Lorenzo Meyer
Ni lo Uno ni lo Otro.- Quienes la calificaron “de terciopelo”, menospreciaron la dureza de los sacrificios que ha demandado nuestra transición del autoritarismo a la democracia política, pero exageran quienes hoy ponen el acento en sus problemas y dan voces de alarma. En comparación con otras --nuestras o ajenas— la etapa actual de la transición mexicana es bastante aceptable.
Tras lo ocurrido el 2 de julio y dejándose arrebatar por el entusiasmo del momento, alguien decidió incluir a la nuestra como parte del grupo de transiciones políticas de “terciopelo”, es decir, del estilo checoslovaco de 1989, y que contrastó notablemente con la violencia que en esa época enmarcó en Rumanía el paso del régimen encabezado por Nicolas Ceaucescu a otro, en principio democrático, encabezado por los socialdemócratas. Desde esta perspectiva, resulta que no se materializó la amenaza del finado líder obrero Fidel Velázquez, en el sentido de que al PRI sólo dejaría el poder de la misma manera en que lo había ganado: por la fuerza. En realidad, la etapa final del viejo régimen priísta se ha caracterizado por transcurrir básicamente por los cauces pacíficos. Sin embargo, algunos observadores alarmados han visto algunos nubarrones en el horizonte y hoy pronostican tormentas. Los malos indicios –señalan-- se acumulan: los indígenas insurgentes de Chiapas mantienen su silencio pese a las ofertas de negociación que les hace el nuevo gobierno, el cacicazgo priísta en Chimalhuacán se fue “por la libre” y organizó una masacre de rivales, salen a la luz pública las diferencias dentro del ejército, la flamante Policía Federal Preventiva se indisciplinó masivamente en el aeropuerto capitalino, en Tabasco se hace evidente que los conflictos postelectorales persisten, el choque entre el presidente Ernesto Zedillo y el expresidente Carlos Salinas aumentó en intensidad, la rebelión de los burócratas federales en demanda del bono sexenal ya puso en entredicho no sólo la estructura del liderazgo de la FSTSE sino la futura relación servidores públicos-gobierno, tras la sexta reelección de su viejo líder --que también lo es de la CTM y del CT-- sale a la superficie la lucha interna en el SUTERM y la permanencia de viejos vicios, etcétera.
Frente a lo anterior conviene dejar en claro que, por un lado, la transición mexicana nunca fue de terciopelo y, por el otro, que lo ocurrido hasta ahora tampoco permite suponer que el actual proceso de cambio pueda desembocar en una catástrofe. Sí en todo fin de sexenio se desatan amarres, al de hoy se le añade el estruendo del gran edificio corporativo del partido de 71 años al desgajarse.
Nunca de Terciopelo.- Sí se parte del hecho que el impulso inicial del cambio político en México que culminó con las elecciones del 2000 se inició en 1961 con la rebelión cívica del movimiento navista en San Luis Potosí y siguió con la respuesta guerrillera a la represión sistemática en Guerrero y con las supresión en extremo violenta de las protestas estudiantiles de 1968 y 1971, entonces debe concluirse que el principio del cambio no tiene nada de aterciopelado. La reacción de los gobiernos de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría contra los que se atrevieron a movilizarse para desafiar a esa “monarquía sexenal” –el término es de Daniel Cosío Villegas— en que se había convertido ya el presidencialismo sin límites, fue tan brutal como ilegal.
La llamada “reforma política” de los años setenta no fue una generosa oferta a la sociedad mexicana del “despotismo ilustrado” priísta, sino una concesión desde el autoritarismo bajo el apremio de la pérdida de legitimidad del régimen por el uso de la violencia y por la aparición de movimientos guerrilleros urbanos y rurales, que eran una reacción de aquellos que habían concluido ya que las posibilidades pacíficas, legales y efectivas del cambio político eran, simplemente, inexistentes.
En los años ochenta, con unos medios masivos de comunicación que insistía en permanecer enteramente al servicios del régimen (salvo contadas y notables excepciones) y con un sistema de partidos donde todos los dados estaban cargados en contra de los opositores, se inició la insurgencia electoral de la sociedad mexicana. Para el navismo potosino que había vuelto a resurgir, para la derecha democrática (PAN) y, sobre todo, para el centro-izquierda agrupado en torno a Cuahtémoc Cárdenas, la lucha fue larga, absolutamente desigual y cuesta arriba. Y aunque Carlos Salinas insista en negarlo, los opositores cardenistas tuvieron que enfrentar no sólo la más descarada falta de equidad y el fraude sistemático y multifacético en materia electoral, sino también ese instrumento último del poder: la violencia, cuyas imágenes más dramáticas son las más recientes: el vado de Aguas Blancas, en Guerrero, y Acteal, en Chiapas.
Es verdad que en la etapa final del proceso –la que se inicia a mediados de 1997-- el régimen priísta ya no echó mano de la violencia directa –los deudos de los muertos en Chimalhuacán tienen derecho a poner en duda esta afirmación--, pero ello no se debió a un cambio en la naturaleza el poder, sino porque había cambiado el contexto interno y externo y el costo político de los viejos métodos era ya prohibitivo. En efecto, en 1994, al estallar la rebelión neozapatista en Chiapas, la movilización dentro y fuera de México exigiendo una solución pacífica al conflicto, hizo patente que había dejado de ser redituable apagar el incendio social de las cañadas chiapanecas con los métodos empleados años atras en las montañas de Guerrero, en la plaza central de San Luis Potosí, en Tlatelolco o en la calzada México-Tacuba de la capital. Cuando en los últimos tres años las circunstancias obligaron al PRI a dar la batalla a sus adversarios con armas que no le eran propias –las de la democracia electoral--, el país entró en una corta pero fructífera etapa de semidemocracia, preludio a la notable jornada del 2 de julio del 2000.
Es únicamente a partir de la pérdida real del control efectivo del presidente de las elecciones federales, que llevó a la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados y la victoria de la oposición en la Ciudad de México y en varios estados, que el proceso político en México se acercó al cambio de “terciopelo”, pero nunca debe de olvidarse que la textura de la etapa anterior --el grueso de la lentísima transición mexicana--, fue muy áspera.
Problemas Sí, Pero Manejables.- Las expresiones de desaliento por el curso que están tomando los acontecimientos en vísperas del cambio de gobierno, están muy relacionadas con las manifestaciones de los burócratas en demanda de un bono sexenal que la ley prohibe expresamente pero que la costumbre estableció desde la conclusión del gobierno de Miguel de la Madrid en 1988. La rebelión de los hasta hace poco “siempre fieles” miembros de la FSTSE, es decir, de una parte central de la telaraña corporativa del PRI, se inició inesperadamente en la propia residencia de Los Pinos, y quizá por ello su impacto fue grande, pero finalmente ha resultado más simbólico que sustantivo.
Las exigencias burocráticas y sus métodos tenían poco respaldo ciudadano y las autoridades podrían haberlos enfrentado con la ley en la mano, pero el gobierno saliente ya no tenía la voluntad ni capacidad para ello y la administración que viene no deseaba involucrarse en un conflicto que aún no era suyo. Es verdad que los sueldos de la mayoría del 1.5 millones de “servidores públicos” de base son bajos y contrastan con los “estímulos de productividad” --equivalentes hasta un 20% del sueldo-- que a lo largo de todo el sexenio han recibido los 47 mil miembros de la “alta burocracia”, pero a fin de cuentas el promedio de los ingresos de los trabajadores del Estado es el doble de los trabajadores en general (Reforma, 3 y 4 de noviembre). En cualquier caso, aunque muy molestas, las acciones de sabotaje a la ya de por sí difícil vida urbana que han hecho los enfurecidos burócratas, están lejos de poner en peligro el proceso político nacional. La lucha entre Ernesto Zedillo y Carlos Salinas hubiera sido de preocupar si el PRI hubiera continuado en el poder, pero a partir del 1° de diciembre la capacidad desestabilizadora de Salinas a través de sus conexiones dentro de la antigua nomenklatura habrá disminuido hasta llegar a ser nula. La publicidad de los conflictos dentro de los altos mandos del ejército es algo novedoso pero no es preludio de ningún acto de fuerza de esa institución. La desobediencia de los efectivos de la PFR en el aeropuerto finalmente no afectó al grueso de les fuerza. La brutalidad de “La Loba” --la cacique de Chimalhuacán– la llevó finalmente a la cárcel, y hasta hoy ningún otro de los caciques patrocinados por el PRI se ha animado a llevar su resistencia al cambio por ese mismo camino.
