Lorenzo Meyer
El Golfo entre la Teoría y la Práctica.- En principio, toda estructura de autoridad moderna debe de estar basada en la legalidad. En lenguaje técnico, ese respeto a la ley no es otra cosa que “la expresión racional de las obligaciones y derechos jurídicos, de un lado, y de otro la expresión racional de los valores individuales y sociales que tienen asegurada su proyección eficaz en el proceso social” (A. Sánchez de la Torre, Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales, V. III, 1987, p.1232). El problema en México es que, de manera sistemática, las obligaciones y derechos jurídicos sólo se cumplen selectivamente --arbitrariamente-- y en cuanto al consenso en torno a los valores colectivos y la forma como se ponen en práctica, éste es cada vez menor y la polarización mayor.
Polarización.- A raíz de la toma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 6 de febrero por la Policía Federal Preventiva para poner fin a diez meses de ocupación de las instalaciones por el Consejo General de Huelga (CGH), casi mil estudiantes fueron encarcelados por delitos que iban del despojo al terrorismo. Con el paso de los días, para la mayoría de los inculpados la carga de cargos fue disminuyendo, pero no para una minoría que aún permanece en prisión porque, según las autoridades, se trata de sujetos “peligrosos para la sociedad”. Para los responsables de dirigir el gobierno federal y para quienes comparten su punto de vista (que no son pocos), la prisión de los estudiantes es simplemente un acto de justicia. Pero para otros, se trata exactamente de lo opuesto: de un caso más del uso político de la letra de la ley; de justicia rigurosa pero sin legitimidad y, por tanto, los miembros del CGH que aún permanecen tras las rejas son, en realidad, prisioneros políticos. Esta separación en las perspectivas y los juicios es sólo un reflejo de otra más seria que anida y se desarrolla en el seno de la sociedad mexicana: una división creciente entre clases, regiones y en torno a la idea de lo que es y lo que debería de ser México. El ambiente de lo público es hoy un ambiente tenso, donde el relativo consenso que supuestamente caracterizó al México postrevolucionario ya no existe y donde la polarización económica, cultural y política va en aumento.
Es claro que ninguna discusión teórica va a resolver las diferencias que hoy existen con relación a los procedimientos empleados por la autoridad para reabrir las instalaciones de la UNAM porque están montadas en la división real y creciente del país. Sin embargo, no están de más ciertas consideraciones al respecto.
Legalidad y Justicia.- Sí las obligaciones y derechos que están en los documentos legales no se cumplen, el resultado inevitable es la arbitrariedad. Por otro lado, e independientemente de su cumplimiento, sí el espíritu con el que se aplican los códigos no corresponde a los valores sociales de una parte importante de la colectividad, entonces el resultado puede ser el de una legalidad cuestionada, sin base social, sin legitimidad, conflictiva.
En teoría, para no caer en la ilegalidad, la autoridad debe de aplicar la norma jurídica siempre y en todo caso. En la práctica, el imperio de la ley es cuestión de grado. Sin embargo, es evidente que en México ese grado es tan bajo que hace de la arbitrariedad, casi la regla.
En México la ineficiencia y la corrupción del sistema de justicia son los principales enemigos de la legalidad. Un estudioso del tema, Rafael Ruiz Harrel, ha mostrado qué el grueso de los delitos denunciados en México --que son sólo una parte del total, pues otra muy importante nunca se denuncia-- no se investiga o nadie es consignado (ver sus columnas al respecto en Reforma). La primera cara de la arbitrariedad es la impunidad que se manifiesta lo mismo en los asaltos al transeúnte que en la enorme libertad de acción de que gozan los capos de la droga, y que permitió en fecha reciente al embajador norteamericano afirmar que México es hoy para los narcotraficantes lo que Sicilia ha sido para La Mafia: su sede (Reforma, 25 de febrero). Pero no es sólo el embajador Davidow quien sostiene esa opinión al norte de nuestra frontera. En una carta a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, los presidentes de los comités de relaciones exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aseguraron que: “La situación de México continúa deteriorándose rápidamente. Los barones de la droga operan con virtual impunidad en Matamoros y Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana” (El País, 28 de febrero) Y como si tratara de confirmar lo dicho por el embajador y los congresistas republicanos, el 27 de febrero el crimen organizado de Tijuana asesinó al jefe de Seguridad Pública de esa ciudad fronteriza con San Diego, a plena luz y con cien balazos. El gobernador panista de Baja California aseguró que en su estado la criminalidad está desatada en buena medida porque muchas autoridades federales están pagados por, y al servicio de, los narcotraficantes (The New York Times, 29 de febrero).
