Lorenzo meyer
Sin Novedades en Varios Frentes.- Al revisar los informes del Poder Ejecutivo al Congreso a lo largo de casi dos siglos, se comprueba, claro, el paso de los años. Sin embargo, lo que finalmente llama la atención no es lo que fue y ya se ha ido sino lo que permanece, las continuidades. Si se examinan los informes del siglo XIX, no tardan en saltar temas muy conocidos, y que van desde los problemas de la justicia, la relación con los indígenas o la pobreza del erario. Desde esa óptica, en el frente de la cosa pública lo notorio no son las novedades sino la falta de ellas.
Los Derechos Conculcados.- Lo que se puede considerar como el primer informe del Ejecutivo en México es un discurso de Agustín de Iturbide al instalar la Junta Gubernativa el 28 de septiembre de 1821. Ahí el militar realista convertido en artífice de la independencia, señaló que la razón de esta última no fue otra que reintegrar a plenitud los derechos naturales conculcados al pueblo americano.
Han pasado 180 años desde ese septiembre y nadie con un sentido adecuado de la realidad puede afirmar que realmente ya se le hayan reintegrado sus “derechos naturales” al pueblo mexicano. Hasta el día de hoy, ninguno de los esquemas constitucionales ensayados por los mexicanos ha visto cumplidas la letra de su contenido y menos, mucho menos, su espíritu.
Ya Vicente Fox y los suyos sacaron al PRI del gobierno, como se lo propusieron, pero hasta el momento ese cambio no ha significado que se haya restituido por fin en México el sentido sustantivo de la justicia, un sentido que la clase política secuestró casi desde el principio de la vida independiente. Todavía no se ha puesto ante el juez, ni hay indicios de que se vayan a poner, a los grandes conculcadores de los derechos de los ciudadanos. En efecto, no han sido llamados a rendir cuentas los traficantes de influencias, los que ordenaron la represión y desaparición de opositores, los torturadores, los que alteraron sin pudor los resultados electorales, los ex presidentes y ex gobernadores que saquearon al erario, los jueces venales, los banqueros y empresarios que echaron sobre los hombros del contribuyente el pago de créditos fraudulentos por cantidades fantásticas. En ese frente, en el viejo frente de la rendición de cuentas, seguimos sin tener novedades.
El “Espíritu de Partido”.- El antiguo insurgente, el general Guadalupe Victoria (José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix), fue el primer presidente de México, y por largo tiempo el único, que pudo concluir su mandato (1824-1829) gracias a que contó con los recursos de los préstamos ingleses.
En su discurso al cierre de las sesiones del Congreso Constituyente, el 24 de diciembre de 1824, optimista, Victoria se congratuló por el hecho de que finalmente hubieran pasado “aquellos aciagos días en que el choque de la opiniones y el espíritu de partido habían aflojado los lazos de la fraternidad y la armonía” ¡Qué ingenuidad la del primer presidente!, el llamado “espíritu de partido”, es decir la lucha abierta, sin cuartel, a muerte entre insurgentes y realistas primero y apenas un poco menos violenta entre monarquistas y republicanos después, no había terminado en 1824, en realidad apenas empezaba. A lo largo de casi todo el siglo XIX, México fue un país donde campeó el “espíritu de partido”, es decir, la división y la guerra civil. Tras el breve respiro del porfiriato, la lucha retornó con toda su violencia a partir de 1910. Luego, ese “espíritu de partido” revolucionario se transformó en un monopolio de partido que excluyó las alternativas.
En la actualidad, el advenimiento de la democracia permite que tirios y troyanos compartan el espacio legislativo y que la lucha política sea básicamente mediante botos y no balas. Y sin embargo, hay quienes aún se sienten excluidos –EZLN, EPR, ERPI, entre otros--, víctimas de un gran agravio histórico, y algunos alimentan un enorme resentimiento social que, desafortunadamente, tiene bases objetivas. Estos mexicanos consideran que sólo las armas permiten a los marginados jugar un papel y hacerse oír, pues el tripartidismo que domina la escena política mexicana es un simple marco creado por las oligarquías partidistas para que jueguen los que siempre han ganado, para que se mantenga la impunidad y para que México siga dividido entre los pocos con mucho y los muchos con muy poco.
Centro y Periferia.- Casi al final de su mandato, el 10 de enero de 1829, el propio Victoria, en su discurso al abrir las sesiones ordinarias del Congreso General, tuvo que admitir que el choque de intereses continuaba sin abatirse y que uno de los asuntos más difíciles de resolver era la falta de armonía entre el centro y los estados de la federación, es decir, el regionalismo.
Las épocas de inestabilidad en los dos siglos pasados dieron a los estados y a las regiones la posibilidad de una cierta autonomía relativa. En contraste, las épocas de estabilidad han significado el predominio aplastante y autoritario del gobierno federal sobre los estados. Hoy, con el inicio de la democracia, el tema se ha vuelto a plantear. En los gobiernos estatales se refleja ya la realidad del pluralismo político mexicano, pero en la cultura política local aún se refleja el resentimiento acumulado contra el centro, y el resultado es una tensión en las relaciones actuales entre el interés general y el de las sociedades locales. El largo sometimiento de los intereses locales a los centrales al estilo del porfiriato o del PRI, es ya cosa casi pasada, pero ahora hay que encontrar lo que siempre nos ha eludido: una solidaridad auténtica, aceptada en la base social, que lleve sin problema a que las regiones –y las clases—más prósperas asuman como parte de su responsabilidad nacional que los ingresos federales se repartan cada vez más según las reglas de la equidad y no del mercado.
En ese mismo encuentro del 10 de enero de 1829 entre el presidente Victoria y los legisladores, el presidente subrayó que las rentas federales habían quedado en un “descubierto” y que ahí estaba uno de los grandes problemas a resolver. Y si Victoria tuvo problemas en ese campo, sus sucesores los tuvieron multiplicados, pues al inicio de los años treinta del siglo XIX se habían agotados los préstamos externos --el gobierno se declaró imposibilitado de pagar su deuda-- y tuvo que recurrir a los agiotistas a pesar de que le prestaban a tasas exorbitantes, y debió comprometer con ellos los ingresos de las aduanas y los monopolios públicos, como el del Tabaco. La confiscación de los bienes de la Iglesia Católica no resolvió el problema de un erario que apenas si tenía para mal pagar a su burocracia y a un ejército que era un barril sin fondo.
Lo que el presidente Victoria les dijo a los legisladores en 1829 fue que debían dar “preferente atención” a los problemas fiscales, pues de mantenerse las tendencias a la escasez de recursos para atender la cosa pública, los males de la república iban a aumentar. Quienes en el 2001 debieron redactar el informe que va a leer ante los congresistas el presidente, hubieran podido tomar esa parte del discurso de Victoria y de seguro que pocos hubieran notado que las frases alusivas eran de hace 172 años, pues suenan tan actuales hoy como en 1829.
Peculado y Pasado.- El 1° de julio de 1844 el general Antonio López de Santa Anna, al abrir el segundo período de sesiones del Congreso, apenas si leyó dos cuartillas, pero fueron suficientes para advertir que el problema central era el arreglo de las fuentes de ingresos del erario, pues si no se lograba poner en orden a la hacienda pública, entonces serían afectados los “verdaderos cimientos de la paz interior”. Las razones del mal hoy pueden ser diferentes a las esgrimidas por Santa Anna en vísperas de la guerra con Estados Unidos, pero la conclusión puede ser la misma: si las rentas públicas no dan para hacer frente como se debe a las obligaciones del Estado –en las áreas del gasto social en la actualidad— los cimientos de la convivencia entre los mexicanos se van a seguir debilitándose.
En su discurso de hace 157 años, Santa Anna buscó una causa para explicar el mal estado de las finanzas estatales y la encontró en “un desorden antiguo multiplicado por una situación siempre vacilante y movediza”. Y según el caudillo veracruzano, ese desorden arrancó con la guerra de independencia, ya que el gobierno español, a causa de tal emergencia, “facilitó un espantoso peculado, y cuando su mira fué tener defensores que le ayudasen, cerró los ojos á cualquier otra especie de abusos y desordenes” No es difícil argumentar que la mala situación del erario actual, se puede explicar por la evasión y otros factores, pero también por la enorme carga que implica la deuda externa, la deuda bancaria o la de las carreteras, que tienen su origen en un “desorden antiguo” y en un “espantoso peculado”.
El Problema Indígena.- En su discurso del 1° de enero de 1851 en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el general José Joaquín de Herrera, subrayó el hecho de que si bien había concluido la guerra con los Estados Unidos, México seguía en una “especie de guerra” consigo mismo. Esta lucha era motivada por el estado que guardaba “la situación de las razas pobladoras de la República”, una situación que de tan peligrosa podía desembocar en “su destrucción final, á saber: la guerra de castas”.
Herrera tenía razón en el diagnóstico: a la llamada “guerra de castas” que azotaba a un Yucatán “á punto de perecer”, había que agregarle “la guerra de los indios salvajes de la frontera del Norte” más las sublevaciones indígenas en Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, es decir, las de la Sierra Gorda. Para aplacar a los sublevados del centro del país y poner punto final a la “depredación y carnicería”, Herrera consideró necesario no sólo usar la fuerza sino dar algo a los que nada tenían y que justamente por carecer de tierras u otras propiedades, estaban “prontos al mal”.
El diagnóstico de Herrera fue muy decimonónico pero no era falso: las sublevaciones eran producto de la mala distribución de la propiedad. La lección, sin embargo, no se aprendió o no se quiso aprender entonces ni hoy, y por tanto seguimos enfrentando un problema que debió resolverse hace mucho.
Criminalidad y Justicia.- El 16 de septiembre de 1869, en la apertura del primer período del primer año de sesiones ordinarias del 5° Congreso Constitucional, el presidente Benito Juárez se congratuló de que su gobierno hubiera enfrentado con éxito varias sublevaciones, en particular en Tamaulipas, y que los “espíritus inquietos” hubieran sido rechazados por “la opinión general”. México disfrutaba ya “del bien inestimable de la paz”. Sin embargo, el presidente debió lamentar que siguieran activos otro tipo de “espíritus inquietos” menos politizados pero más arraigados: los ladrones y plagiarios, que eran el azote del México de entonces y que siguen siéndolo del actual.
Juárez finalmente murió, y por las malas y las buenas el general Porfirio Díaz finalmente se hizo del poder. Al asistir once años más tarde a la misma sesión de apertura del congreso –ésta vez el décimo—, Díaz ya pudo dedicar un buen espacio de su informe a la obra constructiva –sobre todo a las comunicaciones— pero también debió de reconocer que persistía el problema de la inseguridad y del crimen. Justamente por ello, el caudillo oaxaqueño se refirió a la necesidad de mejorar la justicia “para que vaya acercándose a lo que debe ser” y, por otro lado, propuso que se construyera una nueva penitenciaría en el Estado de México –esa vez en Tepotzotlán, no en Almoloya--, y que se siguiera con la tarea ya iniciada de reorganizar a la policía montada y dar un nuevo reglamento y mejorar la disciplina de “las fuerzas rurales”, es decir, de los antecesores de la Policía Federal Preventiva.
En Suma.- Ha pasado mucho tiempo desde que se colocó a los problemas mencionados en la lista de las prioridades nacionales, pero ni la justicia ni la policía se acercan todavía “a lo que deben ser”, el problema indígena persiste, lo mismo que el “espíritu de partido” (el oponente como enemigo a destruir), la rebelión como forma de hacer política no ha desaparecido, la hacienda pública sigue siendo un desastre y la inseguridad y la criminalidad puntean la vida mexicana. Las elecciones del 2000 se ganaron con el lema de “cambio”, es pues necesario demandar ese cambio y que los futuros informes presidenciales den novedades, no continuidades.
Los Derechos Conculcados.- Lo que se puede considerar como el primer informe del Ejecutivo en México es un discurso de Agustín de Iturbide al instalar la Junta Gubernativa el 28 de septiembre de 1821. Ahí el militar realista convertido en artífice de la independencia, señaló que la razón de esta última no fue otra que reintegrar a plenitud los derechos naturales conculcados al pueblo americano.
Han pasado 180 años desde ese septiembre y nadie con un sentido adecuado de la realidad puede afirmar que realmente ya se le hayan reintegrado sus “derechos naturales” al pueblo mexicano. Hasta el día de hoy, ninguno de los esquemas constitucionales ensayados por los mexicanos ha visto cumplidas la letra de su contenido y menos, mucho menos, su espíritu.
Ya Vicente Fox y los suyos sacaron al PRI del gobierno, como se lo propusieron, pero hasta el momento ese cambio no ha significado que se haya restituido por fin en México el sentido sustantivo de la justicia, un sentido que la clase política secuestró casi desde el principio de la vida independiente. Todavía no se ha puesto ante el juez, ni hay indicios de que se vayan a poner, a los grandes conculcadores de los derechos de los ciudadanos. En efecto, no han sido llamados a rendir cuentas los traficantes de influencias, los que ordenaron la represión y desaparición de opositores, los torturadores, los que alteraron sin pudor los resultados electorales, los ex presidentes y ex gobernadores que saquearon al erario, los jueces venales, los banqueros y empresarios que echaron sobre los hombros del contribuyente el pago de créditos fraudulentos por cantidades fantásticas. En ese frente, en el viejo frente de la rendición de cuentas, seguimos sin tener novedades.
El “Espíritu de Partido”.- El antiguo insurgente, el general Guadalupe Victoria (José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix), fue el primer presidente de México, y por largo tiempo el único, que pudo concluir su mandato (1824-1829) gracias a que contó con los recursos de los préstamos ingleses.
En su discurso al cierre de las sesiones del Congreso Constituyente, el 24 de diciembre de 1824, optimista, Victoria se congratuló por el hecho de que finalmente hubieran pasado “aquellos aciagos días en que el choque de la opiniones y el espíritu de partido habían aflojado los lazos de la fraternidad y la armonía” ¡Qué ingenuidad la del primer presidente!, el llamado “espíritu de partido”, es decir la lucha abierta, sin cuartel, a muerte entre insurgentes y realistas primero y apenas un poco menos violenta entre monarquistas y republicanos después, no había terminado en 1824, en realidad apenas empezaba. A lo largo de casi todo el siglo XIX, México fue un país donde campeó el “espíritu de partido”, es decir, la división y la guerra civil. Tras el breve respiro del porfiriato, la lucha retornó con toda su violencia a partir de 1910. Luego, ese “espíritu de partido” revolucionario se transformó en un monopolio de partido que excluyó las alternativas.
En la actualidad, el advenimiento de la democracia permite que tirios y troyanos compartan el espacio legislativo y que la lucha política sea básicamente mediante botos y no balas. Y sin embargo, hay quienes aún se sienten excluidos –EZLN, EPR, ERPI, entre otros--, víctimas de un gran agravio histórico, y algunos alimentan un enorme resentimiento social que, desafortunadamente, tiene bases objetivas. Estos mexicanos consideran que sólo las armas permiten a los marginados jugar un papel y hacerse oír, pues el tripartidismo que domina la escena política mexicana es un simple marco creado por las oligarquías partidistas para que jueguen los que siempre han ganado, para que se mantenga la impunidad y para que México siga dividido entre los pocos con mucho y los muchos con muy poco.
Centro y Periferia.- Casi al final de su mandato, el 10 de enero de 1829, el propio Victoria, en su discurso al abrir las sesiones ordinarias del Congreso General, tuvo que admitir que el choque de intereses continuaba sin abatirse y que uno de los asuntos más difíciles de resolver era la falta de armonía entre el centro y los estados de la federación, es decir, el regionalismo.
Las épocas de inestabilidad en los dos siglos pasados dieron a los estados y a las regiones la posibilidad de una cierta autonomía relativa. En contraste, las épocas de estabilidad han significado el predominio aplastante y autoritario del gobierno federal sobre los estados. Hoy, con el inicio de la democracia, el tema se ha vuelto a plantear. En los gobiernos estatales se refleja ya la realidad del pluralismo político mexicano, pero en la cultura política local aún se refleja el resentimiento acumulado contra el centro, y el resultado es una tensión en las relaciones actuales entre el interés general y el de las sociedades locales. El largo sometimiento de los intereses locales a los centrales al estilo del porfiriato o del PRI, es ya cosa casi pasada, pero ahora hay que encontrar lo que siempre nos ha eludido: una solidaridad auténtica, aceptada en la base social, que lleve sin problema a que las regiones –y las clases—más prósperas asuman como parte de su responsabilidad nacional que los ingresos federales se repartan cada vez más según las reglas de la equidad y no del mercado.
En ese mismo encuentro del 10 de enero de 1829 entre el presidente Victoria y los legisladores, el presidente subrayó que las rentas federales habían quedado en un “descubierto” y que ahí estaba uno de los grandes problemas a resolver. Y si Victoria tuvo problemas en ese campo, sus sucesores los tuvieron multiplicados, pues al inicio de los años treinta del siglo XIX se habían agotados los préstamos externos --el gobierno se declaró imposibilitado de pagar su deuda-- y tuvo que recurrir a los agiotistas a pesar de que le prestaban a tasas exorbitantes, y debió comprometer con ellos los ingresos de las aduanas y los monopolios públicos, como el del Tabaco. La confiscación de los bienes de la Iglesia Católica no resolvió el problema de un erario que apenas si tenía para mal pagar a su burocracia y a un ejército que era un barril sin fondo.
Lo que el presidente Victoria les dijo a los legisladores en 1829 fue que debían dar “preferente atención” a los problemas fiscales, pues de mantenerse las tendencias a la escasez de recursos para atender la cosa pública, los males de la república iban a aumentar. Quienes en el 2001 debieron redactar el informe que va a leer ante los congresistas el presidente, hubieran podido tomar esa parte del discurso de Victoria y de seguro que pocos hubieran notado que las frases alusivas eran de hace 172 años, pues suenan tan actuales hoy como en 1829.
Peculado y Pasado.- El 1° de julio de 1844 el general Antonio López de Santa Anna, al abrir el segundo período de sesiones del Congreso, apenas si leyó dos cuartillas, pero fueron suficientes para advertir que el problema central era el arreglo de las fuentes de ingresos del erario, pues si no se lograba poner en orden a la hacienda pública, entonces serían afectados los “verdaderos cimientos de la paz interior”. Las razones del mal hoy pueden ser diferentes a las esgrimidas por Santa Anna en vísperas de la guerra con Estados Unidos, pero la conclusión puede ser la misma: si las rentas públicas no dan para hacer frente como se debe a las obligaciones del Estado –en las áreas del gasto social en la actualidad— los cimientos de la convivencia entre los mexicanos se van a seguir debilitándose.
En su discurso de hace 157 años, Santa Anna buscó una causa para explicar el mal estado de las finanzas estatales y la encontró en “un desorden antiguo multiplicado por una situación siempre vacilante y movediza”. Y según el caudillo veracruzano, ese desorden arrancó con la guerra de independencia, ya que el gobierno español, a causa de tal emergencia, “facilitó un espantoso peculado, y cuando su mira fué tener defensores que le ayudasen, cerró los ojos á cualquier otra especie de abusos y desordenes” No es difícil argumentar que la mala situación del erario actual, se puede explicar por la evasión y otros factores, pero también por la enorme carga que implica la deuda externa, la deuda bancaria o la de las carreteras, que tienen su origen en un “desorden antiguo” y en un “espantoso peculado”.
El Problema Indígena.- En su discurso del 1° de enero de 1851 en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el general José Joaquín de Herrera, subrayó el hecho de que si bien había concluido la guerra con los Estados Unidos, México seguía en una “especie de guerra” consigo mismo. Esta lucha era motivada por el estado que guardaba “la situación de las razas pobladoras de la República”, una situación que de tan peligrosa podía desembocar en “su destrucción final, á saber: la guerra de castas”.
Herrera tenía razón en el diagnóstico: a la llamada “guerra de castas” que azotaba a un Yucatán “á punto de perecer”, había que agregarle “la guerra de los indios salvajes de la frontera del Norte” más las sublevaciones indígenas en Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, es decir, las de la Sierra Gorda. Para aplacar a los sublevados del centro del país y poner punto final a la “depredación y carnicería”, Herrera consideró necesario no sólo usar la fuerza sino dar algo a los que nada tenían y que justamente por carecer de tierras u otras propiedades, estaban “prontos al mal”.
El diagnóstico de Herrera fue muy decimonónico pero no era falso: las sublevaciones eran producto de la mala distribución de la propiedad. La lección, sin embargo, no se aprendió o no se quiso aprender entonces ni hoy, y por tanto seguimos enfrentando un problema que debió resolverse hace mucho.
Criminalidad y Justicia.- El 16 de septiembre de 1869, en la apertura del primer período del primer año de sesiones ordinarias del 5° Congreso Constitucional, el presidente Benito Juárez se congratuló de que su gobierno hubiera enfrentado con éxito varias sublevaciones, en particular en Tamaulipas, y que los “espíritus inquietos” hubieran sido rechazados por “la opinión general”. México disfrutaba ya “del bien inestimable de la paz”. Sin embargo, el presidente debió lamentar que siguieran activos otro tipo de “espíritus inquietos” menos politizados pero más arraigados: los ladrones y plagiarios, que eran el azote del México de entonces y que siguen siéndolo del actual.
Juárez finalmente murió, y por las malas y las buenas el general Porfirio Díaz finalmente se hizo del poder. Al asistir once años más tarde a la misma sesión de apertura del congreso –ésta vez el décimo—, Díaz ya pudo dedicar un buen espacio de su informe a la obra constructiva –sobre todo a las comunicaciones— pero también debió de reconocer que persistía el problema de la inseguridad y del crimen. Justamente por ello, el caudillo oaxaqueño se refirió a la necesidad de mejorar la justicia “para que vaya acercándose a lo que debe ser” y, por otro lado, propuso que se construyera una nueva penitenciaría en el Estado de México –esa vez en Tepotzotlán, no en Almoloya--, y que se siguiera con la tarea ya iniciada de reorganizar a la policía montada y dar un nuevo reglamento y mejorar la disciplina de “las fuerzas rurales”, es decir, de los antecesores de la Policía Federal Preventiva.
En Suma.- Ha pasado mucho tiempo desde que se colocó a los problemas mencionados en la lista de las prioridades nacionales, pero ni la justicia ni la policía se acercan todavía “a lo que deben ser”, el problema indígena persiste, lo mismo que el “espíritu de partido” (el oponente como enemigo a destruir), la rebelión como forma de hacer política no ha desaparecido, la hacienda pública sigue siendo un desastre y la inseguridad y la criminalidad puntean la vida mexicana. Las elecciones del 2000 se ganaron con el lema de “cambio”, es pues necesario demandar ese cambio y que los futuros informes presidenciales den novedades, no continuidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario