Lorenzo Meyer
¿Para Qué Revivir Problemas Viejo Cuando Abundan los Nuevos?.- Justo en vísperas de cumplirse el treinta aniversario de la matanza de estudiantes del “Jueves de Corpus” –la que tuvo lugar el 10 de julio de 1971— el secretario de Gobernación anunció que si bien el primer gobierno del nuevo régimen acepta “revisar y deslindar las conductas ilícitas del pasado”, en su agenda no tiene contemplado hacer nada especial al respecto. Según él, para la “revisión y deslinde de responsabilidades” sobre ese tipo de acontecimientos están los que desde siempre han estado (y nada han hecho): el congreso, sus comisiones y la Procuraduría. Desde esa óptica, frente a crímenes extraordinarios la justicia ordinaria.
La actitud del gobierno mexicano contrasta con otras fuera de nuestras fronteras. Veamos el ejemplo más reciente. Tras la guerra que en 1974 enfrentó a Turquía y Grecia, los chipriotas griegos de la península de Karpas quedaron bajo el dominio griegos y contra ellos que se cometieron al menos 14 casos documentados de violación de derechos humanos. Han pasado desde entonces casi tantos años como los del incidente que aquí nos ocupa, pero la Corte Europeas de Derechos Humanos tomó el caso y acaba de condenar a Turquía. Pero eso es allá, donde hay voluntad de confrontar el pasado, no por el mero gusto de revivirlo, sino por un sentido profundo de justicia y para asegurar que no habrá impunidad en el futuro.
Para justificar lo que, en la práctica, es una negativa a que se cumpla uno de los compromisos de la campaña electoral de Vicente Fox --la investigación de los grandes crímenes políticos del pasado cercano y la creación de una comisión de transparencia--, el encargado de la gobernación del México que recién inaugura la democracia política, dijo que se opone a dejar en manos de un grupo o camarilla asuntos que, hipotéticamente, pueden desembocar en una “cacerías de brujas” (La Jornada, 6 de junio). El escenario alternativo, que la acción de una comisión de la verdad bien formada desemboque en el reencuentro de México con la justicia pospuesta por tanto tiempo, simplemente no fue considerado.
La lógica del titular de Gobernación obedece a esta idea: lo importante es ganar el futuro, y no se puede dejar que el pasado sea un obstáculo para ello. Seguramente no es el único que así piensa, pero también hay un grupo de mexicanos que diferimos de esa posición.
En estricto sentido, ya nada se puede hacer por los mexicanos asesinados por la acción ilegal del Estado en el 68, en el 71 y en muchos otros momentos antes y después de esas fechas. Algunos de los responsables intelectuales de esas muertes también han muerto ya, y los que aún viven son viejos, y aunque disfrutan de condiciones materiales mucho mejores que la mayoría, están desprestigiados y, finalmente, no tardarán en desaparecer. Entonces ¿para qué abrir los expedientes incómodos, para qué revivir memorias ingratas e irritar a los cuadros de la vieja clase política e incluso de otros sectores que fueron sus aliados y que ese tipo de investigaciones les recordaría sus complicidades en un ayer que cada vez se desdibuja más? ¿Qué ganaría el nuevo y optimista grupo gobernante con dedicar parte de su energía a interrogar fantasmas?.
Nadie puede negar que con tan sólo los problemas del hoy y aquí la nueva administración tiene ya sus manos llenas. Tampoco es necesario hacerlo explícito, pero resulta que finalmente los caídos como consecuencia de la represión estatal del 68 a la fecha pertenecían, en su gran mayoría, a la izquierda. Y difícilmente se le puede pedir a un gobierno de derecha que gaste parte de su capital político en confrontar a un PRI, cuya cooperación necesita con urgencia en tareas “constructivas” --la reforma fiscal, por ejemplo--, con temas tan cargados de emoción para la izquierda pero finalmente nada constructivos, según la derecha, como son el 68, el 71, las “guerra sucia” de los setenta, Aguas Blancas o Acteal. Antes de intentar una respuesta a esas y otras interrogantes parecidas, detengámonos un momento en esa tarde del 10 de junio de 1971, en la intersección entre la calzada México -Tacuba y la Avenida de los Maestros, en la Ciudad de México.
Un “Jueves de Corpus” Predecible.- La movilización estudiantil en la Ciudad de México en junio de 1971 tuvo como causa formal dar apoyo a los universitarios de Nuevo León, que habían entrado en conflicto con el gobernador Eduardo Elizondo con motivo de la legislación conque se quiso vestir a la recién ganada autonomía universitaria (1969). Sin embargo, era claro que cualquier intento de los estudiantes y grupos afines por volver a ganar la calle, tenía al Tlatelolco de 68 como la referencia obligada. La decisión de las organizaciones contestatarias de volver a actuar en el espacio público tenía un significado que iba más allá de lo ocurrido en Nuevo León, y todos lo sabían. El objetivo de fondo era reanudar el esfuerzo de la parte más crítica e independiente de la sociedad por desafiar y superar los límites que el régimen autoritario le había impuesto a sangre y fuego en el 68.
La coyuntura del 71 la abrió el final de la presidencia de un represor abierto --Gustavo Díaz Ordaz-- y el inicio de otra, encabezada por quien, pese a haber sido el operador del presidente en el 68, logró el aval de un grupo intelectual de izquierda que lo definió como la alternativa al fascismo y que en su campaña electoral había observado un minuto de silencio en la universidad de Morelia por los caídos el 2 de octubre: Luis Echeverría. La circunstancia hizo suponer a algunos que quizá ni el gobierno ni los estudiantes volverían a tropezar con la misma piedra de Tlatelolco. Fue un trágico error de diagnóstico. La ruptura entre Echeverría y Díaz Ordaz a raíz del incidente de Morelia fue sólo parte de la mecánica sexenal normal del sistema –el distanciamiento del presidente que entra frente al que lo designó pero sale-- pero el tránsito del diazordacismo al echeverriísmo nada tenía que ver con una posible modificación de la lógica autoritaria. La famosa “apertura democrática” de Echeverría no fue otra cosa que un mero cambio en el estilo de gobernar, para usar el término de Daniel Cosío Villegas, y que no alteró la sustancia del régimen.
Desde que en 1964 acuñó su concepto de régimen autoritario, el politólogo español Juan Linz dejó en claro que sistemas de poder como el mexicano, simplemente no podían permitirse el lujo de tolerar la existencia de movilizaciones políticas convocadas por organizaciones independientes. Y cuando en esos sistemas fallaban los esfuerzos del grupo en el poder por neutralizar los intentos de independencia por la vía de la cooptación, entonces lo que debía esperarse era que echaran mano de la represión, pues el autoritarismo no podía compartir su espacio con actores políticos no controlados. En la lógica autoritaria no importaba que en si mismos los movilizados no fueran peligrosos ni que el marco legal amparara sus acciones. En la práctica el pluralismo político estaba limitado no por la constitución sino por la voluntad de quien ejercía el poder.
El Estilo Personal de Reprimir.- Si bien la naturaleza del sistema era la misma en 68 que en 71 y después, el estilo no. Díaz Ordaz usó directamente al ejército y policía uniformada para reprimir a aquellos que cuestionaron su autoridad, y públicamente asumió la responsabilidad de lo ocurrido, aunque, claro, nadie estaba en posibilidad de exigirle cuentas por lo hecho. Al final, un modo tan directo de reprimir resultó tener un alto costo para las instituciones formales, sobre todo para el ejército y la presidencia. Echeverría tomó nota, y cuando le tocó el turno optó por el método indirecto. Se decidió por los paramilitares, que quizá se habían formado al final del diazordacismo pero no habían actuado aún. Los “Halcones” fueron desde el inicio una institución ilegal, compuesta por medio millar de efectivos, entrenados por personal del ejército (su jefe era el coronel Manuel Díaz Escobar), adscritos al Departamento del Distrito Federal bajo una identidad falsa para que ninguna autoridad tuviera que responder por sus acciones. Los “Halcones”, entre otros, encarnaron el antagonismo entre la naturaleza del régimen y el Estado de Derecho.
Como bien lo señalara Max Weber, la característica central del Estado moderno es su monopolio de la violencia legítima. En 1971, el régimen mexicano, además de ese monopolio, y para reforzar su control sobre todos los actores y procesos clave de la actividad política, tenía listo un aparato alternativo de violencia: el ilegítimo. Los “Halcones” y “Brigada Blanca” eran garras secretas que el sistema formó para que le sacaran las castañas del fuego a la clase política priísta sin que las instituciones formales corrieran el riesgo de quemarse como en el 68.
Las Consecuencias Inmediatas.- La violenta disolución de la manifestación estudiantil que la tarde del 10 de junio de 1971 llevaron a cabo los “Halcones” ante la indiferencia de la policía uniformada en los alrededores de la Escuela Normal y del Politécnico, fue un acto de brutalidad extrema (como ejemplos, véanse los relatos de Eduardo Suárez en Excelsior,7 de junio de 1981 o Emiliano Pérez Cruz en Nexos, agosto 1981). Según José Alvarez Icaza, los cálculos hechos por el Centro de Comunicación Social –que también recabó testimonios-- arrojan la cifra de 70 muertos (El Universal, 8 de junio de 1991). El responsable último de ese asesinato colectivo de Estado, el presidente Echeverría, se comprometió “categóricamente” (15 de junio) a castigar a los culpables. En la práctica, lo anterior significó sólo despedir de sus puestos al regente de la capital a Alfonso Martínez Domínguez y al jefe de policía, Rogelio Flores Curiel, pero pedirles que rindieran cuentas. Más tarde el sistema recompensó a ambos dándoles las gobernaturas de Nuevo León (1979-1985) y de Nayarit (1975-1981), respectivamente, y haciéndoles un lugar en el Congreso. Esa fue la justicia al estilo antiguo régimen en su modalidad Echeverría.
Algunas Consecuencias.- Tras descubrirse su “identidad secreta” los “Halcones” fueron disueltos como tales, de suerte que su primer “éxito” fue también el último. Algunos ex halcones se dedicaron al crimen privado y otros, como José González González, siguieron dentro del oficio, aunque sólo Gónzález acabó de escritor (Lo negro del Negro Durazo, una biografía del siniestro jefe de policía del Distrito Federal bajo José López Portillo). Sin embargo, lo realmente importante es que para un grupo de jóvenes de izquierda el 71, montado sobre el 68, resultó ser la prueba contundente, irrefutable, de que en México la “política normal” era suicida, y que a la violencia ilegítima del Estado había que responder con la violencia legítima de la resistencia y la revolución. De ahí la guerrilla y la “guerra sucia” de los años setenta, y donde la “Brigada Blanca” sustituyó a los “Halcones” como cuerpo represor ilegal.
Conclusiones.- El régimen actual no es resultado de una destrucción violenta del anterior. Esta vez no hubo el fuego revolucionario purificador y, por tanto, no se puede intentar hacer tabula rasa del pasado. Por eso, la tarea del foxismo es en buena medida de plomería: destapar y arreglar la gran maquinaria administrativa heredada del PRI para que trabaje con eficiencia y sin corrupción. Hay que adecentar a la PGR, rehabilitar a las policías, readaptar al CICEN, hacer de PEMEX o de la CFE unas empresas eficientes, etcétera. Y hay que hacer esas y otras tareas con un Congreso lleno de antiguo régimen, que a veces se muestra indiferente ante las urgencias y otras francamente hostil al gobierno. En suma, para no ser aplastados por los problemas, muchos foxistas se han propuesto no ver hacia atrás, zambullirse en el presente y echar vistazos optimistas al futuro y desde la derecha.
Dado lo podrido y herrumbroso de la maquinaria gubernamental actual, es inevitable que la política hoy sea, sobre todo, plomería. Sin embargo, en cualquier circunstancia histórica, puede y tiene que ser algo más que eso. Debe ser moral.
Para encarar los grandes crímenes de Estado del pasado inmediato –tan inmediato que aún están vivos algunos de sus autores y víctimas— se necesita una visión y un espíritu de justicia igualmente grandes. Si por no crearse molestias el foxismo mantiene silencio sobre ese arco de la infamia que va del 68 a Acteal, entonces ya está definiendo su naturaleza, que no es la que ofreció en campaña.
La actitud del gobierno mexicano contrasta con otras fuera de nuestras fronteras. Veamos el ejemplo más reciente. Tras la guerra que en 1974 enfrentó a Turquía y Grecia, los chipriotas griegos de la península de Karpas quedaron bajo el dominio griegos y contra ellos que se cometieron al menos 14 casos documentados de violación de derechos humanos. Han pasado desde entonces casi tantos años como los del incidente que aquí nos ocupa, pero la Corte Europeas de Derechos Humanos tomó el caso y acaba de condenar a Turquía. Pero eso es allá, donde hay voluntad de confrontar el pasado, no por el mero gusto de revivirlo, sino por un sentido profundo de justicia y para asegurar que no habrá impunidad en el futuro.
Para justificar lo que, en la práctica, es una negativa a que se cumpla uno de los compromisos de la campaña electoral de Vicente Fox --la investigación de los grandes crímenes políticos del pasado cercano y la creación de una comisión de transparencia--, el encargado de la gobernación del México que recién inaugura la democracia política, dijo que se opone a dejar en manos de un grupo o camarilla asuntos que, hipotéticamente, pueden desembocar en una “cacerías de brujas” (La Jornada, 6 de junio). El escenario alternativo, que la acción de una comisión de la verdad bien formada desemboque en el reencuentro de México con la justicia pospuesta por tanto tiempo, simplemente no fue considerado.
La lógica del titular de Gobernación obedece a esta idea: lo importante es ganar el futuro, y no se puede dejar que el pasado sea un obstáculo para ello. Seguramente no es el único que así piensa, pero también hay un grupo de mexicanos que diferimos de esa posición.
En estricto sentido, ya nada se puede hacer por los mexicanos asesinados por la acción ilegal del Estado en el 68, en el 71 y en muchos otros momentos antes y después de esas fechas. Algunos de los responsables intelectuales de esas muertes también han muerto ya, y los que aún viven son viejos, y aunque disfrutan de condiciones materiales mucho mejores que la mayoría, están desprestigiados y, finalmente, no tardarán en desaparecer. Entonces ¿para qué abrir los expedientes incómodos, para qué revivir memorias ingratas e irritar a los cuadros de la vieja clase política e incluso de otros sectores que fueron sus aliados y que ese tipo de investigaciones les recordaría sus complicidades en un ayer que cada vez se desdibuja más? ¿Qué ganaría el nuevo y optimista grupo gobernante con dedicar parte de su energía a interrogar fantasmas?.
Nadie puede negar que con tan sólo los problemas del hoy y aquí la nueva administración tiene ya sus manos llenas. Tampoco es necesario hacerlo explícito, pero resulta que finalmente los caídos como consecuencia de la represión estatal del 68 a la fecha pertenecían, en su gran mayoría, a la izquierda. Y difícilmente se le puede pedir a un gobierno de derecha que gaste parte de su capital político en confrontar a un PRI, cuya cooperación necesita con urgencia en tareas “constructivas” --la reforma fiscal, por ejemplo--, con temas tan cargados de emoción para la izquierda pero finalmente nada constructivos, según la derecha, como son el 68, el 71, las “guerra sucia” de los setenta, Aguas Blancas o Acteal. Antes de intentar una respuesta a esas y otras interrogantes parecidas, detengámonos un momento en esa tarde del 10 de junio de 1971, en la intersección entre la calzada México -Tacuba y la Avenida de los Maestros, en la Ciudad de México.
Un “Jueves de Corpus” Predecible.- La movilización estudiantil en la Ciudad de México en junio de 1971 tuvo como causa formal dar apoyo a los universitarios de Nuevo León, que habían entrado en conflicto con el gobernador Eduardo Elizondo con motivo de la legislación conque se quiso vestir a la recién ganada autonomía universitaria (1969). Sin embargo, era claro que cualquier intento de los estudiantes y grupos afines por volver a ganar la calle, tenía al Tlatelolco de 68 como la referencia obligada. La decisión de las organizaciones contestatarias de volver a actuar en el espacio público tenía un significado que iba más allá de lo ocurrido en Nuevo León, y todos lo sabían. El objetivo de fondo era reanudar el esfuerzo de la parte más crítica e independiente de la sociedad por desafiar y superar los límites que el régimen autoritario le había impuesto a sangre y fuego en el 68.
La coyuntura del 71 la abrió el final de la presidencia de un represor abierto --Gustavo Díaz Ordaz-- y el inicio de otra, encabezada por quien, pese a haber sido el operador del presidente en el 68, logró el aval de un grupo intelectual de izquierda que lo definió como la alternativa al fascismo y que en su campaña electoral había observado un minuto de silencio en la universidad de Morelia por los caídos el 2 de octubre: Luis Echeverría. La circunstancia hizo suponer a algunos que quizá ni el gobierno ni los estudiantes volverían a tropezar con la misma piedra de Tlatelolco. Fue un trágico error de diagnóstico. La ruptura entre Echeverría y Díaz Ordaz a raíz del incidente de Morelia fue sólo parte de la mecánica sexenal normal del sistema –el distanciamiento del presidente que entra frente al que lo designó pero sale-- pero el tránsito del diazordacismo al echeverriísmo nada tenía que ver con una posible modificación de la lógica autoritaria. La famosa “apertura democrática” de Echeverría no fue otra cosa que un mero cambio en el estilo de gobernar, para usar el término de Daniel Cosío Villegas, y que no alteró la sustancia del régimen.
Desde que en 1964 acuñó su concepto de régimen autoritario, el politólogo español Juan Linz dejó en claro que sistemas de poder como el mexicano, simplemente no podían permitirse el lujo de tolerar la existencia de movilizaciones políticas convocadas por organizaciones independientes. Y cuando en esos sistemas fallaban los esfuerzos del grupo en el poder por neutralizar los intentos de independencia por la vía de la cooptación, entonces lo que debía esperarse era que echaran mano de la represión, pues el autoritarismo no podía compartir su espacio con actores políticos no controlados. En la lógica autoritaria no importaba que en si mismos los movilizados no fueran peligrosos ni que el marco legal amparara sus acciones. En la práctica el pluralismo político estaba limitado no por la constitución sino por la voluntad de quien ejercía el poder.
El Estilo Personal de Reprimir.- Si bien la naturaleza del sistema era la misma en 68 que en 71 y después, el estilo no. Díaz Ordaz usó directamente al ejército y policía uniformada para reprimir a aquellos que cuestionaron su autoridad, y públicamente asumió la responsabilidad de lo ocurrido, aunque, claro, nadie estaba en posibilidad de exigirle cuentas por lo hecho. Al final, un modo tan directo de reprimir resultó tener un alto costo para las instituciones formales, sobre todo para el ejército y la presidencia. Echeverría tomó nota, y cuando le tocó el turno optó por el método indirecto. Se decidió por los paramilitares, que quizá se habían formado al final del diazordacismo pero no habían actuado aún. Los “Halcones” fueron desde el inicio una institución ilegal, compuesta por medio millar de efectivos, entrenados por personal del ejército (su jefe era el coronel Manuel Díaz Escobar), adscritos al Departamento del Distrito Federal bajo una identidad falsa para que ninguna autoridad tuviera que responder por sus acciones. Los “Halcones”, entre otros, encarnaron el antagonismo entre la naturaleza del régimen y el Estado de Derecho.
Como bien lo señalara Max Weber, la característica central del Estado moderno es su monopolio de la violencia legítima. En 1971, el régimen mexicano, además de ese monopolio, y para reforzar su control sobre todos los actores y procesos clave de la actividad política, tenía listo un aparato alternativo de violencia: el ilegítimo. Los “Halcones” y “Brigada Blanca” eran garras secretas que el sistema formó para que le sacaran las castañas del fuego a la clase política priísta sin que las instituciones formales corrieran el riesgo de quemarse como en el 68.
Las Consecuencias Inmediatas.- La violenta disolución de la manifestación estudiantil que la tarde del 10 de junio de 1971 llevaron a cabo los “Halcones” ante la indiferencia de la policía uniformada en los alrededores de la Escuela Normal y del Politécnico, fue un acto de brutalidad extrema (como ejemplos, véanse los relatos de Eduardo Suárez en Excelsior,7 de junio de 1981 o Emiliano Pérez Cruz en Nexos, agosto 1981). Según José Alvarez Icaza, los cálculos hechos por el Centro de Comunicación Social –que también recabó testimonios-- arrojan la cifra de 70 muertos (El Universal, 8 de junio de 1991). El responsable último de ese asesinato colectivo de Estado, el presidente Echeverría, se comprometió “categóricamente” (15 de junio) a castigar a los culpables. En la práctica, lo anterior significó sólo despedir de sus puestos al regente de la capital a Alfonso Martínez Domínguez y al jefe de policía, Rogelio Flores Curiel, pero pedirles que rindieran cuentas. Más tarde el sistema recompensó a ambos dándoles las gobernaturas de Nuevo León (1979-1985) y de Nayarit (1975-1981), respectivamente, y haciéndoles un lugar en el Congreso. Esa fue la justicia al estilo antiguo régimen en su modalidad Echeverría.
Algunas Consecuencias.- Tras descubrirse su “identidad secreta” los “Halcones” fueron disueltos como tales, de suerte que su primer “éxito” fue también el último. Algunos ex halcones se dedicaron al crimen privado y otros, como José González González, siguieron dentro del oficio, aunque sólo Gónzález acabó de escritor (Lo negro del Negro Durazo, una biografía del siniestro jefe de policía del Distrito Federal bajo José López Portillo). Sin embargo, lo realmente importante es que para un grupo de jóvenes de izquierda el 71, montado sobre el 68, resultó ser la prueba contundente, irrefutable, de que en México la “política normal” era suicida, y que a la violencia ilegítima del Estado había que responder con la violencia legítima de la resistencia y la revolución. De ahí la guerrilla y la “guerra sucia” de los años setenta, y donde la “Brigada Blanca” sustituyó a los “Halcones” como cuerpo represor ilegal.
Conclusiones.- El régimen actual no es resultado de una destrucción violenta del anterior. Esta vez no hubo el fuego revolucionario purificador y, por tanto, no se puede intentar hacer tabula rasa del pasado. Por eso, la tarea del foxismo es en buena medida de plomería: destapar y arreglar la gran maquinaria administrativa heredada del PRI para que trabaje con eficiencia y sin corrupción. Hay que adecentar a la PGR, rehabilitar a las policías, readaptar al CICEN, hacer de PEMEX o de la CFE unas empresas eficientes, etcétera. Y hay que hacer esas y otras tareas con un Congreso lleno de antiguo régimen, que a veces se muestra indiferente ante las urgencias y otras francamente hostil al gobierno. En suma, para no ser aplastados por los problemas, muchos foxistas se han propuesto no ver hacia atrás, zambullirse en el presente y echar vistazos optimistas al futuro y desde la derecha.
Dado lo podrido y herrumbroso de la maquinaria gubernamental actual, es inevitable que la política hoy sea, sobre todo, plomería. Sin embargo, en cualquier circunstancia histórica, puede y tiene que ser algo más que eso. Debe ser moral.
Para encarar los grandes crímenes de Estado del pasado inmediato –tan inmediato que aún están vivos algunos de sus autores y víctimas— se necesita una visión y un espíritu de justicia igualmente grandes. Si por no crearse molestias el foxismo mantiene silencio sobre ese arco de la infamia que va del 68 a Acteal, entonces ya está definiendo su naturaleza, que no es la que ofreció en campaña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario