Lorenzo Meyer
Una visión belicosa de la política
Si se acepta la clásica definición de la guerra que enunció en el siglo XIX el teórico de la guerra total, el general prusiano Carl von Clausewitz (1780-1831) -"la continuación del proceso político por otros medios"-, entonces el proceso político mismo puede definirse como una guerra que no echa mano de la violencia generalizada y sin límites. Desde esta perspectiva, la política es concebida como una lucha que no se lleva hasta sus últimas consecuencias porque renuncia a la neutralización o destrucción física del adversario. Es claro que hay otras definiciones más positivas del arte de la política, y donde el acento no está en la lucha por imponer la voluntad de unos sobre otros, sino en la negociación y los espacios de cooperación entre actores. Sin embargo, el tiempo político mexicano actual está marcado porque lo que está en disputa es algo excepcionalmente importante: la naturaleza misma del régimen. En efecto, en las próximas elecciones se juega la preservación del sistema priista -ya modificado con respecto al original, pero priista al fin- o su sustitución por otro, en principio democrático. La frustración acumulada a lo largo de decenios por aquellos que inútilmente han demandado el cambio dentro del marco legal, sólo es comparable a la ferocidad de los que se resisten a ese cambio.
La política como lucha que sólo renuncia a la violencia sistemática -la intermitente, como bien lo sabe el PRD y sus varios centenares de muertos y encarcelados, es parte del juego- se sustenta en una visión del oponente no como un rival que en otra circunstancia puede ser un aliado, sino como un enemigo irreconciliable al que hay que combatir por todos los medios disponibles. Esta desafortunada visión pareciera ser la que hoy domina y se agudiza en México conforme nos acercamos al encuentro con las urnas. La política como un tipo de guerra, permite entender mejor las estrategias y tácticas que están usando actualmente los actores centrales del proceso, sobre todo ése que tiene mucho que perder y nada que ganar si se da la alternancia de partidos en el poder: el PRI.
La política como guerra civil
El surgimiento del PRI, en 1929, tuvo lugar tres meses antes de que concluyera la guerra cristera, la última gran confrontación y exclusión violenta de actores políticos en la etapa formativa del régimen nacido de la Revolución Mexicana. En efecto, en marzo de 1929 aún continuaba una guerra civil en el centro de México que causó destrucción masiva, forzó la migración de medio millón de campesinos y reclamó la vida de 60 mil soldados federales (incluyendo 12 generales y 70 coroneles) y 40 mil insurgentes más un número indeterminado de bajas civiles (véase sobre el particular a Jean Meyer, La cristiada, 3 tt., 1973-1975). El PRI (entonces PNR) nació como la organización política de los ganadores para imponerse por cualquier medio, legal o ilegal, pacífico o violento, sobre todos los perdedores o inconformes -como bien lo demostró en su biografía el cacique potosino Gonzalo N. Santos (Memorias, Grijalbo, 1984)-, sin permitir que las urnas o las armas le arrancaran el poder político originalmente ganado por esos "otros medios" a los que se refirió Von Clausewitz.
La inefectividad de otra vía política que no fuera la marcada por el partido oficial (un auténtico partido de Estado) se combinó con la flexibilidad de un partido sin una ideología real y que buscaba la absorción sistemática de sus opositores potenciales o efectivos, dentro del círculo de la "gran familia" postrevolucionaria. El autoritarismo mexicano que adquirió entonces forma institucional ha perdurado más que ningún otro gracias a su pragmatismo, a que su objetivo no fue crear o sostener un determinado arreglo económico o social, sino simplemente mantener el poder político dentro de cualquier marco económico o social.
La flexibilidad del régimen priista socavó sistemáticamente las bases de las contraélites, pero desde el principio, y en las márgenes del sistema, siempre hubo los excluidos y los que rechazaron el requisito sine qua non para "hacer política": la sumisión a la voluntad presidencial. El Partido Comunista Mexicano y el Partido Acción Nacional (PAN) fueron dos ejemplos notorios, pero no los únicos, de resistencia al orden priista. En la corta pero interesante lista de quienes en el pasado exigieron la libertad de organización, de acción y de competencia por el poder, garantizada en la Constitución de 1917 pero negada en la práctica, estuvieron también, desde la derecha, los sinarquistas, herederos de los cristeros. Desde el otro lado del espectro ideológico, y por temporadas, también exigieron su derecho a un espacio para la acción política independiente los trabajadores petroleros, mineros, ferrocarrileros, electricistas, los maestros, médicos y, desde luego, los estudiantes y académicos del 68 y del 71. Al final de todas sus movilizaciones hubo una constante: la derrota y la frustración.
