Lorenzo Meyer
Una Tragedia Cósmica.- En la raíz de nuestros grandes problemas nacionales esta la raíz colonial de la sociedad mexicana moderna. Es por ello, aunque no sólo por ello, que tras 180 años de vida independiente, el país no ha encontrado aún la manera adecuada de resolver el gran problema que arrastra desde el inicio: una profunda división social en general y la imposibilidad de una convivencia justa y mutuamente fructífera entre el México mestizo y el indígena en particular.
Los países que hoy forman el corazón político y económico del sistema mundial de poder nunca fueron colonias en el sentido que México lo fue. En la etapa de su formación nacional las actuales grandes potencias no fueron sometidas por varios siglos a la voluntad de una civilización ajena de punta a cabo. Estados Unidos, por ejemplo, fue en su origen una mera prolongación de Inglaterra en una geografía donde sistemáticamente se eliminó a las poblaciones nativas. Por su parte, Inglaterra había dejado de ser sociedad conquistada siglos antes de surgir como uno de los primeros estados nacionales, y cuando fue tomada por los normandos (1066-1154), éstos no resultaron una civilización ajena sino una mera variante del cristianismo occidental. Japón, para poner un ejemplo no occidental, llegó a ser potencia sin haber vivido antes de 1945 la experiencia que él mismo hizo vivir a otros, como Corea o China: el tener que someterse a los dictados de una voluntad ajena. En contraste, lo que hoy es México fue una civilización original que sufrió un trauma de proporciones enormes al ser derrotada y sometida por otra civilización completamente ajena y de la que ni siquiera sospechaba su existencia. En un abrir y cerrar de ojos los dioses del México antiguo perecieron en medio de una gran destrucción, y las certezas que constituían la visión indígena del mundo, simplemente se hundieron. Fue una tragedia de proporciones cósmicas. Y es justamente en esa tragedia donde está el origen del llamado “problema indígena”, y cuya consecuencia más visible es la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Desde el Inicio, dos Repúblicas Distintas.- El México moderno surgió del choque directo entre la fuerza expansiva de uno de los primeros estados nacionales europeos –la España que acababa de concluir su largo proceso de reconquista-- y la civilización de Mesoamérica. La brutalidad de la inserción de México en la globalidad del siglo XVI, marcó profundamente todo su desarrollo posterior.
A diferencia de la experiencia, por ejemplo, de Inglaterra en las trece colonias de la Nueva Inglaterra, Canadá o Australia, para España su imperio americano, especialmente la Nueva España, hubiera carecido casi por completo de sentido sin la presencia de una densa población nativa, sin la mano de obra indígena.
El proyecto español en México nunca fue el propio de la migración en gran escala de farmers o colonos a los nuevos territorios, sino el de una acumulación rápida, arrebatando la riqueza ya existente en la sociedad indígena primero y más tarde, el del tributo y la extracción de minerales –básicamente plata— y empresas conexas mediante el establecimiento de actividades intensivas en una mano de obra a la que se tuvo que forzar a participar en un proyecto totalmente ajeno.
En el origen de la conquista y primera etapa de organización de los territorios y sociedades conquistados y vencidas, se desarrolló también la primera fase del actual “problema indígena”. A los conquistadores individuales, a los grandes capitanes y sus descendientes, les convenía la explotación rápida e intensa de la población conquistada para acumular la mayor riqueza en el menor tiempo posible y retornar triunfadores a la “Madre Patria”, al estilo del propio Hernán Cortés. Sin embargo, la perspectiva de la Corona de Castilla y de la Iglesia Católica fue distinta porque los intereses de ambas instituciones eran de largo, de largísimo plazo. Al poder del rey y de la Iglesia le convenía moderar las exacciones a cambio de la preservación e incluso la prosperidad relativa de la población nativa. Fue en la atmósfera creada por esa contradicción de intereses, que tuvo lugar la discusión sobre si los pobladores nativos eran o no humanos, si se les debía tratar como a bestias o como un recurso natural o como hijos de Dios y súbditos del rey. El debate político, ideológico y teológico fue breve pero intenso y concluyó con la imposición de la definición conveniente para la Corona y la Iglesia: se aceptó la humanidad de los conquistados pero no su plena igualdad; se les definió como “rústicos” o menores de edad, aunque gracias a que la Iglesia los consideró como “neófitos”, el temido Tribunal de la Inquisición, tras una desastrosa incursión inicial que llevó a la hoguera al cacique de Texcoco, no se metió más con los indios y les dejó en paz.
Para que el “problema indígena” dejara de ser problema para los gobernantes, se decretó que los derechos y deberes de los españoles y sus descendientes en el Nuevo Mundo fueran unos y los de los indios, otros. Juntos pero distintos.
Con base en el exótico --para los indios--, derecho castellano, se fue desarrollando un derecho casuístico y particularista para los indígenas americanos. El resultado de tan copiosa legislación fueron las famosas “Recopilaciones” de leyes de Indias, fuentes del derecho “a la europea” que surgió del otro lado del Atlántico: un derecho complicado y lleno de contradicciones. Por lo que hace a las relaciones entre los indios mismos, los españoles no pusieron muchas objeciones a que prevalecieran ciertas normas anteriores a la conquista, es decir, los “usos y costumbres”, siempre que no contravinieran abiertamente los principios legales y las prácticas religiosas europeas.
Fue de esta manera como la autoridad imperial encontró la fórmula para administrar la innegable y enorme contradicción entre los intereses de la multitud de pueblos indios y los de europeos y criollos –el problema de negros y mestizos es capítulo aparte. Se trató del establecimiento, en el mismo territorio, de dos repúblicas para los súbditos de Su Majestad Católica: la República de los Españoles y la República de los Indios. En esta última, lo colectivo ocupó una posición más importante que en la primera, donde lo individual tuvo un espacio mucho más amplio. Hubo, sí, muchas rebeliones de pueblos indios en el México colonial, pero nunca se dio la gran insurrección indígena en contra la autoridad española.
El paternalismo del monarca y de la Iglesia frente a los grupos étnicos fue un elemento que permeó toda la estructura legal y política de la República de Indios. Desde el final mismo del siglo XVI se estableció un Juzgado General de Indios y en el XVIII se instituyó el cargo de Protector de Indios. Ese paternalismo imperial y eclesiástico siempre buscó un cierto equilibrio entre la explotación de los indígenas mediante el pago del tributo y el uso de su mano de obra en las empresas de los europeos y la protección de los mismos –sobre todo de sus tierras comunales y de ciertos derechos laborales-- frente a la codicia de burócratas, mineros, terratenientes o comerciantes españoles y criollos. Sin embargo, dentro de las comunidades de los “naturales”, el orden colonial dejó un amplio campo de discreción a los intermediarios entre el Estado colonial y la sociedad indígena: a los caciques. Pero, a fin de cuentas, todo el complejo aparato político y jurídico de protección a los indios y sus propiedades tuvo su origen en la discriminación institucional de la sociedad europea con relación a la indígena.
La Independencia o la Igualdad entre Desiguales.-
En 1821 el rey Fernando VII abolió en su imperio americano el puesto de Protector de Indios porque así lo demandaba la constitución de Cádiz, que partía del revolucionario principio de igualdad de derechos y deberes de todos los hombres libres nacidos en los dos hemisferios; legalmente los indios serían tan españoles en esta materia como el resto de los hombres libres y súbditos del rey. Sin embargo, las reales disposiciones ya no tuvieron efecto en la Nueva España porque justamente en 1821 esa parte del imperio se declaró, contra la voluntad del rey, en nación libre y soberana. Sin embargo, en relación a los indios la nueva élite política mexicana siguió el espíritu de Cádiz, es decir, el del liberalismo, y declaró que todos los mexicanos eran jurídicamente iguales y libres y abolió todas las distinciones basadas en la raza. Ya no habría más un Juzgado General de Indios ni nada que se le pareciera o lo recordara.
A partir de la independencia, legalmente en México dejó de haber indios, blancos, castas y esclavos. Algunos ideólogos liberales radicales, como el doctor José María Luis Mora, llegaron a demandar que se prohibiera el uso mismo del término “indio”. Al final de cuentas, el término discriminador e infamante había sido producto de un error, pues sí Colón nunca llegó a la India, los nativos del continente que encontró no podían ser indios. Sin embargo, el cambio político, aunque importante, no hizo que desapareciera la profunda realidad social que por tres siglo había construido y mantenido las diferencias entre indios y no indios. Es más, en los primeros años de la independencia las comunidades indígenas reafirmaron y aumentaron su autonomía gracias a la debilidad de los gobiernos regional y nacional.
Cuando, tras las largas disputas internas, de guerras contra el invasor extranjero y de guerras civiles, fue posible para los liberales construir una autoridad nacional relativamente fuerte, las comunidades indígenas fueron sometidas a un ataque sistemático. En nombre de la igualdad ciudadana y de los principios modernos de la economía capitalista, las cajas, las tierras y las formas de vida comunales indígenas fueron abolidas, desacreditas o ambas cosas. El resultado fue una pérdida mayor para los intereses indígenas y, por ello, la incorporación en 1910 de los zapatistas y de otras muchas comunidades a la lucha armada contra la dictadura liberal y oligárquica de Porfirio Díaz. Como bien lo señalara John Womack al inicio de su libro Zapata y la Revolución Mexicana, (1969), los campesinos indígenas de Morelos hicieron una revolución para no cambiar, o más exactamente, para defender y reforzar sus formas comunales de vida.
El régimen del siglo XX aceptó volver a reconocer los derechos prehispánicos y coloniales comunales sobre la tierra, pero en la búsqueda de una solución de fondo al “problema indígena”, insistió en una variante de la fórmula de los liberales decimonónicos: disolver poco a poco pero definitivamente lo indígena en una gran cultura mestiza y nacional, una cultura caracterizada por la desigualdad extrema. El resultado práctico del indigenismo del siglo XX, fue la continuación de la pérdida sistemática de terreno político, económico, social y cultural de lo que quedaba de indio en el México actual. Y la pobreza, que es hoy la realidad dominante para casi la mitad de los mexicanos, fue, y sigue siendo, la realidad dominante para la enorme mayoría de lo que hoy viven en las comunidades indígenas --distribuidas en 64 etnias en 24 estados, que equivalen al 11% de la población mexicana--, donde el 45% de sus miembros es analfabeta y donde la desnutrición afecta al 60%.
Al final de cuentas, la discriminación del indígena y de lo indígena, es la herencia más desafortunada que la época colonial entregó al México independiente en este campo. Y ese México, con cambios y mala conciencia, la ha conservado hasta el día de hoy. Es contra esa herencia y contra el gran marco que la contiene --uno de desigualdad, injusticia, autoritarismo, corrupción y falta de respeto--, que se explica el EZLN, su marcha y la movilización que ha desatado para exigir no sólo al gobierno sino a toda la sociedad mexicana, que al cambio de régimen político que acaba de ocurrir le siga uno mayor: uno que transforme positivamente la relación de poder entre todos los actores sociales de México, empezando la relación con los grupos étnicos y siguiendo con las del resto de los marginados.
Los países que hoy forman el corazón político y económico del sistema mundial de poder nunca fueron colonias en el sentido que México lo fue. En la etapa de su formación nacional las actuales grandes potencias no fueron sometidas por varios siglos a la voluntad de una civilización ajena de punta a cabo. Estados Unidos, por ejemplo, fue en su origen una mera prolongación de Inglaterra en una geografía donde sistemáticamente se eliminó a las poblaciones nativas. Por su parte, Inglaterra había dejado de ser sociedad conquistada siglos antes de surgir como uno de los primeros estados nacionales, y cuando fue tomada por los normandos (1066-1154), éstos no resultaron una civilización ajena sino una mera variante del cristianismo occidental. Japón, para poner un ejemplo no occidental, llegó a ser potencia sin haber vivido antes de 1945 la experiencia que él mismo hizo vivir a otros, como Corea o China: el tener que someterse a los dictados de una voluntad ajena. En contraste, lo que hoy es México fue una civilización original que sufrió un trauma de proporciones enormes al ser derrotada y sometida por otra civilización completamente ajena y de la que ni siquiera sospechaba su existencia. En un abrir y cerrar de ojos los dioses del México antiguo perecieron en medio de una gran destrucción, y las certezas que constituían la visión indígena del mundo, simplemente se hundieron. Fue una tragedia de proporciones cósmicas. Y es justamente en esa tragedia donde está el origen del llamado “problema indígena”, y cuya consecuencia más visible es la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Desde el Inicio, dos Repúblicas Distintas.- El México moderno surgió del choque directo entre la fuerza expansiva de uno de los primeros estados nacionales europeos –la España que acababa de concluir su largo proceso de reconquista-- y la civilización de Mesoamérica. La brutalidad de la inserción de México en la globalidad del siglo XVI, marcó profundamente todo su desarrollo posterior.
A diferencia de la experiencia, por ejemplo, de Inglaterra en las trece colonias de la Nueva Inglaterra, Canadá o Australia, para España su imperio americano, especialmente la Nueva España, hubiera carecido casi por completo de sentido sin la presencia de una densa población nativa, sin la mano de obra indígena.
El proyecto español en México nunca fue el propio de la migración en gran escala de farmers o colonos a los nuevos territorios, sino el de una acumulación rápida, arrebatando la riqueza ya existente en la sociedad indígena primero y más tarde, el del tributo y la extracción de minerales –básicamente plata— y empresas conexas mediante el establecimiento de actividades intensivas en una mano de obra a la que se tuvo que forzar a participar en un proyecto totalmente ajeno.
En el origen de la conquista y primera etapa de organización de los territorios y sociedades conquistados y vencidas, se desarrolló también la primera fase del actual “problema indígena”. A los conquistadores individuales, a los grandes capitanes y sus descendientes, les convenía la explotación rápida e intensa de la población conquistada para acumular la mayor riqueza en el menor tiempo posible y retornar triunfadores a la “Madre Patria”, al estilo del propio Hernán Cortés. Sin embargo, la perspectiva de la Corona de Castilla y de la Iglesia Católica fue distinta porque los intereses de ambas instituciones eran de largo, de largísimo plazo. Al poder del rey y de la Iglesia le convenía moderar las exacciones a cambio de la preservación e incluso la prosperidad relativa de la población nativa. Fue en la atmósfera creada por esa contradicción de intereses, que tuvo lugar la discusión sobre si los pobladores nativos eran o no humanos, si se les debía tratar como a bestias o como un recurso natural o como hijos de Dios y súbditos del rey. El debate político, ideológico y teológico fue breve pero intenso y concluyó con la imposición de la definición conveniente para la Corona y la Iglesia: se aceptó la humanidad de los conquistados pero no su plena igualdad; se les definió como “rústicos” o menores de edad, aunque gracias a que la Iglesia los consideró como “neófitos”, el temido Tribunal de la Inquisición, tras una desastrosa incursión inicial que llevó a la hoguera al cacique de Texcoco, no se metió más con los indios y les dejó en paz.
Para que el “problema indígena” dejara de ser problema para los gobernantes, se decretó que los derechos y deberes de los españoles y sus descendientes en el Nuevo Mundo fueran unos y los de los indios, otros. Juntos pero distintos.
Con base en el exótico --para los indios--, derecho castellano, se fue desarrollando un derecho casuístico y particularista para los indígenas americanos. El resultado de tan copiosa legislación fueron las famosas “Recopilaciones” de leyes de Indias, fuentes del derecho “a la europea” que surgió del otro lado del Atlántico: un derecho complicado y lleno de contradicciones. Por lo que hace a las relaciones entre los indios mismos, los españoles no pusieron muchas objeciones a que prevalecieran ciertas normas anteriores a la conquista, es decir, los “usos y costumbres”, siempre que no contravinieran abiertamente los principios legales y las prácticas religiosas europeas.
Fue de esta manera como la autoridad imperial encontró la fórmula para administrar la innegable y enorme contradicción entre los intereses de la multitud de pueblos indios y los de europeos y criollos –el problema de negros y mestizos es capítulo aparte. Se trató del establecimiento, en el mismo territorio, de dos repúblicas para los súbditos de Su Majestad Católica: la República de los Españoles y la República de los Indios. En esta última, lo colectivo ocupó una posición más importante que en la primera, donde lo individual tuvo un espacio mucho más amplio. Hubo, sí, muchas rebeliones de pueblos indios en el México colonial, pero nunca se dio la gran insurrección indígena en contra la autoridad española.
El paternalismo del monarca y de la Iglesia frente a los grupos étnicos fue un elemento que permeó toda la estructura legal y política de la República de Indios. Desde el final mismo del siglo XVI se estableció un Juzgado General de Indios y en el XVIII se instituyó el cargo de Protector de Indios. Ese paternalismo imperial y eclesiástico siempre buscó un cierto equilibrio entre la explotación de los indígenas mediante el pago del tributo y el uso de su mano de obra en las empresas de los europeos y la protección de los mismos –sobre todo de sus tierras comunales y de ciertos derechos laborales-- frente a la codicia de burócratas, mineros, terratenientes o comerciantes españoles y criollos. Sin embargo, dentro de las comunidades de los “naturales”, el orden colonial dejó un amplio campo de discreción a los intermediarios entre el Estado colonial y la sociedad indígena: a los caciques. Pero, a fin de cuentas, todo el complejo aparato político y jurídico de protección a los indios y sus propiedades tuvo su origen en la discriminación institucional de la sociedad europea con relación a la indígena.
La Independencia o la Igualdad entre Desiguales.-
En 1821 el rey Fernando VII abolió en su imperio americano el puesto de Protector de Indios porque así lo demandaba la constitución de Cádiz, que partía del revolucionario principio de igualdad de derechos y deberes de todos los hombres libres nacidos en los dos hemisferios; legalmente los indios serían tan españoles en esta materia como el resto de los hombres libres y súbditos del rey. Sin embargo, las reales disposiciones ya no tuvieron efecto en la Nueva España porque justamente en 1821 esa parte del imperio se declaró, contra la voluntad del rey, en nación libre y soberana. Sin embargo, en relación a los indios la nueva élite política mexicana siguió el espíritu de Cádiz, es decir, el del liberalismo, y declaró que todos los mexicanos eran jurídicamente iguales y libres y abolió todas las distinciones basadas en la raza. Ya no habría más un Juzgado General de Indios ni nada que se le pareciera o lo recordara.
A partir de la independencia, legalmente en México dejó de haber indios, blancos, castas y esclavos. Algunos ideólogos liberales radicales, como el doctor José María Luis Mora, llegaron a demandar que se prohibiera el uso mismo del término “indio”. Al final de cuentas, el término discriminador e infamante había sido producto de un error, pues sí Colón nunca llegó a la India, los nativos del continente que encontró no podían ser indios. Sin embargo, el cambio político, aunque importante, no hizo que desapareciera la profunda realidad social que por tres siglo había construido y mantenido las diferencias entre indios y no indios. Es más, en los primeros años de la independencia las comunidades indígenas reafirmaron y aumentaron su autonomía gracias a la debilidad de los gobiernos regional y nacional.
Cuando, tras las largas disputas internas, de guerras contra el invasor extranjero y de guerras civiles, fue posible para los liberales construir una autoridad nacional relativamente fuerte, las comunidades indígenas fueron sometidas a un ataque sistemático. En nombre de la igualdad ciudadana y de los principios modernos de la economía capitalista, las cajas, las tierras y las formas de vida comunales indígenas fueron abolidas, desacreditas o ambas cosas. El resultado fue una pérdida mayor para los intereses indígenas y, por ello, la incorporación en 1910 de los zapatistas y de otras muchas comunidades a la lucha armada contra la dictadura liberal y oligárquica de Porfirio Díaz. Como bien lo señalara John Womack al inicio de su libro Zapata y la Revolución Mexicana, (1969), los campesinos indígenas de Morelos hicieron una revolución para no cambiar, o más exactamente, para defender y reforzar sus formas comunales de vida.
El régimen del siglo XX aceptó volver a reconocer los derechos prehispánicos y coloniales comunales sobre la tierra, pero en la búsqueda de una solución de fondo al “problema indígena”, insistió en una variante de la fórmula de los liberales decimonónicos: disolver poco a poco pero definitivamente lo indígena en una gran cultura mestiza y nacional, una cultura caracterizada por la desigualdad extrema. El resultado práctico del indigenismo del siglo XX, fue la continuación de la pérdida sistemática de terreno político, económico, social y cultural de lo que quedaba de indio en el México actual. Y la pobreza, que es hoy la realidad dominante para casi la mitad de los mexicanos, fue, y sigue siendo, la realidad dominante para la enorme mayoría de lo que hoy viven en las comunidades indígenas --distribuidas en 64 etnias en 24 estados, que equivalen al 11% de la población mexicana--, donde el 45% de sus miembros es analfabeta y donde la desnutrición afecta al 60%.
Al final de cuentas, la discriminación del indígena y de lo indígena, es la herencia más desafortunada que la época colonial entregó al México independiente en este campo. Y ese México, con cambios y mala conciencia, la ha conservado hasta el día de hoy. Es contra esa herencia y contra el gran marco que la contiene --uno de desigualdad, injusticia, autoritarismo, corrupción y falta de respeto--, que se explica el EZLN, su marcha y la movilización que ha desatado para exigir no sólo al gobierno sino a toda la sociedad mexicana, que al cambio de régimen político que acaba de ocurrir le siga uno mayor: uno que transforme positivamente la relación de poder entre todos los actores sociales de México, empezando la relación con los grupos étnicos y siguiendo con las del resto de los marginados.
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