Lorenzo Meyer
De lo que no se Trata.- No, este artículo no va a ser uno más sobre Luis Donaldo Colosio, aunque tiene como punto de partida el hecho innegable que a seis años del atentado contra el candidato presidencial del PRI, una parte importante del público mexicano sigue abrigando la sospecha que el crimen no fue producto de un asesino solitario, como sostiene la Procuraduría General de la República, sino resultado de la acción de alguien que se encontraba dentro de la estructura del propio Estado. Hasta hoy no hay forma de llegar a una conclusión definitiva al respecto, pero la sospecha tiene como base el hecho terrible e innegable que, finalmente, poder político y violencia no son términos antagónicos sino dos caras de la misma moneda, particularmente en el caso de México. El ejercicio del poder político, implica siempre y necesariamente la imposición de la voluntad de unos individuos --la minoría-- sobre el resto, y esa imposición no siempre se ajusta al marco legal que cada época marca como límite al uso de la fuerza del Estado.
En la medida en que el tema de reflexión sea la violencia del Estado y el Estado como violencia, resulta inevitable iniciarla con la clásica definición de Estado que hiciera en 1915 Max Weber. Para el famoso sociólogo alemán, era claro que el uso de la fuerza está en el corazón mismo de la organización política porque: “El Estado es la asociación que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima, y no puede ser definido de otra manera” (H.H. Gerth y C. Wright Mills, From Max Weber, Oxford University Press,1946,p.334). Cuatro años después, el autor, al volver sobre el tema, y apoyándose en una frase de León Trotsky --es decir, en la visión marxista del poder--, reafirmó: “[El] Estado sólo es definible sociológicamente por referencia a un medio específico que él, como toda asociación política, posee: la violencia física”. Desde ese ángulo la política no es otra cosa, finalmente, que una relación de fuerza entre actores, ya que “El Estado, como todas las asociaciones políticas que históricamente lo han precedido, es una relación de dominación de hombres sobre hombres que se sostiene por medio de la violencia (es decir, de la que es vista como tal)", (El político y el científico, Alianza Editorial, 1967, pp. 83-84). Obviamente, la coerción no es la única forma, ni siquiera la más frecuente, que usan aquellos que desde el gobierno ejercen su dominación sobre la enorme mayoría de los que deben vivir como parte de esas “asociaciones políticas” que son los estados nacionales, pero la coerción es el “medio específico” al que “tiene derecho” el grupo que de una manera u otra se encuentra en control de las instituciones gubernamentales.
Lo Legítimo- Desde la perspectiva de las definiciones anteriores, la legitimidad del poder político existe cuando aquellos que son el objeto de la dominación, interiorizan y aceptan que quien ordena lo hace porque tiene derecho a ello y que, además, espera ser obedecido sin tener que usar la fuerza. La autoridad es legítima cuando el ejercicio de su poder es resultado de su carisma --el caso de los profetas, por ejemplo--, de las herencias y tradiciones frecuentemente combinadas con la voluntad de Dios --por caso, la monarquía absoluta-- o de la voluntad de una mayoría de los ciudadanos que, en uso de su soberanía, eligieron a determinadas personas para ocupar los puestos de autoridad por un tiempo predeterminado, como ocurre en las democracias modernas.
De acuerdo a la definición ya citada de Weber, la autoridad puede ordenar a sus cuerpos especializados en violencia --policías y ejército-- capturar a alguien y mantenerlo en prisión porque robó o se negó a pagar impuestos, o pueden ordenar su ejecución por haber cometido un asesinato o un acto de traición. En virtud de la misma lógica, también puede organizar el exterminio de miles de seres humanos en campos de concentración o declarar la guerra a otra comunidad con efectos devastadores. Desde la perspectiva weberiana, la violencia de los aparatos estatales modernos, para ser legítima, debe de ejercerse dentro de un marco de legalidad.
En la práctica, eso que es la esencia de lo político --la imposición de unas voluntades sobre otras-- no siempre transcurre dentro de los causes de lo que cada época y sociedad considera legal y legítimo, sino que la historia nos muestra que una y otra vez, los líderes políticos acostumbran cruzar sin mayor problema estas fronteras y emplean sus instrumentos, incluida la violencia, de manera ilegal.
La Violencia Ilegítima (I).- A diferencia de la legítima, la violencia ilegítima no es monopolio del Estado, pero el aparato estatal es una de las estructuras mejor preparadas para poder usarla y esconderla, sobre todo en sociedades como la nuestra, donde la tradición de observancia de la ley ha sido muy débil.
