Lorenzo Meyer
El Estado de Derecho.- José Luis de la Peza, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró que si el actual conflicto entre el TEPJF y el congreso de Yucatán en torno al nombramiento del Consejo Electoral (CE) de ese estado se soluciona por una vía distinta al cumplimiento cabal de lo dispuesto por el tribunal, entonces el TEPJF debería de desaparecer (Reforma, 17 de febrero). De la Peza tiene razón, pues si en Yucatán ganan las fuerzas encabezadas por el cacique priísta Victor Cervera Pacheco, el órgano judicial especializado quedaría herido de muerte y perdería su razón de ser. Y la recién nacida y frágil democracia mexicana perdería una institución clave.
Desde su independencia si no es que antes, el Estado de Derecho –la congruencia sistemática entre el marco legal y la vida pública-- ha sido en México sólo una meta a alcanzar. En efecto, apenas ahora empiezan a darse las condiciones para que la realidad y las disposiciones constitucionales superen un desencuentro de casi dos siglos. Con una historia política como la nuestra, es injusto demandar al nuevo régimen que haga valer ya la ley en todos y cada uno de los casos en que haya una transgresión al marco jurídico; primero tienen que construir los instrumentos para hacerlo. Sin embargo, hay circunstancias que tanto por su importancia práctica como moral no admiten posponer la acción contra el violador de la letra y el espíritu de la norma, y una de esas circunstancias tiene lugar cuando es la legalidad democrática la que está en entredicho. Si a la democracia no se le defiende desde el inicio de manera efectiva, se abre la puerta a la regresión.
En Yucatán se está dando el desacato abierto y sistemático de un gobierno priísta a una serie de decisiones del TEPJF –decisiones razonables desde el punto de vista democrático, no desde la perspectiva caciquil-- que se refieren a las reglas mismas de la contienda electoral. En términos generales, el ciudadano con sentido de la naturaleza real del proceso democrático, sabe que los grandes problemas nacionales rara vez se resuelven de una vez por todas y más bien se administran. Por tanto, ese ciudadano debe estar dispuesto a negociar, a reconocer algo al adversario político a cambio de que éste también le reconozca algo. Sin embargo, cuando se trata de la defensa de la democracia misma, de sus reglas legales, no se debe aceptar sustituir el cumplimiento de la ley con la negociación.
Lo que hizo posible que fuera histórico el resultado que arrojaron las urnas el 2 de julio del 2000 fue, precisamente, el respeto que por convicción o falta de alternativa, debieron mostrar casi todos los actores políticos frente a las reglas que garantizaban la equidad del proceso electoral. Si hoy o en el futuro se daña la solidez de esas reglas –y eso sucedería si Cervera, con sus métodos viejos, se sale con la suya--, se fracturaría un elemento central para sostener la credibilidad democrática y el edificio político mexicano volvería a estar sostenido por estructuras débiles.
El Problema.- Como se recordará y para sorpresa de nadie, hace tiempo que TEPJF decidió que no era válido el procedimiento por el cual se habían designado a los miembros del CE de ese estado. El congreso del estado de Yucatán dominado por los priístas en –en realidad dominado por Cervera, uno de los políticos priístas más identificado con las viejas e ilegítimas prácticas del fraude y la manipulación electorales—, no fue imparcial al conformar al cuerpo encargado de vigilar las próximas elecciones. Como la mayoría priísta del órgano legislativo yucateco puso oídos sordos a la decisión del TEPJF, éste último, aplicó directamente las reglas que garantizan la imparcialidad y dio vida a un nuevo CE, pero el antiguo, el ilegítimo, el producto de la voluntad del gobernador, se mantuvo y se negó a entregar las instalaciones y a dejar el campo libre al nuevo, al legal. La situación amenaza con desembocar en la imposibilidad de llevar a cabo las próximas elecciones yucatecas.
Como se sabe, el TEPJF es hoy el encargado de vigilar los actos y resoluciones de todas las autoridades que participan en los procesos electorales del país. Se trata de algo nuevo, pues el viejo régimen había logrado marginar al poder judicial de todo lo relacionado con la materia electoral, es decir, con la imparcialidad y legalidad de los mecanismos de la democracia representativa. El contar hoy con un tribunal electoral fuerte, con poder real, como se pretende que sea el TEPJF, significa tener un instrumento para mantener la confianza ciudadana. Y por ello las resoluciones de ese tribunal son inapelables –gusten o no, se tienen que cumplir— y no deben ni pueden estar sujetas a negociación. Si alguien las desacata como ocurre en Yucatán, entonces es deber ineludible del Poder Ejecutivo el imponerlas. Sin embargo, Cervera Pacheco, sus congresistas y los miembros del CE nombrado por ellos, han desobedecido al TEPJF y, hasta el momento, se han salido con la suya, conscientes de que en el proceso están socavado una de las bases de la democracia tan duramente ganada por el país en su conjunto. El affaire yucateco ya rebasó el ámbito local y nos atañe a todos, pues a todos nos afecta.
Cervera y los suyos sostienen que en México los estados son libres y soberanos y por tanto los legisladores yucatecos pueden designar e imponer los consejeros electorales que su voluntad les dicte. Para justificar lo injustificable, el cerverismo invoca ahora a una soberanía que realmente no existe, pues obviamente la de los estados es limitada. Superada en el constituyente de 1824 la discusión sobre la soberanía de los componentes, México quedó como una república federal donde la soberanía absoluta le correspondía a la nación y sólo a la nación, es decir, al conjunto de todos los mexicanos y a nadie más.
La autoridad del TEPJF es precisamente la que le ha conferido el Poder Legislativo Federal, el órgano donde se encuentra depositada la fuerza de la única soberanía real, sin límites, en México. Y justamente por ello sus decisiones en materia electoral están por sobre cualquier otra instancia.
La Verdadera Razón.- Es claro que en Yucatán, Tabasco y en otros estados vecinos, al viejo PRI –el único PRI que hoy existe y actúa— el tema de la soberanía le sirve como cortina de humo para llevar a cabo su verdadero proyecto: defender a como de lugar su control sobre ciertos gobiernos estatales, para que de esta forma los restos del PRI que sobrevivieron a su naufragio del 2 de julio del 2000 mantengan reductos importantes en aquellos estados donde el atraso social aún puede servir de medio para preservar la cultura cívica del autoritarismo –caciquismo, debilidad de la sociedad civil, simbiosis entre gobierno y partido, compra de voto, etcétera—, y desde ahí buscar la reconquista del poder perdido. Desde la perspectiva del México moderno, ese proyecto es descabellado, completamente inviable. Pero resulta que el intento por ponerlo en marcha sí tiene la capacidad, en el corto plazo, de afectar negativamente la buena marcha del país.
Comprensible pero Inaceptable.- Es comprensible pero inaceptable que el nuevo gobierno, justamente el que tiene la mayor legitimidad democrática en nuestra historia, adopte hoy una actitud de tibieza y de conciliación con los símbolos de la antidemocracia mexicana, con Roberto Madrazo en Tabasco y ahora con Cervera Pacheco en Yucatán. Es comprensible que el presidente y su secretario de Gobernación traten de evitar el uso de la fuerza legítima y esperen llegar a “un acuerdo” con el gran cacique de Yucatán mientras el tiempo opera en su favor y hace innecesario imponer con la fuerza legal las decisiones del TEPJF, pero sería inaceptable si llegaran a negociar con quien busca detener el tiempo para volver a cargar los dados del juego electoral.
Lo que Está en Riesgo.- Si el nuevo gobierno prefiere ganar tiempo contemporizando en vez de enfrentar a los enemigos históricos de la democracia, los ciudadanos que reconocen en lo que vale el avance democrático del país, deben dejar en claro su oposición a que el pragmatismo devalúe lo logrado por un esfuerzo secular.
La experiencia mexicana en materia electoral es, por decirlo suavemente, muy penosa. Se inicia con el primer ordenamiento constitucional impuesto por España en circunstancias excepcionales --la invasión napoleónica— a su imperio americano: la Constitución de marzo de 1812. Las elecciones llevadas a cabo en la Nueva España a fines de ese año y a inicios de 1813, fueron las primeras en su historia y despertaron gran entusiasmo entre la población. Aunque formalmente las castas y los negros no tenían derecho a participar en ellas, en la práctica un buen número de los excluidos votaron: fue el despuntar de un espíritu ciudadano que pronto encontraría límites infranqueables. En cualquier caso, en esa novedosísima experiencia se dieron intentos de manipulación por la vía de la distribución de “papeletas” electorales pero ¡no hubo fraude!, y los resultados favorecieron no a los peninsulares como deseaban el Virrey y las autoridades, sino a candidatos criollos e incluso indígenas, algunos con claras simpatías por la independencia (ver al respecto el artículo de Virginia Guedea en Jaime E. Rodríguez, (ed.), The Evolution of the Mexican Political System, 1993, pp. 45-69).
Las constituciones de 1812, la de Apatzingán, la de 1824 y la de 1857, todas democráticas, decretaron el voto universal pero indirecto y en varios grados, pues temían que los recién nacidos “ciudadanos mexicanos”, en su mayoría pobres y con nada que perder, radicalizaran la política. La elección indirecta –se elegía por voto popular a electores, que a su vez elegían a quienes, por fin, elegirían al presidente o a otro funcionario—, tuvo como resultado hacer de la política electoral una actividad de muy pocos. Sólo hasta 1874 los mexicanos pudieron votar directamente por los diputados, pero por los senadores y el presidente únicamente a partir de abril de 1912, tras la caída de la dictadura de Porfirio Díaz.
Ahora bien, una cosa es haber logrado el derecho al voto y otra muy diferente es conseguir el respeto a ese voto. Si en las primeras elecciones, las de 1812-1813, y pese a que no lograron ningún efecto práctico, hubo entusiasmo y el resultado de la votación fue más o menos creíble, en las subsecuentes no tardaron en aparecer la manipulación y el fraude que fueron un balde de agua fría para el proceso. En el siglo XIX el voto no necesariamente era secreto y la elaboración del padrón se hizo de una manera artesanal, por decirlo de alguna forma, lo que se prestó a su manipulación sistemática por parte de las autoridades. En cualquier caso, después de la elección del primer presidente, Guadalupe Victoria, y hasta la restauración de la república en 1867, las elecciones muy poco o nada tuvieron que ver con la política real, pues ésta se desarrolló en el marco de las guerras civiles. Una vez que los ejércitos liberales triunfaron, las elecciones se llevaron a cabo de manera regular, pero se trató de elecciones sin contenido, sobre todo las presidenciales, donde el resultado estaba decidido de antemano. Por otro lado, cuando a nivel local le surgieron rivales al candidato del gobernador o del presidente, la respuesta infalible del poder fueron la manipulación y el fraude. Esa es, y no otra, la tradición a la que se acoge el actual cacicazgo yucateco.
La voluntad de hacer efectivo el sufragio fue la bandera inicial de la Revolución Mexicana, pero esa voluntad desapareció cuando su abanderado, Francisco I. Madero, fue asesinado el 22 de febrero de 1913 por los militares golpistas. Tras la guerra civil que siguió a ese hecho, surgió un nuevo régimen que también fue puntual en extremo en su convocatoria a elecciones municipales, estatales y federales. Sin embargo, desde 1916 hasta 1994, en ningún caso el gobierno le dio auténtica oportunidad a la oposición, aunque desde 1989 el PRI se vio en la penosa necesidad de reconocerle algunos triunfos locales a la oposición de derecha como única forma de neutralizar a la de izquierda.
Finalmente, y tras un esfuerzo enorme, México tuvo en el 2000 elecciones federales dignas de ser calificadas como democráticas y que llevaron a la primera alternancia efectiva y pacífica de su historia. Ese resultado fue posible, entre otras razones, por la existencia de estructuras de vigilancia profesionales y neutrales como el TEPJF. Vulnerar la nueva institucionalidad electoral en Yucatán o donde sea, traicionaría un esfuerzo de casi dos siglos, y no hay nada que lo justifique.
Desde su independencia si no es que antes, el Estado de Derecho –la congruencia sistemática entre el marco legal y la vida pública-- ha sido en México sólo una meta a alcanzar. En efecto, apenas ahora empiezan a darse las condiciones para que la realidad y las disposiciones constitucionales superen un desencuentro de casi dos siglos. Con una historia política como la nuestra, es injusto demandar al nuevo régimen que haga valer ya la ley en todos y cada uno de los casos en que haya una transgresión al marco jurídico; primero tienen que construir los instrumentos para hacerlo. Sin embargo, hay circunstancias que tanto por su importancia práctica como moral no admiten posponer la acción contra el violador de la letra y el espíritu de la norma, y una de esas circunstancias tiene lugar cuando es la legalidad democrática la que está en entredicho. Si a la democracia no se le defiende desde el inicio de manera efectiva, se abre la puerta a la regresión.
En Yucatán se está dando el desacato abierto y sistemático de un gobierno priísta a una serie de decisiones del TEPJF –decisiones razonables desde el punto de vista democrático, no desde la perspectiva caciquil-- que se refieren a las reglas mismas de la contienda electoral. En términos generales, el ciudadano con sentido de la naturaleza real del proceso democrático, sabe que los grandes problemas nacionales rara vez se resuelven de una vez por todas y más bien se administran. Por tanto, ese ciudadano debe estar dispuesto a negociar, a reconocer algo al adversario político a cambio de que éste también le reconozca algo. Sin embargo, cuando se trata de la defensa de la democracia misma, de sus reglas legales, no se debe aceptar sustituir el cumplimiento de la ley con la negociación.
Lo que hizo posible que fuera histórico el resultado que arrojaron las urnas el 2 de julio del 2000 fue, precisamente, el respeto que por convicción o falta de alternativa, debieron mostrar casi todos los actores políticos frente a las reglas que garantizaban la equidad del proceso electoral. Si hoy o en el futuro se daña la solidez de esas reglas –y eso sucedería si Cervera, con sus métodos viejos, se sale con la suya--, se fracturaría un elemento central para sostener la credibilidad democrática y el edificio político mexicano volvería a estar sostenido por estructuras débiles.
El Problema.- Como se recordará y para sorpresa de nadie, hace tiempo que TEPJF decidió que no era válido el procedimiento por el cual se habían designado a los miembros del CE de ese estado. El congreso del estado de Yucatán dominado por los priístas en –en realidad dominado por Cervera, uno de los políticos priístas más identificado con las viejas e ilegítimas prácticas del fraude y la manipulación electorales—, no fue imparcial al conformar al cuerpo encargado de vigilar las próximas elecciones. Como la mayoría priísta del órgano legislativo yucateco puso oídos sordos a la decisión del TEPJF, éste último, aplicó directamente las reglas que garantizan la imparcialidad y dio vida a un nuevo CE, pero el antiguo, el ilegítimo, el producto de la voluntad del gobernador, se mantuvo y se negó a entregar las instalaciones y a dejar el campo libre al nuevo, al legal. La situación amenaza con desembocar en la imposibilidad de llevar a cabo las próximas elecciones yucatecas.
Como se sabe, el TEPJF es hoy el encargado de vigilar los actos y resoluciones de todas las autoridades que participan en los procesos electorales del país. Se trata de algo nuevo, pues el viejo régimen había logrado marginar al poder judicial de todo lo relacionado con la materia electoral, es decir, con la imparcialidad y legalidad de los mecanismos de la democracia representativa. El contar hoy con un tribunal electoral fuerte, con poder real, como se pretende que sea el TEPJF, significa tener un instrumento para mantener la confianza ciudadana. Y por ello las resoluciones de ese tribunal son inapelables –gusten o no, se tienen que cumplir— y no deben ni pueden estar sujetas a negociación. Si alguien las desacata como ocurre en Yucatán, entonces es deber ineludible del Poder Ejecutivo el imponerlas. Sin embargo, Cervera Pacheco, sus congresistas y los miembros del CE nombrado por ellos, han desobedecido al TEPJF y, hasta el momento, se han salido con la suya, conscientes de que en el proceso están socavado una de las bases de la democracia tan duramente ganada por el país en su conjunto. El affaire yucateco ya rebasó el ámbito local y nos atañe a todos, pues a todos nos afecta.
Cervera y los suyos sostienen que en México los estados son libres y soberanos y por tanto los legisladores yucatecos pueden designar e imponer los consejeros electorales que su voluntad les dicte. Para justificar lo injustificable, el cerverismo invoca ahora a una soberanía que realmente no existe, pues obviamente la de los estados es limitada. Superada en el constituyente de 1824 la discusión sobre la soberanía de los componentes, México quedó como una república federal donde la soberanía absoluta le correspondía a la nación y sólo a la nación, es decir, al conjunto de todos los mexicanos y a nadie más.
La autoridad del TEPJF es precisamente la que le ha conferido el Poder Legislativo Federal, el órgano donde se encuentra depositada la fuerza de la única soberanía real, sin límites, en México. Y justamente por ello sus decisiones en materia electoral están por sobre cualquier otra instancia.
La Verdadera Razón.- Es claro que en Yucatán, Tabasco y en otros estados vecinos, al viejo PRI –el único PRI que hoy existe y actúa— el tema de la soberanía le sirve como cortina de humo para llevar a cabo su verdadero proyecto: defender a como de lugar su control sobre ciertos gobiernos estatales, para que de esta forma los restos del PRI que sobrevivieron a su naufragio del 2 de julio del 2000 mantengan reductos importantes en aquellos estados donde el atraso social aún puede servir de medio para preservar la cultura cívica del autoritarismo –caciquismo, debilidad de la sociedad civil, simbiosis entre gobierno y partido, compra de voto, etcétera—, y desde ahí buscar la reconquista del poder perdido. Desde la perspectiva del México moderno, ese proyecto es descabellado, completamente inviable. Pero resulta que el intento por ponerlo en marcha sí tiene la capacidad, en el corto plazo, de afectar negativamente la buena marcha del país.
Comprensible pero Inaceptable.- Es comprensible pero inaceptable que el nuevo gobierno, justamente el que tiene la mayor legitimidad democrática en nuestra historia, adopte hoy una actitud de tibieza y de conciliación con los símbolos de la antidemocracia mexicana, con Roberto Madrazo en Tabasco y ahora con Cervera Pacheco en Yucatán. Es comprensible que el presidente y su secretario de Gobernación traten de evitar el uso de la fuerza legítima y esperen llegar a “un acuerdo” con el gran cacique de Yucatán mientras el tiempo opera en su favor y hace innecesario imponer con la fuerza legal las decisiones del TEPJF, pero sería inaceptable si llegaran a negociar con quien busca detener el tiempo para volver a cargar los dados del juego electoral.
Lo que Está en Riesgo.- Si el nuevo gobierno prefiere ganar tiempo contemporizando en vez de enfrentar a los enemigos históricos de la democracia, los ciudadanos que reconocen en lo que vale el avance democrático del país, deben dejar en claro su oposición a que el pragmatismo devalúe lo logrado por un esfuerzo secular.
La experiencia mexicana en materia electoral es, por decirlo suavemente, muy penosa. Se inicia con el primer ordenamiento constitucional impuesto por España en circunstancias excepcionales --la invasión napoleónica— a su imperio americano: la Constitución de marzo de 1812. Las elecciones llevadas a cabo en la Nueva España a fines de ese año y a inicios de 1813, fueron las primeras en su historia y despertaron gran entusiasmo entre la población. Aunque formalmente las castas y los negros no tenían derecho a participar en ellas, en la práctica un buen número de los excluidos votaron: fue el despuntar de un espíritu ciudadano que pronto encontraría límites infranqueables. En cualquier caso, en esa novedosísima experiencia se dieron intentos de manipulación por la vía de la distribución de “papeletas” electorales pero ¡no hubo fraude!, y los resultados favorecieron no a los peninsulares como deseaban el Virrey y las autoridades, sino a candidatos criollos e incluso indígenas, algunos con claras simpatías por la independencia (ver al respecto el artículo de Virginia Guedea en Jaime E. Rodríguez, (ed.), The Evolution of the Mexican Political System, 1993, pp. 45-69).
Las constituciones de 1812, la de Apatzingán, la de 1824 y la de 1857, todas democráticas, decretaron el voto universal pero indirecto y en varios grados, pues temían que los recién nacidos “ciudadanos mexicanos”, en su mayoría pobres y con nada que perder, radicalizaran la política. La elección indirecta –se elegía por voto popular a electores, que a su vez elegían a quienes, por fin, elegirían al presidente o a otro funcionario—, tuvo como resultado hacer de la política electoral una actividad de muy pocos. Sólo hasta 1874 los mexicanos pudieron votar directamente por los diputados, pero por los senadores y el presidente únicamente a partir de abril de 1912, tras la caída de la dictadura de Porfirio Díaz.
Ahora bien, una cosa es haber logrado el derecho al voto y otra muy diferente es conseguir el respeto a ese voto. Si en las primeras elecciones, las de 1812-1813, y pese a que no lograron ningún efecto práctico, hubo entusiasmo y el resultado de la votación fue más o menos creíble, en las subsecuentes no tardaron en aparecer la manipulación y el fraude que fueron un balde de agua fría para el proceso. En el siglo XIX el voto no necesariamente era secreto y la elaboración del padrón se hizo de una manera artesanal, por decirlo de alguna forma, lo que se prestó a su manipulación sistemática por parte de las autoridades. En cualquier caso, después de la elección del primer presidente, Guadalupe Victoria, y hasta la restauración de la república en 1867, las elecciones muy poco o nada tuvieron que ver con la política real, pues ésta se desarrolló en el marco de las guerras civiles. Una vez que los ejércitos liberales triunfaron, las elecciones se llevaron a cabo de manera regular, pero se trató de elecciones sin contenido, sobre todo las presidenciales, donde el resultado estaba decidido de antemano. Por otro lado, cuando a nivel local le surgieron rivales al candidato del gobernador o del presidente, la respuesta infalible del poder fueron la manipulación y el fraude. Esa es, y no otra, la tradición a la que se acoge el actual cacicazgo yucateco.
La voluntad de hacer efectivo el sufragio fue la bandera inicial de la Revolución Mexicana, pero esa voluntad desapareció cuando su abanderado, Francisco I. Madero, fue asesinado el 22 de febrero de 1913 por los militares golpistas. Tras la guerra civil que siguió a ese hecho, surgió un nuevo régimen que también fue puntual en extremo en su convocatoria a elecciones municipales, estatales y federales. Sin embargo, desde 1916 hasta 1994, en ningún caso el gobierno le dio auténtica oportunidad a la oposición, aunque desde 1989 el PRI se vio en la penosa necesidad de reconocerle algunos triunfos locales a la oposición de derecha como única forma de neutralizar a la de izquierda.
Finalmente, y tras un esfuerzo enorme, México tuvo en el 2000 elecciones federales dignas de ser calificadas como democráticas y que llevaron a la primera alternancia efectiva y pacífica de su historia. Ese resultado fue posible, entre otras razones, por la existencia de estructuras de vigilancia profesionales y neutrales como el TEPJF. Vulnerar la nueva institucionalidad electoral en Yucatán o donde sea, traicionaría un esfuerzo de casi dos siglos, y no hay nada que lo justifique.
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