Lorenzo Meyer
La Naturaleza del Problema.- El efecto último y más pernicioso de la corrupción en el campo de lo político --soborno, cohecho, tráfico de influencias, negligencia o cualquier otra forma de acción o transacción ilegal o impropia-- es el deterioro de la moral pública. Es verdad que casos de corrupción en el uso del poder se han dado en todos los países y épocas, pero la extensión e intensidad del fenómeno varía de país en país y de época en época. En México, el problema es que la corrupción en la esfera pública se extiende a lo largo y ancho de toda la estructura gubernamental --desde el municipio hasta la presidencia, de los altos mandos a las ventanillas--, y su intensidad en vez de disminuir pareciera aumentar. El resultado es el debilitamiento de la estructura institucional justo en el momento en que la sociedad mexicana intenta una transición política y económica decisiva.
Para lograr la inserción exitosa de nuestro país en la globalidad se requiere de la confianza interna y externa en el entramado institucional, de tal manera que el entorno de la actividad económica sea estable, las decisiones de autoridad apegadas a derecho, el ambiente social seguro y la calidad de la vida aceptable.
En 1770, Edmund Burke, al examinar las causas del descontento político de su época, concluyó: “Tendríamos que ser más crédulos que un niño de pecho para considerar virtuosos a todos los hombres, pero tendríamos que estar poseídos de una malignidad diabólica sí a todo el mundo lo consideráramos perverso y corrupto”. Al examinar las causas del descontento actual en nuestra sociedad, debemos alterar un poco lo dicho por el famoso teórico y político irlandés y concluir: necesitaríamos estar poseídos de una mentalidad enferma sí supusiéramos que todos los funcionarios públicos son corruptos, pero tendríamos que hacer a un lado las evidencias y ser más crédulos que un niño para no entender que el conjunto del entramado institucional del gobierno mexicano está muy afectado por la corrupción. El problema de la corrupción en México tiene su raíz histórica en el inicio de la época colonia. Desde entonces el asunto ha sido menos producto del reclutamiento para cargos públicos de individuos no probos y más de la naturaleza de las estructuras e instituciones públicas mismas.
La Procuraduría como Ejemplo.- El supuesto suicidio hace unos días del oficial mayor de la Procuraduría General de la República (PGR), José Manuel Izábal Villicaña --miembro de uno de los tantos grupos políticos informales que integran y dan forma a los gobiernos federal y estatales--, se debió, según documentos que se encontraron, a que circunstancias fortuitas pusieron al descubierto hechos que él no podía explicar sin despertar sospechas de corrupción. Según las versiones difundidas por la propia PGR, el suicida tenía varias cajas de seguridad en bancos y en ellas había un monto de dinero relativamente modesto para un funcionario público de alta jerarquía, pero inexplicable únicamente por sus ingresos formales. En fin, lo ocurrido con un funcionario clave en una de las instituciones centrales en la procuración de justicia y el mantenimiento del Estado de Derecho, sólo ha servido para poner de manifiesto, una vez más, la magnitud del problema de la corrupción de la estructura gubernamental en su conjunto.
En varios medios de opinión se ha dicho que el suicidio del “brazo derecho” del Procurador deja sin contestar muchas interrogantes (véase las consideraciones al respecto de Jorge Zepeda Patterson en El Universal, 12 de marzo) y que el responsable de la PGR debería presentar su renuncia para permitir una investigación creíble. Desdichadamente, a estas alturas la sola presencia de un nuevo procurador difícilmente daría credibilidad a cualquier investigación, pues lo que está bajo sospecha no son tanto los individuos como las instituciones.
El antecesor del actual Procurador --Antonio Lozano Gracia--, fue nombrado a ese puesto precisamente por ser poseedor de una biografía peculiar y ajena al ambiente descompuesto de la institución. Se trató de un abogado famoso y militante distinguido de un partido de oposición que se había singularizado por su crítica a la impunidad y corrupción administrativas. Sin embargo, Lozano Gracia fue despedido en 1996 con cajas destempladas tras el escándalo ocasionado por uno de sus colaboradores cercanos: Pablo Chapa. Como se recordará, éste último presentó evidencias falsas y ridículas para incriminar al hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, ahora enemigo político del actual jefe del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el cambio de titular de la PGR en nada contribuyó a aclarar el caso, pues no se le ha logrado probar de manera creíble que el ingeniero Salinas de Gortari fuera el autor intelectual del asesinato en 1994 de su ex cuñado y Secretario General del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, ni tampoco se ha resuelto el misterio del origen de más de cien millones de dólares que el acusado tenía en bancos extranjeros y que no pueden ser producto de sus actividades profesionales.
