugar, por el hecho fundamental de no depender para su continuidad de ningún “caudillo de España por la gracia de Dios”. La originalidad mexicana consistió precisamente en aprovechar el asesinato del último caudillo revolucionario --Alvaro Obregón-- en 1928, para institucionalizar la no-reelección y la renovación no democrática pero sí sexenal, de una parte de la élite; para ello contó con la ayuda de un partido corporativo, no ideológico y desde 1935 enteramente a disposición de la voluntad del presidente. El nombre de ese partido mexicano cambio tres veces, pero desde su nacimiento en marzo de 1929 hasta su derrota el 2 de junio del 2000, siempre fue, en la práctica, el mismo.
La Manera de Operar.- La mayoría de los sistemas autoritarios y, desde luego, los totalitarios, fueron excluyentes. Excluían por razones ideológicas, de clase –el gobierno chino establecido en 1949 le hizo la vida imposible a los hijos de los terratenientes— o raciales –los nacionalsocialistas alemanes se dedicaron con ferocidad sistemática a eliminar a los judíos. En la práctica, los regímenes militares del Cono Sur latinoamericano hicieron de la exclusión su segunda naturaleza. En efecto, después de tomar el poder, esos militares crearon un pequeño círculo donde estaban los generales (no todos), algunos prelados de lga Iglesia Católica, un grupo de grandes empresarios nacionales y extranjeros y un puñado de tecnócratas; al resto de la sociedad simplemente la dejaron fuera.
En contraste, el autoritarismo mexicano no dejó fuera casi a nadie. En principio, todo aquel que dijera tener simpatías por una revolución que siempre se negó a dar una definición precisa de sí misma, podía entrar a las filas del gran partido oficial a condición de someterse a la voluntad del “Jefe Máximo” primero y del presidente en funciones, después. Ese partido, dividido en sectores obrero, campesino y popular (y por un tiempo, militar), no pretendió nunca ser el alfa y omega del corporativismo mexicano, pues éste englobó, además, a partidos minoritarios, a personajes y organizaciones del capital privado, a las universidades públicas, etcétera. Y si bien la Iglesia Católica por mucho tiempo fue formalmente, aunque no efectivamente, marginada de ese gran acuerdo, en la etapa final del régimen también se le admitió oficialmente dentro de su estructura.
Las Condiciones de la Transición.- En el caso de España, el cambio a la democracia no sólo fue apoyado sino exigido por la comunidad europea como condición para unirse a ese bloque de naciones prósperas. A la propia Unión Soviética, Estados Unidos y el bloque occidental le alentaron y apoyaron en su transición, aunque sin mostrar gran generosidad. En contraste, al autoritarismo mexicano el factor externo (el norteamericano) le dio sistemáticamente todas las facilidades –especialmente en momentos de crisis económica— para que se mantuviera inalterable y nunca se le atacó o excluyó. Sí finalmente el cambio se dio en México, en ello tuvo que ver poco el mundo externo.
El cambio de régimen político en la Unión Soviética, tiene mucho que ver con el rotundo fracaso de su economía; lo mismo sucedió en México. Las rigideces del régimen priísta se podían percibir claramente desde los sesenta, pero no hay duda que la aceleración de sus disfuncionalidades y su caída están relacionadas con la crisis económica de 1982 y sus secuelas, incluyendo los famosos “errores de diciembre” del 94. Sin embargo, y a diferencia de Rusia, donde la novedosísima experiencia democrática se ha tenido que llevar a cabo en condiciones económicas extraordinariamente difíciles –entre 1991 y 1998 la producción industrial rusa se redujo a la mitad y la renta por habitante disminuyó en 40%-- la experiencia mexicana parece que va a transcurrir en condiciones muy diferentes, más favorables.