Desdichadamente, ineficiencia y corrupción no resumen todo el drama de la justicia mexicana. Políticamente, la parte más grave del mismo es la violación consciente de la norma jurídica por parte de la propia autoridad en agravio directo, a veces brutal, del ciudadano. Me refiero, claro está, a la violación frecuente de los derechos humanos por aquellos que se supone son los instrumentos del “monopolio legítimo de la violencia”: los policías y las fuerzas armadas. Y esta violación es posible justamente porque quienes la ejercen tienen la certeza de que el “Estado de Derecho” es sólo una mera fórmula y no una realidad.
Por dos vías distintas, la de la ONU y la del Departamento de Estado de los Estados Unidos, han llegado a México sendas evaluaciones sobre la situación que guarda el país con respecto a los derechos humanos; ambas son bastante críticas. Por definición, el único que puede violar los derechos humanos --derechos básicos del ser humano sobre los que hay consenso internacional y están definidos en tratados-- es algún órgano del Estado. Un ataque a esos derechos significa un golpe directo y consciente al Estado de Derecho. Pues bien, en su informe sobre México, la relatora especial de Naciones Unidas, la señora Asma Jahangir, y después de visitar las entidades donde el conflicto social esta a flor de piel --como Chiapas, Guerrero o Chihuahua-- reportó la existencia de un clima de polarización y violencia que había dado lugar a violaciones importantes y reiteradas de los derechos humanos (Reforma, 19 de febrero). Por otra parte, el “Reporte sobre las Prácticas en Derechos Humanos de 1999”, publicado por el Departamento de Estado norteamericano y que abarca a 194 países, subraya el éxito limitado que ha tenido el gobierno de México en este campo pues “la cultura de la impunidad continúa permeando a las fuerzas de seguridad” (Reforma, 26 de febrero).
Ya en el siglo XVIII Juan Jacobo Rousseau, en sus consideraciones en torno a lo justo y legal, señaló que en cualquier sociedad “la primera ley debe de ser la de respetar todas las leyes”, pues así y sólo así el hombre podría tener justicia y libertad. Desde luego, el primero que debería obedecer y respetar a esas leyes es el gobernante. En realidad, dijo Rousseau, para quién detenta el poder, no debería haber ningún asunto más importante y urgente que el mantenimiento de la ley. Si alguna vez el gobernante decidiese situarse por encima de ésta, estaría perdiendo legitimidad y, por tanto, minando la base misma de su poder (Discurso sobre la economía política, 1755). Evidentemente, esto último es precisamente lo que está sucediendo en México y esa es la raíz de buena parte de los problemas políticos que hoy enturbian la atmósfera de lo público.
Los Prisioneros.- Si los estudiantes capturados en la UNAM son culpables de despojo, resulta que lo fueron desde el primer día en que impidieron el funcionamiento normal de esa universidad. Entonces ¿por qué durante 10 meses no se actuó en su contra?. Los hoy acusados siempre estuvieron a la vista de la policía, no se escondieron y nunca hubo evidencia real que estuviesen armados o relacionados con movimientos clandestinos. Quizá la clave de su detención, proceso y catalogación como “peligrosos sociales”, no está en esa supuesta peligrosidad para la sociedad --ninguno tiene antecedentes penales-- sino para el poder, pues como lo señalara uno de los presos en el Reclusorio Norte, Alejo Plata: “Este movimiento está combatiendo no contra el Plan Barnés sino contra toda una política de Estado. No es una batalla al interior de la Universidad”. Para otro de sus compañeros de cautiverio, Mario Benítez, esa batalla contra la política estatal no se dio ni se va a dar dentro de las instituciones tradicionales porque simplemente “no se puede”; esas instituciones ya no sirven para recoger y procesar demandas como las del CGH (Reforma, 25 y 26 de febrero). Ahora las instancias adecuadas serán los movimientos sociales, especialmente los radicales, como el Movimiento Urbano Popular, instancias que el gobierno no controla y ve como una amenaza.
El Consenso que no Existe.- En Chiapas, en la UNAM, en Tepatepec (escenario del conflicto reciente entre la policía de Hidalgo y el pueblo en defensa de los estudiantes de la normal rural El Mexe) y en otros lugares del país, el resultado concreto de la política económica de los últimos veinte años, ha erosionado la capacidad de las viejas instituciones para captar, procesar y encausar las demandas de una parte significativa de la sociedad. Y esa erosión se debe no sólo a la aplicación selectiva de la ley --una práctica muy antigua entre nosotros--, sino a que se ha perdido lo que quedaba de otra forma de justicia: la social.
La justicia “es la virtud esencial de las instituciones sociales” señaló hace tiempo el profesor de Harvard John Rawls en su influyente obra A Theory of Justice, (1971, p.3). Pero para el filósofo utilitarista, la justicia en su sentido más profundo, es social. La legalidad debe facilitar y encausar el sentido de cooperación entre los miembros de la sociedad de tal manera que cada individuo disfrute del máximo posible de libertad compatible con la preservación de la libertad de los demás. Pero no solo eso, sino también que la riqueza social se distribuya dé tal forma que aquellos individuos que se encuentran en los niveles más bajos de la pirámide social puedan tener el mejor nivel de vida posible dentro de las circunstancias concretas que les ha tocado vivir.
La fórmula de Rawls es más fácil de enunciar que de aplicar. En cualquier caso, es verdad que por diez meses los miembros del CGH interfirieron con la libertad de los otros alumnos y maestros que deseaban continuar sus actividades académicas. Pero también es cierto que ellos, como los estudiantes de El Mexe, tomaron esas acciones porque hace tiempo que la estructura de poder en México --del público y del privado-- simplemente hizo a un lado los principios de justicia social que supuestamente se encontraban en la base de nuestro arreglo constitucional.
Hoy, mientras unos buscan hacer eficiente la educación pública por la vía del aumento de cuotas, de la evaluación sistemática y del cierre de instituciones obsoletas, otros ven en la permanencia de la educación masiva y gratuita la única salida de un entorno donde la movilidad social casi ha desaparecido. Los primeros están decididos a aplicar la ley al pie de la letra en la UNAM o “El Mexe”; los segundos sostienen que el CGH sólo se defendió de “quienes nos quieren quitar la universidad”. En Tepatepec, Luis Vite, que aún se duele de los golpes que le propinó la policía le dice al corresponsal de La Vanguardia de Barcelona (27 de febrero): “Es la escuela de los pobres y nos la querían cerrar, por eso vino la revuelta”.
Lo que hoy tiene lugar en México es un choque entre dos concepciones de la justicia. Siempre han existido, pero la dureza de los últimos tiempos económicos las ha agudizado. Para evitar que este conflicto crezca es necesario empezar por dejar en libertad a los prisioneros y reconocer que el peligro social no son ellos sino la ausencia de justicia en el sentido estricto y en el profundo.
Polarización.- A raíz de la toma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 6 de febrero por la Policía Federal Preventiva para poner fin a diez meses de ocupación de las instalaciones por el Consejo General de Huelga (CGH), casi mil estudiantes fueron encarcelados por delitos que iban del despojo al terrorismo. Con el paso de los días, para la mayoría de los inculpados la carga de cargos fue disminuyendo, pero no para una minoría que aún permanece en prisión porque, según las autoridades, se trata de sujetos “peligrosos para la sociedad”. Para los responsables de dirigir el gobierno federal y para quienes comparten su punto de vista (que no son pocos), la prisión de los estudiantes es simplemente un acto de justicia. Pero para otros, se trata exactamente de lo opuesto: de un caso más del uso político de la letra de la ley; de justicia rigurosa pero sin legitimidad y, por tanto, los miembros del CGH que aún permanecen tras las rejas son, en realidad, prisioneros políticos. Esta separación en las perspectivas y los juicios es sólo un reflejo de otra más seria que anida y se desarrolla en el seno de la sociedad mexicana: una división creciente entre clases, regiones y en torno a la idea de lo que es y lo que debería de ser México. El ambiente de lo público es hoy un ambiente tenso, donde el relativo consenso que supuestamente caracterizó al México postrevolucionario ya no existe y donde la polarización económica, cultural y política va en aumento.
Es claro que ninguna discusión teórica va a resolver las diferencias que hoy existen con relación a los procedimientos empleados por la autoridad para reabrir las instalaciones de la UNAM porque están montadas en la división real y creciente del país. Sin embargo, no están de más ciertas consideraciones al respecto.
Legalidad y Justicia.- Sí las obligaciones y derechos que están en los documentos legales no se cumplen, el resultado inevitable es la arbitrariedad. Por otro lado, e independientemente de su cumplimiento, sí el espíritu con el que se aplican los códigos no corresponde a los valores sociales de una parte importante de la colectividad, entonces el resultado puede ser el de una legalidad cuestionada, sin base social, sin legitimidad, conflictiva.