Autoritarismo y Corrupción.- Todos los sistemas totalitarios, autoritarios y dictatoriales del siglo XX han sido acusados de corrupción en gran escala, lo mismo el fascista de Italia, que el nacionalsocialista de Alemania, que la Unión Soviética que China y, desde luego, las decenas de autoritarismos y dictaduras en Asia. Africa y América Latina. En ocasiones, en esos sistemas, la corrupción a niveles intermedios y bajos fue combatida con medidas duras, incluso extremas, porque creaba al grupo dirigente problemas de imagen y, sobre todo, de control, pero el resultado nunca ha sido permanente. Veamos un ejemplo reciente. China es hoy el sistema totalitario más importante que queda, y su dirigencia ha decidido tomar medidas radicales para que a las fuertes tensiones que ha creado el cambio de política económica y social --“hacerse rico es glorioso” es el lema actual de su socialismo-- no se añada otra: el descontento popular, producto de la corrupción conspicua de los funcionarios. Esta decisión acaba de desembocar en la ejecución del vicegobernador de una provincia; se trató del funcionario del Partido Comunista Chino (PCCh) de más alto rango que haya sido condenado a muerte por soborno --se le acusó de recibir ilegalmente más de 600 mil dólares. Sin embargo, las seguridades dadas por el Primer Ministro de poner fin a la corrupción por la vía de castigos ejemplares, se topa con la sospecha de que la esposa del responsable del PCCh en Beijing está inmiscuida en una estructura de contrabando mayúscula --equivalente a diez mil millones de dólares-- erigida a la sombra de una empresa pública del sur de China. Sin embargo, el alto cargo bajo sospecha es un protegido del presidente chino y por ello no se ha actuado en su contra, (The New York Times, 9 de marzo).
México va por un Camino de Doble Vía.- Nadie puede dudar que desde hace por lo menos doce años, el proceso político mexicano se ha estado moviendo por un camino que lo está llevando a regiones más plurales, competitivas y que, con una buena dosis de suerte, podría desembocar en la democracia. Sin embargo, este proceso, sin duda positivo, se ve afectado por otro en sentido opuesto: uno donde la debilidad institucional resultado de la corrupción se hace cada vez más evidente.
De tiempo atrás, la teoría democrática ha supuesto que la creación de sistemas no autoritarios, plurales, competitivos y con una prensa y un público vigilantes y activos es justamente el remedio adecuado para males cívicos como los que padecemos en México, en particular para reducir el nivel de la corrupción pública. Sin embargo, resulta que entre más nos acercamos a la democracia, mayores son las sospechas y evidencias de una corrupción inabatible y que abarca a todo el sistema. Esas evidencias van desde la persistencia de la “mordida” en casi todos los trámites administrativos a los dineros inexplicables de Raúl Salinas o la enorme fortuna de un antiguo profesor normalista transformado en gran político, a las relaciones del general Jesús Gutierrez Rebollo y otros militares con el narcotráfico, a los fraudes millonarios de los neobanqueros --Carlos Cabal, “El Divino”, Lankenau--, a la sospecha de otros fraudes igualmente espectaculares escondidos en las cuentas del Fobaproa primero y el Ipab, después, a las matanzas por motivos políticos en el sur y cuyos autores intelectuales permanecen impunes, al creciente número de ejecuciones atribuidas al narcotráfico y donde actúan como sicarios policías y agentes judiciales, a las decenas de mujeres muertas en Ciudad Juárez sin que los culpables hayan sido capturados, a las bandas de secuestradores con protección de autoridades, a los altos índices de criminalidad en ciudades como la capital, Guadalajara, Tijuana, Juárez y otras. Y la lista puede seguir y seguir.
El caso italiano hace más evidente la falta de claridad de la relación entre democracia y disminución y control de la corrupción. Tras la caída del fascismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial, Italia se convirtió en una democracia moderna en el pleno sentido del término. Sin embargo, y por otra parte, seis antiguos primeros ministros han sido investigados o, de plano, procesados, por actos de corrupción. El uso del poder político en beneficio personal permea la pirámide política italiana, desde la base hasta la cúspide, y ni la Iglesia se salva.