Si el fraude electoral de 1988 no hubiera tenido lugar y la oposición hubiera llegado entonces al poder –12 años antes de cuando efectivamente ocurrió--, el cambio democrático mexicano se hubiera tenido que dar, como en Rusia, en condiciones de depresión económica. Pero no fue así; al retener el PRI el poder por vías ilegales e ilegítimas por dos sexenios más, la parte más penosa del reajuste económico tuvo lugar bajo la responsabilidad del viejo sistema autoritario, con su consiguiente desprestigio. Cuando finalmente la voluntad ciudadana logró desalojar al PRI del espacio que había monopolizado por poco más de siete decenios, la economía mexicana ya había dejado atrás la parte más difícil del cambio estructural e iba en ascenso. Así pues, de entrada y sin proponérselo, la democracia mexicana inició su vida en condiciones materiales muy superiores a las de Rusia o a las que hubiera tenido que experimentar en los años ochenta. Según los indicadores, cuando Vicente Fox asuma el cargo de presidente, el Producto Interno Bruto puede estar creciendo a una tasa del 7% anual.
La transición rusa a la democracia fue --tuvo que ser-- encabezada por personajes que habían sido parte integral del antiguo régimen –Mijail Gorvachov, Boris Yeltsin y Vladimir Putin—, con toda la mala herencia que eso ha significado. Sin embargo, en el caso mexicano, el nuevo liderazgo recayó en un personaje cuya experiencia política es relativamente nueva y que nunca antes militó en el viejo partido autoritario. Esa condición de ser sustancialmente ajeno al viejo régimen, puede permitirle a la nueva clase gobernante actuar sin compromisos con el pasado e introducir un estilo de gobernar fresco, lo que no ocurrió en Rusia.
En España, el cambio a la democracia se hizo con el auxilio de una institución muy antigua: la monarquía. El rey Juan Carlos jugó un papel crucial para impedir que una de las estructuras más antidemocráticas de su país, el ejército, rechazara algo que iba contra lo más profundo de su naturaleza pero que era necesario para un juego democrático auténtico: la legalización del Partido Comunista Español o la aceptación del triunfo electoral de los socialistas en 1982. En contraste, en México ninguna institución antigua sirvió de partera a la democracia; el Instituto Federal Electoral que tan bien se desempeñó en la organización y control del proceso electoral del 2000, ya nada tenía que ver con esas estructuras dependientes de la Secretaría de Gobernación que tantas veces en el pasado sirvieron de cobertura a la manipulación y al fraude electoral a favor del PRI. En México, el puente institucional entre el viejo y el nuevo régimen resultó ser una estructura de reciente creación.
En Chile, el retorno a la democracia se hizo bajo la sombra de los golpistas del 73. En efecto, el general Augusto Pinochet dejó la presidencia en 1989, pero por varios años más mantuvo el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas, para asegurar que la democracia no pudiera pedir cuentas a los antiguos asaltantes del poder. Hoy esa sombra casi ha desaparecido, pero más por razones externas que internas a Chile. En otros casos, como los de Uruguay y Argentina, los militares no dejaron el poder que habían tomado por la fuerza, sin antes asegurar jurídicamente su impunidad con la excusa de la “obediencia debida”. De entrada, en el caso mexicano no hay ningún acuerdo formal con el pasado que impida exigir cuentas a quienes dentro y fuera de la administración pública y por mucho tiempo, actuaron de manera ilegal amparados en la impunidad que caracterizó desde el inicio al presidencialismo mexicano del siglo XX.
En Suma.- México tuvo una transición del autoritarismo a la democracia prolongada en exceso, al punto que nuestro país se incorpora al grupo de países con régimen político democrático, cuando la “tercera ola democratizadora” ya vive su reflujo, como lo muestra con claridad el caso de Perú. Sin embargo, y comparando la nuestra con otras transiciones, resulta que las condiciones para llevar a cabo la siguiente etapa de nuestro desarrollo político –la consolidación del régimen democrático recién conquistado--, no son las peores. Por el contrario, sí sabemos sacar el mejor partido de las circunstancias, es muy probable que el siglo XXI sea el siglo de la democracia mexicana, pero a condición, claro, de que tengamos la voluntad de resolver el problema social. La nación de los extremos de pobreza y riqueza que hoy somos, no resulta la arena ideal para erigir la gran estructura democrática a la que la mayoría de los mexicanos aspiramos.
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