Lorenzo Meyer
Concepciones de la Política.- Por su peso y longevidad, el viejo PRI, el único que hay, sigue determinando la naturaleza general de la vida pública mexicana, pero de los resultados de la jornada electoral del 2 de julio del 2000 dependerá sí continúa haciéndolo o, como parece ya factible, se iniciará un capítulo nuevo en la historia política de nuestro país. Por ahora, a medida que se acerca ese momento decisivo, las formas dominantes de la política tienden a perder civilidad y a endurecer sus contenidos: la obscuridad es mayor antes del amanecer.
Los clásicos del pensamiento político occidental de dos y medio milenios atrás, consideraron que, en y por principio, el ejercicio del poder público constituía la actividad más noble e importante. Desde su perspectiva, las actividades productivas, la guerra, la paz, la educación, las artes, la justicia o la religión, estaban supeditadas a la política, es decir, a las grandes decisiones de autoridad sobre lo que podía y debería ser en el ámbito de lo colectivo.
En el libro primero de su Etica a Nicómaco, Aristóteles (384-322 a.C.) supuso que la finalidad última de todo conocimiento y actividad, era la búsqueda de algún bien. Por su naturaleza, la política era la ciencia y actividad que perseguía el bien más general e importante, pues a través del ejercicio de la autoridad pública se determinaba la finalidad y los medios para dirigir de manera compatible con la virtud, la energía de la única comunidad autosuficiente que permitía el desarrollo pleno de las potencialidades del ser humano: la polis.
Aristóteles, poseedor de un conocimiento enciclopédico y agudo observador de la conducta humana, que estudió los efectos prácticos de las estructuras legales de las ciudades-estado de la península griega, y que vivió en la corte de Filipo de Macedonia, sabía bien cual era la naturaleza de la política real. No obstante la crudeza de la realidad que observó en la decadencia de la civilización helénica, mantuvo su concepción sobre la nobleza intrínseca del poder y del bien último que ésta debía y podía lograr. Para el filósofo, el poder no tenía porque estar siempre divorciado de la verdad, la ética y la virtud.
La Grecia clásica desapareció pronto, y a la concepción aristotélica de la política le sucedieron otras que, de tan distintas, resultaron contrarias, como la de Nicolás de Maquiavelo (1469-1526), basada en la verita effettuale, es decir, no en el deber ser sino en lo que realmente había sido el ejercicio del poder: egoísmo, manipulación, mentira, traición, crimen, corrupción, guerra, brutalidad e injusticia. Sin embargo, en el propio autor florentino hay elementos para suponer un íntimo deseo de que la acción política se acercara a esa concepción que supone posible combinar el ejercicio del poder y la ética.
No son muchos los ejemplos de los que actualmente se puede echar mano para mostrar las posibilidades de la acción política al estilo de Aristóteles y sí, en cambio sobran los calcados por las observaciones de Maquiavelo. Sin embargo, es posible encontrarse con historias actuales como la de Václav Havel, el dramaturgo, poeta y demócrata, que de disidente y preso político en la Checoslovaquia autoritaria y burocrática pasó a ser, en 1989, su líder moral y presidente, después de que el socialismo “real” se vino abajo. Tras la separación de Eslovaquia, Havel fue reelecto presidente por los checos (1993), quizá porque sigue fiel a su idea original: que la política puede y debe ser una actividad ética (Living in Truth, Jan Vladislav, ed., 1986, pp. 3-195). Es verdad que el líder checo no es un estadista común, pero su éxito en una sociedad que por largo tiempo vivió, como la nuestra, corroída por el autoritarismo y la corrupción, prueba que la moral y el ejercicio del poder pueden ser compatibles.
La Política del Ocaso Priísta.- En el universo político mexicano, la decencia del actor individual existe, pero hasta ahora casi siempre como excepción y en las márgenes. Desde la muerte de Francisco I. Madero, y salvo singularidades, el tono dominante en la vida pública mexicana, es el propio de una estructura inmersa en una contradicción permanente: la de un marco legal democrático y una realidad autoritaria, lo que hace imposible la vigencia del Estado de Derecho y favorece la corrupción, prepotencia, irresponsabilidad y venta de la justicia.
Los Ejemplos Recientes.- Hoy, la coyuntura política se caracteriza, entre otras cosas, por el enorme pero contradictorio esfuerzo de los opositores por romper la añeja confusión institucional entre lo que es el gobierno y lo que es el PRI, y que se estableció intencionalmente desde el momento mismo del nacimiento de ese partido. El resultado es que si bien la confusión es menor, no ha desaparecido.
Un ejemplo de la estrecha y nada sana liga entre gobierno y PRI lo tenemos en las acciones de los gobernadores de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco o, en estos días, en el “affaire Muñoz Ledo”. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), del que hasta hace unos días Porfirio Muñoz Ledo (PML) era candidato presidencial, nació en 1954 por obra y gracia de una decisión del presidente Adolfo Ruiz Cortines para dar satisfacción a un viejo revolucionario de Coahuila, el general Jacinto B. Treviño, que en unión de otros colegas militares, deseaban tener su propio partido, aunque fuera pequeño. La carrera política de Treviño --maderista, carrancista y obregonista-- se frustró en 1929, año en que nació el PRI y el general se equivocó de bando, pues se sumó a los rebeldes escobaristas, a los que Calles derrotó sin gran problema. En el mejor de los casos, el PARM es hoy un partido regional, y al que sólo un milagro fabricado en la Secretaría de Gobernación en 1984 le permitió mantener su registro a pesar de no haber logrado el mínimo de 1.5% de los votos requeridos por ley. Tras perder ese registro en 1994 --registro que, en sus manos, significaba una patente de corso--, en 1999 el PARM volvió a recuperarlo y ahora vive esperando que un nuevo milagro le permita lograr en el 2000 el mínimo necesario de votos para conservar los dineros que por ley debe darle el IFE. Tan precaria situación explica porque el PARM, desdeñado por el gobierno, decidió postular en 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia y hoy a PML, un antiguo presidente del PRI primero y del PRD después.
Las encuestas dan actualmente al PARM, al PCD y al PDS, muy pocas posibilidades de sobrevivir en una contienda que en el mejor de los casos se da sólo entre tres partidos -- PRI, PAN y PRD-- sino es que ya sólo entre los dos primeros. Un político particularmente brillante y ambicioso, con una energía y voluntad de poder poco comunes, como es PML, estaba ya en la última etapa de una muy anticipada negociación encaminada a dar su respaldo a Vicente Fox, cuando la Secretaría de Gobernación (Segob), que naturalmente seguía todos sus pasos, soltó lo que consideró la bomba política perfecta --y antigua-- para neutralizar la que PML se proponía detonar: su acuerdo con Fox. En efecto, la Segob acusó al líder expriísta, experredista y hoy parmista, de haber pedido al gobierno le ayudara a arrebatar el control del PARM de manos de su gris y sospechoso presidente --Carlos Guzmán Pérez-- a cambio de que él, PML, no siguiera adelante con su proyecto de apoyar a Fox. La propuesta fue hecha pública, dijo la Segob, por ser un intento de chantaje, pero en realidad para asestar un golpe a Fox.
La acción de una Segob repentina y desusadamente envuelta en el manto de la indignación moral, fue hecha sin el apoyo de prueba alguna. El acusado negó la veracidad de lo dicho por la instancia encargada del control político y, a su vez, la acusó de difamación. Al final, la opinión pública tuvo que elegir entre la palabra de una institución con un largo y negro historial en materia electoral --y en muchas otras-- contra la de un político hiperactivo, impredecible y obsesionado por la búsqueda de poder.
La Segob, desde luego, negó que su denuncia contra Muñoz Ledo tuviera algún propósito electoral, y como prueba un subsecretario declaró que el inquieto ex priísta y ex perredista, nunca tuvo muchos votos que aportar a Fox (Milenio, 13 de mayo). Supongamos que, en efecto, la fuerza electoral del hoy impugnado candidato del PARM sea marginal, pero ese no es un asunto en el que se deba juzgar una secretaría de Estado eminentemente política y que debía estar por encima del conflicto entre los partidos. En segundo lugar, entre el humo y el polvo desatado por la guerra de las encuestas, se deja ver ya con claridad que la diferencia en las preferencias de los votantes por los candidatos reales, es verdaderamente pequeña. En esas condiciones, la adición de votos marginales a una u otra candidatura puede tener efectos mayores y, sobre todo, nadie puede negar el impacto psicológico que pudiera haber tenido el anuncio, hecho en el tiempo y circunstancias adecuadas, de la adhesión de un candidato presidencial a la heterogénea coalición de Fox, justo cuando éste busca los votos de los indecisos despertando su imaginación al presentarse ya como el vencedor.
El “affaire Muñoz Ledo” no pasaría de ser un incidente más de la picaresca política mexicana, de no venir acompañado de otros que apuntan en el mismo sentido: la vigencia de la vieja, ilegítima, y en muchos casos ilegal, confusión entre el gobierno y el PRI. El 13 de mayo, el candidato presidencial del PRI se reunió con los 21 gobernadores priístas por un lado y con los representantes de los altos funcionarios públicos federales por otro, incluidos secretarios de Estado. En palabras del subsecretario de Trabajo y, a la vez, coordinador del Programa Nacional de Servidores Públicos Priístas, Carlos Armando Biebrich, el objetivo fue dar la señal para movilizar a todo el aparato administrativo del Estado para “promover y participar con nuestra familia, vecinos, compañeros de trabajo, en encuentros, conferencias, reuniones y actos de campaña [del PRI]”. La meta es lograr, al menos, tres millones de votos burocráticos –se supone que vendrán de los 1.4 millones de funcionarios federales, los 800 mil estatales y municipales, más los de empresas paraestatales-- aunque esta vez, la movilización de gobernadores, secretarios de Estado y burócratas en general, será supuestamente legal, pues el esfuerzo se hará fuera de las horas de trabajo y sin emplear recursos públicos (Reforma, La Jornada, 14 de mayo).
Esta por verse si los empleados públicos se sienten hoy obligados a votar por el PRI, es decir, por sus jefes. En cualquier caso, en una democracia moderna, con un servicio civil profesional y de carrera, simplemente sería impensable, y desde luego inadmisible, el intento de usar a la corporación burocrática en favor de un partido. En México, que casi no tiene servicio civil de carrera, ésto parece posible y se va a dar en el marco de una larga historia de premeditada confusión o fusión de papeles entre burocracia y priísmo. Esa confusión arranca desde el momento mismo en que se dio forma al partido de Estado en 1929, cuando a los empleados públicos se les descontó del sueldo una “contribución” para el PNR, origen del PRI actual. Con base en esa larga e ininterrumpida costumbre de usar de los recursos materiales y humanos públicos en favor del partido oficial, no puede uno más que ver con sospecha y aprehensión este intento de usar la “lealtad” (el miedo a perder el puesto) de los servidores públicos, pues la vocación priísta es la de pasar por encima de la legalidad cuando su control sobre el aparato estatal está en peligro, y ese es hoy el caso.
En Suma.- Sólo en teoría podemos suponer una política como la que Aristóteles propuso. Tampoco se ve factible en el corto plazo una como la que Havel personifica en la Europa del Este. Sin embargo, no debemos cejar en nuestra exigencia de tener acceso a un estadio superior de la vida pública, a uno donde la letra de la ley, pero sobre todo, su espíritu, se respete. Si la política como actividad eminentemente moral no es posible, por lo menos debemos exigir una compatible con la decencia y la dignidad. Para ello, en este momento de posible quiebre histórico, habrá que vigilar muy de cerca a quienes han hecho de la política y lo político, actividades llenas del puro juego del poder y vacías de dignidad y decoro.
Los clásicos del pensamiento político occidental de dos y medio milenios atrás, consideraron que, en y por principio, el ejercicio del poder público constituía la actividad más noble e importante. Desde su perspectiva, las actividades productivas, la guerra, la paz, la educación, las artes, la justicia o la religión, estaban supeditadas a la política, es decir, a las grandes decisiones de autoridad sobre lo que podía y debería ser en el ámbito de lo colectivo.
En el libro primero de su Etica a Nicómaco, Aristóteles (384-322 a.C.) supuso que la finalidad última de todo conocimiento y actividad, era la búsqueda de algún bien. Por su naturaleza, la política era la ciencia y actividad que perseguía el bien más general e importante, pues a través del ejercicio de la autoridad pública se determinaba la finalidad y los medios para dirigir de manera compatible con la virtud, la energía de la única comunidad autosuficiente que permitía el desarrollo pleno de las potencialidades del ser humano: la polis.
Aristóteles, poseedor de un conocimiento enciclopédico y agudo observador de la conducta humana, que estudió los efectos prácticos de las estructuras legales de las ciudades-estado de la península griega, y que vivió en la corte de Filipo de Macedonia, sabía bien cual era la naturaleza de la política real. No obstante la crudeza de la realidad que observó en la decadencia de la civilización helénica, mantuvo su concepción sobre la nobleza intrínseca del poder y del bien último que ésta debía y podía lograr. Para el filósofo, el poder no tenía porque estar siempre divorciado de la verdad, la ética y la virtud.
La Grecia clásica desapareció pronto, y a la concepción aristotélica de la política le sucedieron otras que, de tan distintas, resultaron contrarias, como la de Nicolás de Maquiavelo (1469-1526), basada en la verita effettuale, es decir, no en el deber ser sino en lo que realmente había sido el ejercicio del poder: egoísmo, manipulación, mentira, traición, crimen, corrupción, guerra, brutalidad e injusticia. Sin embargo, en el propio autor florentino hay elementos para suponer un íntimo deseo de que la acción política se acercara a esa concepción que supone posible combinar el ejercicio del poder y la ética.
No son muchos los ejemplos de los que actualmente se puede echar mano para mostrar las posibilidades de la acción política al estilo de Aristóteles y sí, en cambio sobran los calcados por las observaciones de Maquiavelo. Sin embargo, es posible encontrarse con historias actuales como la de Václav Havel, el dramaturgo, poeta y demócrata, que de disidente y preso político en la Checoslovaquia autoritaria y burocrática pasó a ser, en 1989, su líder moral y presidente, después de que el socialismo “real” se vino abajo. Tras la separación de Eslovaquia, Havel fue reelecto presidente por los checos (1993), quizá porque sigue fiel a su idea original: que la política puede y debe ser una actividad ética (Living in Truth, Jan Vladislav, ed., 1986, pp. 3-195). Es verdad que el líder checo no es un estadista común, pero su éxito en una sociedad que por largo tiempo vivió, como la nuestra, corroída por el autoritarismo y la corrupción, prueba que la moral y el ejercicio del poder pueden ser compatibles.
La Política del Ocaso Priísta.- En el universo político mexicano, la decencia del actor individual existe, pero hasta ahora casi siempre como excepción y en las márgenes. Desde la muerte de Francisco I. Madero, y salvo singularidades, el tono dominante en la vida pública mexicana, es el propio de una estructura inmersa en una contradicción permanente: la de un marco legal democrático y una realidad autoritaria, lo que hace imposible la vigencia del Estado de Derecho y favorece la corrupción, prepotencia, irresponsabilidad y venta de la justicia.
Los Ejemplos Recientes.- Hoy, la coyuntura política se caracteriza, entre otras cosas, por el enorme pero contradictorio esfuerzo de los opositores por romper la añeja confusión institucional entre lo que es el gobierno y lo que es el PRI, y que se estableció intencionalmente desde el momento mismo del nacimiento de ese partido. El resultado es que si bien la confusión es menor, no ha desaparecido.
Un ejemplo de la estrecha y nada sana liga entre gobierno y PRI lo tenemos en las acciones de los gobernadores de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco o, en estos días, en el “affaire Muñoz Ledo”. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), del que hasta hace unos días Porfirio Muñoz Ledo (PML) era candidato presidencial, nació en 1954 por obra y gracia de una decisión del presidente Adolfo Ruiz Cortines para dar satisfacción a un viejo revolucionario de Coahuila, el general Jacinto B. Treviño, que en unión de otros colegas militares, deseaban tener su propio partido, aunque fuera pequeño. La carrera política de Treviño --maderista, carrancista y obregonista-- se frustró en 1929, año en que nació el PRI y el general se equivocó de bando, pues se sumó a los rebeldes escobaristas, a los que Calles derrotó sin gran problema. En el mejor de los casos, el PARM es hoy un partido regional, y al que sólo un milagro fabricado en la Secretaría de Gobernación en 1984 le permitió mantener su registro a pesar de no haber logrado el mínimo de 1.5% de los votos requeridos por ley. Tras perder ese registro en 1994 --registro que, en sus manos, significaba una patente de corso--, en 1999 el PARM volvió a recuperarlo y ahora vive esperando que un nuevo milagro le permita lograr en el 2000 el mínimo necesario de votos para conservar los dineros que por ley debe darle el IFE. Tan precaria situación explica porque el PARM, desdeñado por el gobierno, decidió postular en 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia y hoy a PML, un antiguo presidente del PRI primero y del PRD después.
Las encuestas dan actualmente al PARM, al PCD y al PDS, muy pocas posibilidades de sobrevivir en una contienda que en el mejor de los casos se da sólo entre tres partidos -- PRI, PAN y PRD-- sino es que ya sólo entre los dos primeros. Un político particularmente brillante y ambicioso, con una energía y voluntad de poder poco comunes, como es PML, estaba ya en la última etapa de una muy anticipada negociación encaminada a dar su respaldo a Vicente Fox, cuando la Secretaría de Gobernación (Segob), que naturalmente seguía todos sus pasos, soltó lo que consideró la bomba política perfecta --y antigua-- para neutralizar la que PML se proponía detonar: su acuerdo con Fox. En efecto, la Segob acusó al líder expriísta, experredista y hoy parmista, de haber pedido al gobierno le ayudara a arrebatar el control del PARM de manos de su gris y sospechoso presidente --Carlos Guzmán Pérez-- a cambio de que él, PML, no siguiera adelante con su proyecto de apoyar a Fox. La propuesta fue hecha pública, dijo la Segob, por ser un intento de chantaje, pero en realidad para asestar un golpe a Fox.
La acción de una Segob repentina y desusadamente envuelta en el manto de la indignación moral, fue hecha sin el apoyo de prueba alguna. El acusado negó la veracidad de lo dicho por la instancia encargada del control político y, a su vez, la acusó de difamación. Al final, la opinión pública tuvo que elegir entre la palabra de una institución con un largo y negro historial en materia electoral --y en muchas otras-- contra la de un político hiperactivo, impredecible y obsesionado por la búsqueda de poder.
La Segob, desde luego, negó que su denuncia contra Muñoz Ledo tuviera algún propósito electoral, y como prueba un subsecretario declaró que el inquieto ex priísta y ex perredista, nunca tuvo muchos votos que aportar a Fox (Milenio, 13 de mayo). Supongamos que, en efecto, la fuerza electoral del hoy impugnado candidato del PARM sea marginal, pero ese no es un asunto en el que se deba juzgar una secretaría de Estado eminentemente política y que debía estar por encima del conflicto entre los partidos. En segundo lugar, entre el humo y el polvo desatado por la guerra de las encuestas, se deja ver ya con claridad que la diferencia en las preferencias de los votantes por los candidatos reales, es verdaderamente pequeña. En esas condiciones, la adición de votos marginales a una u otra candidatura puede tener efectos mayores y, sobre todo, nadie puede negar el impacto psicológico que pudiera haber tenido el anuncio, hecho en el tiempo y circunstancias adecuadas, de la adhesión de un candidato presidencial a la heterogénea coalición de Fox, justo cuando éste busca los votos de los indecisos despertando su imaginación al presentarse ya como el vencedor.
El “affaire Muñoz Ledo” no pasaría de ser un incidente más de la picaresca política mexicana, de no venir acompañado de otros que apuntan en el mismo sentido: la vigencia de la vieja, ilegítima, y en muchos casos ilegal, confusión entre el gobierno y el PRI. El 13 de mayo, el candidato presidencial del PRI se reunió con los 21 gobernadores priístas por un lado y con los representantes de los altos funcionarios públicos federales por otro, incluidos secretarios de Estado. En palabras del subsecretario de Trabajo y, a la vez, coordinador del Programa Nacional de Servidores Públicos Priístas, Carlos Armando Biebrich, el objetivo fue dar la señal para movilizar a todo el aparato administrativo del Estado para “promover y participar con nuestra familia, vecinos, compañeros de trabajo, en encuentros, conferencias, reuniones y actos de campaña [del PRI]”. La meta es lograr, al menos, tres millones de votos burocráticos –se supone que vendrán de los 1.4 millones de funcionarios federales, los 800 mil estatales y municipales, más los de empresas paraestatales-- aunque esta vez, la movilización de gobernadores, secretarios de Estado y burócratas en general, será supuestamente legal, pues el esfuerzo se hará fuera de las horas de trabajo y sin emplear recursos públicos (Reforma, La Jornada, 14 de mayo).
Esta por verse si los empleados públicos se sienten hoy obligados a votar por el PRI, es decir, por sus jefes. En cualquier caso, en una democracia moderna, con un servicio civil profesional y de carrera, simplemente sería impensable, y desde luego inadmisible, el intento de usar a la corporación burocrática en favor de un partido. En México, que casi no tiene servicio civil de carrera, ésto parece posible y se va a dar en el marco de una larga historia de premeditada confusión o fusión de papeles entre burocracia y priísmo. Esa confusión arranca desde el momento mismo en que se dio forma al partido de Estado en 1929, cuando a los empleados públicos se les descontó del sueldo una “contribución” para el PNR, origen del PRI actual. Con base en esa larga e ininterrumpida costumbre de usar de los recursos materiales y humanos públicos en favor del partido oficial, no puede uno más que ver con sospecha y aprehensión este intento de usar la “lealtad” (el miedo a perder el puesto) de los servidores públicos, pues la vocación priísta es la de pasar por encima de la legalidad cuando su control sobre el aparato estatal está en peligro, y ese es hoy el caso.
En Suma.- Sólo en teoría podemos suponer una política como la que Aristóteles propuso. Tampoco se ve factible en el corto plazo una como la que Havel personifica en la Europa del Este. Sin embargo, no debemos cejar en nuestra exigencia de tener acceso a un estadio superior de la vida pública, a uno donde la letra de la ley, pero sobre todo, su espíritu, se respete. Si la política como actividad eminentemente moral no es posible, por lo menos debemos exigir una compatible con la decencia y la dignidad. Para ello, en este momento de posible quiebre histórico, habrá que vigilar muy de cerca a quienes han hecho de la política y lo político, actividades llenas del puro juego del poder y vacías de dignidad y decoro.
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