En el medio siglo que va de la creación del PRI al inicio de los años ochenta, el surgimiento de grandes movimientos electorales que desafiaron al sistema político en su conjunto fue intermitente, y los mejores ejemplos fueron el almazanismo y el henriquismo. Sin embargo, las minorías que deseaban participar políticamente pero no dentro del PRI, sino como alternativa a éste, nunca desaparecieron y fueron acumulando un sentimiento de frustración que se heredó a través de las generaciones. Son esos grupos de excluidos antiguos o recientes -incluyendo a los priistas marginados por los neoliberales- los que ahora se han convertido en detonadores de una amplia movilización que exige y espera el fin de los 71 años de monopolio del PRI sobre la Presidencia.
Es el sentido de frustración y dignidad herida lo que ha llevado a una parte de la oposición a asumir hoy actitudes que a veces son intransigentes y no muy democráticas, pero que son una reacción a la intransigencia que, en los hechos, han mostrado quienes hicieron una situación permanente de los resultados de una guerra civil que concluyó hace 71 años, y todo en nombre de una revolución que hace más de medio siglo dejó de existir.
La intransigencia de la oposición es, por tanto, reactiva. Y ése es el caso, desde la izquierda, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del Ejército Popular Revolucionario (EPR) -heredero de los movimientos guerrilleros de los años setenta-, del Consejo General de Huelga (CGH) o de los movimientos urbanos como el Francisco Villa. Más hacia el centro, están algunas de las posiciones del cardenismo y del PRD y las de ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG). Finalmente, desde la derecha, la dureza está no tanto en el PAN como en el foxismo, que ha recogido y articulado el hartazgo de una clase media que de tiempo atrás ha dado muestras de estar cansada de la manipulación e irresponsabilidad del régimen, y supone que en las circunstancias actuales está en posibilidad de romper las trabas a la participación política independiente y saldar las cuentas con un presidencialismo sin límites, que ha producido una recesión y clausura de posibilidades que casi duran 20 años. Es un sentido de agravio histórico producto de una concepción de la política como el despojo al que tiene derecho el vencedor de una guerra, lo que, entre otras cosas, ha llevado por un lado al "¡ya basta!" de los neozapatistas y, por el otro, al "¡hoy, hoy, hoy!" de los foxistas.
La intransigencia del poder
En principio, es inaceptable la declaración hecha por el candidato presidencial de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox, de que sólo reconocería una nueva victoria del PRI si el margen de la derrota es, por lo menos, del 10 por ciento de los votos. En la democracia se gana o se pierde por un solo voto y no hay discusión. Sin embargo, la lógica de la afirmación de Fox se hace desde el supuesto de que México aún no es una democracia real, y que pese a contarse ya con un buen padrón y con una institución independiente para preparar y llevar a cabo la elección federal -el Instituto Federal Electoral (IFE)-, la maquinaria priista sigue empeñada en impedir que una parte de la población, en particular los más pobres y necesitados de subsidios gubernamentales, voten con plena libertad, sin coacción. Y la verdad es que la realidad pareciera darle razones a Fox.
Para empezar está la historia del fraude, aceptada incluso por algunos de sus artífices, como es el caso del ya citado Gonzalo N. Santos, que sin pudor alguno admitió cómo, a balazos, desalojó a los almazanistas de casillas en la Ciudad de México e hizo ganar ahí al candidato oficial después de que los bomberos lavaron la sangre derramada. Están, desde luego, el fraude del 88, aún fresco en la memoria colectiva o la obscena cantidad de 70 millones de dólares que se comprobó que el PRI de Tabasco gastó en la campaña del 94. Pero no hay necesidad de ir al pasado, los ejemplos de la concepción de la política como guerra que tiene el PRI, y donde, por tanto, todo se vale, están en la prensa diaria.
Proceso (11 de junio) informa que los mil 739 comités seccionales del PRI en Tamaulipas funcionan todo el año como gestores de la obra gubernamental y 25 mil "promotores del voto" -entre los que se encuentran los funcionarios estatales "fuera de las horas de oficina"- estarán el 2 de julio a la entrada de las casillas, como ya lo estuvieron en elecciones pasadas, para verificar que aquellos a los que comprometieron a votar por su partido, cumplan. Algo muy parecido está ocurriendo en los estados del sureste donde, como en Yucatán, el gobierno local ha entregado 100 mil bicicletas en dos años y más que vienen en camino.
