Lorenzo Meyer
De Tiempos y Acuerdos.- Es lógico suponer que el grueso de los ciudadanos desea que la democracia política recién ganada se implante en nuestro país con la fuerza de lo definitivo. Sin embargo, para lograr eso, hay primero que vencer plenamente al pasado. Por ello, en esta etapa de arranque es válido echar mano de instrumentos fuera de lo ordinario, uno de los cuales puede ser un acuerdo nacional en torno a una agenda mínima para cumplir las expectativas que nacieron tras conocerse, aceptarse y asimilarse, los resultados de la histórica jornada electoral del 2 de julio del 2000.
A un año del triunfo de la oposición y a siete meses de iniciada la administración presidida por Vicente Fox, una encuesta hecha a una muestra representativa de ciudadanos, señala que el 58.8% de ellos aún confía en que al final del primer gobierno del régimen democrático, el país habrá mejorado. En contraste, los pesimistas, los que prevén un mal resultado, son minoría: el 21.4% (Cambio, 1° de julio). El que hoy siga dominando la confianza ciudadana --las ganas de creer-- a pesar del estancamiento económico que ha vivido el país desde 1981 y la falta de resultados tangibles de la administración foxista, es un hecho de gran relevancia, una fuerza política que debe ser, a la vez, cuidada y empleada a fondo para consolidar la institucionalidad democrática, la nueva forma de vida en común. Sin embargo, es necesario reconocer que el “factor esperanza” no es indiferente al paso del tiempo y, sobre todo, a los resultados concretos. La irresponsabilidad puede disipar las ganas de creer. Es, por tanto, obligación central del actual liderazgo –del presidente pero también de la clase política en su conjunto— retroalimentar las esperanzas y la buena disposición con acciones, logros y, sobre todo, con un claro proyecto de futuro.
En cualquier cambio de régimen, afirma el politólogo español Juan Linz, el tiempo es una variable central y dotada de identidad propia. En efecto, aunque los factores estructurales se mantengan inalterables, resulta que en las peculiares circunstancias de las transiciones, el no tomar las decisiones clave en el momento adecuado, a tiempo, puede ser un desperdicio de oportunidades e incluso arruinar el proceso mismo de cambio, (El factor tiempo en un cambio de régimen, México, 1994, pp.30, 35). Es claro que ahora --cuando aún hay la masa crítica dispuesta a apoyar y confiar en el cambio de régimen--, es justamente el tiempo de concretar un gran acuerdo o pacto nacional entre las principales fuerzas políticas. El objetivo del pacto debe ser el encauzar la energía liberada por la caída del autoritarismo y facilitar la consolidación de una democracia que, precisamente por ser tardía, es aún más valiosa. Desaprovechar la oportunidad sería un imperdonable error histórico.
Hoy, cuando aún no es la actitud ciudadana dominante el inevitable desgaste e incluso desencanto con el cambio de régimen, los principales actores políticos mexicanos están en la posibilidad de definir un conjunto mínimo de metas a corto y mediano plazo y los procedimientos aceptables para conseguirlas –reforma del Estado y reforma fiscal, empleo, seguridad pública, procuración de justicia, readaptación del sistema educativo, relación con el exterior y otras similares-- para disminuir así el riesgo de estancamiento o involución política.
Al cumplirse el primer año de la crucial elección que hizo posible que la sociedad mexicana pasara de estar encuadrada por el sistema autoritario más viejo del mundo a ser la democracia más reciente, el presidente Vicente Fox hizo un llamado a “los principales actores políticos” para conjuntar esfuerzos y dar forma a un acuerdo que le de dirección y seguridad al pluralismo democrático. El hecho mismo de que el jefe del Ejecutivo se haya sentido obligado a solicitar un acuerdo de esa naturaleza –llamado sobre el que volvió a insistir unos días más tarde-- es en sí mismo un indicador de las dificultades que el gobierno federal esta encontrando para llevar adelante la gran empresa de la modernización política. En realidad, y desde principios del siglo XIX, México ha intentado ponerse a tono con la modernidad democrática, pero en todos los casos el empeño terminó en fracaso. Sin poder afirmar que hoy el desenlace va a ser distinto, sí se puede afirmar que las condiciones de este último empeño son mejores que nunca, por tanto no tenemos derecho a fallarnos a nosotros mismos ni a quienes nos sucederán.
