Lorenzo Meyer
El punto de partida
La ciencia política es una ciencia "blanda" y por ello su poder de predicción es muy limitado. Nadie puede saber con certeza qué va a ocurrir en el próximo encuentro de la sociedad mexicana con las urnas y menos cómo habrán de comportarse después los principales actores y variables políticos. Sin embargo, es necesario especular de manera educada sobre el tema, pues el aire político ya está muy cargado. La pesadez de esa atmósfera, alimentada por los resultados de las últimas encuestas, está dominada por la posibilidad -de que sólo es eso, una posibilidad, no una certeza- que de las elecciones de julio salga la orden de marcha para que, tras 71 años de dominio ininterrumpido, el PRI abandone la Presidencia (véase, como ejemplo, a Federico Reyes-Heroles en Reforma, 16 de mayo). No sería la primera vez que una votación le fuese adversa al PNR-PRM-PRI, pero sí la primera en que la voz de las urnas estaría apoyada por una sociedad y unas instituciones que no permitirían que se repitieran situaciones como las de 1929, 1940, 1952 ó 1988, ejemplos conspicuos de elecciones sin credibilidad.
Como ya es costumbre, no coinciden las varias encuestas sobre las preferencias electorales de los ciudadanos con relación a los candidatos presidenciales. Mientras unas muestran que el apoyo al candidato del PRI ha ido cayendo e incluso le colocan ya por debajo de su contrincante principal, otras lo mantienen en la delantera. Por el lado de la oposición, el PRD ha aumentado notablemente en términos relativos pero en absolutos se mantiene rezagado, y es la Alianza por el Cambio la que, dependiendo de la encuesta, está unos cuantos puntos por encima o por abajo del PRI.
En general, los sondeos de opinión coinciden en que si México en el 2000 logra llevar a cabo, y por primera vez, una genuina alternancia de partidos en el poder, el cambio se dará por la derecha, pues la coalición encabezada por Vicente Fox mantiene un respaldo muy superior al de la encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, que es la única opción genuina desde la izquierda. Ahora bien, si justamente por la división del voto opositor -que no es enteramente producto de las decisiones de los partidos sino también reflejo una división muy real en la sociedad- la alternancia no cuajara y el PRI se volviera a alzar con la victoria, el mandato que recibiría ese viejo partido de Estado difícilmente estaría apoyado por la mayoría absoluta. Es casi seguro que esta vez, y pese a que su símbolo ostenta los símbolo patrios, el PRI ya no podría decirse el representante del grueso de la sociedad y nacionalidad mexicanas, como cuando su victoria se decía respaldada por un diluvio de votos: 93.5 por ciento en 1929, 90.4 por ciento en 1958, 86.0 por ciento en 1970 ó 92.3 por ciento en 1976.
En efecto, con la elección de 1982 terminó la época dorada del priismo, pues ese año sólo se le pudo reconocer a su candidato el respaldo del 68.4 por ciento de los votantes y seis años más tarde, en 1988 y en medio de un fuerte olor a fraude masivo, apenas logró el 50.7 por ciento del voto. En la siguiente elección, la del 94, el PRI mantuvo la Presidencia con apenas el 50.2 por ciento del voto emitido. En la actualidad, ese 50 por ciento se antoja de otra época y en el 2000 el ganador, quien quiera que sea, seguramente no podrá gobernar apoyándose en una mayoría absoluta sino que deberá ser modesto y conformarse con la relativa, más acorde con nuestro pluralismo económico y social, pero con la que el arte de gobernar se vuelve más difícil.
Si el PRI mantiene el control
Para que un nuevo triunfo presidencial priista -su décimotercera victoria consecutiva- no se convierta en un conflicto postelectoral y en fuente de ilegitimidad, la limpieza del proceso debe darse desde ahora y no sólo el día de la elección. Pero contra esa limpieza ya actúan lo mismo la asociación directa del voto priista con los 2.6 millones de familias inscritas en Progresa (Milenio, 16 de mayo) que los bultos de cemento distribuidos en Santo Tomás de los Plátanos (Reforma, 21 de mayo), el activismo de los gobernadores, como el de Chiapas, o el incremento repentino de la parcialidad en favor del PRI de la radio y la televisión (véase el estudio de Mony de Swaan, Milenio, 21 de mayo).
Es verdad que hoy el Instituto Federal Electoral (IFE) ya es autónomo y está en condiciones de impedir un macro fraude como el del 88, pero aún puede darse el fraude hormiga en zonas de dominio caciquil. El IFE ha mejorado mucho respecto a sus orígenes, pero aún no tiene todos los instrumentos para asegurar la limpieza total del proceso en el periodo preelectoral, y una muestra de ello fue el intento de sabotaje de los concesionarios de la radio y la televisión a la campaña de publicidad que el IFE ha emprendido en favor de la limpieza electoral.
El PRI ha señalado que se propone ganar el 2 de julio con el voto de 19 de los 58.7 millones de electores posibles (Reforma, 19 de mayo). Si suponemos la participación del 75 por ciento de los empadronados (en 1994 fue del 77.7 por ciento), ello significa que ese partido espera recibir el 43 por ciento de los sufragios, justo un punto por encima del 42 por ciento que necesita para recuperar la mayoría en el Congreso y darle a su Presidente la base política para gobernar sin que la división de poderes se convierta en un problema. De materializarse las cuentas priistas -que igual pueden ser de la lechera que del Gran Capitán- el problema de la gobernabilidad se hace menos difícil pero no se resuelve.
Un nuevo triunfo del PRI significaría que, en lo esencial, se mantendría el actual modelo económico, aunque quizá con ajustes. En cualquier caso, Labastida no gobernaría con el efímero "Nuevo PRI" sino con el viejo, pues ya quedó obligado a reconocer a los "dinosaurios" -Bartlett, Beltrones, Gamboa et. al.- por la ayuda que le están dando para ganar la guerra en las urnas (véanse las consideraciones al respecto de Denise Dresser en Proceso, 12 de mayo). La relación de esos "priistas duros" con Labastida reproducirá, por lo menos, a la que Roberto Madrazo mantiene con Ernesto Zedillo. La vieja subordinación priista al Presidente estaba condicionada a que el jefe del Ejecutivo asegurara la victoria de los suyos, pero como eso ya no es posible, entonces ha aumentado la tensión entre el "jefe nato" del PRI y el aparato. En las nuevas condiciones, el PRI podría continuar por el camino de la feudalización que ya inició. Además, con el "viejo PRI" en activo, el gran problema de la corrupción sería casi imposible de resolver.
Como secretario de Gobernación, Labastida pudo hacer muy poco frente a problemas como los de Chiapas, la UNAM o la inseguridad y el narcotráfico, pero como Presidente ya no podría seguir difiriendo su solución. Ahora bien, su posibilidad de acción en esos y otros campos dependería mucho no sólo de su capacidad de control del priismo, sino de la fuerza y actitud de las dos oposiciones reales. Sin Fox, el PAN tradicional tendería a volver por sus fueros y podría colaborar de nuevo con un presidente priista. El PRD, que quizá mantenga el gobierno del Distrito Federal, tendría que llevar a cabo su reorganización y no es posible aún saber cuál sería su orientación y actitud frente al gobierno. En cualquier caso, un presidente priista en el 2000 tendría una necesidad mayor que Salinas y Zedillo de llegar a arreglos con la oposición.
Las encuestas muestran que la base social del PRI no es la del México moderno sino la del país que va de salida, pues el voto duro priista está más en el campo que en la ciudad, en el México con menor educación formal e ingresos y en el México que ya no es joven (Reforma, 24 de abril). El día de la elección lo que cuenta es la cantidad, pero después lo que importa es la situación estratégica de las fuerzas políticas y sociales, y un tipo de base social como la que hoy tiene el PRI no va a ser particularmente efectiva a lo largo del sexenio. En suma, si se vuelve a imponer el partido de siempre, su capacidad de gobernar no está asegurada y va a depender, entre otras cosas, de la limpieza de su victoria, de la relación interna entre el Presidente y el "viejo PRI" y de la reorganización de los partidos opositores y de la negociación que el Presidente logre con la oposición y con los sectores estratégicos modernos que ya no se identifican con los estilos priistas de gobernar.
Si gana la oposición
A pocos observadores pueden causar sorpresa los datos recientemente publicados de la llamada Encuesta Mundial de Valores y que muestran a la mexicana como una sociedad relativamente conservadora (Reforma, 9 a 13 de mayo).
México, en efecto, es una sociedad de creyentes (98 por ciento), donde el 80 por ciento de sus componentes, y no obstante sus penurias económicas e inseguridades físicas, se sienten "satisfechos con su vida" y para los que la política es tema secundario (al 65 por ciento le interesa poco o nada) pero que, en términos generales, prefieren a la democracia (66 por ciento) a otro sistema, pero en una proporción menor que en países como Estados Unidos (93 por ciento), España (85 por ciento) o Chile (78 por ciento). En esas condiciones, no sorprende que un tercio de los encuestados (38 por ciento) se dijera plenamente conforme con el pasado priista y otro 27 por ciento más apenas si se molestara con ese pasado antidemocrático. Tampoco sorprende entonces que a casi la mitad de los encuestados (44 por ciento) no les pareciera una mala idea "tener un líder político fuerte el cual no se tenga que molestar por el Congreso y las elecciones". Frente a tales datos se puede concluir que si el PRI está hoy en problemas es menos por su naturaleza antidemocrática y más por su mal desempeño; únicamente el 46 por ciento mantiene su aval al gobierno mientras que la mayoría dijo que ya le había perdido la confianza. En esas condiciones, no resulta extraño que hoy, de darse la alternancia, ésta corra por el carril de la derecha, es decir, por el de Fox.
Cuando el régimen que está por concluir era joven, el Ejército fue su pilar fundamental y el principal obstáculo para la oposición; en contraste, ese Ejército hoy no parece dispuesto a volver a llevar su compromiso con el PRI al punto que lo hizo en el pasado. En la etapa final de su larga vida, Fidel Velázquez, el aparentemente eterno líder de la CTM, aseguró que si la élite revolucionaria había llegado al poder por la vía de las armas, sólo por esa vía lo abandonaría. Sin embargo, hoy las otrora imponentes organizaciones corporativas de obreros y campesinos -CTM y CNC- son ya cascarones sin vitalidad y sin capacidad para constituirse en un obstáculo serio a la alternancia.
Los dueños del gran capital, ésos a los que en 1993 Salinas y el PRI les pidieron -y obtuvieron- en una cena 600 millones de dólares para mantener al sistema tradicional, hoy dicen ya no temer en lo absoluto a un cambio de partido en el poder. La razón de su cambio es clara: quien quiera que gane tiene muy poco margen de maniobra económica, pues el modelo globalizador vigente cuenta con fuertes apoyos internos y externos y el alternativo aún no se ha formulado. Un buen ejemplo de esa actitud del gran capital son los herederos de Carlos Slim Helú -cabeza del poderosísimo Grupo Carso que se fortaleció precisamente en el tiempo de la gran crisis y cambio de modelo en México-, quienes consideran que la posible llegada a Los Pinos de un no priista no afectaría ya la marcha de sus negocios (Milenio Semanal, 15 de mayo). En fin, que esta vez y a diferencia de lo ocurrido en 1988 y 1994, no hay veto del gran capital a la oposición, sobre todo porque el que tiene mayores oportunidades es de derecha.
En realidad, una de las grandes incógnitas para un gobierno que no esté presidido por el PRI es, justamente, la actitud que tomaría esa organización, especialmente si la oposición cumple su palabra de combatir a fondo la corrupción en el sector público. Un partido que nació con el poder en las manos, que nunca ha tenido que dar cuenta de sus actos, si es obligado a jugar el papel de oposición, ¿se sostendrá, se fragmentará o se desmoronará? ¿Colaborará para mantener la gobernabilidad durante el proceso de transición o intentará sabotearla? El narcotráfico y el crimen organizado, ¿reaccionarán a la salida de un aparato administrativo con el que ya tienen acuerdos? Otra gran incógnita es la integración de los altos mandos de un gobierno no priista para manejar una burocracia que por 71 años ha sido priista. Sin embargo, la interrogante más importante es ésta: ¿cómo enfrentaría ese gobierno, y desde la derecha, los problemas de Chiapas, la UNAM o la guerrilla, que no son más que otras tantas manifestaciones del gran, gigantesco, problema social? Pero ése es tema para otro u otros artículos.
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