Lorenzo Meyer
Un Indicador.- La parte positiva de los acontecimientos del 6 de febrero fue que no llevaron a la resurrección del 2 de octubre. Una porción importante de la sociedad mexicana ya no hubiera tolerado el retorno del diazordacismo. Fue por ello que en la última toma del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por una fuerza federal extraída de las filas del ejército --la Policía Federal Preventiva--, el gobierno decidió no darle la palabra a las armas. Sin embargo, un país donde varios centenares de sus estudiantes son puestos tras las rejas como resultado de un conflicto universitario, tiene un problema serio entre manos.
El arresto masivo de estudiantes --algunos tan jóvenes que aún eran menores de edad-- dentro del campus universitario acusados formalmente de varios delitos --algunos de ellos tan absurdos como el de terrorismo--, además de ser un espectáculo penoso, es prueba de que el supuesto avance en la transformación del viejo régimen autoritario mexicano aún tiene mucho camino por recorrer antes de que podamos darnos por satisfechos con su eficacia y sentido de la justicia.
Para lograr un análisis de la naturaleza y evolución del problema de la UNAM y que sea, a la vez de fondo y relativamente objetivo, es necesario esperar. Sin embargo, justo porque el conflicto aún no ha finalizado, hay que intentar entender lo que ha sucedido para poder hacer frente a lo que aún está por suceder.
Dos Perspectivas.- El problema de la UNAM se puede enfocar desde distintas ópticas. Una puede ser la inmediata y desde el interior de la propia universidad. Se trataría de identificar y explicar los motivos por los cuales el reglamento de pagos que se aprobó en esa institución el 11 de febrero de 1999 llevó a que un par de meses más tarde, el 20 de abril, estallara una huelga que terminó por cerrar los 36 planteles de la institución, que pronto llevó a la formulación de un pliego petitorio que se convirtió en la bandera de los insurgentes en un conflicto que involucró tanto a la comunidad estudiantil como a las autoridades universitarias y a las del gobierno de la ciudad y las federales, y todo desembocó en un prolongado diálogo de sordos. Una manera muy útil de aproximarse a esos y muchos otros temas igualmente puntuales, es a través de la obra de Hortencia Moreno y Carlos Amador, UNAM. La huelga del fin del mundo, (Planeta, 1999).
Desde otra perspectiva, el conflicto universitario también debe verse como la expresión de tensiones y enfrentamientos que provienen de un ámbito mucho mayor: el de la sociedad urbana del centro de México y, finalmente, del país en su conjunto. Todos los grandes procesos sociales y conflictos, sobre todo los urbanos, tienden a manifestarse, aunque distorsionados, dentro de los ámbitos universitarios, particularmente en el de la UNAM. Este último es un espacio social sui generis. La UNAM es un universo muy heterogéneo --ahí conviven con intensidad clases sociales que en otras circunstancias apenas si se rozan--, muy libre y donde, por su propia naturaleza académica, auspicia la crítica sistemática. A la realidad se le ve en función de lo efectivamente es pero también de lo que podría llegar a ser si se modificaran las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Esa universidad gigantesca es muy sensible a lo que acontece en el gran entorno del que provienen y en el que se mueven sus estudiantes, sobre todo en los niveles de preparatoria y licenciatura. Y las razones para la crítica y el descontento con lo existente, han aumentado y se han agudizado a lo largo de los últimos veinte años.
Numancia.- El poder hacer la crítica del entorno en que viven, no necesariamente lleva a los críticos a comprender mejor su entorno y capacidades. La ocupación del campus universitario por la policía no era inevitable, pero hubo, sin duda, un claro y creciente radicalismo y empecinamiento del Consejo General de Huelga (CGH), que desde julio pasado declaró que: “nuestra lucha es ahora contra el Estado”. Así, el lenguaje de los paristas se tornó casi revolucionario, disminuyó su capacidad de negociación con la autoridad y se afianzó su decisión de resistencia.
