Lorenzo Meyer
Lo Central.- La pobreza, por si misma, no tiene que ser una fuerza desintegradora de la sociedad, pero fácilmente se convierte en un factor muy negativo para la unidad de una nación cuando una parte de la comunidad percibe a la pobreza como un resultado perverso de las estructuras de poder existentes, y esa percepción es confirmada por la convivencia estrecha entre la miseria y las grandes acumulaciones de riqueza, como es hoy el caso en México.
El tema del combate a la pobreza está en el centro o casi de todas las plataformas de los candidatos presidenciales mexicanos, aunque en la mayoría de los casos se discuten más sus efectos y soluciones que las causas que la han originado (véanse al respecto las respuestas de los candidatos a un cuestionario que les presentó Federico Reyes Heroles, en Hacia la presidencia en el 2000, Fondo de Cultura Económica, 2000). La supuesta relación entre pobreza y el sistema económico global, también está en el centro de las campañas presidenciales peruana o venezolana y fue el motivo de las protestas y la violencia callejeras que tuvieron lugar en Seattle en diciembre de 1999 y a mediados de este mes de abril en Washington D.C., y donde el blanco de la ira de los manifestantes fueron las organizaciones insignia de la nueva economía: la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (BM). El combate a la pobreza en la era del triunfo espectacular del capitalismo postindustrial y global, es uno de los puntos centrales en las agendas de muchos actores políticos nacionales e internacionales.
Los indicadores.- En esta columna ya se ha citado la obra de Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos (Pobreza y distribución del ingreso en México, 1999) en donde el primero sostiene que al inicio de los años noventa el 75.1% de los mexicanos vivían en el contexto de algún tipo de pobreza según el llamado Método de Medición Integrada de la Pobreza (p.91). Hay, desde luego, quien difiere de esa medición, sin embargo, y a final de cuentas, no se trata de un asunto de definiciones sino de realidades evidentes. El propio BM acaba de publicar un informe donde admite que el 42.5% de los mexicanos tiene que vivir con un ingreso promedio de dos dólares diarios o menos y el 17.9% con un dólar o menos. Según la información preliminar de que dispone el BM, entre el 54% y el 62% de los mexicanos vive en condiciones de “pobreza o de ultrapobreza” y la cuarta parte de la población rural mexicana no tiene recursos para cubrir sus necesidades básicas de alimento. Las cifras del año pasado muestran que los ingresos promedio de los trabajadores de nuestro país fueron, en términos reales, menos de la mitad de los que obtuvieron al inicio de los años ochenta, cuando se inició el largo período de crisis económica y cambio estructural. El lado optimista es que, con relación a 1996, la pobreza ha empezado a disminuir ligeramente (La Jornada, 14 y 15 de abril).
La situación mexicana simplemente refleja un fenómeno global. Si en 1998 en México el 20% de los hogares más ricos recibieron un ingreso 15 veces superior al que recibieron el 20% de los hogares más pobres, en el ámbito mundial y en 1997, el 20% de la población más rica del planeta obtuvo ingresos equivalentes a 74 veces los del 20% más pobre, cifra que más que dobla la diferencia que había hace cuarenta años (ver el artículo de Cándido Méndez en El País, 20 de abril).
¿Qué Hacer?.- Para el ala dura de la derecha --mexicana o internacional, da lo mismo-- lo que debe hacerse frente al fenómeno de la pobreza es simplemente seguir fieles al principio enunciado por Ronald Reagan, el 40° presidente de los Estados Unidos (1981-1989), y según el cual, el sector privado es la única base legítima de la vida económica nacional e internacional. Unicamente de esa manera se puede crear la riqueza que, con el paso del tiempo, podrá aliviar la pobreza.
Desde esta perspectiva, no hay alternativa a integrarse cada vez más a la economía mundial, facilitar el ingreso del capital externo, reducir aún más el papel del Estado en el proceso productivo y seguir pagando el precio social que requiere desmontar el viejo proteccionismo y ponernos al día en un mundo donde la competencia sólo permite la supervivencia de los mejores, de los más productivos. Subsidios e incentivos fiscales no deberían ser ya parte de la oferta política y sí, en cambio, un compromiso con una mayor privatización y profundización de los mecanismos de mercado como los determinantes básicos en la asignación de los recursos económicos. Unicamente con un crecimiento real por la vía de la eficiencia, es decir, de la lógica del mercado, se podrá atacar de raíz el problema de la miseria.
Según las cifras del BM, de 1990 a la fecha, el gobierno mexicano dejó en manos privadas, activos públicos equivalentes a 31, 458 millones de dólares (La Jornada, 16 de abril), pero insiste en no privatizar la joya de la corona: Pemex. En cualquier caso, con un proceso importante de privatización y con un comercio exterior donde las exportaciones y las importaciones hace tiempo que sobrepasaron cada una los cien mil millones de dólares anuales y donde ni la agricultura está protegida como si es el caso en Estados Unidos, Europa o Japón, México está ya bastante integrado al sistema económico global. Por tanto y según la lógica del pensamiento dominante, a estas alturas ya deberían los mexicanos estar cosechando “el bienestar para su familia”. Sin embargo, lo anterior no es el caso, pues después de tres lustros de globalización el resultado, en términos de crecimiento, ha sido raquítico por no decir que ridículo: ¡apenas de 0.17% por habitante en promedio entre 1981 y 2000! (Victor Urquidi, “El gran desafío del siglo XXI: el desarrollo sustentable. Alcances y riesgos para México”, Mercado de Valores, diciembre de 1999, p.51). A ese ritmo, hay que suponer que habrá que sacrificar a varias generaciones de pobres en el altar de la nueva economía antes de que su problema se pueda resolver.
El Papel del Estado.- Todos los candidatos a la presidencia en México, incluido el del PAN, señalan que no se puede dejar a merced del mercado la solución de la pobreza, que es necesario aumentar el gasto público en educación, salud y vivienda, que el capital humano debe de tener prioridad. Y no hay duda que tienen razón, lo malo es que en la realidad no va a ser fácil obtener los fondos para tamaña empresa, especialmente cuando el “rescate” de una banca ineficiente y tramposa se va a llevar por años recursos públicos sustantivos y la reforma fiscal se mantiene como una tarea pendiente.
De todas formas, es necesario subrayar que no es posible hacerle frente a la pobreza únicamente por la vía del mercado, pues en esa lógica los recursos se concentran justamente no en quienes más los necesitan sino en quienes pueden invertirlos mejor. Un indicador de los muchos disponibles para ilustrar lo anterior se tiene en Africa, donde el conjunto de los gobiernos tienen que destinar cuatro veces más recursos a pagar los intereses de la deuda externa que en la salud pública, área donde el SIDA y el hambre han creado una situación verdaderamente catastrófica.
En un estudio de L. Kenworthy, citado por Robert M. Solow (“Welfare: The Cheapest Country”, The New York Review of Books, 23 de marzo, 2000, p.21) aparece el siguiente cuadro:
Porcentaje de pobreza relativa en países seleccionados, 1991
Países % antes de la transferencia % después de la transferencia
__ impositiva impositiva__________
Australia 21.3 6.4
Bélgica 23.9 2.2
Canadá 21.6 5.6
Dinamarca 23.9 3.5
Finlandia 9.8 2.3
Francia 27.5 4.8
Alemania 14.1 2.4
Irlanda 25.8 4.7
Italia 21.8 5.0
Holanda 20.5 4.3
Noruega 9.3 1.7
Suecia 20.6 3.8
Suiza 12.8 4.3
Gran Bretaña 25.7 5.3
Estados Unidos 21.0 11.7______________
Como se puede observar, si la naturaleza de la estructura social hubiera sido moldeada exclusivamente por las fuerzas económicas, la mayoría de esos quince países que están en el corazón del sistema de mercado global, hubiera tenido que clasificar a una cuarta o quinta parte de su población como pobre y sus problemas políticos serían hoy mucho mayores. Sin embargo, gracias a la intervención del Estado, se llevó a cabo en ellos una transferencia sustantiva de recursos y la gran mayoría logró disminuir lo que cada uno define como pobreza a cifras insignificantes. En realidad, la excepción en el cuadro es Estados Unidos, el país donde la herencia de la filosofía reaganiana es más palpable. Y sin embargo, incluso en Estados Unidos, la pobreza disminuyó a la mitad de lo que el puro, simple e injusto mecanismo económico hubiera permitido.
La Nación.- Es claro que el llamado “Estado Benefactor” del pasado es irrecuperable, y es bueno que así sea, pues su desempeño estuvo plagado de ineficiencias, burocratismo y además, en el caso específico de México, de corrupción en gran escala. La Conasupo, para citar sólo un ejemplo tristemente célebre, entregó alimentos de regular calidad pero a bajo precio a una parte importante de la población mexicana, sin embargo, a su sombra, y ahora se empieza a saber gracias a esfuerzos como los del senador Adolfo Aguilar Zinser, sus administradores hicieron negocios ilegales multimillonarios. La reforma agraria y el ejido significaron el mejor esfuerzo de la Revolución Mexicana por rectificar la injusta distribución del ingreso heredada del Porfiriato y de la colonia, pero al final la estructura política autoritaria corrompió hasta la médula esa reforma y la convirtió en una sólida base del autoritarismo y en un modus vivendi de los aparatos políticos que administraban el crédito al ejidatario sin permitirle producir más y mejor.