Desde luego que si se lograra concretar un acuerdo o pacto entre las varias y antagónicas fuerzas políticas para hacer funcionar y consolidar el nuevo régimen, no por ello el buen resultado de la empresa queda asegurado. Por otro lado, es factible que la institucionalización democrática siga adelante y tenga éxito sin necesidad de un acuerdo como el que propone el presidente. Sin embargo, no hay duda que una convergencia de voluntades en un documento que se proponga delinear el futuro inmediato, aumentaría notablemente las posibilidades de no fallar.
Los Actores.- La sociedad civil mexicana aún padece la debilidad y subdesarrollo en que la mantuvo el autoritarismo del siglo XX. Su capacidad de ser el actor más relevante en la creación del futuro es poca. Para bien o para mal, la principal responsabilidad sobre el éxito o fracaso del proyecto recae en unos cuantos: el presidente y los gobernadores, los líderes de los partidos y en sus representantes en el Congreso.
Los tres grandes partidos políticos mexicanos son los principales, por no decir que los únicos, actores políticos a los que el presidente puede dirigirse para negociar la agenda del futuro inmediato. Las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, los empresarios, los sindicatos, las agrupaciones de profesionales, las universidades y centros de investigación, etcétera, son, desafortunadamente, actores secundarios en el drama político que hoy vive México. Por otra parte, el PAN, el PRI y el PRD, están divididos internamente y sólo de manera parcial y distorsionada reflejan o representan las preocupaciones e intereses de la sociedad mexicana. Y para sustanciar ese punto de vista no hay que ir muy lejos: la última elección de gobernador en Baja California mostró de manera dramática que a la mayoría de la población simplemente le pareció irrelevante cual de los candidatos presentados por esos partidos iba a ocupar el cargo de Ejecutivo estatal. La abstención electoral en ese estado norteño, tan dinámico en muchos otros aspectos, llegó a niveles históricos –más del 60%-- porque, entre otras cosas, los partidos no fueron capaces de despertar, y menos aún, conquistar la imaginación ciudadana. En contraste con esa irrelevancia de los partidos en Baja California, no hace mucho el subcomandante Marcos y el resto de la dirigencia de los rebeldes chiapanecos lograron dar forma y contenido a una gran movilización social en el sur y centro del país en apoyo de una propuesta de ley indígena. Sin embargo, la derrota de esa ley a manos de los partidos en el congreso, dejó igualmente en claro que pese a ser tan poco representativos y tan controlados por camarillas sin imaginación y con exceso de compromisos con intereses creados, los partidos son las instancias insustituibles para llegar a un acuerdo nacional, pues si bien no dan muestra de creatividad ni de empatía con los problemas y preocupaciones de la mayoría ciudadana, sí tiene la capacidad de trabar, desvirtuar o vetar el proceso político.
Antecedentes Positivos y Negativos.- En realidad no son muchos los ejemplos de grandes acuerdos exitosos en la historia política mexicanas. El primero en el tiempo fue el que concretaron en 1821 Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero para hacer realidad la independencia. El más reciente es el Instituto Federal Electoral (IFE) y toda la legislación y recursos materiales y humanos que le sustentan. En efecto, el IFE es la concreción de las reglas que hicieron posible superar la época del conflicto postelectoral y permitieron la alternancia democrática. Entre ambos media más de siglo y medio y otros acuerdos, como el pacto entre la élite política y el presidente Calles que dio por resultado el partido de Estado en 1929, y que introdujo la certidumbre autoritaria entre los miembros de la élite revolucionaria. El pacto de “unidad nacional” durante la II Guerra Mundial sirvió para aceitar el tránsito de la época revolucionaria a la postrevolucionaria, y a partir de la gran crisis económica de 1982, se sucedieron diversos pactos para la estabilidad que involucraron a gobierno, empresarios y sindicatos, y fueron un factor que diluyó los efectos políticos del desastre económico. Sin embargo, la lista más dramática es la que está formada por lo que pudo haber sido y no fue: por los acuerdos que nunca se concretaron y que con su ausencia favorecieron las soluciones violentas.