La voluntad del CGH de llevar el conflicto por los caminos del radicalismo, produjo inevitablemente una reacción de gran irritación no sólo dentro de los círculos del poder universitario y político, sino de una parte de la sociedad, particularmente entre los sectores medios menos golpeadas por la crisis pero cuyos hijos estaban en la UNAM y fueron obligados a interrumpir sus estudios o a buscar alternativas en las costosas universidades privadas. En el proceso, los insurgentes afianzaron su decisión de considerar que lo que ellos habían definido como justo y deseable, era también lo posible y se atrincheraron en una intransigencia numantina, sin comprender lo que Luis Villoro --uno de los académicos que mediante la llamada “Propuesta de los Eméritos” del 28 de julio buscó ese aristotélico “punto medio”, entre las posiciones de los estudiantes y la de las autoridades-- acaba de señalar de manera tan clara como contundente: “la intransigencia en el ideal puede conducir a destruirlo” (La Jornada, 7 de febrero). La política democrática es el arte de la negociación sin fin --no pretenderlo todo para no perderlo todo-- y no sólo por razones prácticas sino también morales: hay que reconocer al otro y aceptar que puede tener razones tan válidas como las propias. Pero si la política democrática es muy pobre a nivel nacional y de los grandes actores --el gobierno y los partidos-- fue más difícil ponerla en práctica, por no decir que imposible, en el conflicto universitario.
En principio, fue y es legítima la demanda de una educación universitaria pública gratuita -- que finalmente se haga el pago por la vía más justa de todas: por la de los impuestos mediante una reforma fiscal, donde efectivamente el que más tiene más pague, esté o no ligado a la universidad-- y de calidad. Y más legítimas son estas exigencias si proceden de sectores sociales que no han sido particularmente favorecidos por las políticas económicas de los últimos veinte años. Sin embargo, en los términos en que se dio la batalla en la UNAM, los portadores de estas demandas terminaron por crear y encerrarse en ese lugar irreal que Carlos Monsivais llamó “la República de la Huelga”, y al final las murallas de esa construcción no resistieron el impacto del retiro de las autoridades universitarias de su iniciativa sobre el cobro de cuotas, el cambio de rector y un plebiscito donde una mayoría de universitarios (menos grande de lo algunos alegan, pero mayoría al fin), se pronunció por seguir la discusión de los problemas universitarios en un campus ya abierto.
La Universidad y el Universo Mayor.- Como se señaló antes, para entender mejor lo acontecido en la UNAM en el último año, es útil y quizá necesario ir más allá de la UNAM, ir a su entorno, es decir, al resto del país.
En relación a la situación general de México, hay una serie de hechos económicos incontrovertibles y así los muestran las cifras oficiales disponibles. Por un lado, en los últimos veinte años, en México, el crecimiento promedio del ingreso per capita ha sido, tan bajo, que es casi inexistente: apenas un 0.18% anual (Victor Urquidi, “El gran desafío del siglo XXI”, El Mercado de Valores, dic 1999, p. 51) Por otro lado, la distribución de ese ingreso que no crece y que de por sí era mala, se volvió peor para la clase media que va a la universidad a partir del cambio de modelo económico. En 1977, el 50% de los hogares mexicanos más pobres recibió apenas el 16.1% del ingreso disponible y dos decenios más tarde, en 1996 dispuso del 17.7%. Es claro que en la base de la pirámide social mexicana el movimiento hacia la equidad fue igual al aumento de su ingreso real: casi inexistente. En el mismo período, el siguiente cuarenta por ciento --lo que no sin dificultad puede llamarse la clase media-- pasó de recibir el 47.1% del ingreso a sólo el 43.3%, es decir, no mejoró sino que empeoró. La clase alta, ese 10% superior, ganó poco pero ganó, pues de disponer del 36.7% del ingreso pasó al 39.1%; para ella los tiempos malos no fueron tan malos (tomado de Fernando Cortes, “Más de treinta años de desigualdad en México” en prensa).
