Lorenzo Meyer
La Justificación.- “Estado de Derecho” (ED) es hoy el concepto clave con el que la autoridad federal justifica su acción de fuerza en el conflicto que se inició hace un año y que desembocó en una huelga de casi diez meses que paralizó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde el poder se argumenta que se debió emplear la fuerza contra un grupo de estudiantes radicalizados para preservar el ED. Después de todo, el ED es la clave misma de la convivencia civilizada en cualquier sociedad moderna; si se pierde, se señala y no sin razón, se abre la puerta a su antítesis, el temible “Estado de Naturaleza”, es decir, el de todos contra todos, donde el hombre se convierta en “el lobo del hombre” y la razón de la fuerza sustituye a la fuerza de la razón. Pero antes de aceptar ese argumento, que parece válido, hay que estar seguros de que en México efectivamente existe el ED.
No es necesario volver sobre los datos, salvo los esenciales, pues a estas alturas todos saben que la modificación hace un año del viejo reglamento de pagos de la UNAM dio origen a una protesta que culminó en un paro estudiantil y en la toma de las instalaciones de la institución por un Consejo General de Huelga (CGH), en cuyo apoyo acudieron organizaciones sociales conocidas por su radicalismo y, con menor fortuna, un partido político: el PRD, que pronto fue rebasado por la intensidad del conflicto. En medio de negociaciones interminables e infructuosas y de una creciente cerrazón y encono de las partes, el motivo de la disputa dejó de ser el original --el aumento de las cuotas, pase automático, etc.-- y la intransigencia de los huelguistas se alimentó de razones muy anteriores, más profundas y cuyo origen esta fuera del campus: el resentimiento social y la frustración ante las desalentadoras perspectivas económicas que los jóvenes de las capas populares y medias tienen hoy frente a sí.
Tras casi diez meses de huelga y con la intensificación de la gran disputa nacional por el poder que implican las elecciones federales de este año, la prolongación de la toma del campus de la UNAM por la insurgencia universitaria resultó intolerable no sólo para una parte de la sociedad --la que deseaba que sus hijos retornaran al salón de clase--, sino sobre todo para la estructura global de autoridad (gobierno, empresarios e iglesia). Tras no encontrar eco entre los paristas la suspensión del reglamento de pagos, el cambio de rector y la oferta de un congreso universitario, el gobierno federal decidió usar la política del poder y poner punto final a la toma del campus, detener a 998 estudiantes y, finalmente, proceder a la formal prisión de 261 de ellos. Estas acciones no se justificaron en términos políticos sino legales: la necedad de los paristas y la necesidad social de mantener el ED. Pero, ¿la defensa del ED es algo que normalmente haya guiado la conducta de la élite del poder en México?.
Definición.- Para responder a esta interrogante, hay que saber primero de que sé está hablando, hay que intentar una definición de ED, un término tan caro al constitucionalismo moderno y, ahora también a las autoridades mexicanas. Las definiciones pueden ser varias, pero es suficiente una proveniente de la ciencia política, la de Norberto Bobbio. Según el profesor italiano, ED es: “el ideal del estado limitado por el derecho, cuyos poderes actúan en el ámbito del derecho y cuya legitimidad depende del hecho de que su acción se desarrolla dentro de los límites de reglas preconstituidas [es decir, constitucionales], (Diccionario de política, V. 1, México: Siglo XXI, 1988, p. 514).
El elemento central del Estado es la fuerza, pero para que también sea uno de derecho, su fuerza debe estar guiada y limitada por la ley. Así, en la definición de Bobbio, destacan dos elementos. Uno es justamente que el Estado moderno tiene a la ley como límite absoluto; ninguna de sus acciones debe transgredir el marco legal que el soberano --en este caso el pueblo-- se ha dado a sí mismo y que está plasmado en la constitución, de lo contrario no sólo se pierde la legalidad de la acción sino la legitimidad. El otro punto es que el ED es un “ideal”, es decir, algo que no corresponde a la realidad pero a lo que todo Estado moderno debe intentar aproximarse.
Históricamente, incluso en las sociedades con los mejores sistemas de justicia y gobierno, de tarde en tarde el poder salta las trancas de la legalidad. Para nuestras consideraciones son suficientes algunos ejemplos recientes. Uno serían los casos documentados de violencia extrema, ilegal, de los soldados y policías británicos en lucha contra el Ejército Republicano Irlandés o los ataques planeados por los servicios de seguridad españoles contra supuestos miembros de la organización terrorista ETA. En Estados Unidos, la negación, por mucho tiempo, de los derechos políticos de las minorías étnicas o las acciones encubiertas ordenadas por los presidentes Richard Nixon y Ronald Reagan y puestas al descubierto al estallar los escándalos de Watergate o el de Irán-Contras, son otros tantos ejemplos de la ilegalidad de las acciones de estados supuestamente muy respetuosos de la legalidad. Sin embargo, el ED se mantiene en Gran Bretaña, España o Estados Unidos, porque las transgresiones no son sistemáticas, lo que no se puede decir del caso de México. Entre nosotros la violación del marco legal por la autoridad no es algo que se sale de la normalidad, sino que, dada su frecuencia, resulta la normalidad.
Constituciones Veneradas Pero No Observadas.- Desde su nacimiento como estado nacional, México tuvo un grave problema de legalidad. La Constitución de 1824 sólo parcialmente fue efectiva y para 1835 ya era historia. Tras el caos político que siguió a la independencia, y después de mucha sangre derramada, la facción liberal impuso a la joven nación la Constitución de 1857. En su ensayo sobre ese documento, Daniel Cosío Villegas mostró como la carta fundamental fue, desde el inicio, atacada, medianamente observada y, finalmente, puesta en un nicho, venerada pero relegada a una realidad virtual pues el país vivía bajo la única ley real: la voluntad del dictador, de Porfirio Díaz (La Constitución de 1857 y sus críticos, México, Clío, 1997).
Legalmente, el siglo XX mexicano se inició con la promulgación de una nueva constitución, la de 1917. Pero de nueva cuenta, ese marco jurídico, en principio democrático e inclinado en favor de la justicia social, nunca fue plenamente observado, pues en la realidad lo que existió fue un sistema político sin división efectiva de poder y dominado enteramente por la cadena sin discontinuidad de: carrancismo-grupo de Sonora-PNR-PRM-PRI. La concentración en el caudillo primero y en el presidente, después de un poder que en la práctica nunca tuvo que dar cuenta de sus actos, dio por resultado la transgresión sistemática de la letra y el espíritu de la ley. Por ello, por no tener vigencia efectiva, una constitución democrática como la del 17, nunca pudo hacer efectivo el sufragio y terminó por servir al partido que por más tiempo monopolizó el poder en el mundo del siglo XX. Una constitución decididamente en favor de las clases mayoritarias, terminó por avalar una concentración notable de la riqueza (el 10% de los mexicanos se queda con el 40% del ingreso mientras el 90% restante se las arregla con el 60%).
Los Ejemplos Cotidianos.- Pero no se necesita ir a la historia para confirmar que en México el poder transgrede de manera sistemática el marco legal, es decir, que niega al ED. Es suficiente con ojear cualquier día la prensa para encontrar pruebas de alguna violación significativa de la legalidad por parte de la autoridad y que queda impune; las violaciones son tantas que resultan sistemáticas. Por ejemplo, el número más reciente de la revista Milenio (Nº 127,14 de febrero) publicó una entrevista de Isabel Arvide con Mario Villanueva, el ex gobernador de Quintana Roo, sospechoso de tener relaciones con el narcotráfico y prófugo de la justicia desde hace casi un año. El texto, aunque corto, arroja alguna luz sobre varias cosas obscuras, la primera es la falta de voluntad del gobierno de capturar a un miembro distinguido del PRI, pues resulta que una autoridad tan eficiente para acabar en un abrir y cerrar de ojos con el movimiento estudiantil de la UNAM no puede hacer lo que una periodista si pudo: localizar al prófugo. En la entrevista; Villanueva, que ahora lee la Biblia mientras espera, se queja de deslealtades dentro de su propia clase política, de la injusticia que se comete al perseguirlo después de que “yo cumplí mi parte, yo hice que ganaran los candidatos del partido [PRI], los que ellos [los del centro] quisieron, yo les di el dinero, les hice la campaña, tenía el control del estado, tengo papeles para probarlo” Después de tal confesión, ¿donde queda la supuesta “sana distancia” entre el “nuevo PRI” y el gobierno, las elecciones libres y en condiciones equitativas?. Luego, en algo que recuerda al ladrón que roba al ladrón, el ex gobernador se lamenta de que su abogado le robara seis millones de dólares, pero ¿de donde sacó quien fuera ex presidente municipal, ex senador y ex gobernador, esa cantidad líquida que obviamente no representa toda su fortuna?. A los estudiantes en prisión se les acusa de asociación delictuosa, motín, lesiones, robo y despojo, según el caso, y no se les permite salir en libertad bajo fianza porque son “peligrosos sociales”; En contraste, el ex gobernador de Morelos, de quien se sospecha desde hace mucho que tiene responsabilidad directa en la construcción del clima de terror que vivió ese estado por la proliferación de bandas de secuestradores, anda en libertad y lo más que le amenaza es un juicio político que le deje impedido por doce años para ocupar un nuevo cargo público (pero ¿es que aún aspira a eso?). ¿Y que decir de la peligrosidad de aquellos banqueros y empresarios que descargaron sus multimillonarios errores o fraudes en el FOBAPROA y los esconden entre los 75 mil millones de dólares que de ser deudas privadas pasaron a ser una deuda pública que hoy maneja el IPAB? Esos hombres del dinero sí que son un peligro social, pero no sólo andan libres sino que el gobierno esconde sus nombres y los protege en nombre del “secreto bancario”. Ya para que hablar de Acteal, “Aguas Blancas”, de la no-investigación de los fraudes a CONASUPO o la no captura de los grandes del narcotráfico.
Legal, Quizá, Legítimo, No.- En México lo que hay no es un ED sino un sistema político, notable por su corrupción, y que desde el inicio ha usado su poder para aplicar discrecionalmente la ley en ese sentido ya clásico de: “para el amigo, gracia y perdón, para el enemigo, todo el peso de la ley”.
Es posible que, como señala la autoridad, algunos miembros del CGH sean responsables de despojo y daños al patrimonio de la UNAM, aunque no de la magnitud de que se habló originalmente. Es también cierto que el 1º de febrero algunos miembros del CGH golpearon con saña en la Preparatoria 3 a sus adversarios, aunque se sospecha que el enfrentamiento mismo pudo haber sido preparado (véanse los datos publicados en Crónica, 14 de febrero). En fin, que si se quiere, hay elementos para usar “todo el rigor de la ley” contra los paristas, pero lo que no se puede argumentar es que ese rigor sea parte de la defensa del ED.Para que la aplicación de la ley además de legal sea legítima, para realmente construir en México el ED --lo que es indispensable--, se debe empezar no con el castigo a unos estudiantes que de manera absurda, dogmática y abusiva, pero abierta y desenfadada, desafiaron al poder, sino con los poderosos mismos. Sólo cuando “el rigor de la ley” se aplique a los grandes defraudadores del IPAB, a los jefes del narcotráfico hoy protegidos por la autoridad, a los responsables de asesinatos políticos colectivos, a los funcionarios enriquecidos “inexplicablemente”, a los que atentaron contra el patrimonio colectivo --todos ellos verdaderos peligrosos sociales--, se podrá justificar el término de Estado de Derecho en México.
No es necesario volver sobre los datos, salvo los esenciales, pues a estas alturas todos saben que la modificación hace un año del viejo reglamento de pagos de la UNAM dio origen a una protesta que culminó en un paro estudiantil y en la toma de las instalaciones de la institución por un Consejo General de Huelga (CGH), en cuyo apoyo acudieron organizaciones sociales conocidas por su radicalismo y, con menor fortuna, un partido político: el PRD, que pronto fue rebasado por la intensidad del conflicto. En medio de negociaciones interminables e infructuosas y de una creciente cerrazón y encono de las partes, el motivo de la disputa dejó de ser el original --el aumento de las cuotas, pase automático, etc.-- y la intransigencia de los huelguistas se alimentó de razones muy anteriores, más profundas y cuyo origen esta fuera del campus: el resentimiento social y la frustración ante las desalentadoras perspectivas económicas que los jóvenes de las capas populares y medias tienen hoy frente a sí.
Tras casi diez meses de huelga y con la intensificación de la gran disputa nacional por el poder que implican las elecciones federales de este año, la prolongación de la toma del campus de la UNAM por la insurgencia universitaria resultó intolerable no sólo para una parte de la sociedad --la que deseaba que sus hijos retornaran al salón de clase--, sino sobre todo para la estructura global de autoridad (gobierno, empresarios e iglesia). Tras no encontrar eco entre los paristas la suspensión del reglamento de pagos, el cambio de rector y la oferta de un congreso universitario, el gobierno federal decidió usar la política del poder y poner punto final a la toma del campus, detener a 998 estudiantes y, finalmente, proceder a la formal prisión de 261 de ellos. Estas acciones no se justificaron en términos políticos sino legales: la necedad de los paristas y la necesidad social de mantener el ED. Pero, ¿la defensa del ED es algo que normalmente haya guiado la conducta de la élite del poder en México?.
Definición.- Para responder a esta interrogante, hay que saber primero de que sé está hablando, hay que intentar una definición de ED, un término tan caro al constitucionalismo moderno y, ahora también a las autoridades mexicanas. Las definiciones pueden ser varias, pero es suficiente una proveniente de la ciencia política, la de Norberto Bobbio. Según el profesor italiano, ED es: “el ideal del estado limitado por el derecho, cuyos poderes actúan en el ámbito del derecho y cuya legitimidad depende del hecho de que su acción se desarrolla dentro de los límites de reglas preconstituidas [es decir, constitucionales], (Diccionario de política, V. 1, México: Siglo XXI, 1988, p. 514).
El elemento central del Estado es la fuerza, pero para que también sea uno de derecho, su fuerza debe estar guiada y limitada por la ley. Así, en la definición de Bobbio, destacan dos elementos. Uno es justamente que el Estado moderno tiene a la ley como límite absoluto; ninguna de sus acciones debe transgredir el marco legal que el soberano --en este caso el pueblo-- se ha dado a sí mismo y que está plasmado en la constitución, de lo contrario no sólo se pierde la legalidad de la acción sino la legitimidad. El otro punto es que el ED es un “ideal”, es decir, algo que no corresponde a la realidad pero a lo que todo Estado moderno debe intentar aproximarse.
Históricamente, incluso en las sociedades con los mejores sistemas de justicia y gobierno, de tarde en tarde el poder salta las trancas de la legalidad. Para nuestras consideraciones son suficientes algunos ejemplos recientes. Uno serían los casos documentados de violencia extrema, ilegal, de los soldados y policías británicos en lucha contra el Ejército Republicano Irlandés o los ataques planeados por los servicios de seguridad españoles contra supuestos miembros de la organización terrorista ETA. En Estados Unidos, la negación, por mucho tiempo, de los derechos políticos de las minorías étnicas o las acciones encubiertas ordenadas por los presidentes Richard Nixon y Ronald Reagan y puestas al descubierto al estallar los escándalos de Watergate o el de Irán-Contras, son otros tantos ejemplos de la ilegalidad de las acciones de estados supuestamente muy respetuosos de la legalidad. Sin embargo, el ED se mantiene en Gran Bretaña, España o Estados Unidos, porque las transgresiones no son sistemáticas, lo que no se puede decir del caso de México. Entre nosotros la violación del marco legal por la autoridad no es algo que se sale de la normalidad, sino que, dada su frecuencia, resulta la normalidad.
Constituciones Veneradas Pero No Observadas.- Desde su nacimiento como estado nacional, México tuvo un grave problema de legalidad. La Constitución de 1824 sólo parcialmente fue efectiva y para 1835 ya era historia. Tras el caos político que siguió a la independencia, y después de mucha sangre derramada, la facción liberal impuso a la joven nación la Constitución de 1857. En su ensayo sobre ese documento, Daniel Cosío Villegas mostró como la carta fundamental fue, desde el inicio, atacada, medianamente observada y, finalmente, puesta en un nicho, venerada pero relegada a una realidad virtual pues el país vivía bajo la única ley real: la voluntad del dictador, de Porfirio Díaz (La Constitución de 1857 y sus críticos, México, Clío, 1997).
Legalmente, el siglo XX mexicano se inició con la promulgación de una nueva constitución, la de 1917. Pero de nueva cuenta, ese marco jurídico, en principio democrático e inclinado en favor de la justicia social, nunca fue plenamente observado, pues en la realidad lo que existió fue un sistema político sin división efectiva de poder y dominado enteramente por la cadena sin discontinuidad de: carrancismo-grupo de Sonora-PNR-PRM-PRI. La concentración en el caudillo primero y en el presidente, después de un poder que en la práctica nunca tuvo que dar cuenta de sus actos, dio por resultado la transgresión sistemática de la letra y el espíritu de la ley. Por ello, por no tener vigencia efectiva, una constitución democrática como la del 17, nunca pudo hacer efectivo el sufragio y terminó por servir al partido que por más tiempo monopolizó el poder en el mundo del siglo XX. Una constitución decididamente en favor de las clases mayoritarias, terminó por avalar una concentración notable de la riqueza (el 10% de los mexicanos se queda con el 40% del ingreso mientras el 90% restante se las arregla con el 60%).
Los Ejemplos Cotidianos.- Pero no se necesita ir a la historia para confirmar que en México el poder transgrede de manera sistemática el marco legal, es decir, que niega al ED. Es suficiente con ojear cualquier día la prensa para encontrar pruebas de alguna violación significativa de la legalidad por parte de la autoridad y que queda impune; las violaciones son tantas que resultan sistemáticas. Por ejemplo, el número más reciente de la revista Milenio (Nº 127,14 de febrero) publicó una entrevista de Isabel Arvide con Mario Villanueva, el ex gobernador de Quintana Roo, sospechoso de tener relaciones con el narcotráfico y prófugo de la justicia desde hace casi un año. El texto, aunque corto, arroja alguna luz sobre varias cosas obscuras, la primera es la falta de voluntad del gobierno de capturar a un miembro distinguido del PRI, pues resulta que una autoridad tan eficiente para acabar en un abrir y cerrar de ojos con el movimiento estudiantil de la UNAM no puede hacer lo que una periodista si pudo: localizar al prófugo. En la entrevista; Villanueva, que ahora lee la Biblia mientras espera, se queja de deslealtades dentro de su propia clase política, de la injusticia que se comete al perseguirlo después de que “yo cumplí mi parte, yo hice que ganaran los candidatos del partido [PRI], los que ellos [los del centro] quisieron, yo les di el dinero, les hice la campaña, tenía el control del estado, tengo papeles para probarlo” Después de tal confesión, ¿donde queda la supuesta “sana distancia” entre el “nuevo PRI” y el gobierno, las elecciones libres y en condiciones equitativas?. Luego, en algo que recuerda al ladrón que roba al ladrón, el ex gobernador se lamenta de que su abogado le robara seis millones de dólares, pero ¿de donde sacó quien fuera ex presidente municipal, ex senador y ex gobernador, esa cantidad líquida que obviamente no representa toda su fortuna?. A los estudiantes en prisión se les acusa de asociación delictuosa, motín, lesiones, robo y despojo, según el caso, y no se les permite salir en libertad bajo fianza porque son “peligrosos sociales”; En contraste, el ex gobernador de Morelos, de quien se sospecha desde hace mucho que tiene responsabilidad directa en la construcción del clima de terror que vivió ese estado por la proliferación de bandas de secuestradores, anda en libertad y lo más que le amenaza es un juicio político que le deje impedido por doce años para ocupar un nuevo cargo público (pero ¿es que aún aspira a eso?). ¿Y que decir de la peligrosidad de aquellos banqueros y empresarios que descargaron sus multimillonarios errores o fraudes en el FOBAPROA y los esconden entre los 75 mil millones de dólares que de ser deudas privadas pasaron a ser una deuda pública que hoy maneja el IPAB? Esos hombres del dinero sí que son un peligro social, pero no sólo andan libres sino que el gobierno esconde sus nombres y los protege en nombre del “secreto bancario”. Ya para que hablar de Acteal, “Aguas Blancas”, de la no-investigación de los fraudes a CONASUPO o la no captura de los grandes del narcotráfico.
Legal, Quizá, Legítimo, No.- En México lo que hay no es un ED sino un sistema político, notable por su corrupción, y que desde el inicio ha usado su poder para aplicar discrecionalmente la ley en ese sentido ya clásico de: “para el amigo, gracia y perdón, para el enemigo, todo el peso de la ley”.
Es posible que, como señala la autoridad, algunos miembros del CGH sean responsables de despojo y daños al patrimonio de la UNAM, aunque no de la magnitud de que se habló originalmente. Es también cierto que el 1º de febrero algunos miembros del CGH golpearon con saña en la Preparatoria 3 a sus adversarios, aunque se sospecha que el enfrentamiento mismo pudo haber sido preparado (véanse los datos publicados en Crónica, 14 de febrero). En fin, que si se quiere, hay elementos para usar “todo el rigor de la ley” contra los paristas, pero lo que no se puede argumentar es que ese rigor sea parte de la defensa del ED.Para que la aplicación de la ley además de legal sea legítima, para realmente construir en México el ED --lo que es indispensable--, se debe empezar no con el castigo a unos estudiantes que de manera absurda, dogmática y abusiva, pero abierta y desenfadada, desafiaron al poder, sino con los poderosos mismos. Sólo cuando “el rigor de la ley” se aplique a los grandes defraudadores del IPAB, a los jefes del narcotráfico hoy protegidos por la autoridad, a los responsables de asesinatos políticos colectivos, a los funcionarios enriquecidos “inexplicablemente”, a los que atentaron contra el patrimonio colectivo --todos ellos verdaderos peligrosos sociales--, se podrá justificar el término de Estado de Derecho en México.
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