A veces la historia política mexicana pareciera una serie de oportunidades perdidas y cuyo costo apenas si es posible imaginar. El pacto fundacional que debió haber significado la Constitución de 1824 nunca llegó realmente a operar porque las rivalidades de las facciones se impusieron. La dispersión de fuerzas y pérdida de energía a que condujo el fracaso de la constitución, desembocó en un regionalismo agudo que mucho explica la derrota frente al enemigo en 1847. Conservadores y liberales, Iglesia y Estado nunca pudieron o quisieron llegar a un gran acuerdo que le evitara a México la presencia de la fuerza expedicionaria francesa y la pérdidas de vidas y de oportunidades de desarrollo económico que significó la Guerra de Reforma. Después de haber admitido ante James Creelman en 1908 que México estaba listo para democracia, el dictador Porfirio Díaz desdeñó la posibilidad de llegar a un gran pacto con sus adversarios antirreeleccionistas para someter al menos el puesto de vicepresidente a la incertidumbre democrática; el resultado fue el choque directo, la Revolución Mexicana y el posponer por casi un siglo el advenimiento de la democracia política. Ya desatada la violencia, los jefes insurgentes reunidos en la Soberana Convención de Aguascalientes no quisieron o pudieron llegar a un gran acuerdo para evitar que la sangre siguiera corriendo y la guerra civil se prolongó por varios años. Más adelante, debieron transcurrir tres años de guerra civil en el centro de México (1926-1929) para que la iglesia católica y el nuevo régimen llegaran a un acuerdo de convivencia pacífica, acuerdo que bien pudo haberse logrado desde un inicio.
Pero dejemos nuestra historia y vayamos por un momento a España, ese ejemplo estupendo de transición pacífica del autoritarismo a la democracia. Parte de la explicación del éxito español se encuentra en los pactos y acuerdos. En efecto, tras la muerte de Franco en 1975, los primeros acuerdos fueron entre los varios componentes de la oposición, donde había socialistas, democratacristianos, socialdemócratas y liberales. La llamada Plataforma de Organizaciones Democráticas fue un paso importante en la creación de la atmósfera de negociación con el gobierno de Adolfo Suárez, el heredero de Franco. Luego, tras las primeras elecciones libres, las del 15 de junio de 1977, tuvo lugar el célebre “Pacto de la Moncloa”, de octubre de ese año, en virtud del cual y tomando en cuenta el mal estado de la economía, la oposición aceptó un límite al aumento salarial (20%), un aumento de impuestos, restricciones al crédito y una disminución del gasto público. La contrapartida fueron las promesas del gobierno de una reforma estructural a la economía, reorganización de la policía, mayor libertad para asambleas y manifestaciones e incluso la legalización de la venta de anticonceptivos. Sin embargo, lo más importante del pacto español –un acuerdo extraparlamentario-- fue la sustitución de la política de la confrontación por la política del compromiso y del programa común. Acto seguido vino la verdadera reforma del Estado: la constitución de 1978, que instituyó la monarquía constitucional: un compromiso entre los republicanos, los conservadores y el ejército.
Desde luego que ninguna transición sigue los pasos de una anterior. Todas son diferentes, únicas, pero a México no le vendría mal la adopción de lo que podríamos llamar “El Espíritu de la Moncloa” como un factor más que asegurara que esta vez la democracia llegó para quedarse y funcionar.
A un año del triunfo de la oposición y a siete meses de iniciada la administración presidida por Vicente Fox, una encuesta hecha a una muestra representativa de ciudadanos, señala que el 58.8% de ellos aún confía en que al final del primer gobierno del régimen democrático, el país habrá mejorado. En contraste, los pesimistas, los que prevén un mal resultado, son minoría: el 21.4% (Cambio, 1° de julio). El que hoy siga dominando la confianza ciudadana --las ganas de creer-- a pesar del estancamiento económico que ha vivido el país desde 1981 y la falta de resultados tangibles de la administración foxista, es un hecho de gran relevancia, una fuerza política que debe ser, a la vez, cuidada y empleada a fondo para consolidar la institucionalidad democrática, la nueva forma de vida en común. Sin embargo, es necesario reconocer que el “factor esperanza” no es indiferente al paso del tiempo y, sobre todo, a los resultados concretos. La irresponsabilidad puede disipar las ganas de creer. Es, por tanto, obligación central del actual liderazgo –del presidente pero también de la clase política en su conjunto— retroalimentar las esperanzas y la buena disposición con acciones, logros y, sobre todo, con un claro proyecto de futuro.
En cualquier cambio de régimen, afirma el politólogo español Juan Linz, el tiempo es una variable central y dotada de identidad propia. En efecto, aunque los factores estructurales se mantengan inalterables, resulta que en las peculiares circunstancias de las transiciones, el no tomar las decisiones clave en el momento adecuado, a tiempo, puede ser un desperdicio de oportunidades e incluso arruinar el proceso mismo de cambio, (El factor tiempo en un cambio de régimen, México, 1994, pp.30, 35). Es claro que ahora --cuando aún hay la masa crítica dispuesta a apoyar y confiar en el cambio de régimen--, es justamente el tiempo de concretar un gran acuerdo o pacto nacional entre las principales fuerzas políticas. El objetivo del pacto debe ser el encauzar la energía liberada por la caída del autoritarismo y facilitar la consolidación de una democracia que, precisamente por ser tardía, es aún más valiosa. Desaprovechar la oportunidad sería un imperdonable error histórico.