En teoría, para no caer en la ilegalidad, la autoridad debe de aplicar la norma jurídica siempre y en todo caso. En la práctica, el imperio de la ley es cuestión de grado. Sin embargo, es evidente que en México ese grado es tan bajo que hace de la arbitrariedad, casi la regla.
En México la ineficiencia y la corrupción del sistema de justicia son los principales enemigos de la legalidad. Un estudioso del tema, Rafael Ruiz Harrel, ha mostrado qué el grueso de los delitos denunciados en México --que son sólo una parte del total, pues otra muy importante nunca se denuncia-- no se investiga o nadie es consignado (ver sus columnas al respecto en Reforma). La primera cara de la arbitrariedad es la impunidad que se manifiesta lo mismo en los asaltos al transeúnte que en la enorme libertad de acción de que gozan los capos de la droga, y que permitió en fecha reciente al embajador norteamericano afirmar que México es hoy para los narcotraficantes lo que Sicilia ha sido para La Mafia: su sede (Reforma, 25 de febrero). Pero no es sólo el embajador Davidow quien sostiene esa opinión al norte de nuestra frontera. En una carta a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, los presidentes de los comités de relaciones exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aseguraron que: “La situación de México continúa deteriorándose rápidamente. Los barones de la droga operan con virtual impunidad en Matamoros y Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana” (El País, 28 de febrero) Y como si tratara de confirmar lo dicho por el embajador y los congresistas republicanos, el 27 de febrero el crimen organizado de Tijuana asesinó al jefe de Seguridad Pública de esa ciudad fronteriza con San Diego, a plena luz y con cien balazos. El gobernador panista de Baja California aseguró que en su estado la criminalidad está desatada en buena medida porque muchas autoridades federales están pagados por, y al servicio de, los narcotraficantes (The New York Times, 29 de febrero).
Desdichadamente, ineficiencia y corrupción no resumen todo el drama de la justicia mexicana. Políticamente, la parte más grave del mismo es la violación consciente de la norma jurídica por parte de la propia autoridad en agravio directo, a veces brutal, del ciudadano. Me refiero, claro está, a la violación frecuente de los derechos humanos por aquellos que se supone son los instrumentos del “monopolio legítimo de la violencia”: los policías y las fuerzas armadas. Y esta violación es posible justamente porque quienes la ejercen tienen la certeza de que el “Estado de Derecho” es sólo una mera fórmula y no una realidad.
Por dos vías distintas, la de la ONU y la del Departamento de Estado de los Estados Unidos, han llegado a México sendas evaluaciones sobre la situación que guarda el país con respecto a los derechos humanos; ambas son bastante críticas. Por definición, el único que puede violar los derechos humanos --derechos básicos del ser humano sobre los que hay consenso internacional y están definidos en tratados-- es algún órgano del Estado. Un ataque a esos derechos significa un golpe directo y consciente al Estado de Derecho. Pues bien, en su informe sobre México, la relatora especial de Naciones Unidas, la señora Asma Jahangir, y después de visitar las entidades donde el conflicto social esta a flor de piel --como Chiapas, Guerrero o Chihuahua-- reportó la existencia de un clima de polarización y violencia que había dado lugar a violaciones importantes y reiteradas de los derechos humanos (Reforma, 19 de febrero). Por otra parte, el “Reporte sobre las Prácticas en Derechos Humanos de 1999”, publicado por el Departamento de Estado norteamericano y que abarca a 194 países, subraya el éxito limitado que ha tenido el gobierno de México en este campo pues “la cultura de la impunidad continúa permeando a las fuerzas de seguridad” (Reforma, 26 de febrero).
Ya en el siglo XVIII Juan Jacobo Rousseau, en sus consideraciones en torno a lo justo y legal, señaló que en cualquier sociedad “la primera ley debe de ser la de respetar todas las leyes”, pues así y sólo así el hombre podría tener justicia y libertad. Desde luego, el primero que debería obedecer y respetar a esas leyes es el gobernante. En realidad, dijo Rousseau, para quién detenta el poder, no debería haber ningún asunto más importante y urgente que el mantenimiento de la ley. Si alguna vez el gobernante decidiese situarse por encima de ésta, estaría perdiendo legitimidad y, por tanto, minando la base misma de su poder (Discurso sobre la economía política, 1755). Evidentemente, esto último es precisamente lo que está sucediendo en México y esa es la raíz de buena parte de los problemas políticos que hoy enturbian la atmósfera de lo público.
Los Prisioneros.- Si los estudiantes capturados en la UNAM son culpables de despojo, resulta que lo fueron desde el primer día en que impidieron el funcionamiento normal de esa universidad. Entonces ¿por qué durante 10 meses no se actuó en su contra?. Los hoy acusados siempre estuvieron a la vista de la policía, no se escondieron y nunca hubo evidencia real que estuviesen armados o relacionados con movimientos clandestinos. Quizá la clave de su detención, proceso y catalogación como “peligrosos sociales”, no está en esa supuesta peligrosidad para la sociedad --ninguno tiene antecedentes penales-- sino para el poder, pues como lo señalara uno de los presos en el Reclusorio Norte, Alejo Plata: “Este movimiento está combatiendo no contra el Plan Barnés sino contra toda una política de Estado. No es una batalla al interior de la Universidad”. Para otro de sus compañeros de cautiverio, Mario Benítez, esa batalla contra la política estatal no se dio ni se va a dar dentro de las instituciones tradicionales porque simplemente “no se puede”; esas instituciones ya no sirven para recoger y procesar demandas como las del CGH (Reforma, 25 y 26 de febrero). Ahora las instancias adecuadas serán los movimientos sociales, especialmente los radicales, como el Movimiento Urbano Popular, instancias que el gobierno no controla y ve como una amenaza.
El Consenso que no Existe.- En Chiapas, en la UNAM, en Tepatepec (escenario del conflicto reciente entre la policía de Hidalgo y el pueblo en defensa de los estudiantes de la normal rural El Mexe) y en otros lugares del país, el resultado concreto de la política económica de los últimos veinte años, ha erosionado la capacidad de las viejas instituciones para captar, procesar y encausar las demandas de una parte significativa de la sociedad. Y esa erosión se debe no sólo a la aplicación selectiva de la ley --una práctica muy antigua entre nosotros--, sino a que se ha perdido lo que quedaba de otra forma de justicia: la social.
La justicia “es la virtud esencial de las instituciones sociales” señaló hace tiempo el profesor de Harvard John Rawls en su influyente obra A Theory of Justice, (1971, p.3). Pero para el filósofo utilitarista, la justicia en su sentido más profundo, es social. La legalidad debe facilitar y encausar el sentido de cooperación entre los miembros de la sociedad de tal manera que cada individuo disfrute del máximo posible de libertad compatible con la preservación de la libertad de los demás. Pero no solo eso, sino también que la riqueza social se distribuya dé tal forma que aquellos individuos que se encuentran en los niveles más bajos de la pirámide social puedan tener el mejor nivel de vida posible dentro de las circunstancias concretas que les ha tocado vivir.
La fórmula de Rawls es más fácil de enunciar que de aplicar. En cualquier caso, es verdad que por diez meses los miembros del CGH interfirieron con la libertad de los otros alumnos y maestros que deseaban continuar sus actividades académicas. Pero también es cierto que ellos, como los estudiantes de El Mexe, tomaron esas acciones porque hace tiempo que la estructura de poder en México --del público y del privado-- simplemente hizo a un lado los principios de justicia social que supuestamente se encontraban en la base de nuestro arreglo constitucional.
Hoy, mientras unos buscan hacer eficiente la educación pública por la vía del aumento de cuotas, de la evaluación sistemática y del cierre de instituciones obsoletas, otros ven en la permanencia de la educación masiva y gratuita la única salida de un entorno donde la movilidad social casi ha desaparecido. Los primeros están decididos a aplicar la ley al pie de la letra en la UNAM o “El Mexe”; los segundos sostienen que el CGH sólo se defendió de “quienes nos quieren quitar la universidad”. En Tepatepec, Luis Vite, que aún se duele de los golpes que le propinó la policía le dice al corresponsal de La Vanguardia de Barcelona (27 de febrero): “Es la escuela de los pobres y nos la querían cerrar, por eso vino la revuelta”.
Lo que hoy tiene lugar en México es un choque entre dos concepciones de la justicia. Siempre han existido, pero la dureza de los últimos tiempos económicos las ha agudizado. Para evitar que este conflicto crezca es necesario empezar por dejar en libertad a los prisioneros y reconocer que el peligro social no son ellos sino la ausencia de justicia en el sentido estricto y en el profundo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario