De la Seguridad Nacional a la del ciudadano.

Lorenzo Meyer
Un concepto difícil . El término de Seguridad Nacional (SN) puede ser definido, en abstracto, de manera sencilla: una situación donde la nación se desarrolle libre de amenazas externas y disfrute de estabilidad interna pero acorde con el Estado de Derecho, es decir, con la normatividad vigente. La parte sustantiva de este concepto, que se refiere a la seguridad del Estado nacional moderno, debe ser lo suficientemente flexible para ajustarse al proyecto de nación imperante, por lo que al final depende de lo que en cada época los actores políticos principales entiendan por “objetivos nacionales”, es decir, el “gran proyecto” que da sentido a la acción cotidiana.
James F. Rochlin, en un trabajo sobre México (Redefining Mexican “Security”, 1977), considera y con razón, que no es posible dar una definición muy específica de SN válida para todos los casos y tiempos. Las nociones de seguridad son, en realidad, una serie sucesiva de construcciones sociales que reflejan las luchas dentro de cada sociedad en sus diferentes épocas históricas (pp. 3). El actual secretario de Defensa, el general Gerardo Vega, en un libro que publicó en 1988 (Seguridad nacional. Concepto, organización, método), subraya que, efectivamente, el contenido del elusivo concepto de SN está sujeto a las peculiaridades del proceso histórico de cada país, y por ello cada entidad nacional debe de construir uno propio, adaptado a sus circunstancias (p.12).
Las Partes y el Todo.- La seguridad de la nación, la del Estado, la del régimen –las reglas del juego político real--, la del gobierno –las autoridades y funcionarios-- y la del ciudadano son partes de un todo indivisible, pero en la práctica no necesariamente están ligadas de manera equilibrada y positiva.
En una situación ideal, la seguridad de cada uno de los cinco elementos debía reforzar la del resto, pero en la realidad suele ocurrir lo opuesto: régimen o gobierno suelen buscar su seguridad a costa de la del ciudadano en un perverso juego suma cero. Pero ¿es compatible un entorno estructuralmente inseguro para el ciudadano con la preservación de uno realmente seguro para los otros elementos de la cadena mencionada? La respuesta deseable es un no rotundo, pero no siempre es el caso. Veamos un ejemplo extremo; en la Alemania de Adolfo Hitler la inseguridad política del ciudadano significó una enorme seguridad para el régimen, al menos en el corto plazo. Sin embargo, para 1945 resultó evidente que la naturaleza de esa inseguridad ciudadana terminó en un desastre completo: millones de muertos, derrota del país y destrucción de su infraestructura, partición del territorio nacional, derrumbe del Estado, destrucción del régimen y un gobierno de ocupación.
Un ejemplo que liga inseguridad ciudadana con inseguridad del régimen, surge de un estudio realizado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del que la prensa acaba de ofrecer un resumen (El Universal, 2 de julio). En él se aborda el caso de la inseguridad ciudadana generada por la creciente violencia que el crimen común ha desatado sobre la población. Si esa violencia no se abate, dice la SSP, puede generar una decepción del ciudadano con las estructuras de autoridad –en realidad ya la está generando, según se desprende de la última encuesta de Reforma (2 de julio)-- que, a su vez, puede transformarse en un descontento que afecte el proceso político, es decir, la consolidación de la democracia incipiente.
La represión política del 68, del 71 y la “guerra sucia” que siguió –la inseguridad extrema para un grupo de ciudadanos— significó en el corto plazo seguridad para los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo. Sin embargo, a la larga, la represión restó legitimidad al régimen priísta, debilitó al Estado –evidenció la ausencia del Estado de Derecho— y no aumentó en nada la seguridad de la nación.
El inicio de la recarga de legitimidad política que significó la caída del viejo sistema autoritario en el 2000, es también un refuerzo para la seguridad institucional pero a condición de que se modifiquen otras variables. En efecto, la inseguridad que millones de mexicanos experimentan cotidianamente hoy frente al crimen, aunada a la inseguridad material producto de un pobre crecimiento de la economía –el PIB per capita aumentó en promedio apenas el 0.33% anual de 1981 al 2000 y el de este año no promete ser mejor— han dado por resultado una gran incertidumbre sobre la naturaleza del futuro inmediato de la sociedad mexicana en general y, sobre todo, para esa mitad de la población clasificada como pobres o pobres extremos.
Entre nosotros, el concepto de seguridad nacional en su sentido más amplio, es decir, en su liga con la seguridad ciudadana y con los elementos de intermediación –Estado, régimen y gobierno— exige hoy una redefinición. El régimen democrático que estamos inaugurando debe ofrecer una SN ligada a la democracia política y, sobre todo, la forja de un proyecto de nación --es decir, de comunidad política, económica, social y cultural— compatible con las condiciones que la dinámica internacional está creando para el siglo XXI.
La Práctica. – De entrada debe de quedar claro que en la vida real no es realmente la nación quien define un proyecto nacional o de seguridad de la nación, sino que siempre sus autores han sido sus élites. Y desde luego, es el gobierno y no la nación el que en cada época ha diseñado y guiado la política de los aparatos tradicionalmente encargados de las tareas relacionadas con la seguridad del Estado: ejército, policía y aparatos de inteligencia. Sin embargo, es claro que no toda la seguridad de una nación tiene que ver con ese conjunto de profesionales que, en realidad y en el mejor de los casos, sólo puede centrarse en aspectos muy específicos y limitados del concepto. En realidad, desde el momento en que nuestro vecino del norte adquirió el carácter de gran potencia mundial con un claro predominio en el Hemisferio Occidental a inicios del siglo pasado, la parte militar de la defensa externa de la SN casi dejó de tener sentido. Desde entonces, la auténtica seguridad de la nación mexicana frente al sistema internacional descansa, fundamentalmente, en elementos políticos, económicos y culturales.
Mala Reputación.- Durante los años de la Guerra Fría, el concepto de SN en América Latina fue definido por la derecha --alentada siempre por Estados Unidos--, en un sentido restringido y represivo, y fue usado por un buen número de gobiernos en general, y por sus cuerpos militares y policíacos en particular, para luchar contra el “enemigo interno”, es decir, contra la izquierda o incluso contra el centro democrático. El término SN sirvió para justificar una represión que no paraba mientes en los medios, que incluyeron la violación sistemática y en muchos casos masiva de los derechos humanos –los ejemplos más dramáticos se dieron en Centro América. Sin embargo, a partir de la globalización, de la implosión de la Unión Soviética y la expansión de la ola democratizadora por el mundo periférico, ha sido necesario, incluso para las fuerzas más conservadoras, adoptar una definición de SN compatible con los valores y los retos dominantes en el mundo contemporáneo, que son menos militares y más económicos, sociales y culturales.
Un Breve Recuento.- En el inicio de la vida independiente de México, y frente al mundo externo, la preservación de esa independencia y de la integridad territorial frente a las amenazas y las acciones militares de varias potencias externas, fue la preocupación central del grupo dirigente con relación a la SN de la joven nación mexicana. Luego, tras la derrota del proyecto imperial respaldado por Francia, el tema prioritario en la agenda de la seguridad lo ocupó el esfuerzo por impedir el avasallamiento económico de México por parte de los imperialismos norteamericano y europeos. Con la Revolución Mexicana de 1910, la resistencia a la ingerencia externa en los asuntos internos –en la confección del nuevo régimen— y la recuperación del control nacional de las áreas económicas estratégicas --el petróleo, parte sustantiva de la agricultura comercial, el sistema bancario— fueron la columna vertebral de la definición de la SN por parte de una clase dirigente que dio forma al llamado “nacionalismo revolucionario”. En la época posrevolucionaria, el afianzamiento de la estabilidad política autoritaria, el impulso de la industrialización sustitutiva de importaciones y la protección de la empresa ineficiente pero nacional, combinado con un alejamiento relativo de la disputa entre las superpotencias del Este y el Oeste, dio el tono a la definición de SG mexicana. A partir de 1982 –el año en que se inició la gran crisis del modelo protegido de industrialización— la inserción de México en la economía de la globalización que culminó con el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, coloreó todas las consideraciones de la élite mexicana con relación a su seguridad y la de la nación.
Desde el punto de vista interno, la SN estuvo marcada en el siglo XIX por los esfuerzos para contrarrestar las fuerzas centrífugas desatadas por la independencia: el regionalismo y el federalismo radical contra el gobierno central. La lucha entre las élites y sus ideologías –la Iglesia contra el Estado laico, liberales contra conservadores, etcétera— más los esfuerzos por dar un mínimo de recursos al erario estatal, enmarcaron la SN en el siglo XIX. También fueron parte de ese marco las pugnas entre las comunidades indígenas por un lado y las élites económicas y las autoridades estatales por el otro. El desesperado esfuerzo por dar forma a una cultura nacional fue igualmente un elemento importante de este proceso.
Desde el siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, el grupo gobernante en turno definió como un ataque a la nación, al Estado, al régimen, al gobierno y a la ciudadanía, las acciones de aquellos que le desafiaron desde fuera o que se separaron del núcleo gobernante para retarlo en el campo militar, en el electoral o laboral: los maderistas, los aguaprietistas, los delahuertistas, los escobaristas, los cristeros, los almazanistas, los henriquistas, los vallejistas e incluso los cardenistas del 88. Desde luego las movilizaciones políticas independientes como los movimientos de trabajadores o los estudiantiles del 68 y del 71, por ejemplo, también fueron clasificados como enemigos tanto del gobierno como del Estado y de la nación misma. Ni que decir de los grupos que recurrieron a la rebelión armada en la época de la Guerra Fría se les ligó con intentos subversivos de carácter internacional y fueron presentados como una amenaza no sólo al gobierno y el régimen, sino al Estado y a la nación e incluso a los valores centrales de la civilización Occidental y cristiana y, desde luego, al bienestar de los ciudadanos. En realidad, sólo el EZLN, con apoyo de una sociedad civil nacional e internacional muy activa, logró que el gobierno ya no pudieran usar las definiciones que en el pasado justificaron el aniquilamiento total de los insurgentes indígenas de Chiapas.
Hacia el Futuro.- La construcción del concepto de SN del presente y del futuro mexicanos, debe tomar en cuenta la experiencia pasada y centrar el esfuerzo en hacer compatibles e interdependientes de manera positiva, la seguridad –y respeto-- del ciudadano y la del resto de los eslabones de la cadena de seguridad.
En el frente interno mexicano y de cara al siglo XXI, la principal amenaza al proyecto nacional y a la SN son el mal desempeño de la economía y la brutal desigualdad de la estructura social. Casi al mismo nivel están la incapacidad del aparato estatal para contar con recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones y su incapacidad de contener la ola criminal que de tiempo atrás azota al país y las dificultades para resolver el problema de corrupción pública, que tiene una raíz tan honda y fuerte que simplemente ha impedido el establecimiento del Estado de Derecho. La reforma a fondo del Estado es hoy otro tema de SN, como lo son la necesidad de asegurar la disponibilidad de energía y agua o de recuperar el equilibrio ecológico. En el frente externo, el problema principal es la enorme dependencia de la economía mexicana de los vaivenes del mercado norteamericano y la debilidad del mercado interno para servir de contrapeso. Finalmente, hay que llenar el vacío dejado por la desaparición del viejo nacionalismo y dar forma a las señales de identidad de la nación mexicana propias de la época de la globalización.
En suma, la SN mexicana necesita hoy apoyarse menos en instituciones como el CISEN y los tradicionales aparatos de coerción y más en instrumentos legítimos económicos, políticos, sociales y culturales.

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