Algunas de las acciones más violentas de los gobiernos mexicanos del siglo XIX se justificaron con una legalidad dudosa. Así, por ejemplo, el mero esfuerzo de mantener los efectivos del ejército --el instrumento de violencia estatal por antonomasia-- se llevó a cabo con una violencia brutal. En efecto, las filas del ejército se nutrieron sistemáticamente mediante la leva, es decir, cazando, literalmente a jóvenes campesinos o a “vagos” citadinos para enrolarlos por varios años en contra de su voluntad. Esa leva arruinó vidas, destruyó hogares y en la forma de cuarteles creo verdaderos “gulags” a todo lo largo y ancho de la república, donde la tropa nunca salía, pues era prisionera al servicio de un Estado que usaba la violencia para mantener a su instrumento de violencia (al respecto, véase Tropa vieja, 1943, del general Francisco L Urquizo). Alentar la captura por el ejército de indios mayas en Yucatán para luego embarcarlos a Cuba como “trabajadores bajo contrato” aunque en realidad se trataba de una venta de esclavos a las plantaciones cañeras, fue otro ejemplo de la violencia estatal de legalidad más que dudosa. Fue por ello que la armada inglesa persiguió ese comercio hasta que, cuando pudo, el gobierno de Juárez lo prohibió. La contraparte norteña del tráfico de esclavos en el sur fue, entre otras cosas, la compra de cabelleras de indios bravos por el gobierno de Chihuahua, y que terminó por alentar una “industria” del crimen puro y simple: la cacería de indios pacíficos --hombres, mujeres y niños-- para cobrar recompensa sin correr el peligro de toparse con los verdaderos indios de guerra. Y esos son sólo unos cuantos ejemplos de la violencia del Estado mexicano en su etapa inicial. Desde luego que la fuerza no se redujo al enfrentamiento de la autoridad estatal con los indios y comunidades rurales; la famosa orden de “mátalos en caliente” que dio Porfirio Díaz al inicio de su larga dictadura para acabar con unos conspiradores de Veracruz, tuvo a miembros de la clase media como objeto de la furia del líder.
En el siglo XX la lista del uso de la “violencia legítima” para fines ilegítimos puede ser igualmente larga. Van unos ejemplos al azar y que no se refieren a la etapa de la Revolución Mexicana (1910-1920), pues ese fue un período de violencia pura donde, incluso, hasta el mismo Estado desapareció. Restablecido el orden roto en 1910, tuvieron lugar la primera y segunda guerras cristeras (años veinte y treinta), donde el gobierno federal simplemente no tomó prisioneros y fusiló sistemáticamente a los rebeldes que caían en sus manos. Desde luego que los casos más notorios de esta práctica fueron los fusilamientos sin juicio de los hermanos Miguel Agustín y Humberto Pro, Juan Tirado y el ingeniero Luis Segura Vilchis, pero luego centenares de combatientes cristeros correrían la misma suerte. Jean Meyer nos dice que la cacería de antiguos cristeros continuó años después de que se habían amnistiado y dejado las armas, en realidad fue por ello que se desató la “segunda cristiada” (La cristiada, 3 Vols., Siglo XII, 1973).
En el México del “desarrollo estabilizador” y del “milagro económico”, el uso de la violencia ilegal de la clase política contra aquellos que la desafiaban no cesó. Y como prueba esta el caso de Rubén Jaramillo, exzapatista y guerrillero intermitente, amnistiado en 1959, pero asesinado por el ejército tres años después, en Morelos, en unión de su familia. Desde luego, están también los asesinatos masivos de estudiantes desarmados por fuerzas del ejército y la policía el 2 de octubre de 1968, y por paramilitares organizados por el Departamento del Distrito Federal el “jueves de corpus” de 1971. En los años que siguieron, el movimiento guerrillero urbano fue combatido por la “Brigada Blanca” y dejó como saldo varios centenares de detenidos y posteriormente “desaparecidos”. Lo que ocurrió con los guerrilleros rurales de Guerrero ha sido relatado ya por Carlos Montemayor en Guerra en el Paraíso (1991).
Y la lista puede seguir hasta llegar muy cerca en el tiempo: los prisioneros ejecutados en Ocosingo en enero de 1994 y cuyas fotografías, ahora sí, le dieron la vuelta al mundo, pues en el ámbito internacional ya se había iniciado la era del respeto a los “derechos humanos” y de la “aldea global”. Aguas Blancas en Guerrero y Acteal en Chiapas son otros tantos ejemplos del mismo fenómeno.
La Violencia Ilegítima (II).- En el rico campo de la ilegitimidad de la violencia del poder político están no sólo las acciones tomadas contra los rebeldes o los opositores, sino también la que tiene como objeto a otros miembros del aparato gubernamental como resultado de pugnas dentro de la clase política.
Este segundo tipo de “política de la sangre”, se inició con el nacimiento mismo de México a la vida independiente y republicana. Este principio fue el fusilamiento del efímero emperador Agustín de Iturbide en Tamaulipas en 1824; el personaje había retornado a México de su exilio sin haberse enterado que dos meses atrás el Congreso lo había declarado traidor y fuera de la ley. Siete años más tarde, en 1831, Vicente Guerrero, el insurgente que en unión de Iturbide llevó a México a la independencia, fue capturado y asesinado en Oaxaca por órdenes del presidente Anastasio Bustamante. De esta manera el México moderno se inició en el arte del asesinato como forma de resolver conflictos dentro de la clase gobernante.
Con la institucionalización y la rutina que trajo consigo el Porfiriato (1877-1911), las luchas y pugnas al interior de la clase gobernante se resolvieron casi sin sangre en el ámbito nacional aunque no necesariamente en el local. Terminada la Revolución, la costumbre adquirida a lo largo de diez años en que las decisiones del liderazgo se impusieron directamente por la fuerza, no desapareció con el advenimiento de la paz.
Los fusilamientos de militares rebeldes durante los levantamientos delahuertista y escobarista se hicieron dentro del marco de justicia militar vigente, pero no así el asesinato del senador Francisco Field Jurado en 1924 y atribuido a los obregonistas. Sin pretender ocultar siquiera el hecho ni su autoría intelectual, el presidente Calles y el expresidente Obregón ordenaron en 1927 el arresto y asesinato del general Francisco R. Serrano --candidato antirreeleccionista a la presidencia-- y sus acompañantes en Huitzilac. Manlio Fabio Altamirano, siendo ya gobernador electo e identificado con la izquierda, no asumió el poder en Veracruz y sí lo hizo Miguel Alemán, porque el primero murió asesinado en la Ciudad de México en 1936. Con ese historial, es difícil que una parte de la opinión pública no ligue los asesinatos del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, a pugnas en el interior de la clase política justamente en un momento histórico en que el régimen que moldeó al México del siglo XX, se vio obligado a entrar en una etapa de cambio quizá irreversible.
Para concluir, la política no es únicamente coerción, pero irremediablemente ese es uno de sus componentes. Desgraciadamente, cuando en México los elementos de fuerza se colocan en el primer plano de una decisión política, existe la posibilidad de que el marco legal sea insuficiente para contenerlos y que crucen al terreno de lo ilícito. De ahí que debamos hacer un esfuerzo constante para exigir una política donde la violencia, por legítima que sea, no este presente, pues es posible que, al final, se termine en la ilegítima.
En la medida en que el tema de reflexión sea la violencia del Estado y el Estado como violencia, resulta inevitable iniciarla con la clásica definición de Estado que hiciera en 1915 Max Weber. Para el famoso sociólogo alemán, era claro que el uso de la fuerza está en el corazón mismo de la organización política porque: “El Estado es la asociación que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima, y no puede ser definido de otra manera” (H.H. Gerth y C. Wright Mills, From Max Weber, Oxford University Press,1946,p.334). Cuatro años después, el autor, al volver sobre el tema, y apoyándose en una frase de León Trotsky --es decir, en la visión marxista del poder--, reafirmó: “[El] Estado sólo es definible sociológicamente por referencia a un medio específico que él, como toda asociación política, posee: la violencia física”. Desde ese ángulo la política no es otra cosa, finalmente, que una relación de fuerza entre actores, ya que “El Estado, como todas las asociaciones políticas que históricamente lo han precedido, es una relación de dominación de hombres sobre hombres que se sostiene por medio de la violencia (es decir, de la que es vista como tal)", (El político y el científico, Alianza Editorial, 1967, pp. 83-84). Obviamente, la coerción no es la única forma, ni siquiera la más frecuente, que usan aquellos que desde el gobierno ejercen su dominación sobre la enorme mayoría de los que deben vivir como parte de esas “asociaciones políticas” que son los estados nacionales, pero la coerción es el “medio específico” al que “tiene derecho” el grupo que de una manera u otra se encuentra en control de las instituciones gubernamentales.
Lo Legítimo- Desde la perspectiva de las definiciones anteriores, la legitimidad del poder político existe cuando aquellos que son el objeto de la dominación, interiorizan y aceptan que quien ordena lo hace porque tiene derecho a ello y que, además, espera ser obedecido sin tener que usar la fuerza. La autoridad es legítima cuando el ejercicio de su poder es resultado de su carisma --el caso de los profetas, por ejemplo--, de las herencias y tradiciones frecuentemente combinadas con la voluntad de Dios --por caso, la monarquía absoluta-- o de la voluntad de una mayoría de los ciudadanos que, en uso de su soberanía, eligieron a determinadas personas para ocupar los puestos de autoridad por un tiempo predeterminado, como ocurre en las democracias modernas.
De acuerdo a la definición ya citada de Weber, la autoridad puede ordenar a sus cuerpos especializados en violencia --policías y ejército-- capturar a alguien y mantenerlo en prisión porque robó o se negó a pagar impuestos, o pueden ordenar su ejecución por haber cometido un asesinato o un acto de traición. En virtud de la misma lógica, también puede organizar el exterminio de miles de seres humanos en campos de concentración o declarar la guerra a otra comunidad con efectos devastadores. Desde la perspectiva weberiana, la violencia de los aparatos estatales modernos, para ser legítima, debe de ejercerse dentro de un marco de legalidad.
En la práctica, eso que es la esencia de lo político --la imposición de unas voluntades sobre otras-- no siempre transcurre dentro de los causes de lo que cada época y sociedad considera legal y legítimo, sino que la historia nos muestra que una y otra vez, los líderes políticos acostumbran cruzar sin mayor problema estas fronteras y emplean sus instrumentos, incluida la violencia, de manera ilegal.
La Violencia Ilegítima (I).- A diferencia de la legítima, la violencia ilegítima no es monopolio del Estado, pero el aparato estatal es una de las estructuras mejor preparadas para poder usarla y esconderla, sobre todo en sociedades como la nuestra, donde la tradición de observancia de la ley ha sido muy débil.
Algunas de las acciones más violentas de los gobiernos mexicanos del siglo XIX se justificaron con una legalidad dudosa. Así, por ejemplo, el mero esfuerzo de mantener los efectivos del ejército --el instrumento de violencia estatal por antonomasia-- se llevó a cabo con una violencia brutal. En efecto, las filas del ejército se nutrieron sistemáticamente mediante la leva, es decir, cazando, literalmente a jóvenes campesinos o a “vagos” citadinos para enrolarlos por varios años en contra de su voluntad. Esa leva arruinó vidas, destruyó hogares y en la forma de cuarteles creo verdaderos “gulags” a todo lo largo y ancho de la república, donde la tropa nunca salía, pues era prisionera al servicio de un Estado que usaba la violencia para mantener a su instrumento de violencia (al respecto, véase Tropa vieja, 1943, del general Francisco L Urquizo). Alentar la captura por el ejército de indios mayas en Yucatán para luego embarcarlos a Cuba como “trabajadores bajo contrato” aunque en realidad se trataba de una venta de esclavos a las plantaciones cañeras, fue otro ejemplo de la violencia estatal de legalidad más que dudosa. Fue por ello que la armada inglesa persiguió ese comercio hasta que, cuando pudo, el gobierno de Juárez lo prohibió. La contraparte norteña del tráfico de esclavos en el sur fue, entre otras cosas, la compra de cabelleras de indios bravos por el gobierno de Chihuahua, y que terminó por alentar una “industria” del crimen puro y simple: la cacería de indios pacíficos --hombres, mujeres y niños-- para cobrar recompensa sin correr el peligro de toparse con los verdaderos indios de guerra. Y esos son sólo unos cuantos ejemplos de la violencia del Estado mexicano en su etapa inicial. Desde luego que la fuerza no se redujo al enfrentamiento de la autoridad estatal con los indios y comunidades rurales; la famosa orden de “mátalos en caliente” que dio Porfirio Díaz al inicio de su larga dictadura para acabar con unos conspiradores de Veracruz, tuvo a miembros de la clase media como objeto de la furia del líder.
En el siglo XX la lista del uso de la “violencia legítima” para fines ilegítimos puede ser igualmente larga. Van unos ejemplos al azar y que no se refieren a la etapa de la Revolución Mexicana (1910-1920), pues ese fue un período de violencia pura donde, incluso, hasta el mismo Estado desapareció. Restablecido el orden roto en 1910, tuvieron lugar la primera y segunda guerras cristeras (años veinte y treinta), donde el gobierno federal simplemente no tomó prisioneros y fusiló sistemáticamente a los rebeldes que caían en sus manos. Desde luego que los casos más notorios de esta práctica fueron los fusilamientos sin juicio de los hermanos Miguel Agustín y Humberto Pro, Juan Tirado y el ingeniero Luis Segura Vilchis, pero luego centenares de combatientes cristeros correrían la misma suerte. Jean Meyer nos dice que la cacería de antiguos cristeros continuó años después de que se habían amnistiado y dejado las armas, en realidad fue por ello que se desató la “segunda cristiada” (La cristiada, 3 Vols., Siglo XII, 1973).
En el México del “desarrollo estabilizador” y del “milagro económico”, el uso de la violencia ilegal de la clase política contra aquellos que la desafiaban no cesó. Y como prueba esta el caso de Rubén Jaramillo, exzapatista y guerrillero intermitente, amnistiado en 1959, pero asesinado por el ejército tres años después, en Morelos, en unión de su familia. Desde luego, están también los asesinatos masivos de estudiantes desarmados por fuerzas del ejército y la policía el 2 de octubre de 1968, y por paramilitares organizados por el Departamento del Distrito Federal el “jueves de corpus” de 1971. En los años que siguieron, el movimiento guerrillero urbano fue combatido por la “Brigada Blanca” y dejó como saldo varios centenares de detenidos y posteriormente “desaparecidos”. Lo que ocurrió con los guerrilleros rurales de Guerrero ha sido relatado ya por Carlos Montemayor en Guerra en el Paraíso (1991).
Y la lista puede seguir hasta llegar muy cerca en el tiempo: los prisioneros ejecutados en Ocosingo en enero de 1994 y cuyas fotografías, ahora sí, le dieron la vuelta al mundo, pues en el ámbito internacional ya se había iniciado la era del respeto a los “derechos humanos” y de la “aldea global”. Aguas Blancas en Guerrero y Acteal en Chiapas son otros tantos ejemplos del mismo fenómeno.
La Violencia Ilegítima (II).- En el rico campo de la ilegitimidad de la violencia del poder político están no sólo las acciones tomadas contra los rebeldes o los opositores, sino también la que tiene como objeto a otros miembros del aparato gubernamental como resultado de pugnas dentro de la clase política.
Este segundo tipo de “política de la sangre”, se inició con el nacimiento mismo de México a la vida independiente y republicana. Este principio fue el fusilamiento del efímero emperador Agustín de Iturbide en Tamaulipas en 1824; el personaje había retornado a México de su exilio sin haberse enterado que dos meses atrás el Congreso lo había declarado traidor y fuera de la ley. Siete años más tarde, en 1831, Vicente Guerrero, el insurgente que en unión de Iturbide llevó a México a la independencia, fue capturado y asesinado en Oaxaca por órdenes del presidente Anastasio Bustamante. De esta manera el México moderno se inició en el arte del asesinato como forma de resolver conflictos dentro de la clase gobernante.
Con la institucionalización y la rutina que trajo consigo el Porfiriato (1877-1911), las luchas y pugnas al interior de la clase gobernante se resolvieron casi sin sangre en el ámbito nacional aunque no necesariamente en el local. Terminada la Revolución, la costumbre adquirida a lo largo de diez años en que las decisiones del liderazgo se impusieron directamente por la fuerza, no desapareció con el advenimiento de la paz.
Los fusilamientos de militares rebeldes durante los levantamientos delahuertista y escobarista se hicieron dentro del marco de justicia militar vigente, pero no así el asesinato del senador Francisco Field Jurado en 1924 y atribuido a los obregonistas. Sin pretender ocultar siquiera el hecho ni su autoría intelectual, el presidente Calles y el expresidente Obregón ordenaron en 1927 el arresto y asesinato del general Francisco R. Serrano --candidato antirreeleccionista a la presidencia-- y sus acompañantes en Huitzilac. Manlio Fabio Altamirano, siendo ya gobernador electo e identificado con la izquierda, no asumió el poder en Veracruz y sí lo hizo Miguel Alemán, porque el primero murió asesinado en la Ciudad de México en 1936. Con ese historial, es difícil que una parte de la opinión pública no ligue los asesinatos del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, a pugnas en el interior de la clase política justamente en un momento histórico en que el régimen que moldeó al México del siglo XX, se vio obligado a entrar en una etapa de cambio quizá irreversible.
Para concluir, la política no es únicamente coerción, pero irremediablemente ese es uno de sus componentes. Desgraciadamente, cuando en México los elementos de fuerza se colocan en el primer plano de una decisión política, existe la posibilidad de que el marco legal sea insuficiente para contenerlos y que crucen al terreno de lo ilícito. De ahí que debamos hacer un esfuerzo constante para exigir una política donde la violencia, por legítima que sea, no este presente, pues es posible que, al final, se termine en la ilegítima.
No hay comentarios:
Publicar un comentario