El caso italiano ilustra bien el hecho de que sí bien no todos los funcionarios son corruptos, el sistema en su conjunto sí puede calificarse de corrupto. Por años aquellos políticos y administradores que personalmente no se beneficiaron del soborno y el tráfico de influencias, desempeñaron su función al lado de los deshonestos, y se convirtieron, aún en contra de su voluntad, en funcionales a la corrupción, pues la preservación de la honradez en su esfera de responsabilidad, le daba algo de legitimidad al sistema pero sin estorbar, sin impedir, el funcionamiento de la gran pirámide o mecanismo de cohecho, soborno y tráfico de influencias. El silencio e impotencia de los honrados resultó, en la práctica, en complicidad con los sinvergüenzas y, por ende, parte del sistema general de corrupción. Sólo la explosión ciudadana de descontento, al margen y contra los partidos, y las presiones provenientes del entorno europeo, le dieron al poder judicial lo que la clase política en su conjunto le había negado: la posibilidad de operar con independencia. La operación “manos limpias” y el valor de ciertos jueces, han empezado a construir una salida al complejo problema italiano.
¿Y México?.- Lo que queda de autoritarismo en México, no está, ni de lejos, dispuesto a tomar medidas contra los suyos al estilo chino. Los “altos mandos” hoy en prisión por corrupción, son pocos, meras golondrinas que no hacen verano. El “castigo ejemplar” no ha tocado aún a ningún gobernador o secretario de Estado, y la impunidad se sostiene como la vieja regla del sistema.
Como se puede ver por la experiencia en algunos estados donde ha habido alternancia en el gobierno --Baja California, Chihuahua con más tiempo, Jalisco y el Distrito Federal, con menos--, la democratización por sí misma, no ha dado por resultado una disminución notable de la criminalidad ni de la corrupción de los niveles medios y de base. La presión externa por hacer efectivo el “Estado de Derecho” que viene de Estados Unidos --el poder dominante en la zona de influencia donde se encuentra México--, tampoco ha logrado mucho, como lo demuestra la creciente fuerza de los carteles de narcotraficantes y el ridículo y absurdo proceso anual de “certificación” de buena conducta que, por razones políticas, ha recibido siempre el gobierno mexicano.
En fin, hay que intentar desde dentro, desde la sociedad misma, que el cambio de régimen que está teniendo lugar en México se convierta en la oportunidad para combatir con efectividad un mal centenario que, de persistir, puede dar al traste con el esfuerzo modernizador. Sin embargo, hay que tener conciencia de que una posible democratización, por sí misma, no asegura la destrucción de ese “gobierno paralelo” que es la relación estrecha, casi institucional, de las estructuras de corrupción con las de la autoridad formal, que hoy, como hace tanto tiempo, caracteriza a nuestro país.
Para lograr la inserción exitosa de nuestro país en la globalidad se requiere de la confianza interna y externa en el entramado institucional, de tal manera que el entorno de la actividad económica sea estable, las decisiones de autoridad apegadas a derecho, el ambiente social seguro y la calidad de la vida aceptable.
En 1770, Edmund Burke, al examinar las causas del descontento político de su época, concluyó: “Tendríamos que ser más crédulos que un niño de pecho para considerar virtuosos a todos los hombres, pero tendríamos que estar poseídos de una malignidad diabólica sí a todo el mundo lo consideráramos perverso y corrupto”. Al examinar las causas del descontento actual en nuestra sociedad, debemos alterar un poco lo dicho por el famoso teórico y político irlandés y concluir: necesitaríamos estar poseídos de una mentalidad enferma sí supusiéramos que todos los funcionarios públicos son corruptos, pero tendríamos que hacer a un lado las evidencias y ser más crédulos que un niño para no entender que el conjunto del entramado institucional del gobierno mexicano está muy afectado por la corrupción. El problema de la corrupción en México tiene su raíz histórica en el inicio de la época colonia. Desde entonces el asunto ha sido menos producto del reclutamiento para cargos públicos de individuos no probos y más de la naturaleza de las estructuras e instituciones públicas mismas.
La Procuraduría como Ejemplo.- El supuesto suicidio hace unos días del oficial mayor de la Procuraduría General de la República (PGR), José Manuel Izábal Villicaña --miembro de uno de los tantos grupos políticos informales que integran y dan forma a los gobiernos federal y estatales--, se debió, según documentos que se encontraron, a que circunstancias fortuitas pusieron al descubierto hechos que él no podía explicar sin despertar sospechas de corrupción. Según las versiones difundidas por la propia PGR, el suicida tenía varias cajas de seguridad en bancos y en ellas había un monto de dinero relativamente modesto para un funcionario público de alta jerarquía, pero inexplicable únicamente por sus ingresos formales. En fin, lo ocurrido con un funcionario clave en una de las instituciones centrales en la procuración de justicia y el mantenimiento del Estado de Derecho, sólo ha servido para poner de manifiesto, una vez más, la magnitud del problema de la corrupción de la estructura gubernamental en su conjunto.
En varios medios de opinión se ha dicho que el suicidio del “brazo derecho” del Procurador deja sin contestar muchas interrogantes (véase las consideraciones al respecto de Jorge Zepeda Patterson en El Universal, 12 de marzo) y que el responsable de la PGR debería presentar su renuncia para permitir una investigación creíble. Desdichadamente, a estas alturas la sola presencia de un nuevo procurador difícilmente daría credibilidad a cualquier investigación, pues lo que está bajo sospecha no son tanto los individuos como las instituciones.
El antecesor del actual Procurador --Antonio Lozano Gracia--, fue nombrado a ese puesto precisamente por ser poseedor de una biografía peculiar y ajena al ambiente descompuesto de la institución. Se trató de un abogado famoso y militante distinguido de un partido de oposición que se había singularizado por su crítica a la impunidad y corrupción administrativas. Sin embargo, Lozano Gracia fue despedido en 1996 con cajas destempladas tras el escándalo ocasionado por uno de sus colaboradores cercanos: Pablo Chapa. Como se recordará, éste último presentó evidencias falsas y ridículas para incriminar al hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, ahora enemigo político del actual jefe del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el cambio de titular de la PGR en nada contribuyó a aclarar el caso, pues no se le ha logrado probar de manera creíble que el ingeniero Salinas de Gortari fuera el autor intelectual del asesinato en 1994 de su ex cuñado y Secretario General del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, ni tampoco se ha resuelto el misterio del origen de más de cien millones de dólares que el acusado tenía en bancos extranjeros y que no pueden ser producto de sus actividades profesionales.
Autoritarismo y Corrupción.- Todos los sistemas totalitarios, autoritarios y dictatoriales del siglo XX han sido acusados de corrupción en gran escala, lo mismo el fascista de Italia, que el nacionalsocialista de Alemania, que la Unión Soviética que China y, desde luego, las decenas de autoritarismos y dictaduras en Asia. Africa y América Latina. En ocasiones, en esos sistemas, la corrupción a niveles intermedios y bajos fue combatida con medidas duras, incluso extremas, porque creaba al grupo dirigente problemas de imagen y, sobre todo, de control, pero el resultado nunca ha sido permanente. Veamos un ejemplo reciente. China es hoy el sistema totalitario más importante que queda, y su dirigencia ha decidido tomar medidas radicales para que a las fuertes tensiones que ha creado el cambio de política económica y social --“hacerse rico es glorioso” es el lema actual de su socialismo-- no se añada otra: el descontento popular, producto de la corrupción conspicua de los funcionarios. Esta decisión acaba de desembocar en la ejecución del vicegobernador de una provincia; se trató del funcionario del Partido Comunista Chino (PCCh) de más alto rango que haya sido condenado a muerte por soborno --se le acusó de recibir ilegalmente más de 600 mil dólares. Sin embargo, las seguridades dadas por el Primer Ministro de poner fin a la corrupción por la vía de castigos ejemplares, se topa con la sospecha de que la esposa del responsable del PCCh en Beijing está inmiscuida en una estructura de contrabando mayúscula --equivalente a diez mil millones de dólares-- erigida a la sombra de una empresa pública del sur de China. Sin embargo, el alto cargo bajo sospecha es un protegido del presidente chino y por ello no se ha actuado en su contra, (The New York Times, 9 de marzo).
México va por un Camino de Doble Vía.- Nadie puede dudar que desde hace por lo menos doce años, el proceso político mexicano se ha estado moviendo por un camino que lo está llevando a regiones más plurales, competitivas y que, con una buena dosis de suerte, podría desembocar en la democracia. Sin embargo, este proceso, sin duda positivo, se ve afectado por otro en sentido opuesto: uno donde la debilidad institucional resultado de la corrupción se hace cada vez más evidente.
De tiempo atrás, la teoría democrática ha supuesto que la creación de sistemas no autoritarios, plurales, competitivos y con una prensa y un público vigilantes y activos es justamente el remedio adecuado para males cívicos como los que padecemos en México, en particular para reducir el nivel de la corrupción pública. Sin embargo, resulta que entre más nos acercamos a la democracia, mayores son las sospechas y evidencias de una corrupción inabatible y que abarca a todo el sistema. Esas evidencias van desde la persistencia de la “mordida” en casi todos los trámites administrativos a los dineros inexplicables de Raúl Salinas o la enorme fortuna de un antiguo profesor normalista transformado en gran político, a las relaciones del general Jesús Gutierrez Rebollo y otros militares con el narcotráfico, a los fraudes millonarios de los neobanqueros --Carlos Cabal, “El Divino”, Lankenau--, a la sospecha de otros fraudes igualmente espectaculares escondidos en las cuentas del Fobaproa primero y el Ipab, después, a las matanzas por motivos políticos en el sur y cuyos autores intelectuales permanecen impunes, al creciente número de ejecuciones atribuidas al narcotráfico y donde actúan como sicarios policías y agentes judiciales, a las decenas de mujeres muertas en Ciudad Juárez sin que los culpables hayan sido capturados, a las bandas de secuestradores con protección de autoridades, a los altos índices de criminalidad en ciudades como la capital, Guadalajara, Tijuana, Juárez y otras. Y la lista puede seguir y seguir.
El caso italiano hace más evidente la falta de claridad de la relación entre democracia y disminución y control de la corrupción. Tras la caída del fascismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial, Italia se convirtió en una democracia moderna en el pleno sentido del término. Sin embargo, y por otra parte, seis antiguos primeros ministros han sido investigados o, de plano, procesados, por actos de corrupción. El uso del poder político en beneficio personal permea la pirámide política italiana, desde la base hasta la cúspide, y ni la Iglesia se salva.
El caso italiano ilustra bien el hecho de que sí bien no todos los funcionarios son corruptos, el sistema en su conjunto sí puede calificarse de corrupto. Por años aquellos políticos y administradores que personalmente no se beneficiaron del soborno y el tráfico de influencias, desempeñaron su función al lado de los deshonestos, y se convirtieron, aún en contra de su voluntad, en funcionales a la corrupción, pues la preservación de la honradez en su esfera de responsabilidad, le daba algo de legitimidad al sistema pero sin estorbar, sin impedir, el funcionamiento de la gran pirámide o mecanismo de cohecho, soborno y tráfico de influencias. El silencio e impotencia de los honrados resultó, en la práctica, en complicidad con los sinvergüenzas y, por ende, parte del sistema general de corrupción. Sólo la explosión ciudadana de descontento, al margen y contra los partidos, y las presiones provenientes del entorno europeo, le dieron al poder judicial lo que la clase política en su conjunto le había negado: la posibilidad de operar con independencia. La operación “manos limpias” y el valor de ciertos jueces, han empezado a construir una salida al complejo problema italiano.
¿Y México?.- Lo que queda de autoritarismo en México, no está, ni de lejos, dispuesto a tomar medidas contra los suyos al estilo chino. Los “altos mandos” hoy en prisión por corrupción, son pocos, meras golondrinas que no hacen verano. El “castigo ejemplar” no ha tocado aún a ningún gobernador o secretario de Estado, y la impunidad se sostiene como la vieja regla del sistema.
Como se puede ver por la experiencia en algunos estados donde ha habido alternancia en el gobierno --Baja California, Chihuahua con más tiempo, Jalisco y el Distrito Federal, con menos--, la democratización por sí misma, no ha dado por resultado una disminución notable de la criminalidad ni de la corrupción de los niveles medios y de base. La presión externa por hacer efectivo el “Estado de Derecho” que viene de Estados Unidos --el poder dominante en la zona de influencia donde se encuentra México--, tampoco ha logrado mucho, como lo demuestra la creciente fuerza de los carteles de narcotraficantes y el ridículo y absurdo proceso anual de “certificación” de buena conducta que, por razones políticas, ha recibido siempre el gobierno mexicano.
En fin, hay que intentar desde dentro, desde la sociedad misma, que el cambio de régimen que está teniendo lugar en México se convierta en la oportunidad para combatir con efectividad un mal centenario que, de persistir, puede dar al traste con el esfuerzo modernizador. Sin embargo, hay que tener conciencia de que una posible democratización, por sí misma, no asegura la destrucción de ese “gobierno paralelo” que es la relación estrecha, casi institucional, de las estructuras de corrupción con las de la autoridad formal, que hoy, como hace tanto tiempo, caracteriza a nuestro país.
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