Lorenzo Meyer
La Nueva Etapa.- El haber logrado echar a andar el mecanismo de la democracia política en México fue una empresa difícil y de varios decenios. Pues bien, la siguiente etapa de ese proceso, aquella que se inició a partir de julio del año pasado --la de la consolidación de la democracia política--, no va a ser menos difícil. Y aunque el discurso presidencial mantenga un tono optimista, los indicadores disponibles sugieren que debemos prepararnos para otra tarea laboriosa y accidentada.
El Punto de Partida.- Larry Diamond señala que si en las democracias de creación reciente como la nuestra no se avanza en su profundización, se retrocede, (Developing Democracy, Johns Hopkings, 1999, p.64). La esencia de la consolidación democrática consiste en lograr que a pesar del natural e inevitable conflicto de intereses entre los actores políticos –élites, organizaciones y masas—, finalmente se logre establecer entre ellos un compromiso tan rutinario como profundo y sin reservas, con los métodos y valores de la democracia.
A nivel de la gran base social, es decir de las masas, y según la lectura de Diamond del proceso mundial reciente, es necesario que cuando menos el 70 o 75% de los ciudadanos acepte que, efectivamente, no hay mejor alternativa política que la democracia para resolver los problemas colectivos y desarrollar al país y que sus enemigos sumen menos del 10%. Ahora bien, en este punto básico, los mexicanos aún necesitamos avanzar. En las elecciones presidenciales del 2000 participaron el 64% de los empadronados y de ellos el 36% dio su apoyo al viejo régimen del PRI; si quitamos votos nulos, resulta que poco menos del 40% apoyó activamente el cambio de régimen. Por otro lado, las encuestas de opinión muestran que, en principio, en México el sistema democrático tiene un respaldo mayoritario pero no contundente. En efecto, una encuesta de septiembre del 2000, cuando el PRI ya había sido derrotado, señala que únicamente el 57% prefería la democracia a cualquier otra forma de gobierno, el 17% no sabía que deseaba, al 14% le daba lo mismo democracia que autoritarismo y, finalmente, un 12% francamente se manifestó en favor del autoritarismo (Reforma, 9 de septiembre, 2000). Si los indicadores de Diamond son válidos, resulta que en la base de la sociedad mexicana existe una franja minoritaria pero significativa que no está comprometida con el sostenimiento del nuevo régimen, es decir, con valores como la tolerancia, la igualdad o el respeto a la ley. Este problema se repite y refuerza cuando se deja de enfocar al conjunto ciudadano y la atención se fija en las élites y los actores colectivos: partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, profesionales, estudiantiles y todo el universo que forman las organizaciones no gubernamentales.
Las Elites.- Los indicadores de la aceptación o rechazo de la democracia se pueden dividir, al menos, en dos grandes campos. Por un lado están las declaraciones y por otro las acciones. Es evidente que por el lado de las expresiones públicas, la democracia mexicana hoy por hoy no tiene muchos problemas pues hay una gran unanimidad entre las élites: prácticamente todos sus miembros dicen tener un gran compromiso con la democracia: el presidente y su equipo, los dirigentes de partidos políticos o de los sindicatos, los obispos, los líderes empresariales, los intelectuales, los artistas, los jefes militares, los periodistas, etcétera.
Hasta aquí, bien. Sin embargo, cuando se pasa del dicho al hecho, las cosas cambian un tanto. Los dirigentes de derecha e izquierda mexicanos mantienen en el discurso su fidelidad a los principios democráticos, pero en la práctica algunos son ya francamente saboteadores importantes de la consolidación. Desde luego, saltan a la vista los casos de Roberto Madrazo o Victor Cervera Pacheco, por sólo mencionar a dos ejemplos conspicuos. Desafortunadamente, hay aún muchos Madrazos y Cerveras en nuestra geografía política y administrativa; los cacicazgos al estilo de Guadalupe Buendía, “La Loba” u otros menos llamativos pero igualmente enemigos de la democracia, no van a desaparecer antes de dar sus respectivas batallas. En términos generales, todos los cuadros del antiguo partido de Estado, del PRI, que hoy se mantienen como gobernadores, rectores universitarios, presidentes municipales, legisladores o que ocupan cargos en embajadas y en otras áreas de la administración pública, son miembros de la élite política cuyo curriculum vitae poco o nada tiene que ver con la democracia. Y lo mismo se puede decir de los grandes empresarios que amasaron sus fortunas a la sombra del árbol autoritario priísta, de los jerarcas de la Iglesia Católica y de una variedad de personajes similares. En suma, hay una parte importante de la élite del poder mexicana que, por provenir del régimen pasado y seguir en posiciones de influencia, presenta una contradicción entre su apoyo verbal a la democracia actual y su biografía.
