Lorenzo Meyer
El Derrumbe.- De haber vivido Jorge Ibarguengoita, quizá él hubiera podido transformar el mal final del PRI como forma monopólica del poder en algo bueno, en literatura. Ese mal final fue el despectivo silencio que mantuvieron en el recinto del congreso los legisladores del ex partido de Estado cuando su líder nato, el presidente, celebró el arribo a México de la democracia política. Fue un arribo muy tardío --¡176 años después de que la democracia como forma de gobierno quedara consagrada en nuestra primera constitución republicana!— pero más vale tarde que nunca. En cualquier caso, la conducta de la bancada priístas es indicador de lo difícil que será la relación entre el viejo PRI y la joven democracia.
El edificio político que empezó a construir el general Calles cuando la Revolución Mexicana aún tenía futuro --el Partido Nacional Revolucionario-- es hoy una sombra de lo que fue. Qué el PRI va a mantenerse entre nosotros lo prueban las últimas elecciones de Veracruz, pero su proceso de decadencia también va a continuar. La ruina del PRI tradicional está poniendo al descubierto algunas de las estructuras y mecanismos del autoritarismo que está por concluir, y entre el polvo y el ruido del derrumbe del edificio priísta, entre sus desechos y cascotes, ya podemos ver que el interior de la añosa fortaleza es como lo habíamos imaginado: desagradable, maloliente y un nido de contradicciones.
El espectáculo que ofrece al ojo ajeno un PRI que pierde su centro y razón de ser –el monopolio del poder-- es más sórdido que escandaloso y, por momentos, más grotesco que sórdido. Y aunque esa visión no es edificante ni nos descubra nada que no supiéramos ya, no dejar de ser didáctica, pues está mostrando las entrañas de una forma patrimonial y arbitraria de ejercer el poder que debemos grabarnos en la memoria para no permitir que vuelva a surgir. Entre más conozcamos del viejo PRI, más valuaremos las bondades de su ausencia.
En su postrer comparecencia ante el Congreso, el último presidente priísta –Ernesto Zedillo-- decidió ofrecer una muy selectiva “reflexión sobre la marcha de nuestra nación”. Desde su perspectiva, casi todo se veía bien. Sin embargo, fuera de “Los Pinos” la “otra realidad”, esa que se impone brutalmente sobre el discurso, enfatiza en este fin de régimen el carácter esquizofrénico que siempre tuvo. En efecto, desde su alta tribuna, el presidente saliente asegura que él y su gobierno tuvieron desde siempre una visión generosa y proba de la tarea de gobernar, respetuosa del derecho y de los principios democráticos. Y tan es así que hoy aceptan, sin queja y con elegancia, el veredicto adverso de las urnas. Sin embargo, y desde la orilla de “la otra realidad”, surge el penoso espectáculo de un antiguo gobernador y de un secretario de Estado que de la noche a la mañana se convierten en prófugos de la justicia. Un par de caciques urbanos del PRI pierden el control sobre sí mismos y con furia primitiva lanzan unos contra otros a sus seguidores hasta dejar como saldo un reguero de muertos. En Zacatecas, carreteras que aparecieron en los informes y propaganda del gobierno federal resultan ausentes de la realidad. Se descubre luego que una concesión monopólica muy jugosa para que se den servicios que, por la confidencialidad de los datos, deberían ser responsabilidad del Estado, les fue otorgada a empresarios extranjeros con un pasado criminal. Altos mandos del ejército que por años estuvieron en el centro mismo de un aparato represor del Estado, ahora aparecen acusados de ser cómplices del narcotráfico. Y un etcétera más largo.
Chimalhuacán, Caso Extremo que no Unico.- Esa crónica del final real del régimen que dominó a México a lo largo del siglo XX, parece sacada menos de la gran historia del poder y más de la picaresca. En cualquier caso, el correr de los últimos tiempos ha resultado un telón de fondo perfectamente acorde con la naturaleza de un sistema de gobierno donde el abuso del poder fue institucional. El caso de los cacicazgos de Chimalhuacán que saltó a la prensa en agosto como nota roja, es sólo uno de los ejemplos que permiten penetrar mejor la naturaleza de los mecanismos de control que han caracterizado a México por mucho tiempo.