Los problemas de gran fondo, como son la negociación con los rebeldes chiapanecos, la evolución del movimiento sindical priísta, y conflictos postelectorales como el de Tabasco (donde puede verse ya el germen de un tipo de cacicazgo para el siglo XXI), son mas temas de la consolidación del proceso democrático –parte de la agenda del futuro-- que de la transición misma.
La Consolidación, el Problema de Fondo.- Sin ser realmente de terciopelo, es decir, sin sobresaltos ni incertidumbres, la transición política mexicana de finales del siglo XX ha sido prolongada pero finalmente se mantuvo alejada de cualquier tipo de solución catastrófica. El proceso actual de cambio de régimen contrasta de manera notable con los otros que México a vivido o, más bien, padecido: la penosa metamórfosis de sociedad colonial en país independiente, el paso de país de caudillismo (a la Iturbide y Santa Anna) o de país de reconquista (el II Imperio) al de régimen liberal, la transformación de país de “dictador necesario” (Porfirio Díaz) al del régimen de partido de Estado (el PRI). Todas esas transformaciones anteriores tuvieron un precio muy alto, cubrieron de sangre al país, dejaron un profundo rastro de destrucción y, sobre todo, de oportunidades perdidas. El contraste con el proceso actual, y pese a todos sus problemas, no puede ser mayor y no puede menos que llenarnos de júbilo y debería ser motivo de optimismo, aunque cauto.
Desde la perspectiva anterior, la tarea a la que como país debemos de enfrentar con plena conciencia de nuestras posibilidades y deficiencias, es la arraigar un sistema que por ser tan nuevo entre nosotros y tan complejo, como es la democracia política, va a exigir el máximo de nuestra capacidad y voluntad de comunidad nacional.
De entrada, hay que resolver sin violencia, mediante negociación, el asunto de la rebelión chiapaneca, sin olvidar su conexión con la existencia de los otros movimientos armados, menos visibles pero más complicados de desactivar, como son el EPR y el ERPI, que por ahora no han entrado de nuevo en acción pero que bien pudieran volver a hacerlo. El desmantelamiento o reorganización del enorme aparato corporativo del PRI es un asunto muy complicado. El silencio de Vicente Fox frente al intento de Roberto Madrazo por mantener vivo al PRI vía cacicazgos estatales (empezando por Tabasco) y su reacción relativamente positiva frente a las declaraciones de Leonardo Rodríguez Alcaine sobre la posible presencia de capital privado en la industria eléctrica pero hechas justo cuando el viejo líder que lleva ya un cuarto de siglo al frente del SUTERM se volvió a reelegir por las vías más tradicionales –antidemocráticas--, muestran que el líder del nuevo régimen esta tratando de negociar desde lo nuevo y democrático con lo viejo, caduco, arcaico, antidemocrático y, finalmente, inmoral.
Aunque no se justifique, es fácil entender la posición de Vicente Fox: la responsabilidad de llevar a buen puerto la primera etapa de la consolidación le obliga a ser pragmático. Sin embargo, el resto de los ciudadanos no tenemos porque marchar por esa ruta. Nuestro deber es presionar para evitar que el inevitable pragmatismo del nuevo gobierno termine por dominar esta primera y delicada etapa de la modernización política. El terreno que hoy pierda la democracia en aras de convivir en paz con los remanentes del viejo régimen, puede terminar por echar a perder la naturaleza futura de nuestra vida cívica. Parafraseando a los panistas: no se trata de ganar la gobernabilidad a cambio de perder el alma de la transición.
Tras lo ocurrido el 2 de julio y dejándose arrebatar por el entusiasmo del momento, alguien decidió incluir a la nuestra como parte del grupo de transiciones políticas de “terciopelo”, es decir, del estilo checoslovaco de 1989, y que contrastó notablemente con la violencia que en esa época enmarcó en Rumanía el paso del régimen encabezado por Nicolas Ceaucescu a otro, en principio democrático, encabezado por los socialdemócratas. Desde esta perspectiva, resulta que no se materializó la amenaza del finado líder obrero Fidel Velázquez, en el sentido de que al PRI sólo dejaría el poder de la misma manera en que lo había ganado: por la fuerza. En realidad, la etapa final del viejo régimen priísta se ha caracterizado por transcurrir básicamente por los cauces pacíficos. Sin embargo, algunos observadores alarmados han visto algunos nubarrones en el horizonte y hoy pronostican tormentas. Los malos indicios –señalan-- se acumulan: los indígenas insurgentes de Chiapas mantienen su silencio pese a las ofertas de negociación que les hace el nuevo gobierno, el cacicazgo priísta en Chimalhuacán se fue “por la libre” y organizó una masacre de rivales, salen a la luz pública las diferencias dentro del ejército, la flamante Policía Federal Preventiva se indisciplinó masivamente en el aeropuerto capitalino, en Tabasco se hace evidente que los conflictos postelectorales persisten, el choque entre el presidente Ernesto Zedillo y el expresidente Carlos Salinas aumentó en intensidad, la rebelión de los burócratas federales en demanda del bono sexenal ya puso en entredicho no sólo la estructura del liderazgo de la FSTSE sino la futura relación servidores públicos-gobierno, tras la sexta reelección de su viejo líder --que también lo es de la CTM y del CT-- sale a la superficie la lucha interna en el SUTERM y la permanencia de viejos vicios, etcétera.
Frente a lo anterior conviene dejar en claro que, por un lado, la transición mexicana nunca fue de terciopelo y, por el otro, que lo ocurrido hasta ahora tampoco permite suponer que el actual proceso de cambio pueda desembocar en una catástrofe. Sí en todo fin de sexenio se desatan amarres, al de hoy se le añade el estruendo del gran edificio corporativo del partido de 71 años al desgajarse.
Nunca de Terciopelo.- Sí se parte del hecho que el impulso inicial del cambio político en México que culminó con las elecciones del 2000 se inició en 1961 con la rebelión cívica del movimiento navista en San Luis Potosí y siguió con la respuesta guerrillera a la represión sistemática en Guerrero y con las supresión en extremo violenta de las protestas estudiantiles de 1968 y 1971, entonces debe concluirse que el principio del cambio no tiene nada de aterciopelado. La reacción de los gobiernos de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría contra los que se atrevieron a movilizarse para desafiar a esa “monarquía sexenal” –el término es de Daniel Cosío Villegas— en que se había convertido ya el presidencialismo sin límites, fue tan brutal como ilegal.
La llamada “reforma política” de los años setenta no fue una generosa oferta a la sociedad mexicana del “despotismo ilustrado” priísta, sino una concesión desde el autoritarismo bajo el apremio de la pérdida de legitimidad del régimen por el uso de la violencia y por la aparición de movimientos guerrilleros urbanos y rurales, que eran una reacción de aquellos que habían concluido ya que las posibilidades pacíficas, legales y efectivas del cambio político eran, simplemente, inexistentes.
En los años ochenta, con unos medios masivos de comunicación que insistía en permanecer enteramente al servicios del régimen (salvo contadas y notables excepciones) y con un sistema de partidos donde todos los dados estaban cargados en contra de los opositores, se inició la insurgencia electoral de la sociedad mexicana. Para el navismo potosino que había vuelto a resurgir, para la derecha democrática (PAN) y, sobre todo, para el centro-izquierda agrupado en torno a Cuahtémoc Cárdenas, la lucha fue larga, absolutamente desigual y cuesta arriba. Y aunque Carlos Salinas insista en negarlo, los opositores cardenistas tuvieron que enfrentar no sólo la más descarada falta de equidad y el fraude sistemático y multifacético en materia electoral, sino también ese instrumento último del poder: la violencia, cuyas imágenes más dramáticas son las más recientes: el vado de Aguas Blancas, en Guerrero, y Acteal, en Chiapas.
Es verdad que en la etapa final del proceso –la que se inicia a mediados de 1997-- el régimen priísta ya no echó mano de la violencia directa –los deudos de los muertos en Chimalhuacán tienen derecho a poner en duda esta afirmación--, pero ello no se debió a un cambio en la naturaleza el poder, sino porque había cambiado el contexto interno y externo y el costo político de los viejos métodos era ya prohibitivo. En efecto, en 1994, al estallar la rebelión neozapatista en Chiapas, la movilización dentro y fuera de México exigiendo una solución pacífica al conflicto, hizo patente que había dejado de ser redituable apagar el incendio social de las cañadas chiapanecas con los métodos empleados años atras en las montañas de Guerrero, en la plaza central de San Luis Potosí, en Tlatelolco o en la calzada México-Tacuba de la capital. Cuando en los últimos tres años las circunstancias obligaron al PRI a dar la batalla a sus adversarios con armas que no le eran propias –las de la democracia electoral--, el país entró en una corta pero fructífera etapa de semidemocracia, preludio a la notable jornada del 2 de julio del 2000.
Es únicamente a partir de la pérdida real del control efectivo del presidente de las elecciones federales, que llevó a la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados y la victoria de la oposición en la Ciudad de México y en varios estados, que el proceso político en México se acercó al cambio de “terciopelo”, pero nunca debe de olvidarse que la textura de la etapa anterior --el grueso de la lentísima transición mexicana--, fue muy áspera.
Problemas Sí, Pero Manejables.- Las expresiones de desaliento por el curso que están tomando los acontecimientos en vísperas del cambio de gobierno, están muy relacionadas con las manifestaciones de los burócratas en demanda de un bono sexenal que la ley prohibe expresamente pero que la costumbre estableció desde la conclusión del gobierno de Miguel de la Madrid en 1988. La rebelión de los hasta hace poco “siempre fieles” miembros de la FSTSE, es decir, de una parte central de la telaraña corporativa del PRI, se inició inesperadamente en la propia residencia de Los Pinos, y quizá por ello su impacto fue grande, pero finalmente ha resultado más simbólico que sustantivo.
Las exigencias burocráticas y sus métodos tenían poco respaldo ciudadano y las autoridades podrían haberlos enfrentado con la ley en la mano, pero el gobierno saliente ya no tenía la voluntad ni capacidad para ello y la administración que viene no deseaba involucrarse en un conflicto que aún no era suyo. Es verdad que los sueldos de la mayoría del 1.5 millones de “servidores públicos” de base son bajos y contrastan con los “estímulos de productividad” --equivalentes hasta un 20% del sueldo-- que a lo largo de todo el sexenio han recibido los 47 mil miembros de la “alta burocracia”, pero a fin de cuentas el promedio de los ingresos de los trabajadores del Estado es el doble de los trabajadores en general (Reforma, 3 y 4 de noviembre). En cualquier caso, aunque muy molestas, las acciones de sabotaje a la ya de por sí difícil vida urbana que han hecho los enfurecidos burócratas, están lejos de poner en peligro el proceso político nacional. La lucha entre Ernesto Zedillo y Carlos Salinas hubiera sido de preocupar si el PRI hubiera continuado en el poder, pero a partir del 1° de diciembre la capacidad desestabilizadora de Salinas a través de sus conexiones dentro de la antigua nomenklatura habrá disminuido hasta llegar a ser nula. La publicidad de los conflictos dentro de los altos mandos del ejército es algo novedoso pero no es preludio de ningún acto de fuerza de esa institución. La desobediencia de los efectivos de la PFR en el aeropuerto finalmente no afectó al grueso de les fuerza. La brutalidad de “La Loba” --la cacique de Chimalhuacán– la llevó finalmente a la cárcel, y hasta hoy ningún otro de los caciques patrocinados por el PRI se ha animado a llevar su resistencia al cambio por ese mismo camino.
Los problemas de gran fondo, como son la negociación con los rebeldes chiapanecos, la evolución del movimiento sindical priísta, y conflictos postelectorales como el de Tabasco (donde puede verse ya el germen de un tipo de cacicazgo para el siglo XXI), son mas temas de la consolidación del proceso democrático –parte de la agenda del futuro-- que de la transición misma.
La Consolidación, el Problema de Fondo.- Sin ser realmente de terciopelo, es decir, sin sobresaltos ni incertidumbres, la transición política mexicana de finales del siglo XX ha sido prolongada pero finalmente se mantuvo alejada de cualquier tipo de solución catastrófica. El proceso actual de cambio de régimen contrasta de manera notable con los otros que México a vivido o, más bien, padecido: la penosa metamórfosis de sociedad colonial en país independiente, el paso de país de caudillismo (a la Iturbide y Santa Anna) o de país de reconquista (el II Imperio) al de régimen liberal, la transformación de país de “dictador necesario” (Porfirio Díaz) al del régimen de partido de Estado (el PRI). Todas esas transformaciones anteriores tuvieron un precio muy alto, cubrieron de sangre al país, dejaron un profundo rastro de destrucción y, sobre todo, de oportunidades perdidas. El contraste con el proceso actual, y pese a todos sus problemas, no puede ser mayor y no puede menos que llenarnos de júbilo y debería ser motivo de optimismo, aunque cauto.
Desde la perspectiva anterior, la tarea a la que como país debemos de enfrentar con plena conciencia de nuestras posibilidades y deficiencias, es la arraigar un sistema que por ser tan nuevo entre nosotros y tan complejo, como es la democracia política, va a exigir el máximo de nuestra capacidad y voluntad de comunidad nacional.
De entrada, hay que resolver sin violencia, mediante negociación, el asunto de la rebelión chiapaneca, sin olvidar su conexión con la existencia de los otros movimientos armados, menos visibles pero más complicados de desactivar, como son el EPR y el ERPI, que por ahora no han entrado de nuevo en acción pero que bien pudieran volver a hacerlo. El desmantelamiento o reorganización del enorme aparato corporativo del PRI es un asunto muy complicado. El silencio de Vicente Fox frente al intento de Roberto Madrazo por mantener vivo al PRI vía cacicazgos estatales (empezando por Tabasco) y su reacción relativamente positiva frente a las declaraciones de Leonardo Rodríguez Alcaine sobre la posible presencia de capital privado en la industria eléctrica pero hechas justo cuando el viejo líder que lleva ya un cuarto de siglo al frente del SUTERM se volvió a reelegir por las vías más tradicionales –antidemocráticas--, muestran que el líder del nuevo régimen esta tratando de negociar desde lo nuevo y democrático con lo viejo, caduco, arcaico, antidemocrático y, finalmente, inmoral.
Aunque no se justifique, es fácil entender la posición de Vicente Fox: la responsabilidad de llevar a buen puerto la primera etapa de la consolidación le obliga a ser pragmático. Sin embargo, el resto de los ciudadanos no tenemos porque marchar por esa ruta. Nuestro deber es presionar para evitar que el inevitable pragmatismo del nuevo gobierno termine por dominar esta primera y delicada etapa de la modernización política. El terreno que hoy pierda la democracia en aras de convivir en paz con los remanentes del viejo régimen, puede terminar por echar a perder la naturaleza futura de nuestra vida cívica. Parafraseando a los panistas: no se trata de ganar la gobernabilidad a cambio de perder el alma de la transición.
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