Los Actores Colectivos.- En la derecha, México no tiene organizaciones con significado social que sean de corte abiertamente fascista y que renieguen de la democracia como forma de gobierno, ni tampoco hay paramilitares y terroristas que se organicen a nivel nacional para enfrentar con la fuerza a la autoridad, como ocurre en ciertos países europeos o en los Estados Unidos. Nuestras organizaciones de derecha mantienen su adhesión, en principio, a la democracia, y los paramilitares de Chiapas no tienen ningún discurso ideológico ni pretensiones más allá de su región. Por otra parte, el grueso de la izquierda hace tiempo que abandonó el proyecto de hacerse del poder por la vía de la revolución y acepta ya el juego democrático como legítimo. La organización más importante y conocida de la izquierda que aún sostiene la importancia de la acción armada, aunque sólo como recurso de última instancia y en una situación desesperada, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que opera en los confines de Chiapas. Sin embargo, si el discurso del neozapatismo ha insistido en algo además de rechazo a las injusticias históricas y en la defensa de la causa de los indígenas, es en su deseo de encontrar la manera de dejar las armas y canalizar su energía política por vías pacíficas. Y aunque el EZLN no ha mostrado gran entusiasmo por el sistema de partidos y menos aún por el resultado de las elecciones del 2 de julio del 2000, su conducta entonces ya no fue la de sabotear esa elección sino aceptarla desde el escepticismo. En la actualidad el EZLN se prepara para presentar directamente su caso a un congreso federal que es resultado de elecciones competidas y democráticas y al que, implícitamente y por ello, le reconoce legitimidad. El EPR y el ERPI permanecen como los últimos abanderados de la propuesta de la toma del poder por la vía armada, pero su importancia es menor.
Desde otra perspectiva, resulta que una parte sustantiva de los actores colectivos, fueron criaturas del sistema autoritario, y hasta el momento no se les ha visto mucha voluntad de cambio para convertirse en factores de promoción de la democracia. Destaca en este campo el PRI, cuya carga antidemocrática es tan pesada que pedirle que sin renegar de ella se transforme en un actor democrático, es casi como pedirle peras al olmo. Y ahí están para probarlo, de nuevo, los casos de Tabasco y Yucatán, pero también el de las organizaciones sindicales que forman su sector obrero y varias de las organizaciones que encuadran a burócratas, maestros o campesinos, tampoco están en mejor condición.
Es verdad que el lado positivo de la moneda también existe. Lo forman los partidos políticos que ya lucharon y se comprometieron con la vía democrática, también cuentan los sindicatos independientes, un número importante de medios de comunicación y de agrupaciones no gubernamentales responsables, con energía y capacidad de darle vida a una verdadera sociedad civil mexicana, todos ellos ingredientes indispensables en una democracia efectiva. Sin embargo, el peso muerto que representan las antiguas organizaciones recibidas como herencia del viejo régimen, es fuerte y en coyunturas difíciles está en posibilidad de ser un saboteador del desarrollo de la democracia incipiente.
La Efectividad.- Un régimen democrático maduro, con una sólida base de legitimidad, está en posibilidad de exigir a sus miembros “sangre, sudor y lágrimas” a cambio de nada, al menos por un tiempo y especialmente en casos de emergencia. Una democracia ya consolidada puede aguantar recesiones económicas, olas largas de terrorismo e incluso ser gobernada por alguien que llegó al Poder Ejecutivo montado en la legalidad formal aunque en las urnas tuviera menos votos que su rival. Sin embargo, una democracia recién establecida tiene que depender mucho más de la efectividad de las acciones del gobierno y del régimen para sortear el período inicial. Sin embargo, es claro que en materia de efectividad el gobierno mexicano está en una situación particularmente difícil, pues tiene que dar resultado echando mano a un aparato estatal “chatarra”, lleno de ineficiencias y, sobre todo, corroído hasta la medula por una corrupción de raíces muy añejas y que no se puede erradicar en el tiempo ideal para mostrar beneficios tangibles a la sociedad que votó esperando cambios positivos.