El uso de los recursos de Progresa para comprometer el voto de los pobres entre los pobres, ya ha sido bien ilustrado en las últimas semanas por varias publicaciones. Milenio Semanal (28 de mayo) informó con todo detalle sobre el particular en San Andrés Tuxtla donde se amenazó con quitar los beneficios de Progresa a quienes no votasen por el PRI. Milenio Diario, por su parte, dio a conocer que en las zonas donde viven las familias de los militares en el estado de México (como Naucalpan, Huehuetoca y Cuautitlán Izcalli), Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Chihuahua y en el propio Distrito Federal, "hombres de casquete corto, con ropas verde olivo", visitan los hogares para pedir los datos de la credencial de elector y recordar a sus poseedores que el 2 de julio deberán votar por el partido del gobierno, al que le deben lealtad (13 de junio). Los "promotores del voto" de las burocracias de Pemex gas o del DIF, para citar otros casos reportados recientemente por la prensa, muestran que la maquinaria priista está usando a fondo a toda la burocracia para reclutar y comprometer a sus conocidos a votar por el PRI. Un vocero del Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos anunció que su organización ha detectado que en México "recursos públicos... están siendo manipulados por el partido oficial" (El País, 10 de junio). A ejemplos como los citados hay que sumarles, de nuevo, la política del miedo que tan buen resultado le dio al presidente Zedillo y a su partido en el 94. Una minidevaluación del peso tras unas declaraciones del candidato del PRI del 5 de junio equivalentes a "yo o el caos" o una inexplicable emboscada a policías en Chiapas, pueden ser parte de la creación de una atmósfera de inseguridad para crear recelos frente a la posibilidad del cambio en una sociedad ya de por sí muy conservadora.
En conclusión, la concepción de la lucha electoral en particular y de la política en general como una variante de la guerra, resulta un marco muy anticuado para la modernidad que México, quiera o no, debe de enfrentar. Para superar ese anacronismo es necesario concluir la transición y llegar al cambio de régimen, pero mientras no llegue el cambio, los anacronismos tienden a mantenerse. Hay en todo esto un círculo vicioso difícil de romper, aunque el hecho mismo de que millones de ciudadanos ya no consideren esa ruptura como algo imposible, sea el mejor indicador de que, efectivamente, la ruptura ya es posible.
Si se acepta la clásica definición de la guerra que enunció en el siglo XIX el teórico de la guerra total, el general prusiano Carl von Clausewitz (1780-1831) -"la continuación del proceso político por otros medios"-, entonces el proceso político mismo puede definirse como una guerra que no echa mano de la violencia generalizada y sin límites. Desde esta perspectiva, la política es concebida como una lucha que no se lleva hasta sus últimas consecuencias porque renuncia a la neutralización o destrucción física del adversario. Es claro que hay otras definiciones más positivas del arte de la política, y donde el acento no está en la lucha por imponer la voluntad de unos sobre otros, sino en la negociación y los espacios de cooperación entre actores. Sin embargo, el tiempo político mexicano actual está marcado porque lo que está en disputa es algo excepcionalmente importante: la naturaleza misma del régimen. En efecto, en las próximas elecciones se juega la preservación del sistema priista -ya modificado con respecto al original, pero priista al fin- o su sustitución por otro, en principio democrático. La frustración acumulada a lo largo de decenios por aquellos que inútilmente han demandado el cambio dentro del marco legal, sólo es comparable a la ferocidad de los que se resisten a ese cambio.
La política como lucha que sólo renuncia a la violencia sistemática -la intermitente, como bien lo sabe el PRD y sus varios centenares de muertos y encarcelados, es parte del juego- se sustenta en una visión del oponente no como un rival que en otra circunstancia puede ser un aliado, sino como un enemigo irreconciliable al que hay que combatir por todos los medios disponibles. Esta desafortunada visión pareciera ser la que hoy domina y se agudiza en México conforme nos acercamos al encuentro con las urnas. La política como un tipo de guerra, permite entender mejor las estrategias y tácticas que están usando actualmente los actores centrales del proceso, sobre todo ése que tiene mucho que perder y nada que ganar si se da la alternancia de partidos en el poder: el PRI.