En el futuro los mecanismos políticos de transferencia de recursos de las clases más a las menos favorecidas, deberán de ser nuevos, democráticos y encaminados a permitir que los beneficiarios no se mantengan como perpetuos dependientes del erario y de la clase política. Pero dicho lo anterior, tampoco debe de caber duda que es necesario mantener la red de protección que impida que a la parte más débil de la sociedad se le trate como un residuo de la modernización y que se le deje a los aparatos de seguridad y a la “mano invisible” del mercado la tarea de controlarla mientras el tiempo se encarga de borrarla de nuestro futuro.
Las naciones viables son, en primer lugar, comunidades imaginadas, como lo señalara Benedict Anderson (Comunidades imaginadas, Fondo de Cultura, 1993), pero para que esa imaginación se sostenga a lo largo del tiempo, se le deben agregar voluntad política permanente y recursos materiales. Lo que le da sentido y efectividad a la noción de comunidad nacional es un mínimo de solidaridad entre sus componentes, un sentido de responsabilidad individual por el destino de los demás.
La actual polarización de México entre riqueza y pobreza es un indicador muy claro de la debilidad de esa supuesta solidaridad nacional --el concepto mismo ya ha sido desvirtuado y pervertido por el manejo de que fue objeto en tiempos recientes desde la cumbre del poder-- y de lo raquítico de la idea de un destino común al amparo de instituciones que garanticen la seguridad individual y permitan la construcción y mantenimiento de servicios públicos, de una verdadera impartición de justicia, de la igualdad política y, finalmente, de condiciones materiales en el ámbito individual y familiar compatibles con el sentido de la dignidad.
La tarea de quien asuma la responsabilidad política de conducir la transición mexicana en el sexenio siguiente, deberá ser la de recrear el sentido de comunidad nacional que, en su momento, lograron la independencia o la Revolución Mexicana, pero que luego se perdió. No es una tarea fácil, pero no hay alternativa, pues es lo que demandan tanto nuestra historia como nuestra viabilidad en el futuro.
Lo Central.- La pobreza, por si misma, no tiene que ser una fuerza desintegradora de la sociedad, pero fácilmente se convierte en un factor muy negativo para la unidad de una nación cuando una parte de la comunidad percibe a la pobreza como un resultado perverso de las estructuras de poder existentes, y esa percepción es confirmada por la convivencia estrecha entre la miseria y las grandes acumulaciones de riqueza, como es hoy el caso en México.
El tema del combate a la pobreza está en el centro o casi de todas las plataformas de los candidatos presidenciales mexicanos, aunque en la mayoría de los casos se discuten más sus efectos y soluciones que las causas que la han originado (véanse al respecto las respuestas de los candidatos a un cuestionario que les presentó Federico Reyes Heroles, en Hacia la presidencia en el 2000, Fondo de Cultura Económica, 2000). La supuesta relación entre pobreza y el sistema económico global, también está en el centro de las campañas presidenciales peruana o venezolana y fue el motivo de las protestas y la violencia callejeras que tuvieron lugar en Seattle en diciembre de 1999 y a mediados de este mes de abril en Washington D.C., y donde el blanco de la ira de los manifestantes fueron las organizaciones insignia de la nueva economía: la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (BM). El combate a la pobreza en la era del triunfo espectacular del capitalismo postindustrial y global, es uno de los puntos centrales en las agendas de muchos actores políticos nacionales e internacionales.
Los indicadores.- En esta columna ya se ha citado la obra de Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos (Pobreza y distribución del ingreso en México, 1999) en donde el primero sostiene que al inicio de los años noventa el 75.1% de los mexicanos vivían en el contexto de algún tipo de pobreza según el llamado Método de Medición Integrada de la Pobreza (p.91). Hay, desde luego, quien difiere de esa medición, sin embargo, y a final de cuentas, no se trata de un asunto de definiciones sino de realidades evidentes. El propio BM acaba de publicar un informe donde admite que el 42.5% de los mexicanos tiene que vivir con un ingreso promedio de dos dólares diarios o menos y el 17.9% con un dólar o menos. Según la información preliminar de que dispone el BM, entre el 54% y el 62% de los mexicanos vive en condiciones de “pobreza o de ultrapobreza” y la cuarta parte de la población rural mexicana no tiene recursos para cubrir sus necesidades básicas de alimento. Las cifras del año pasado muestran que los ingresos promedio de los trabajadores de nuestro país fueron, en términos reales, menos de la mitad de los que obtuvieron al inicio de los años ochenta, cuando se inició el largo período de crisis económica y cambio estructural. El lado optimista es que, con relación a 1996, la pobreza ha empezado a disminuir ligeramente (La Jornada, 14 y 15 de abril).
La situación mexicana simplemente refleja un fenómeno global. Si en 1998 en México el 20% de los hogares más ricos recibieron un ingreso 15 veces superior al que recibieron el 20% de los hogares más pobres, en el ámbito mundial y en 1997, el 20% de la población más rica del planeta obtuvo ingresos equivalentes a 74 veces los del 20% más pobre, cifra que más que dobla la diferencia que había hace cuarenta años (ver el artículo de Cándido Méndez en El País, 20 de abril).
¿Qué Hacer?.- Para el ala dura de la derecha --mexicana o internacional, da lo mismo-- lo que debe hacerse frente al fenómeno de la pobreza es simplemente seguir fieles al principio enunciado por Ronald Reagan, el 40° presidente de los Estados Unidos (1981-1989), y según el cual, el sector privado es la única base legítima de la vida económica nacional e internacional. Unicamente de esa manera se puede crear la riqueza que, con el paso del tiempo, podrá aliviar la pobreza.
Desde esta perspectiva, no hay alternativa a integrarse cada vez más a la economía mundial, facilitar el ingreso del capital externo, reducir aún más el papel del Estado en el proceso productivo y seguir pagando el precio social que requiere desmontar el viejo proteccionismo y ponernos al día en un mundo donde la competencia sólo permite la supervivencia de los mejores, de los más productivos. Subsidios e incentivos fiscales no deberían ser ya parte de la oferta política y sí, en cambio, un compromiso con una mayor privatización y profundización de los mecanismos de mercado como los determinantes básicos en la asignación de los recursos económicos. Unicamente con un crecimiento real por la vía de la eficiencia, es decir, de la lógica del mercado, se podrá atacar de raíz el problema de la miseria.
Según las cifras del BM, de 1990 a la fecha, el gobierno mexicano dejó en manos privadas, activos públicos equivalentes a 31, 458 millones de dólares (La Jornada, 16 de abril), pero insiste en no privatizar la joya de la corona: Pemex. En cualquier caso, con un proceso importante de privatización y con un comercio exterior donde las exportaciones y las importaciones hace tiempo que sobrepasaron cada una los cien mil millones de dólares anuales y donde ni la agricultura está protegida como si es el caso en Estados Unidos, Europa o Japón, México está ya bastante integrado al sistema económico global. Por tanto y según la lógica del pensamiento dominante, a estas alturas ya deberían los mexicanos estar cosechando “el bienestar para su familia”. Sin embargo, lo anterior no es el caso, pues después de tres lustros de globalización el resultado, en términos de crecimiento, ha sido raquítico por no decir que ridículo: ¡apenas de 0.17% por habitante en promedio entre 1981 y 2000! (Victor Urquidi, “El gran desafío del siglo XXI: el desarrollo sustentable. Alcances y riesgos para México”, Mercado de Valores, diciembre de 1999, p.51). A ese ritmo, hay que suponer que habrá que sacrificar a varias generaciones de pobres en el altar de la nueva economía antes de que su problema se pueda resolver.
El Papel del Estado.- Todos los candidatos a la presidencia en México, incluido el del PAN, señalan que no se puede dejar a merced del mercado la solución de la pobreza, que es necesario aumentar el gasto público en educación, salud y vivienda, que el capital humano debe de tener prioridad. Y no hay duda que tienen razón, lo malo es que en la realidad no va a ser fácil obtener los fondos para tamaña empresa, especialmente cuando el “rescate” de una banca ineficiente y tramposa se va a llevar por años recursos públicos sustantivos y la reforma fiscal se mantiene como una tarea pendiente.
De todas formas, es necesario subrayar que no es posible hacerle frente a la pobreza únicamente por la vía del mercado, pues en esa lógica los recursos se concentran justamente no en quienes más los necesitan sino en quienes pueden invertirlos mejor. Un indicador de los muchos disponibles para ilustrar lo anterior se tiene en Africa, donde el conjunto de los gobiernos tienen que destinar cuatro veces más recursos a pagar los intereses de la deuda externa que en la salud pública, área donde el SIDA y el hambre han creado una situación verdaderamente catastrófica.