“El hombre es el lobo del hombre”, es el resumen de una visión pesimista de la naturaleza de la sociedad, pero si se modifica para que se lea “`La Loba’ es el lobo del hombre”, retrata perfectamente el caso de Chimalhuacán. En efecto, todos recordamos a “La Loba” como el personaje central de lo ocurrido en la mañana del viernes 18 de agosto en el centro de ese municipio del Estado de México –en y alrededor de su palacio municipal, para ser precisos--, que se convirtió en escenario de un enfrentamiento violento entre varios centenares de militantes de dos organizaciones locales y que dejó como saldo más de una decena de muertos y varias más de heridos y detenidos. Se trató de la trágica, inaceptable pero lógica culminación de una vieja pugna entre dos grupos de priístas por el control del gobierno local --“Antorcha Popular” dirigida por Jesús Tolentino Román Bojórquez y la asociación “Organización de Pueblos y Colonias” (OPC) liderada por María Eulalia Buendía Torres, “La Loba”.
El choque furioso, a muerte, entre las dos maquinarias caciquiles priístas y que rebasó los límites usuales, quizá pueda explicarse por la acumulación de presiones y frustraciones resultado de la drástica y repentina reducción de los espacios de acción de esas maquinarias. Con una pérdida de puestos a su disposición por el avance de la oposición democrática, el gobernador ya no pudo compensar a unos de los “cuadros históricos” (“La Loba”) por los puestos que perdían a manos de otros (los “antorchistas”).
La definición de cacique no necesita ser muy complicada, se trata de aquella persona que ejerce un poder despótico o influencia excesiva en los asuntos políticos o administrativos de un lugar, (Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales, V.1, 1987, p. 280). Y eso son justamente “La Loba” y Tolentino, personajes herederos de una tradición política prehispánica y reforzada, y mucho, por la hispánica.
Desde sus inicios, el PRI construyó un eficiente mecanismo de control político mediante la cooptación y refuerzo de esa vieja tradición caciquil. Esos personajes presentes en casi cualquier pueblo, asentamiento irregular, colonia popular o sindicato y que ejercen “un poder despótico o influencia excesiva”, sirvieron al PRI de gozne entre la sociedad local y la autoridad distante. Por un lado, los caciques usan de su arrojo, iniciativa y dones naturales de liderazgo, para organizar a la comunidad y presionar hasta obtener la exclusividad o casi de la distribución de ciertos permisos, bienes y servicios básicos. Por el otro lado, esos caciques se transforman en delegados locales de la autoridad externa, es decir, de la “alta clase política”. Y es en ese proceso de intermediación entre su clientela masiva y la elite política que controla los mecanismos del gobierno y del Estado donde se forma la verdadera pirámide política del PRI y de su régimen.
Ya que su poder no dimana de ningún cargo formal --aunque a veces si lo tiene— el cacique no tiene el límite de tiempo del político formal y menos aún el que debería imponer el fantasmagórico “estado de derecho”. En realidad, quien construye un cacicazgo ya logró institucionalizar un alto grado de impunidad. La responsabilidad del cacique frente a sus bases clientelares es proveerlas de algún bien escaso –tierras, agua, títulos, empleos, permisos, protección, servicios, etcétera— a cambio de una mezcla de pagos en efectivo, en obediencia y en servicios. Con relación al poder superior, al del Estado, encarnado en el gobernador o el presidente –los “políticos profesionales”-- la responsabilidad del cacique es mantener el orden, impedir la actividad de los enemigos de su protector y garantizar votos y contingentes para las movilizaciones. En su actividad cotidiana, el cacique ha expropiado, en nombre del régimen, una parte del poder de la autoridad legal y lo ha sustituido por su voluntad.
En buena parte del mundo rural, en los asentamientos irregulares, en las colonias populares o en las grandes organizaciones corporativas del PRI, el verdadero proceso político –la distribución de puestos, recursos y oportunidades-- no se da por la vía de las urnas y otros mecanismos formales, sino mediante la negociación directa con y entre caciques. El anterior, es un proceso que se ha desarrollado en un contexto de pleno patrimonialismo, protegido, fomentado y reglamentado informalmente por los niveles políticos superiores, pero que hoy está entrando en crisis como resultado del advenimiento de la democracia política.
La Radiografía de un Caso.- Cuando María Eulalia Buendía Torres encabezó el ataque de las autoridades salientes de Chimalhuacán contra las entrantes, tenía ya 20 años de ser un cuadro del PRI. En efecto, cuando “La Loba” entró a sus años treinta, encontró las condiciones adecuadas para florecer como “líder natural”. Dejó su papel de afanadora del Seguro Social y empezó a vivir de y para la política de Chimalhuacán, un municipio que hoy tiene más de un millón de habitantes.
La carrera priísta de la señora Buendía está llena de invasiones de terrenos federales, ejidales y comunales. De ahí surgió la OPC, su organización y parte integral del corporativismo priísta. Montada en esa maquinaria, “La Loba” se apropió por diez años del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS); y quien controla el servicio domiciliario de agua en lugares como Chimalhuacán, controla un recurso estratégico. Por si lo anterior no fuera suficiente, la cacique también tomó la dirección local del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF). Con la OPC como punto de apoyó, “La Loba” se metió al sistema del transporte público e hizo del gobierno municipal un asunto de familia: los cargos del ayuntamiento fueron a parar a su hermana, esposo, hijos, comadre, ahijado, etcétera.
En el transcurso de su peculiar carrera, la señora Buendía acumuló alrededor de 80 denuncias penales en su contra por delitos que iban del despojo al asesinato, pero contra la acción de la débil y corrupta justicia mexicana, “La Loba” contó con el apoyo de aquellos a quienes servía: los gobernadores Ignacio Pichardo, Emilio Chhuayffet, Cesar Camacho y, hasta el día de la matanza, Arturo Montiel.
Hoy, cuando el PRI se bate en retirada, “La Loba” ha sido, por fin, puesta en manos de la justicia, pero la otra organización caciquil, “Antorcha Popular” y su líder Jesús Tolentino, siguen jugando su papel y aprovechando el vacío dejado por “La Loba”. Que el caciquismo sigue operando no sólo en el Estado de México sino en todos los reductos del PRI, no cuesta mucho demostrarlo, es suficiente examinar las últimas elecciones municipales de Veracruz donde, por ejemplo, Cirilo Vázquez Lagunes, un típico cacique y ganadero, amenazó abiertamente a los integrantes de una comisión electoral municipal con quemar el local donde laboraban si no era declarado vencedor el candidato priísta designado por él (Milenio diario, 4 de septiembre). En México aún hay muchos lobos sueltos, y la democracia va a tener una prueba de fuego en la lucha contra ellos.
Zedillo y “La Loba”.- Ernesto Zedillo afirmó en la ceremonia de clausura del presidencialismo autoritario que el suyo no fue un ejercicio patrimonial del poder, que su gobierno fue de absoluta inspiración liberal --apegado a la letra y al espíritu de la ley-- y que se preparaba a entrar en la historia satisfecho de su obra económica. Aceptemos sin conceder que las afirmaciones del presidente fueron hechas de buena fe, pero igualmente tenemos que aceptar que “La Loba” es la otra cara de la moneda. En tal caso, es imposible negar que la actual administración estuvo, en mayor o menor medida, montada en el patrimonialismo, la impunidad, el abuso del poder y la irresponsabilidad del caciquismo. A final de cuentas, y aunque fuera el último, el zedillismo fue un eslabón más de la larga cadena del priísmo.
El edificio político que empezó a construir el general Calles cuando la Revolución Mexicana aún tenía futuro --el Partido Nacional Revolucionario-- es hoy una sombra de lo que fue. Qué el PRI va a mantenerse entre nosotros lo prueban las últimas elecciones de Veracruz, pero su proceso de decadencia también va a continuar. La ruina del PRI tradicional está poniendo al descubierto algunas de las estructuras y mecanismos del autoritarismo que está por concluir, y entre el polvo y el ruido del derrumbe del edificio priísta, entre sus desechos y cascotes, ya podemos ver que el interior de la añosa fortaleza es como lo habíamos imaginado: desagradable, maloliente y un nido de contradicciones.
El espectáculo que ofrece al ojo ajeno un PRI que pierde su centro y razón de ser –el monopolio del poder-- es más sórdido que escandaloso y, por momentos, más grotesco que sórdido. Y aunque esa visión no es edificante ni nos descubra nada que no supiéramos ya, no dejar de ser didáctica, pues está mostrando las entrañas de una forma patrimonial y arbitraria de ejercer el poder que debemos grabarnos en la memoria para no permitir que vuelva a surgir. Entre más conozcamos del viejo PRI, más valuaremos las bondades de su ausencia.
En su postrer comparecencia ante el Congreso, el último presidente priísta –Ernesto Zedillo-- decidió ofrecer una muy selectiva “reflexión sobre la marcha de nuestra nación”. Desde su perspectiva, casi todo se veía bien. Sin embargo, fuera de “Los Pinos” la “otra realidad”, esa que se impone brutalmente sobre el discurso, enfatiza en este fin de régimen el carácter esquizofrénico que siempre tuvo. En efecto, desde su alta tribuna, el presidente saliente asegura que él y su gobierno tuvieron desde siempre una visión generosa y proba de la tarea de gobernar, respetuosa del derecho y de los principios democráticos. Y tan es así que hoy aceptan, sin queja y con elegancia, el veredicto adverso de las urnas. Sin embargo, y desde la orilla de “la otra realidad”, surge el penoso espectáculo de un antiguo gobernador y de un secretario de Estado que de la noche a la mañana se convierten en prófugos de la justicia. Un par de caciques urbanos del PRI pierden el control sobre sí mismos y con furia primitiva lanzan unos contra otros a sus seguidores hasta dejar como saldo un reguero de muertos. En Zacatecas, carreteras que aparecieron en los informes y propaganda del gobierno federal resultan ausentes de la realidad. Se descubre luego que una concesión monopólica muy jugosa para que se den servicios que, por la confidencialidad de los datos, deberían ser responsabilidad del Estado, les fue otorgada a empresarios extranjeros con un pasado criminal. Altos mandos del ejército que por años estuvieron en el centro mismo de un aparato represor del Estado, ahora aparecen acusados de ser cómplices del narcotráfico. Y un etcétera más largo.
Chimalhuacán, Caso Extremo que no Unico.- Esa crónica del final real del régimen que dominó a México a lo largo del siglo XX, parece sacada menos de la gran historia del poder y más de la picaresca. En cualquier caso, el correr de los últimos tiempos ha resultado un telón de fondo perfectamente acorde con la naturaleza de un sistema de gobierno donde el abuso del poder fue institucional. El caso de los cacicazgos de Chimalhuacán que saltó a la prensa en agosto como nota roja, es sólo uno de los ejemplos que permiten penetrar mejor la naturaleza de los mecanismos de control que han caracterizado a México por mucho tiempo.
“El hombre es el lobo del hombre”, es el resumen de una visión pesimista de la naturaleza de la sociedad, pero si se modifica para que se lea “`La Loba’ es el lobo del hombre”, retrata perfectamente el caso de Chimalhuacán. En efecto, todos recordamos a “La Loba” como el personaje central de lo ocurrido en la mañana del viernes 18 de agosto en el centro de ese municipio del Estado de México –en y alrededor de su palacio municipal, para ser precisos--, que se convirtió en escenario de un enfrentamiento violento entre varios centenares de militantes de dos organizaciones locales y que dejó como saldo más de una decena de muertos y varias más de heridos y detenidos. Se trató de la trágica, inaceptable pero lógica culminación de una vieja pugna entre dos grupos de priístas por el control del gobierno local --“Antorcha Popular” dirigida por Jesús Tolentino Román Bojórquez y la asociación “Organización de Pueblos y Colonias” (OPC) liderada por María Eulalia Buendía Torres, “La Loba”.
El choque furioso, a muerte, entre las dos maquinarias caciquiles priístas y que rebasó los límites usuales, quizá pueda explicarse por la acumulación de presiones y frustraciones resultado de la drástica y repentina reducción de los espacios de acción de esas maquinarias. Con una pérdida de puestos a su disposición por el avance de la oposición democrática, el gobernador ya no pudo compensar a unos de los “cuadros históricos” (“La Loba”) por los puestos que perdían a manos de otros (los “antorchistas”).
La definición de cacique no necesita ser muy complicada, se trata de aquella persona que ejerce un poder despótico o influencia excesiva en los asuntos políticos o administrativos de un lugar, (Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales, V.1, 1987, p. 280). Y eso son justamente “La Loba” y Tolentino, personajes herederos de una tradición política prehispánica y reforzada, y mucho, por la hispánica.
Desde sus inicios, el PRI construyó un eficiente mecanismo de control político mediante la cooptación y refuerzo de esa vieja tradición caciquil. Esos personajes presentes en casi cualquier pueblo, asentamiento irregular, colonia popular o sindicato y que ejercen “un poder despótico o influencia excesiva”, sirvieron al PRI de gozne entre la sociedad local y la autoridad distante. Por un lado, los caciques usan de su arrojo, iniciativa y dones naturales de liderazgo, para organizar a la comunidad y presionar hasta obtener la exclusividad o casi de la distribución de ciertos permisos, bienes y servicios básicos. Por el otro lado, esos caciques se transforman en delegados locales de la autoridad externa, es decir, de la “alta clase política”. Y es en ese proceso de intermediación entre su clientela masiva y la elite política que controla los mecanismos del gobierno y del Estado donde se forma la verdadera pirámide política del PRI y de su régimen.
Ya que su poder no dimana de ningún cargo formal --aunque a veces si lo tiene— el cacique no tiene el límite de tiempo del político formal y menos aún el que debería imponer el fantasmagórico “estado de derecho”. En realidad, quien construye un cacicazgo ya logró institucionalizar un alto grado de impunidad. La responsabilidad del cacique frente a sus bases clientelares es proveerlas de algún bien escaso –tierras, agua, títulos, empleos, permisos, protección, servicios, etcétera— a cambio de una mezcla de pagos en efectivo, en obediencia y en servicios. Con relación al poder superior, al del Estado, encarnado en el gobernador o el presidente –los “políticos profesionales”-- la responsabilidad del cacique es mantener el orden, impedir la actividad de los enemigos de su protector y garantizar votos y contingentes para las movilizaciones. En su actividad cotidiana, el cacique ha expropiado, en nombre del régimen, una parte del poder de la autoridad legal y lo ha sustituido por su voluntad.
En buena parte del mundo rural, en los asentamientos irregulares, en las colonias populares o en las grandes organizaciones corporativas del PRI, el verdadero proceso político –la distribución de puestos, recursos y oportunidades-- no se da por la vía de las urnas y otros mecanismos formales, sino mediante la negociación directa con y entre caciques. El anterior, es un proceso que se ha desarrollado en un contexto de pleno patrimonialismo, protegido, fomentado y reglamentado informalmente por los niveles políticos superiores, pero que hoy está entrando en crisis como resultado del advenimiento de la democracia política.
La Radiografía de un Caso.- Cuando María Eulalia Buendía Torres encabezó el ataque de las autoridades salientes de Chimalhuacán contra las entrantes, tenía ya 20 años de ser un cuadro del PRI. En efecto, cuando “La Loba” entró a sus años treinta, encontró las condiciones adecuadas para florecer como “líder natural”. Dejó su papel de afanadora del Seguro Social y empezó a vivir de y para la política de Chimalhuacán, un municipio que hoy tiene más de un millón de habitantes.
La carrera priísta de la señora Buendía está llena de invasiones de terrenos federales, ejidales y comunales. De ahí surgió la OPC, su organización y parte integral del corporativismo priísta. Montada en esa maquinaria, “La Loba” se apropió por diez años del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS); y quien controla el servicio domiciliario de agua en lugares como Chimalhuacán, controla un recurso estratégico. Por si lo anterior no fuera suficiente, la cacique también tomó la dirección local del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF). Con la OPC como punto de apoyó, “La Loba” se metió al sistema del transporte público e hizo del gobierno municipal un asunto de familia: los cargos del ayuntamiento fueron a parar a su hermana, esposo, hijos, comadre, ahijado, etcétera.
En el transcurso de su peculiar carrera, la señora Buendía acumuló alrededor de 80 denuncias penales en su contra por delitos que iban del despojo al asesinato, pero contra la acción de la débil y corrupta justicia mexicana, “La Loba” contó con el apoyo de aquellos a quienes servía: los gobernadores Ignacio Pichardo, Emilio Chhuayffet, Cesar Camacho y, hasta el día de la matanza, Arturo Montiel.
Hoy, cuando el PRI se bate en retirada, “La Loba” ha sido, por fin, puesta en manos de la justicia, pero la otra organización caciquil, “Antorcha Popular” y su líder Jesús Tolentino, siguen jugando su papel y aprovechando el vacío dejado por “La Loba”. Que el caciquismo sigue operando no sólo en el Estado de México sino en todos los reductos del PRI, no cuesta mucho demostrarlo, es suficiente examinar las últimas elecciones municipales de Veracruz donde, por ejemplo, Cirilo Vázquez Lagunes, un típico cacique y ganadero, amenazó abiertamente a los integrantes de una comisión electoral municipal con quemar el local donde laboraban si no era declarado vencedor el candidato priísta designado por él (Milenio diario, 4 de septiembre). En México aún hay muchos lobos sueltos, y la democracia va a tener una prueba de fuego en la lucha contra ellos.
Zedillo y “La Loba”.- Ernesto Zedillo afirmó en la ceremonia de clausura del presidencialismo autoritario que el suyo no fue un ejercicio patrimonial del poder, que su gobierno fue de absoluta inspiración liberal --apegado a la letra y al espíritu de la ley-- y que se preparaba a entrar en la historia satisfecho de su obra económica. Aceptemos sin conceder que las afirmaciones del presidente fueron hechas de buena fe, pero igualmente tenemos que aceptar que “La Loba” es la otra cara de la moneda. En tal caso, es imposible negar que la actual administración estuvo, en mayor o menor medida, montada en el patrimonialismo, la impunidad, el abuso del poder y la irresponsabilidad del caciquismo. A final de cuentas, y aunque fuera el último, el zedillismo fue un eslabón más de la larga cadena del priísmo.
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