El presidente Fox, a raíz del escandaloso abandono sin mayor dificultad de la prisión de supuesta “máxima seguridad” en que estaba recluido el famoso narcotraficante Joaquín Guzmán Loaera, alias “El Chapo”, declaró una “cruzada” contra el crimen organizado y la corrupción (Reforma, 25 de enero). Y en su declaración de guerra a los infractores masivos, sistemáticos e impunes de la ley, el presidente, curándose en salud, pronosticó que lo que viene “será una lucha amarga”, y pidió a la sociedad mexicana no alarmarse por las posibles respuestas de la criminalidad. Está por verse como maniobra el nuevo gobierno para imponerse a los enemigos de la autoridad y de la sociedad y de que magnitud es la respuesta de quienes desde hace mucho penetraron hasta los órganos vitales del gobierno. Recuérdese que ya en 1985 Miguel de la Madrid decidió que era insalvable la policía política y ordenó desmantelar una Dirección Federal de Seguridad creada en 1947 para proteger al régimen en el momento en que se iniciaba la Guerra Fría pero que 38 años después servía con más eficacia a los capos de la droga que al presidente.
Es posible que la sociedad mexicana esté consciente que el viejo régimen priísta es, en buena medida, el responsable de la corrupción que hoy le estalla en las manos tanto al gobierno de Fox a nivel nacional –una parte sustantiva de los recursos fiscales debe de irse al pago de la deuda externa y del rescate bancario y no a atender los temas urgentes, la crisis del sistema penitenciario, la pésima impartición y administración de la justicia, etcétera-- como a los gobiernos locales que le arrancaron el poder al PRI –el ejemplo más claro es la imposibilidad del gobierno perredista en el Distrito Federal de controlar la corrupción en la policía, en el sindicato del metro o en las cajas recaudadoras de los impuestos, entre otros lugares--. Sin embargo, para mantener la fe en las posibilidades de la democracia se requiere no sólo tener conciencia sobre los orígenes de las calamidades sino actuar sobre ellas con eficacia e inteligencia y maximizar los recursos que se tienen a mano, por insuficientes o inadecuados que sean.
La superación del atraso material y social de México es una empresa que va a requerir más de un sexenio, por tanto la entrega de buenos resultados de la democracia para darle vigor al círculo virtuoso –la percepción de avance en el proyecto nacional ahonda el compromiso de la sociedad con la democracia, y ese compromiso permite acelerar el avance del proyecto-- debe empezar en esta primera etapa por hacer tangible una mejoría en áreas no directamente dependientes del crecimiento de la economía. Controlar al crimen organizado, castigar la impunidad, combatir la corrupción, mostrar eficacia en los servicios gubernamentales, mejorar la condición de los indígenas, impedir la evasión fiscal, negociar con éxito la paz en Chiapas, administrar con ventaja la mejor relación con Estados Unidos, etcétera.
En un país sin tradición democrática como es el caso de México, su consolidación es una tarea delicada en extremo, que requiere voluntad, inteligencia, sensibilidad...y mucha suerte.
El Punto de Partida.- Larry Diamond señala que si en las democracias de creación reciente como la nuestra no se avanza en su profundización, se retrocede, (Developing Democracy, Johns Hopkings, 1999, p.64). La esencia de la consolidación democrática consiste en lograr que a pesar del natural e inevitable conflicto de intereses entre los actores políticos –élites, organizaciones y masas—, finalmente se logre establecer entre ellos un compromiso tan rutinario como profundo y sin reservas, con los métodos y valores de la democracia.
A nivel de la gran base social, es decir de las masas, y según la lectura de Diamond del proceso mundial reciente, es necesario que cuando menos el 70 o 75% de los ciudadanos acepte que, efectivamente, no hay mejor alternativa política que la democracia para resolver los problemas colectivos y desarrollar al país y que sus enemigos sumen menos del 10%. Ahora bien, en este punto básico, los mexicanos aún necesitamos avanzar. En las elecciones presidenciales del 2000 participaron el 64% de los empadronados y de ellos el 36% dio su apoyo al viejo régimen del PRI; si quitamos votos nulos, resulta que poco menos del 40% apoyó activamente el cambio de régimen. Por otro lado, las encuestas de opinión muestran que, en principio, en México el sistema democrático tiene un respaldo mayoritario pero no contundente. En efecto, una encuesta de septiembre del 2000, cuando el PRI ya había sido derrotado, señala que únicamente el 57% prefería la democracia a cualquier otra forma de gobierno, el 17% no sabía que deseaba, al 14% le daba lo mismo democracia que autoritarismo y, finalmente, un 12% francamente se manifestó en favor del autoritarismo (Reforma, 9 de septiembre, 2000). Si los indicadores de Diamond son válidos, resulta que en la base de la sociedad mexicana existe una franja minoritaria pero significativa que no está comprometida con el sostenimiento del nuevo régimen, es decir, con valores como la tolerancia, la igualdad o el respeto a la ley. Este problema se repite y refuerza cuando se deja de enfocar al conjunto ciudadano y la atención se fija en las élites y los actores colectivos: partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, profesionales, estudiantiles y todo el universo que forman las organizaciones no gubernamentales.
Las Elites.- Los indicadores de la aceptación o rechazo de la democracia se pueden dividir, al menos, en dos grandes campos. Por un lado están las declaraciones y por otro las acciones. Es evidente que por el lado de las expresiones públicas, la democracia mexicana hoy por hoy no tiene muchos problemas pues hay una gran unanimidad entre las élites: prácticamente todos sus miembros dicen tener un gran compromiso con la democracia: el presidente y su equipo, los dirigentes de partidos políticos o de los sindicatos, los obispos, los líderes empresariales, los intelectuales, los artistas, los jefes militares, los periodistas, etcétera.
Hasta aquí, bien. Sin embargo, cuando se pasa del dicho al hecho, las cosas cambian un tanto. Los dirigentes de derecha e izquierda mexicanos mantienen en el discurso su fidelidad a los principios democráticos, pero en la práctica algunos son ya francamente saboteadores importantes de la consolidación. Desde luego, saltan a la vista los casos de Roberto Madrazo o Victor Cervera Pacheco, por sólo mencionar a dos ejemplos conspicuos. Desafortunadamente, hay aún muchos Madrazos y Cerveras en nuestra geografía política y administrativa; los cacicazgos al estilo de Guadalupe Buendía, “La Loba” u otros menos llamativos pero igualmente enemigos de la democracia, no van a desaparecer antes de dar sus respectivas batallas. En términos generales, todos los cuadros del antiguo partido de Estado, del PRI, que hoy se mantienen como gobernadores, rectores universitarios, presidentes municipales, legisladores o que ocupan cargos en embajadas y en otras áreas de la administración pública, son miembros de la élite política cuyo curriculum vitae poco o nada tiene que ver con la democracia. Y lo mismo se puede decir de los grandes empresarios que amasaron sus fortunas a la sombra del árbol autoritario priísta, de los jerarcas de la Iglesia Católica y de una variedad de personajes similares. En suma, hay una parte importante de la élite del poder mexicana que, por provenir del régimen pasado y seguir en posiciones de influencia, presenta una contradicción entre su apoyo verbal a la democracia actual y su biografía.
Los Actores Colectivos.- En la derecha, México no tiene organizaciones con significado social que sean de corte abiertamente fascista y que renieguen de la democracia como forma de gobierno, ni tampoco hay paramilitares y terroristas que se organicen a nivel nacional para enfrentar con la fuerza a la autoridad, como ocurre en ciertos países europeos o en los Estados Unidos. Nuestras organizaciones de derecha mantienen su adhesión, en principio, a la democracia, y los paramilitares de Chiapas no tienen ningún discurso ideológico ni pretensiones más allá de su región. Por otra parte, el grueso de la izquierda hace tiempo que abandonó el proyecto de hacerse del poder por la vía de la revolución y acepta ya el juego democrático como legítimo. La organización más importante y conocida de la izquierda que aún sostiene la importancia de la acción armada, aunque sólo como recurso de última instancia y en una situación desesperada, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que opera en los confines de Chiapas. Sin embargo, si el discurso del neozapatismo ha insistido en algo además de rechazo a las injusticias históricas y en la defensa de la causa de los indígenas, es en su deseo de encontrar la manera de dejar las armas y canalizar su energía política por vías pacíficas. Y aunque el EZLN no ha mostrado gran entusiasmo por el sistema de partidos y menos aún por el resultado de las elecciones del 2 de julio del 2000, su conducta entonces ya no fue la de sabotear esa elección sino aceptarla desde el escepticismo. En la actualidad el EZLN se prepara para presentar directamente su caso a un congreso federal que es resultado de elecciones competidas y democráticas y al que, implícitamente y por ello, le reconoce legitimidad. El EPR y el ERPI permanecen como los últimos abanderados de la propuesta de la toma del poder por la vía armada, pero su importancia es menor.
Desde otra perspectiva, resulta que una parte sustantiva de los actores colectivos, fueron criaturas del sistema autoritario, y hasta el momento no se les ha visto mucha voluntad de cambio para convertirse en factores de promoción de la democracia. Destaca en este campo el PRI, cuya carga antidemocrática es tan pesada que pedirle que sin renegar de ella se transforme en un actor democrático, es casi como pedirle peras al olmo. Y ahí están para probarlo, de nuevo, los casos de Tabasco y Yucatán, pero también el de las organizaciones sindicales que forman su sector obrero y varias de las organizaciones que encuadran a burócratas, maestros o campesinos, tampoco están en mejor condición.