La política como guerra civil
El surgimiento del PRI, en 1929, tuvo lugar tres meses antes de que concluyera la guerra cristera, la última gran confrontación y exclusión violenta de actores políticos en la etapa formativa del régimen nacido de la Revolución Mexicana. En efecto, en marzo de 1929 aún continuaba una guerra civil en el centro de México que causó destrucción masiva, forzó la migración de medio millón de campesinos y reclamó la vida de 60 mil soldados federales (incluyendo 12 generales y 70 coroneles) y 40 mil insurgentes más un número indeterminado de bajas civiles (véase sobre el particular a Jean Meyer, La cristiada, 3 tt., 1973-1975). El PRI (entonces PNR) nació como la organización política de los ganadores para imponerse por cualquier medio, legal o ilegal, pacífico o violento, sobre todos los perdedores o inconformes -como bien lo demostró en su biografía el cacique potosino Gonzalo N. Santos (Memorias, Grijalbo, 1984)-, sin permitir que las urnas o las armas le arrancaran el poder político originalmente ganado por esos "otros medios" a los que se refirió Von Clausewitz.
La inefectividad de otra vía política que no fuera la marcada por el partido oficial (un auténtico partido de Estado) se combinó con la flexibilidad de un partido sin una ideología real y que buscaba la absorción sistemática de sus opositores potenciales o efectivos, dentro del círculo de la "gran familia" postrevolucionaria. El autoritarismo mexicano que adquirió entonces forma institucional ha perdurado más que ningún otro gracias a su pragmatismo, a que su objetivo no fue crear o sostener un determinado arreglo económico o social, sino simplemente mantener el poder político dentro de cualquier marco económico o social.
La flexibilidad del régimen priista socavó sistemáticamente las bases de las contraélites, pero desde el principio, y en las márgenes del sistema, siempre hubo los excluidos y los que rechazaron el requisito sine qua non para "hacer política": la sumisión a la voluntad presidencial. El Partido Comunista Mexicano y el Partido Acción Nacional (PAN) fueron dos ejemplos notorios, pero no los únicos, de resistencia al orden priista. En la corta pero interesante lista de quienes en el pasado exigieron la libertad de organización, de acción y de competencia por el poder, garantizada en la Constitución de 1917 pero negada en la práctica, estuvieron también, desde la derecha, los sinarquistas, herederos de los cristeros. Desde el otro lado del espectro ideológico, y por temporadas, también exigieron su derecho a un espacio para la acción política independiente los trabajadores petroleros, mineros, ferrocarrileros, electricistas, los maestros, médicos y, desde luego, los estudiantes y académicos del 68 y del 71. Al final de todas sus movilizaciones hubo una constante: la derrota y la frustración.
En el medio siglo que va de la creación del PRI al inicio de los años ochenta, el surgimiento de grandes movimientos electorales que desafiaron al sistema político en su conjunto fue intermitente, y los mejores ejemplos fueron el almazanismo y el henriquismo. Sin embargo, las minorías que deseaban participar políticamente pero no dentro del PRI, sino como alternativa a éste, nunca desaparecieron y fueron acumulando un sentimiento de frustración que se heredó a través de las generaciones. Son esos grupos de excluidos antiguos o recientes -incluyendo a los priistas marginados por los neoliberales- los que ahora se han convertido en detonadores de una amplia movilización que exige y espera el fin de los 71 años de monopolio del PRI sobre la Presidencia.
Es el sentido de frustración y dignidad herida lo que ha llevado a una parte de la oposición a asumir hoy actitudes que a veces son intransigentes y no muy democráticas, pero que son una reacción a la intransigencia que, en los hechos, han mostrado quienes hicieron una situación permanente de los resultados de una guerra civil que concluyó hace 71 años, y todo en nombre de una revolución que hace más de medio siglo dejó de existir.
La intransigencia de la oposición es, por tanto, reactiva. Y ése es el caso, desde la izquierda, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del Ejército Popular Revolucionario (EPR) -heredero de los movimientos guerrilleros de los años setenta-, del Consejo General de Huelga (CGH) o de los movimientos urbanos como el Francisco Villa. Más hacia el centro, están algunas de las posiciones del cardenismo y del PRD y las de ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG). Finalmente, desde la derecha, la dureza está no tanto en el PAN como en el foxismo, que ha recogido y articulado el hartazgo de una clase media que de tiempo atrás ha dado muestras de estar cansada de la manipulación e irresponsabilidad del régimen, y supone que en las circunstancias actuales está en posibilidad de romper las trabas a la participación política independiente y saldar las cuentas con un presidencialismo sin límites, que ha producido una recesión y clausura de posibilidades que casi duran 20 años. Es un sentido de agravio histórico producto de una concepción de la política como el despojo al que tiene derecho el vencedor de una guerra, lo que, entre otras cosas, ha llevado por un lado al "¡ya basta!" de los neozapatistas y, por el otro, al "¡hoy, hoy, hoy!" de los foxistas.
La intransigencia del poder
En principio, es inaceptable la declaración hecha por el candidato presidencial de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox, de que sólo reconocería una nueva victoria del PRI si el margen de la derrota es, por lo menos, del 10 por ciento de los votos. En la democracia se gana o se pierde por un solo voto y no hay discusión. Sin embargo, la lógica de la afirmación de Fox se hace desde el supuesto de que México aún no es una democracia real, y que pese a contarse ya con un buen padrón y con una institución independiente para preparar y llevar a cabo la elección federal -el Instituto Federal Electoral (IFE)-, la maquinaria priista sigue empeñada en impedir que una parte de la población, en particular los más pobres y necesitados de subsidios gubernamentales, voten con plena libertad, sin coacción. Y la verdad es que la realidad pareciera darle razones a Fox.
Para empezar está la historia del fraude, aceptada incluso por algunos de sus artífices, como es el caso del ya citado Gonzalo N. Santos, que sin pudor alguno admitió cómo, a balazos, desalojó a los almazanistas de casillas en la Ciudad de México e hizo ganar ahí al candidato oficial después de que los bomberos lavaron la sangre derramada. Están, desde luego, el fraude del 88, aún fresco en la memoria colectiva o la obscena cantidad de 70 millones de dólares que se comprobó que el PRI de Tabasco gastó en la campaña del 94. Pero no hay necesidad de ir al pasado, los ejemplos de la concepción de la política como guerra que tiene el PRI, y donde, por tanto, todo se vale, están en la prensa diaria.
Proceso (11 de junio) informa que los mil 739 comités seccionales del PRI en Tamaulipas funcionan todo el año como gestores de la obra gubernamental y 25 mil "promotores del voto" -entre los que se encuentran los funcionarios estatales "fuera de las horas de oficina"- estarán el 2 de julio a la entrada de las casillas, como ya lo estuvieron en elecciones pasadas, para verificar que aquellos a los que comprometieron a votar por su partido, cumplan. Algo muy parecido está ocurriendo en los estados del sureste donde, como en Yucatán, el gobierno local ha entregado 100 mil bicicletas en dos años y más que vienen en camino.
El uso de los recursos de Progresa para comprometer el voto de los pobres entre los pobres, ya ha sido bien ilustrado en las últimas semanas por varias publicaciones. Milenio Semanal (28 de mayo) informó con todo detalle sobre el particular en San Andrés Tuxtla donde se amenazó con quitar los beneficios de Progresa a quienes no votasen por el PRI. Milenio Diario, por su parte, dio a conocer que en las zonas donde viven las familias de los militares en el estado de México (como Naucalpan, Huehuetoca y Cuautitlán Izcalli), Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Chihuahua y en el propio Distrito Federal, "hombres de casquete corto, con ropas verde olivo", visitan los hogares para pedir los datos de la credencial de elector y recordar a sus poseedores que el 2 de julio deberán votar por el partido del gobierno, al que le deben lealtad (13 de junio). Los "promotores del voto" de las burocracias de Pemex gas o del DIF, para citar otros casos reportados recientemente por la prensa, muestran que la maquinaria priista está usando a fondo a toda la burocracia para reclutar y comprometer a sus conocidos a votar por el PRI. Un vocero del Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos anunció que su organización ha detectado que en México "recursos públicos... están siendo manipulados por el partido oficial" (El País, 10 de junio). A ejemplos como los citados hay que sumarles, de nuevo, la política del miedo que tan buen resultado le dio al presidente Zedillo y a su partido en el 94. Una minidevaluación del peso tras unas declaraciones del candidato del PRI del 5 de junio equivalentes a "yo o el caos" o una inexplicable emboscada a policías en Chiapas, pueden ser parte de la creación de una atmósfera de inseguridad para crear recelos frente a la posibilidad del cambio en una sociedad ya de por sí muy conservadora.
En conclusión, la concepción de la lucha electoral en particular y de la política en general como una variante de la guerra, resulta un marco muy anticuado para la modernidad que México, quiera o no, debe de enfrentar. Para superar ese anacronismo es necesario concluir la transición y llegar al cambio de régimen, pero mientras no llegue el cambio, los anacronismos tienden a mantenerse. Hay en todo esto un círculo vicioso difícil de romper, aunque el hecho mismo de que millones de ciudadanos ya no consideren esa ruptura como algo imposible, sea el mejor indicador de que, efectivamente, la ruptura ya es posible.
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