Las cifras anteriores nos permiten suponer que en los últimos dos decenios aquellos sectores sociales que envían a sus hijos a las universidades públicas, y que son básicamente los que están en el medio de la pirámide social, vivieron un deterioro de su posición relativa y, sobre todo, una pérdida de expectativas. De lo anterior resulta que los estudiantes universitarios en huelga “pertenecen a una generación marcada por la desconfianza [y en donde]... predomina el resentimiento social. Desde luego, una de las inquietudes más legítimas de este grupo es la de cuestionar las estructuras de poder y de gobierno, las existentes en la Universidad y en el resto del país, en su casa y su familia” (Moreno y Amador, obra citada, p.49).
El resentimiento y el cuestionamiento no son sólo motivados por lo que han vivido un grupo muy numeroso de estudiantes y sus familias, sino también por el hecho de que por la naturaleza del dinamismo (o falta de) y las características de la economía mexicana globalizada, las expectativas no son buenas para una buena parte de los egresados de la UNAM y otras universidades públicas. Cada vez más se percibe la relación positiva entre oportunidades de empleo y títulos de las universidades privadas de élite. Moreno y Amador resumen bien esta situación en un pie de página y citando a Ricardo Pozas: "En ingeniería un muchacho me dijo...`y bueno, con doctorado o sin doctorado, con licenciatura o sin licenciatura voy a ser desempleado´. Lo que se juega es una condición de futuro”, (p. 24). Para él, la educación ya no le asegura movilidad social ascendente.
La bandera inicial del los estudiantes para justificar su inconformidad fue su rechazo a la forma como se decretó el Reglamento General de Pagos. Desde su perspectiva, se trató de una forma autoritaria, desde arriba y sin consulta. De ahí se pasó a la exigencia incondicional de que rectoría aceptara sus seis puntos, etcétera. Sin embargo, detrás de esa serie de puntos formales, está algo que va más allá del conflicto universitario: un gran disgusto y desilusión con la forma como se ha conducido al país en los últimos años. Y lo anterior se expresa lo mismo en el lenguaje intransigente y lleno de exabruptos, que en la desconfianza y rechazo a los partidos y su sistema, en el poco o nulo valor a los avances de la supuesta transición democrática y en la búsqueda de relación con esos elementos “extrauniversitarios” que para ellos son los portadores de las auténticas demandas populares: los movimientos sociales.
El “Estado de Derecho”.- El uso de la policía y la ley para acabar con la huelga de los estudiantes, se basa en una supuesta e impecable aplicación del “Estado de Derecho”. Sin embargo, los estudiantes como el resto del país saben muy bien que en México las instituciones legales están muy desgastadas por una corrupción endémica y omnipresente y que en México y desde siempre, la ley se ha aplicado discrecionalmente, sobre todo en asuntos políticos. Todo el lenguaje legal que se ha empleado contra los detenidos (y los que aún puedan detenerse), suena falso. Mientras a ciertos los líderes del CGH se les niega la libertad bajo fianza porque una juez los considera elementos “peligrosos sociales” no obstante que la policía no encontró ningún arma en todo el espacio universitario que ocupó el domingo, a aquellos banqueros y financieros que hicieron trampas millonarias y cuyo costo se ha cargado sobre toda la sociedad por la vía del FOBAPROA y el IPAB (más de 70 mil millones de dólares) --esos si un verdadero peligro social-- no solamente no se les han llevado ante un juez, sino que ni siquiera se conocen sus nombres porque el gobierno y ciertos partidos políticos decidieron usar el pretexto del “secreto bancario” para protegerlos, para darles impunidad. En suma, y éste es un problema fundamental, la base moral para aplicar el “peso de la ley” a la dirigencia del CGH simplemente no existe.
El arresto masivo de estudiantes --algunos tan jóvenes que aún eran menores de edad-- dentro del campus universitario acusados formalmente de varios delitos --algunos de ellos tan absurdos como el de terrorismo--, además de ser un espectáculo penoso, es prueba de que el supuesto avance en la transformación del viejo régimen autoritario mexicano aún tiene mucho camino por recorrer antes de que podamos darnos por satisfechos con su eficacia y sentido de la justicia.
Para lograr un análisis de la naturaleza y evolución del problema de la UNAM y que sea, a la vez de fondo y relativamente objetivo, es necesario esperar. Sin embargo, justo porque el conflicto aún no ha finalizado, hay que intentar entender lo que ha sucedido para poder hacer frente a lo que aún está por suceder.
Dos Perspectivas.- El problema de la UNAM se puede enfocar desde distintas ópticas. Una puede ser la inmediata y desde el interior de la propia universidad. Se trataría de identificar y explicar los motivos por los cuales el reglamento de pagos que se aprobó en esa institución el 11 de febrero de 1999 llevó a que un par de meses más tarde, el 20 de abril, estallara una huelga que terminó por cerrar los 36 planteles de la institución, que pronto llevó a la formulación de un pliego petitorio que se convirtió en la bandera de los insurgentes en un conflicto que involucró tanto a la comunidad estudiantil como a las autoridades universitarias y a las del gobierno de la ciudad y las federales, y todo desembocó en un prolongado diálogo de sordos. Una manera muy útil de aproximarse a esos y muchos otros temas igualmente puntuales, es a través de la obra de Hortencia Moreno y Carlos Amador, UNAM. La huelga del fin del mundo, (Planeta, 1999).
Desde otra perspectiva, el conflicto universitario también debe verse como la expresión de tensiones y enfrentamientos que provienen de un ámbito mucho mayor: el de la sociedad urbana del centro de México y, finalmente, del país en su conjunto. Todos los grandes procesos sociales y conflictos, sobre todo los urbanos, tienden a manifestarse, aunque distorsionados, dentro de los ámbitos universitarios, particularmente en el de la UNAM. Este último es un espacio social sui generis. La UNAM es un universo muy heterogéneo --ahí conviven con intensidad clases sociales que en otras circunstancias apenas si se rozan--, muy libre y donde, por su propia naturaleza académica, auspicia la crítica sistemática. A la realidad se le ve en función de lo efectivamente es pero también de lo que podría llegar a ser si se modificaran las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Esa universidad gigantesca es muy sensible a lo que acontece en el gran entorno del que provienen y en el que se mueven sus estudiantes, sobre todo en los niveles de preparatoria y licenciatura. Y las razones para la crítica y el descontento con lo existente, han aumentado y se han agudizado a lo largo de los últimos veinte años.
Numancia.- El poder hacer la crítica del entorno en que viven, no necesariamente lleva a los críticos a comprender mejor su entorno y capacidades. La ocupación del campus universitario por la policía no era inevitable, pero hubo, sin duda, un claro y creciente radicalismo y empecinamiento del Consejo General de Huelga (CGH), que desde julio pasado declaró que: “nuestra lucha es ahora contra el Estado”. Así, el lenguaje de los paristas se tornó casi revolucionario, disminuyó su capacidad de negociación con la autoridad y se afianzó su decisión de resistencia.
La voluntad del CGH de llevar el conflicto por los caminos del radicalismo, produjo inevitablemente una reacción de gran irritación no sólo dentro de los círculos del poder universitario y político, sino de una parte de la sociedad, particularmente entre los sectores medios menos golpeadas por la crisis pero cuyos hijos estaban en la UNAM y fueron obligados a interrumpir sus estudios o a buscar alternativas en las costosas universidades privadas. En el proceso, los insurgentes afianzaron su decisión de considerar que lo que ellos habían definido como justo y deseable, era también lo posible y se atrincheraron en una intransigencia numantina, sin comprender lo que Luis Villoro --uno de los académicos que mediante la llamada “Propuesta de los Eméritos” del 28 de julio buscó ese aristotélico “punto medio”, entre las posiciones de los estudiantes y la de las autoridades-- acaba de señalar de manera tan clara como contundente: “la intransigencia en el ideal puede conducir a destruirlo” (La Jornada, 7 de febrero). La política democrática es el arte de la negociación sin fin --no pretenderlo todo para no perderlo todo-- y no sólo por razones prácticas sino también morales: hay que reconocer al otro y aceptar que puede tener razones tan válidas como las propias. Pero si la política democrática es muy pobre a nivel nacional y de los grandes actores --el gobierno y los partidos-- fue más difícil ponerla en práctica, por no decir que imposible, en el conflicto universitario.
En principio, fue y es legítima la demanda de una educación universitaria pública gratuita -- que finalmente se haga el pago por la vía más justa de todas: por la de los impuestos mediante una reforma fiscal, donde efectivamente el que más tiene más pague, esté o no ligado a la universidad-- y de calidad. Y más legítimas son estas exigencias si proceden de sectores sociales que no han sido particularmente favorecidos por las políticas económicas de los últimos veinte años. Sin embargo, en los términos en que se dio la batalla en la UNAM, los portadores de estas demandas terminaron por crear y encerrarse en ese lugar irreal que Carlos Monsivais llamó “la República de la Huelga”, y al final las murallas de esa construcción no resistieron el impacto del retiro de las autoridades universitarias de su iniciativa sobre el cobro de cuotas, el cambio de rector y un plebiscito donde una mayoría de universitarios (menos grande de lo algunos alegan, pero mayoría al fin), se pronunció por seguir la discusión de los problemas universitarios en un campus ya abierto.
La Universidad y el Universo Mayor.- Como se señaló antes, para entender mejor lo acontecido en la UNAM en el último año, es útil y quizá necesario ir más allá de la UNAM, ir a su entorno, es decir, al resto del país.
En relación a la situación general de México, hay una serie de hechos económicos incontrovertibles y así los muestran las cifras oficiales disponibles. Por un lado, en los últimos veinte años, en México, el crecimiento promedio del ingreso per capita ha sido, tan bajo, que es casi inexistente: apenas un 0.18% anual (Victor Urquidi, “El gran desafío del siglo XXI”, El Mercado de Valores, dic 1999, p. 51) Por otro lado, la distribución de ese ingreso que no crece y que de por sí era mala, se volvió peor para la clase media que va a la universidad a partir del cambio de modelo económico. En 1977, el 50% de los hogares mexicanos más pobres recibió apenas el 16.1% del ingreso disponible y dos decenios más tarde, en 1996 dispuso del 17.7%. Es claro que en la base de la pirámide social mexicana el movimiento hacia la equidad fue igual al aumento de su ingreso real: casi inexistente. En el mismo período, el siguiente cuarenta por ciento --lo que no sin dificultad puede llamarse la clase media-- pasó de recibir el 47.1% del ingreso a sólo el 43.3%, es decir, no mejoró sino que empeoró. La clase alta, ese 10% superior, ganó poco pero ganó, pues de disponer del 36.7% del ingreso pasó al 39.1%; para ella los tiempos malos no fueron tan malos (tomado de Fernando Cortes, “Más de treinta años de desigualdad en México” en prensa).
Las cifras anteriores nos permiten suponer que en los últimos dos decenios aquellos sectores sociales que envían a sus hijos a las universidades públicas, y que son básicamente los que están en el medio de la pirámide social, vivieron un deterioro de su posición relativa y, sobre todo, una pérdida de expectativas. De lo anterior resulta que los estudiantes universitarios en huelga “pertenecen a una generación marcada por la desconfianza [y en donde]... predomina el resentimiento social. Desde luego, una de las inquietudes más legítimas de este grupo es la de cuestionar las estructuras de poder y de gobierno, las existentes en la Universidad y en el resto del país, en su casa y su familia” (Moreno y Amador, obra citada, p.49).