Hoy, cuando aún no es la actitud ciudadana dominante el inevitable desgaste e incluso desencanto con el cambio de régimen, los principales actores políticos mexicanos están en la posibilidad de definir un conjunto mínimo de metas a corto y mediano plazo y los procedimientos aceptables para conseguirlas –reforma del Estado y reforma fiscal, empleo, seguridad pública, procuración de justicia, readaptación del sistema educativo, relación con el exterior y otras similares-- para disminuir así el riesgo de estancamiento o involución política.
Al cumplirse el primer año de la crucial elección que hizo posible que la sociedad mexicana pasara de estar encuadrada por el sistema autoritario más viejo del mundo a ser la democracia más reciente, el presidente Vicente Fox hizo un llamado a “los principales actores políticos” para conjuntar esfuerzos y dar forma a un acuerdo que le de dirección y seguridad al pluralismo democrático. El hecho mismo de que el jefe del Ejecutivo se haya sentido obligado a solicitar un acuerdo de esa naturaleza –llamado sobre el que volvió a insistir unos días más tarde-- es en sí mismo un indicador de las dificultades que el gobierno federal esta encontrando para llevar adelante la gran empresa de la modernización política. En realidad, y desde principios del siglo XIX, México ha intentado ponerse a tono con la modernidad democrática, pero en todos los casos el empeño terminó en fracaso. Sin poder afirmar que hoy el desenlace va a ser distinto, sí se puede afirmar que las condiciones de este último empeño son mejores que nunca, por tanto no tenemos derecho a fallarnos a nosotros mismos ni a quienes nos sucederán.
Desde luego que si se lograra concretar un acuerdo o pacto entre las varias y antagónicas fuerzas políticas para hacer funcionar y consolidar el nuevo régimen, no por ello el buen resultado de la empresa queda asegurado. Por otro lado, es factible que la institucionalización democrática siga adelante y tenga éxito sin necesidad de un acuerdo como el que propone el presidente. Sin embargo, no hay duda que una convergencia de voluntades en un documento que se proponga delinear el futuro inmediato, aumentaría notablemente las posibilidades de no fallar.
Los Actores.- La sociedad civil mexicana aún padece la debilidad y subdesarrollo en que la mantuvo el autoritarismo del siglo XX. Su capacidad de ser el actor más relevante en la creación del futuro es poca. Para bien o para mal, la principal responsabilidad sobre el éxito o fracaso del proyecto recae en unos cuantos: el presidente y los gobernadores, los líderes de los partidos y en sus representantes en el Congreso.
Los tres grandes partidos políticos mexicanos son los principales, por no decir que los únicos, actores políticos a los que el presidente puede dirigirse para negociar la agenda del futuro inmediato. Las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, los empresarios, los sindicatos, las agrupaciones de profesionales, las universidades y centros de investigación, etcétera, son, desafortunadamente, actores secundarios en el drama político que hoy vive México. Por otra parte, el PAN, el PRI y el PRD, están divididos internamente y sólo de manera parcial y distorsionada reflejan o representan las preocupaciones e intereses de la sociedad mexicana. Y para sustanciar ese punto de vista no hay que ir muy lejos: la última elección de gobernador en Baja California mostró de manera dramática que a la mayoría de la población simplemente le pareció irrelevante cual de los candidatos presentados por esos partidos iba a ocupar el cargo de Ejecutivo estatal. La abstención electoral en ese estado norteño, tan dinámico en muchos otros aspectos, llegó a niveles históricos –más del 60%-- porque, entre otras cosas, los partidos no fueron capaces de despertar, y menos aún, conquistar la imaginación ciudadana. En contraste con esa irrelevancia de los partidos en Baja California, no hace mucho el subcomandante Marcos y el resto de la dirigencia de los rebeldes chiapanecos lograron dar forma y contenido a una gran movilización social en el sur y centro del país en apoyo de una propuesta de ley indígena. Sin embargo, la derrota de esa ley a manos de los partidos en el congreso, dejó igualmente en claro que pese a ser tan poco representativos y tan controlados por camarillas sin imaginación y con exceso de compromisos con intereses creados, los partidos son las instancias insustituibles para llegar a un acuerdo nacional, pues si bien no dan muestra de creatividad ni de empatía con los problemas y preocupaciones de la mayoría ciudadana, sí tiene la capacidad de trabar, desvirtuar o vetar el proceso político.
Antecedentes Positivos y Negativos.- En realidad no son muchos los ejemplos de grandes acuerdos exitosos en la historia política mexicanas. El primero en el tiempo fue el que concretaron en 1821 Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero para hacer realidad la independencia. El más reciente es el Instituto Federal Electoral (IFE) y toda la legislación y recursos materiales y humanos que le sustentan. En efecto, el IFE es la concreción de las reglas que hicieron posible superar la época del conflicto postelectoral y permitieron la alternancia democrática. Entre ambos media más de siglo y medio y otros acuerdos, como el pacto entre la élite política y el presidente Calles que dio por resultado el partido de Estado en 1929, y que introdujo la certidumbre autoritaria entre los miembros de la élite revolucionaria. El pacto de “unidad nacional” durante la II Guerra Mundial sirvió para aceitar el tránsito de la época revolucionaria a la postrevolucionaria, y a partir de la gran crisis económica de 1982, se sucedieron diversos pactos para la estabilidad que involucraron a gobierno, empresarios y sindicatos, y fueron un factor que diluyó los efectos políticos del desastre económico. Sin embargo, la lista más dramática es la que está formada por lo que pudo haber sido y no fue: por los acuerdos que nunca se concretaron y que con su ausencia favorecieron las soluciones violentas.
A veces la historia política mexicana pareciera una serie de oportunidades perdidas y cuyo costo apenas si es posible imaginar. El pacto fundacional que debió haber significado la Constitución de 1824 nunca llegó realmente a operar porque las rivalidades de las facciones se impusieron. La dispersión de fuerzas y pérdida de energía a que condujo el fracaso de la constitución, desembocó en un regionalismo agudo que mucho explica la derrota frente al enemigo en 1847. Conservadores y liberales, Iglesia y Estado nunca pudieron o quisieron llegar a un gran acuerdo que le evitara a México la presencia de la fuerza expedicionaria francesa y la pérdidas de vidas y de oportunidades de desarrollo económico que significó la Guerra de Reforma. Después de haber admitido ante James Creelman en 1908 que México estaba listo para democracia, el dictador Porfirio Díaz desdeñó la posibilidad de llegar a un gran pacto con sus adversarios antirreeleccionistas para someter al menos el puesto de vicepresidente a la incertidumbre democrática; el resultado fue el choque directo, la Revolución Mexicana y el posponer por casi un siglo el advenimiento de la democracia política. Ya desatada la violencia, los jefes insurgentes reunidos en la Soberana Convención de Aguascalientes no quisieron o pudieron llegar a un gran acuerdo para evitar que la sangre siguiera corriendo y la guerra civil se prolongó por varios años. Más adelante, debieron transcurrir tres años de guerra civil en el centro de México (1926-1929) para que la iglesia católica y el nuevo régimen llegaran a un acuerdo de convivencia pacífica, acuerdo que bien pudo haberse logrado desde un inicio.
Pero dejemos nuestra historia y vayamos por un momento a España, ese ejemplo estupendo de transición pacífica del autoritarismo a la democracia. Parte de la explicación del éxito español se encuentra en los pactos y acuerdos. En efecto, tras la muerte de Franco en 1975, los primeros acuerdos fueron entre los varios componentes de la oposición, donde había socialistas, democratacristianos, socialdemócratas y liberales. La llamada Plataforma de Organizaciones Democráticas fue un paso importante en la creación de la atmósfera de negociación con el gobierno de Adolfo Suárez, el heredero de Franco. Luego, tras las primeras elecciones libres, las del 15 de junio de 1977, tuvo lugar el célebre “Pacto de la Moncloa”, de octubre de ese año, en virtud del cual y tomando en cuenta el mal estado de la economía, la oposición aceptó un límite al aumento salarial (20%), un aumento de impuestos, restricciones al crédito y una disminución del gasto público. La contrapartida fueron las promesas del gobierno de una reforma estructural a la economía, reorganización de la policía, mayor libertad para asambleas y manifestaciones e incluso la legalización de la venta de anticonceptivos. Sin embargo, lo más importante del pacto español –un acuerdo extraparlamentario-- fue la sustitución de la política de la confrontación por la política del compromiso y del programa común. Acto seguido vino la verdadera reforma del Estado: la constitución de 1978, que instituyó la monarquía constitucional: un compromiso entre los republicanos, los conservadores y el ejército.
Desde luego que ninguna transición sigue los pasos de una anterior. Todas son diferentes, únicas, pero a México no le vendría mal la adopción de lo que podríamos llamar “El Espíritu de la Moncloa” como un factor más que asegurara que esta vez la democracia llegó para quedarse y funcionar.
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