Es verdad que el lado positivo de la moneda también existe. Lo forman los partidos políticos que ya lucharon y se comprometieron con la vía democrática, también cuentan los sindicatos independientes, un número importante de medios de comunicación y de agrupaciones no gubernamentales responsables, con energía y capacidad de darle vida a una verdadera sociedad civil mexicana, todos ellos ingredientes indispensables en una democracia efectiva. Sin embargo, el peso muerto que representan las antiguas organizaciones recibidas como herencia del viejo régimen, es fuerte y en coyunturas difíciles está en posibilidad de ser un saboteador del desarrollo de la democracia incipiente.
La Efectividad.- Un régimen democrático maduro, con una sólida base de legitimidad, está en posibilidad de exigir a sus miembros “sangre, sudor y lágrimas” a cambio de nada, al menos por un tiempo y especialmente en casos de emergencia. Una democracia ya consolidada puede aguantar recesiones económicas, olas largas de terrorismo e incluso ser gobernada por alguien que llegó al Poder Ejecutivo montado en la legalidad formal aunque en las urnas tuviera menos votos que su rival. Sin embargo, una democracia recién establecida tiene que depender mucho más de la efectividad de las acciones del gobierno y del régimen para sortear el período inicial. Sin embargo, es claro que en materia de efectividad el gobierno mexicano está en una situación particularmente difícil, pues tiene que dar resultado echando mano a un aparato estatal “chatarra”, lleno de ineficiencias y, sobre todo, corroído hasta la medula por una corrupción de raíces muy añejas y que no se puede erradicar en el tiempo ideal para mostrar beneficios tangibles a la sociedad que votó esperando cambios positivos.
El presidente Fox, a raíz del escandaloso abandono sin mayor dificultad de la prisión de supuesta “máxima seguridad” en que estaba recluido el famoso narcotraficante Joaquín Guzmán Loaera, alias “El Chapo”, declaró una “cruzada” contra el crimen organizado y la corrupción (Reforma, 25 de enero). Y en su declaración de guerra a los infractores masivos, sistemáticos e impunes de la ley, el presidente, curándose en salud, pronosticó que lo que viene “será una lucha amarga”, y pidió a la sociedad mexicana no alarmarse por las posibles respuestas de la criminalidad. Está por verse como maniobra el nuevo gobierno para imponerse a los enemigos de la autoridad y de la sociedad y de que magnitud es la respuesta de quienes desde hace mucho penetraron hasta los órganos vitales del gobierno. Recuérdese que ya en 1985 Miguel de la Madrid decidió que era insalvable la policía política y ordenó desmantelar una Dirección Federal de Seguridad creada en 1947 para proteger al régimen en el momento en que se iniciaba la Guerra Fría pero que 38 años después servía con más eficacia a los capos de la droga que al presidente.
Es posible que la sociedad mexicana esté consciente que el viejo régimen priísta es, en buena medida, el responsable de la corrupción que hoy le estalla en las manos tanto al gobierno de Fox a nivel nacional –una parte sustantiva de los recursos fiscales debe de irse al pago de la deuda externa y del rescate bancario y no a atender los temas urgentes, la crisis del sistema penitenciario, la pésima impartición y administración de la justicia, etcétera-- como a los gobiernos locales que le arrancaron el poder al PRI –el ejemplo más claro es la imposibilidad del gobierno perredista en el Distrito Federal de controlar la corrupción en la policía, en el sindicato del metro o en las cajas recaudadoras de los impuestos, entre otros lugares--. Sin embargo, para mantener la fe en las posibilidades de la democracia se requiere no sólo tener conciencia sobre los orígenes de las calamidades sino actuar sobre ellas con eficacia e inteligencia y maximizar los recursos que se tienen a mano, por insuficientes o inadecuados que sean.
La superación del atraso material y social de México es una empresa que va a requerir más de un sexenio, por tanto la entrega de buenos resultados de la democracia para darle vigor al círculo virtuoso –la percepción de avance en el proyecto nacional ahonda el compromiso de la sociedad con la democracia, y ese compromiso permite acelerar el avance del proyecto-- debe empezar en esta primera etapa por hacer tangible una mejoría en áreas no directamente dependientes del crecimiento de la economía. Controlar al crimen organizado, castigar la impunidad, combatir la corrupción, mostrar eficacia en los servicios gubernamentales, mejorar la condición de los indígenas, impedir la evasión fiscal, negociar con éxito la paz en Chiapas, administrar con ventaja la mejor relación con Estados Unidos, etcétera.
En un país sin tradición democrática como es el caso de México, su consolidación es una tarea delicada en extremo, que requiere voluntad, inteligencia, sensibilidad...y mucha suerte.
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