En un estudio de L. Kenworthy, citado por Robert M. Solow (“Welfare: The Cheapest Country”, The New York Review of Books, 23 de marzo, 2000, p.21) aparece el siguiente cuadro:
Porcentaje de pobreza relativa en países seleccionados, 1991
Países % antes de la transferencia % después de la transferencia
__ impositiva impositiva__________
Australia 21.3 6.4
Bélgica 23.9 2.2
Canadá 21.6 5.6
Dinamarca 23.9 3.5
Finlandia 9.8 2.3
Francia 27.5 4.8
Alemania 14.1 2.4
Irlanda 25.8 4.7
Italia 21.8 5.0
Holanda 20.5 4.3
Noruega 9.3 1.7
Suecia 20.6 3.8
Suiza 12.8 4.3
Gran Bretaña 25.7 5.3
Estados Unidos 21.0 11.7______________
Como se puede observar, si la naturaleza de la estructura social hubiera sido moldeada exclusivamente por las fuerzas económicas, la mayoría de esos quince países que están en el corazón del sistema de mercado global, hubiera tenido que clasificar a una cuarta o quinta parte de su población como pobre y sus problemas políticos serían hoy mucho mayores. Sin embargo, gracias a la intervención del Estado, se llevó a cabo en ellos una transferencia sustantiva de recursos y la gran mayoría logró disminuir lo que cada uno define como pobreza a cifras insignificantes. En realidad, la excepción en el cuadro es Estados Unidos, el país donde la herencia de la filosofía reaganiana es más palpable. Y sin embargo, incluso en Estados Unidos, la pobreza disminuyó a la mitad de lo que el puro, simple e injusto mecanismo económico hubiera permitido.
La Nación.- Es claro que el llamado “Estado Benefactor” del pasado es irrecuperable, y es bueno que así sea, pues su desempeño estuvo plagado de ineficiencias, burocratismo y además, en el caso específico de México, de corrupción en gran escala. La Conasupo, para citar sólo un ejemplo tristemente célebre, entregó alimentos de regular calidad pero a bajo precio a una parte importante de la población mexicana, sin embargo, a su sombra, y ahora se empieza a saber gracias a esfuerzos como los del senador Adolfo Aguilar Zinser, sus administradores hicieron negocios ilegales multimillonarios. La reforma agraria y el ejido significaron el mejor esfuerzo de la Revolución Mexicana por rectificar la injusta distribución del ingreso heredada del Porfiriato y de la colonia, pero al final la estructura política autoritaria corrompió hasta la médula esa reforma y la convirtió en una sólida base del autoritarismo y en un modus vivendi de los aparatos políticos que administraban el crédito al ejidatario sin permitirle producir más y mejor.
En el futuro los mecanismos políticos de transferencia de recursos de las clases más a las menos favorecidas, deberán de ser nuevos, democráticos y encaminados a permitir que los beneficiarios no se mantengan como perpetuos dependientes del erario y de la clase política. Pero dicho lo anterior, tampoco debe de caber duda que es necesario mantener la red de protección que impida que a la parte más débil de la sociedad se le trate como un residuo de la modernización y que se le deje a los aparatos de seguridad y a la “mano invisible” del mercado la tarea de controlarla mientras el tiempo se encarga de borrarla de nuestro futuro.
Las naciones viables son, en primer lugar, comunidades imaginadas, como lo señalara Benedict Anderson (Comunidades imaginadas, Fondo de Cultura, 1993), pero para que esa imaginación se sostenga a lo largo del tiempo, se le deben agregar voluntad política permanente y recursos materiales. Lo que le da sentido y efectividad a la noción de comunidad nacional es un mínimo de solidaridad entre sus componentes, un sentido de responsabilidad individual por el destino de los demás.
La actual polarización de México entre riqueza y pobreza es un indicador muy claro de la debilidad de esa supuesta solidaridad nacional --el concepto mismo ya ha sido desvirtuado y pervertido por el manejo de que fue objeto en tiempos recientes desde la cumbre del poder-- y de lo raquítico de la idea de un destino común al amparo de instituciones que garanticen la seguridad individual y permitan la construcción y mantenimiento de servicios públicos, de una verdadera impartición de justicia, de la igualdad política y, finalmente, de condiciones materiales en el ámbito individual y familiar compatibles con el sentido de la dignidad.
La tarea de quien asuma la responsabilidad política de conducir la transición mexicana en el sexenio siguiente, deberá ser la de recrear el sentido de comunidad nacional que, en su momento, lograron la independencia o la Revolución Mexicana, pero que luego se perdió. No es una tarea fácil, pero no hay alternativa, pues es lo que demandan tanto nuestra historia como nuestra viabilidad en el futuro.
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