El resentimiento y el cuestionamiento no son sólo motivados por lo que han vivido un grupo muy numeroso de estudiantes y sus familias, sino también por el hecho de que por la naturaleza del dinamismo (o falta de) y las características de la economía mexicana globalizada, las expectativas no son buenas para una buena parte de los egresados de la UNAM y otras universidades públicas. Cada vez más se percibe la relación positiva entre oportunidades de empleo y títulos de las universidades privadas de élite. Moreno y Amador resumen bien esta situación en un pie de página y citando a Ricardo Pozas: "En ingeniería un muchacho me dijo...`y bueno, con doctorado o sin doctorado, con licenciatura o sin licenciatura voy a ser desempleado´. Lo que se juega es una condición de futuro”, (p. 24). Para él, la educación ya no le asegura movilidad social ascendente.
La bandera inicial del los estudiantes para justificar su inconformidad fue su rechazo a la forma como se decretó el Reglamento General de Pagos. Desde su perspectiva, se trató de una forma autoritaria, desde arriba y sin consulta. De ahí se pasó a la exigencia incondicional de que rectoría aceptara sus seis puntos, etcétera. Sin embargo, detrás de esa serie de puntos formales, está algo que va más allá del conflicto universitario: un gran disgusto y desilusión con la forma como se ha conducido al país en los últimos años. Y lo anterior se expresa lo mismo en el lenguaje intransigente y lleno de exabruptos, que en la desconfianza y rechazo a los partidos y su sistema, en el poco o nulo valor a los avances de la supuesta transición democrática y en la búsqueda de relación con esos elementos “extrauniversitarios” que para ellos son los portadores de las auténticas demandas populares: los movimientos sociales.
El “Estado de Derecho”.- El uso de la policía y la ley para acabar con la huelga de los estudiantes, se basa en una supuesta e impecable aplicación del “Estado de Derecho”. Sin embargo, los estudiantes como el resto del país saben muy bien que en México las instituciones legales están muy desgastadas por una corrupción endémica y omnipresente y que en México y desde siempre, la ley se ha aplicado discrecionalmente, sobre todo en asuntos políticos. Todo el lenguaje legal que se ha empleado contra los detenidos (y los que aún puedan detenerse), suena falso. Mientras a ciertos los líderes del CGH se les niega la libertad bajo fianza porque una juez los considera elementos “peligrosos sociales” no obstante que la policía no encontró ningún arma en todo el espacio universitario que ocupó el domingo, a aquellos banqueros y financieros que hicieron trampas millonarias y cuyo costo se ha cargado sobre toda la sociedad por la vía del FOBAPROA y el IPAB (más de 70 mil millones de dólares) --esos si un verdadero peligro social-- no solamente no se les han llevado ante un juez, sino que ni siquiera se conocen sus nombres porque el gobierno y ciertos partidos políticos decidieron usar el pretexto del “secreto bancario” para protegerlos, para darles impunidad. En suma, y éste es un problema fundamental, la base moral para aplicar el “peso de la ley” a la dirigencia del CGH simplemente no existe.
Finalmente, el Problema Persiste.- Difícil tarea es rehacer una universidad hoy herida para que conjugue acceso y alta calidad, pero más difícil es darle una respuesta constructiva a un grupo de jóvenes muy seguro de sus razones y que ha visto confirmadas su desconfianza, sus motivos para afilar su resentimiento social y su rechazo a una autoridad a la que considera ilegítima y vengativa. Ojalá toda la energía mostrada por el CGH se lograra canalizar por la vía de la política abierta dentro y fuera del campus y en los movimientos sociales en los que los activistas empiezan a insertarse, pues lo peor sería que los hoy derrotados decidieran, ahora si, transitar por las vías ocultas y realmente destructivas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario