Lorenzo Meyer
Objetivo.- Al llegar a Francia, primera etapa de su gira por Europa, el presidente electo de México, Vicente Fox, se apresuró a declarar su “voluntad absoluta y total” de lograr la pacificación de Chiapas, y aseguró a la prensa española que el mismo 1° de diciembre, cuando asuma el mando, enviará al Congreso una iniciativa para Chiapas basada en la aceptación de “la totalidad” de los Acuerdos de San Andrés de 1996. Se tratan estos últimos del texto negociado por los representantes del Estado mexicano, a través de sus tres poderes, y los rebeldes chiapanecos pero que, al final, el gobierno federal decidió no apoyar y sí, en cambio, modificar unilateralmente mediante una iniciativa presidencial, lo que desde entonces alejó a los insurgentes de la mesa de las negociaciones.
Las afirmaciones anteriores las hizo Vicente Fox como parte de un esfuerzo por presentar a la democracia mexicana como un hecho definitivo y calificarla de “rápida” y “tersa”. A su vez, ese esfuerzo es parte de un proyecto por convencer a la opinión pública de Europa que, en el largo plazo, el acuerdo de libre comercio que acaba de suscribir la Unión Europea con nuestro país tiene el potencial de convertirse en un instrumento tan importante como el que hoy enmarca la intensa relación económica que tiene México con sus dos grandes socios y vecinos del norte: el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (Reforma y Milenio Diario,1° de octubre y El País, 2 de octubre).
El objetivo del presidente electo es claro: para que la economía mexicana crezca al ritmo que él ha propuesto --siete por ciento anual—, se puedan crear los 1.35 millones anuales de empleos prometidos y, en el largo plazo, se logre una disminución relativa de la enorme dependencia de México frente a Estados Unidos, hay que recurrir al capital y al mercado europeos. Sin embargo, para que se genere en los inversionistas de aquel lado del Atlántico confianza y entusiasmo sobre el futuro mexicano, es indispensable, entre otras cosas, que se resuelva ya y en buenos términos, el conflicto social y político mexicano más conocido en Europa: el de Chiapas, que a ojos de los europeos, es indicador de injusticia, corrupción e ingobernabilidad.
Existen, desde luego, razones históricas y éticas suficientes para que el gobierno que está por iniciarse se decida a hacer rápido y bien lo que Ernesto Zedillo y el PRI no quisieron o pudieron hacer en relación a Chiapas y a las demandas indígenas. Sin embargo, si esas razones internas sustantivas no fueran de suficiente peso en los círculos del poder por venir, entonces están las razones prácticas que un gobierno de naturaleza empresarial y panista puede y debe entender. En efecto, para que los inversionistas europeos –los norteamericanos tienen un comportamiento diferente pues confían la defensa de sus intereses a su propio poder-- se decidan a comprometerse con nuestro futuro en proyectos de gran aliento, se requiere de un entorno político y social predecible, seguro y donde impere el estado de Derecho. Ninguna de estas condiciones será enteramente posible en México mientras subsista la declaración de guerra que hiciera el 1° de enero de 1994 el pequeño Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al gobierno y al ejército federales.
Desde luego que se puede argumentar que en España la ETA mantiene una lucha brutal y sin cuartel contra el Estado Español y no por ello los grandes inversionistas han perdido la confianza en ese país. Cierto, pero la actividad de ETA hoy ya no es tomada como legítima por el resto del mundo ni como un indicador de ausencia de democracia en España o de fallas serias en el estado de Derecho. La consolidación de la democracia española es un hecho incuestionable, pero ese no es aún, ni de lejos, el caso mexicano. Nuestra recién adquirida condición de país democrático aún tiene que pasar la prueba del tiempo. Y para que el tiempo democrático de México transcurra bien, se requiere que el de Chiapas no siga siendo tiempo de rebeliones, del ejército, retenes, prisioneros, paramilitares, incursiones, violencia y pobreza.
Por casi cuatro años ya, el levantamiento chiapaneco --que desde su origen no fue un problema local sino de la nación toda--, ha permanecido en un limbo político. Sí el nuevo gobierno continuase enfocando el asunto chiapaneco como hasta hoy lo ha hecho el gobierno de Ernesto Zedillo, entonces correría el riesgo de dilapidar parte de su principal activo político –su legitimidad y credibilidad tanto externa como interna -- y, lo que es mucho más importante, ahondaría las ya de por sí peligrosas divisiones que caracterizan a la sociedad mexicana.
El Diagnóstico. Hace unos días tuvo lugar una mesa redonda en torno al problema de Chiapas. Participaron en el evento el gobernador electo de ese estado y seis personas más –entre ellas, representantes de los tres grandes partidos políticos--, todas ellas con experiencia intensa y extensa en las complicadas negociaciones que tuvieron lugar entre 1995 y 1996 entre los representantes del gobierno federal y los del EZLN, en las que intervinieron además las comisiones de concordia y pacificación (Cocopa), de intermediación (Conai) y de seguimiento (Cosever). La mesa llegó a varias conclusiones. La primera, no por obvia menos importante, fue que el problema de la insurgencia indígena en la zona de las cañadas de Chiapas no es más que la punta de un iceberg de gran profundidad social e histórica. La decisión de un grupo de indígenas de recurrir a las armas y asumir los enormes riesgos y sacrificios que implica desafiar “al Supremo Gobierno”, fue resultado de una injusticia y frustración de enormes dimensiones, acumuladas a lo largo de mucho tiempo y que abarcan no sólo a los miembros activos del EZLN y a sus bases sociales, sino a un conjunto más numeroso --varios millones de mexicanos— dispersos por toda la geografía del país.
Por la razón anterior, es que ha resultado inviable pretender resolver desde una perspectiva militar o centrada en el EZLN el desafío que representa para la estructura de autoridad nacional la presencia de un cuerpo armado y en rebelión. Es por ello que la respuesta a la insurgencia que puso en duda la legitimidad de todo un régimen, tiene que darse al nivel nacional y en los planos político, económico, social y cultural y, únicamente al final, militar. En efecto, sólo después de llegar a un acuerdo de fondo sobre las demandas indígenas entre el nuevo gobierno y los representantes insurgentes, se podrán abordar con posibilidades de éxito los temas del desarme y la recuperación para la autoridad nacional del control de la zona hoy en rebeldía.
La Pieza Insustituible.- No hay forma de que el gobierno de Fox y el del gobernador recién electo, Pablo Salazar Mendiguchía, alcancen el arreglo definitivo que ambos desean en torno al problema político-militar de Chiapas, si no parten de aceptar la validez de los llamados acuerdos de San Andrés del 16 de febrero de 1996 sobre derechos y cultura indígena y que modifican la relación legal entre los pueblos indígenas y el Estado. Esos acuerdos fueron diseñados como parte de un gran “Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad” pero al que aún hay que arribar.
Los Acuerdos de San Andrés se presentaron al Congreso el 29 de noviembre de 1996, pero no por el gobierno como se esperaba sino por la Cocopa y desde entonces duermen entre el montón de cosas aplazadas, pues se les pretendió sustituir por una iniciativa presidencial del 15 de enero de 1998 y luego por otra del PAN del 12 de marzo de ese mismo año (donde se introdujo el concepto de “cartas municipales” para las regiones donde existan comunidades indígenas). El texto de los acuerdos originales fue resultado de largas y complejas deliberaciones entre los rebeldes, el gobierno y los intermediarios. Quienes finalmente decidieron modificar con iniciativas unilaterales lo tan difícilmente consensado –el gobierno y el PAN—, sostienen que, en su opinión y tras pensarlo bien, algunas de las partes del texto original resultan contrarias al espíritu de la ley fundamental --la constitución--, pero aún está por demostrarse que ese es el caso. En realidad, en algunos puntos, la legislación sobre comunidades indígenas que ya está vigente en Oaxaca va tan lejos como los acuerdos firmados con los zapatistas, y lo mismo se puede decir del “Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en los países independientes” de 1989, patrocinado por la Organización Internacional del Trabajo de Ginebra y ratificado por el Senado mexicano en 1990 (para consultar estos documentos, puede verse a: CONAI, Acuerdos de San Andrés, Servicio Informativo de la CONAI, s.f.).
Volver a la Mesa. A los nuevos gobiernos federal y al estatal de Chiapas parece que les urge entrar en contacto directo con el EZLN y quisieran tener ya al subcomandante Marcos y a uno o más de los comandantes indígenas -- Tacho, David, Ramón, Zebedeo, Rubén, Fernando o Rafael-- sentados de nuevo en la mesa de la negociación. Pero ese deseo no va a materializarse si antes no se discuten en el Congreso los acuerdos ya firmados, si antes no se disminuye la abrumadora presencia del ejército en la zona de las comunidades que se insurreccionaron, si antes no se inicia el desarme y desmovilización de las organizaciones paramilitares con las que los gobiernos federal y local, el ejército y el PRI, pretendieron hacer en los últimos años el trabajo sucio de la guerra de “baja intensidad”, si antes no se saca de la cárcel a los prisioneros zapatistas.
En realidad el subcomandante Marcos y otros dirigentes del EZLN ya se sentaron a la mesa de las negociaciones en 1994, luego en 1995 –cuando Zedillo ordenó la captura de Marcos en medio de las negociaciones de éste con el fallido Esteban Moctezuma— y más tarde en 1996. Así pues, no fueron los zapatistas los que mostraron falta de voluntad sino su contraparte: el gobierno. Hasta hoy, el EZLN es el agraviado en la relación con el gobierno, por ello toca a las nuevas autoridades como abanderadas de un régimen diferente –uno donde supuestamente y como resultado de lo ocurrido el 2 de julio, las reglas del juego del poder ya dejaron de ser autoritarias para convertirse en democráticas-- mostrar que, efectivamente, ellos son poseedoras de un nuevo espíritu y voluntad política. Hasta el día de hoy, la situación real de los zapatistas y de sus comunidades no ha cambiado como resultado de la derrota electoral del PRI, una derrota, por cierto, a la que el EZLN contribuyó de manera decisiva al obligar a Carlos Salinas a buscar legitimidad soltando el control de las elecciones federales y dejar que el IFE empezara a actuar como organismo independiente en 1994.
Indicador.- Su visita a Europa le debió dejar en claro a Fox que en el viejo continente la calidad de su política y la del nuevo régimen van a ser juzgadas por la forma como resuelva el complejo problema de Chiapas.
El presidente electo no va a encontrar fácil que el PAN muestre sensibilidad y generosidad y retire su iniciativa sobre la autonomía indígena para dar su aceptación a los acuerdos de San Andrés. Sin embargo, y por otro lado, el PRD no tendrá ningún problema en apoyar esos acuerdos e, irónicamente, un PRI sin poder, sin Zedillo y sin Roberto Albores como gobernador en Chiapas pero urgido de volver a tomar contacto con “las causas populares”, podría ser un buen apoyo para Fox si éste se decide a dar la batalla por la “concordia y pacificación con justicia y dignidad” de Chiapas.
Las afirmaciones anteriores las hizo Vicente Fox como parte de un esfuerzo por presentar a la democracia mexicana como un hecho definitivo y calificarla de “rápida” y “tersa”. A su vez, ese esfuerzo es parte de un proyecto por convencer a la opinión pública de Europa que, en el largo plazo, el acuerdo de libre comercio que acaba de suscribir la Unión Europea con nuestro país tiene el potencial de convertirse en un instrumento tan importante como el que hoy enmarca la intensa relación económica que tiene México con sus dos grandes socios y vecinos del norte: el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (Reforma y Milenio Diario,1° de octubre y El País, 2 de octubre).
El objetivo del presidente electo es claro: para que la economía mexicana crezca al ritmo que él ha propuesto --siete por ciento anual—, se puedan crear los 1.35 millones anuales de empleos prometidos y, en el largo plazo, se logre una disminución relativa de la enorme dependencia de México frente a Estados Unidos, hay que recurrir al capital y al mercado europeos. Sin embargo, para que se genere en los inversionistas de aquel lado del Atlántico confianza y entusiasmo sobre el futuro mexicano, es indispensable, entre otras cosas, que se resuelva ya y en buenos términos, el conflicto social y político mexicano más conocido en Europa: el de Chiapas, que a ojos de los europeos, es indicador de injusticia, corrupción e ingobernabilidad.
Existen, desde luego, razones históricas y éticas suficientes para que el gobierno que está por iniciarse se decida a hacer rápido y bien lo que Ernesto Zedillo y el PRI no quisieron o pudieron hacer en relación a Chiapas y a las demandas indígenas. Sin embargo, si esas razones internas sustantivas no fueran de suficiente peso en los círculos del poder por venir, entonces están las razones prácticas que un gobierno de naturaleza empresarial y panista puede y debe entender. En efecto, para que los inversionistas europeos –los norteamericanos tienen un comportamiento diferente pues confían la defensa de sus intereses a su propio poder-- se decidan a comprometerse con nuestro futuro en proyectos de gran aliento, se requiere de un entorno político y social predecible, seguro y donde impere el estado de Derecho. Ninguna de estas condiciones será enteramente posible en México mientras subsista la declaración de guerra que hiciera el 1° de enero de 1994 el pequeño Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al gobierno y al ejército federales.
Desde luego que se puede argumentar que en España la ETA mantiene una lucha brutal y sin cuartel contra el Estado Español y no por ello los grandes inversionistas han perdido la confianza en ese país. Cierto, pero la actividad de ETA hoy ya no es tomada como legítima por el resto del mundo ni como un indicador de ausencia de democracia en España o de fallas serias en el estado de Derecho. La consolidación de la democracia española es un hecho incuestionable, pero ese no es aún, ni de lejos, el caso mexicano. Nuestra recién adquirida condición de país democrático aún tiene que pasar la prueba del tiempo. Y para que el tiempo democrático de México transcurra bien, se requiere que el de Chiapas no siga siendo tiempo de rebeliones, del ejército, retenes, prisioneros, paramilitares, incursiones, violencia y pobreza.
Por casi cuatro años ya, el levantamiento chiapaneco --que desde su origen no fue un problema local sino de la nación toda--, ha permanecido en un limbo político. Sí el nuevo gobierno continuase enfocando el asunto chiapaneco como hasta hoy lo ha hecho el gobierno de Ernesto Zedillo, entonces correría el riesgo de dilapidar parte de su principal activo político –su legitimidad y credibilidad tanto externa como interna -- y, lo que es mucho más importante, ahondaría las ya de por sí peligrosas divisiones que caracterizan a la sociedad mexicana.
El Diagnóstico. Hace unos días tuvo lugar una mesa redonda en torno al problema de Chiapas. Participaron en el evento el gobernador electo de ese estado y seis personas más –entre ellas, representantes de los tres grandes partidos políticos--, todas ellas con experiencia intensa y extensa en las complicadas negociaciones que tuvieron lugar entre 1995 y 1996 entre los representantes del gobierno federal y los del EZLN, en las que intervinieron además las comisiones de concordia y pacificación (Cocopa), de intermediación (Conai) y de seguimiento (Cosever). La mesa llegó a varias conclusiones. La primera, no por obvia menos importante, fue que el problema de la insurgencia indígena en la zona de las cañadas de Chiapas no es más que la punta de un iceberg de gran profundidad social e histórica. La decisión de un grupo de indígenas de recurrir a las armas y asumir los enormes riesgos y sacrificios que implica desafiar “al Supremo Gobierno”, fue resultado de una injusticia y frustración de enormes dimensiones, acumuladas a lo largo de mucho tiempo y que abarcan no sólo a los miembros activos del EZLN y a sus bases sociales, sino a un conjunto más numeroso --varios millones de mexicanos— dispersos por toda la geografía del país.
Por la razón anterior, es que ha resultado inviable pretender resolver desde una perspectiva militar o centrada en el EZLN el desafío que representa para la estructura de autoridad nacional la presencia de un cuerpo armado y en rebelión. Es por ello que la respuesta a la insurgencia que puso en duda la legitimidad de todo un régimen, tiene que darse al nivel nacional y en los planos político, económico, social y cultural y, únicamente al final, militar. En efecto, sólo después de llegar a un acuerdo de fondo sobre las demandas indígenas entre el nuevo gobierno y los representantes insurgentes, se podrán abordar con posibilidades de éxito los temas del desarme y la recuperación para la autoridad nacional del control de la zona hoy en rebeldía.
La Pieza Insustituible.- No hay forma de que el gobierno de Fox y el del gobernador recién electo, Pablo Salazar Mendiguchía, alcancen el arreglo definitivo que ambos desean en torno al problema político-militar de Chiapas, si no parten de aceptar la validez de los llamados acuerdos de San Andrés del 16 de febrero de 1996 sobre derechos y cultura indígena y que modifican la relación legal entre los pueblos indígenas y el Estado. Esos acuerdos fueron diseñados como parte de un gran “Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad” pero al que aún hay que arribar.
Los Acuerdos de San Andrés se presentaron al Congreso el 29 de noviembre de 1996, pero no por el gobierno como se esperaba sino por la Cocopa y desde entonces duermen entre el montón de cosas aplazadas, pues se les pretendió sustituir por una iniciativa presidencial del 15 de enero de 1998 y luego por otra del PAN del 12 de marzo de ese mismo año (donde se introdujo el concepto de “cartas municipales” para las regiones donde existan comunidades indígenas). El texto de los acuerdos originales fue resultado de largas y complejas deliberaciones entre los rebeldes, el gobierno y los intermediarios. Quienes finalmente decidieron modificar con iniciativas unilaterales lo tan difícilmente consensado –el gobierno y el PAN—, sostienen que, en su opinión y tras pensarlo bien, algunas de las partes del texto original resultan contrarias al espíritu de la ley fundamental --la constitución--, pero aún está por demostrarse que ese es el caso. En realidad, en algunos puntos, la legislación sobre comunidades indígenas que ya está vigente en Oaxaca va tan lejos como los acuerdos firmados con los zapatistas, y lo mismo se puede decir del “Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en los países independientes” de 1989, patrocinado por la Organización Internacional del Trabajo de Ginebra y ratificado por el Senado mexicano en 1990 (para consultar estos documentos, puede verse a: CONAI, Acuerdos de San Andrés, Servicio Informativo de la CONAI, s.f.).
Volver a la Mesa. A los nuevos gobiernos federal y al estatal de Chiapas parece que les urge entrar en contacto directo con el EZLN y quisieran tener ya al subcomandante Marcos y a uno o más de los comandantes indígenas -- Tacho, David, Ramón, Zebedeo, Rubén, Fernando o Rafael-- sentados de nuevo en la mesa de la negociación. Pero ese deseo no va a materializarse si antes no se discuten en el Congreso los acuerdos ya firmados, si antes no se disminuye la abrumadora presencia del ejército en la zona de las comunidades que se insurreccionaron, si antes no se inicia el desarme y desmovilización de las organizaciones paramilitares con las que los gobiernos federal y local, el ejército y el PRI, pretendieron hacer en los últimos años el trabajo sucio de la guerra de “baja intensidad”, si antes no se saca de la cárcel a los prisioneros zapatistas.
En realidad el subcomandante Marcos y otros dirigentes del EZLN ya se sentaron a la mesa de las negociaciones en 1994, luego en 1995 –cuando Zedillo ordenó la captura de Marcos en medio de las negociaciones de éste con el fallido Esteban Moctezuma— y más tarde en 1996. Así pues, no fueron los zapatistas los que mostraron falta de voluntad sino su contraparte: el gobierno. Hasta hoy, el EZLN es el agraviado en la relación con el gobierno, por ello toca a las nuevas autoridades como abanderadas de un régimen diferente –uno donde supuestamente y como resultado de lo ocurrido el 2 de julio, las reglas del juego del poder ya dejaron de ser autoritarias para convertirse en democráticas-- mostrar que, efectivamente, ellos son poseedoras de un nuevo espíritu y voluntad política. Hasta el día de hoy, la situación real de los zapatistas y de sus comunidades no ha cambiado como resultado de la derrota electoral del PRI, una derrota, por cierto, a la que el EZLN contribuyó de manera decisiva al obligar a Carlos Salinas a buscar legitimidad soltando el control de las elecciones federales y dejar que el IFE empezara a actuar como organismo independiente en 1994.
Indicador.- Su visita a Europa le debió dejar en claro a Fox que en el viejo continente la calidad de su política y la del nuevo régimen van a ser juzgadas por la forma como resuelva el complejo problema de Chiapas.
El presidente electo no va a encontrar fácil que el PAN muestre sensibilidad y generosidad y retire su iniciativa sobre la autonomía indígena para dar su aceptación a los acuerdos de San Andrés. Sin embargo, y por otro lado, el PRD no tendrá ningún problema en apoyar esos acuerdos e, irónicamente, un PRI sin poder, sin Zedillo y sin Roberto Albores como gobernador en Chiapas pero urgido de volver a tomar contacto con “las causas populares”, podría ser un buen apoyo para Fox si éste se decide a dar la batalla por la “concordia y pacificación con justicia y dignidad” de Chiapas.
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