“Solitaria, Pobre, Dura, Brutal y Corta”.- El contraste entre sociedades con similitudes básicas pero diferentes, como fue el caso de las ciudades-estado griegas, le permitieron a Aristóteles (384-322 ac) formular algunas de sus principales hipótesis en torno a la naturaleza del poder e iniciar el estudio científico de la política. Un viaje a Colombia –un país amable al que le falló su estructura política-- para intercambiar notas sobre los procesos mexicano y colombiano, permite constatar que el enfoque comparativo sigue siendo muy útil.
Con una mezcla de amargura y resignación, un colega colombiano afirmó: “desafortunadamente, la mejor visión para explicar a este país no es la de Locke, sino la de Hobbes”. Y resulta que, efectivamente, ese enfoque es tan bueno como el que más para adentrarnos en la terrible problemática del país de los “Cien años de soledad” pero, si seguimos como vamos, también para el nuestro.
Como se recordará, al despuntar la Ilustración, John Locke (1632-1704), científico y filósofo inglés, consideraba que la relación original entre los hombres, la anterior a la existencia del derecho y la autoridad --el “estado de naturaleza”-- era básicamente una relación ética, positiva, que se caracterizaba por ser “pacífica, de buena voluntad, de ayuda y preservación mutuas”. Sí a pesar de lo anterior, la humanidad creó la gran gama de instituciones estatales que hemos conocido a lo largo de la historia, fue para mejorar la convivencia mediante la elaboración de leyes, la preservación de la propiedad, la seguridad y la libertad individual. En cualquier caso, la soberanía era del pueblo y la autoridad legítima sólo es posible por voluntad de los gobernados. Tomas Hobbes (1588-1679) partió de supuestos muy diferentes: el “Estado de naturaleza” era la inmoralidad misma, una lucha de todos contra todos motivada por una búsqueda incesante de poder del fuerte a costa del débil, y en esa condición la vida era “solitaria, pobre, dura, brutal y corta”. Justamente para evitar esa situación, los hombres cedieron su libertad al Estado, que sólo funciona bien con un príncipe fuerte y soberano, único medio para controlar los malos instintos de los súbditos. Desde esta perspectiva, incluso la peor tiranía es preferible al retorno a la guerra sin fin de todos contra todos.
Las Instituciones Débiles y la Violencia.- Con el asesinato en Bogotá el 9 de abril de 1948 y a plena luz del día del líder populista Eliécer Gaitán, se inicio la etapa de “La Violencia”, aunque en realidad el arranque de tan brutal proceso data de antes (ya en 1947 se registraron 14 mi muertes por razones políticas). En cualquier caso, entre 1948 y 1962 la lucha por el poder cobró la vida de 200 mil colombianos, y desembocó en un acuerdo entre liberales y conservadores para compartir el gobierno: el Frente Nacional de 1958-1974. La guerrilla de izquierda por una parte, los carteles del narcotráfico y los paramilitares por la otra, terminaron por institucionalizar una nueva violencia que se prolonga hasta hoy. Así, para una buena parte de los colombianos, y a pesar de la existencia formal de una estructura de autoridad, la vida pública se asemeja mucho más a la pesimista visión de Hobbes que a la optimista de Locke.
Tanto en el análisis de los académicos colombianos como en el de los equipos de los cuatro candidatos por la presidencia en el 2002, se sostiene que el problema urgente de solucionar es la debilidad de las instituciones estatales, aunque los problemas de fondo son la pobreza, el estancamiento económico y un desempleo del 20%. La debilidad de las instituciones políticas tiene sus indicadores más dramáticos en la violencia imparable y en la imposibilidad del Estado de tener presencia efectiva en una amplia zona del país controlada por los movimientos armados guerrilleros –las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de liberación Nacional (ELN)— o por sus enemigos, los cada vez más fuertes y visibles paramilitares. En conjunto, la violencia no estatal controla zonas que, sumadas, puede llegar a un tercio del territorio nacional; el 60% de los municipios han experimentado o experimentan alguna forma de acción guerrillera o paramilitar.
Entre 1985 y 1998, Colombia vivió 14 mil acciones armadas, desde atentados y sabotajes hasta combates formales. En el período, el promedio anual de muertes originadas por esa violencia fue de 1,420. A lo anterior hay que añadir el secuestro, que si bien en muchos casos tuvo y tiene un origen meramente criminal, en otros esta perversamente ligado a la acción guerrillera o paramilitar; entre el 85 y el 98, el promedio anual de secuestros pasó de nueve a ochenta por millón de habitantes. Y hay más indicadores en el mismo sentido (ver Astrid Martínez Ortiz, ed., Economía, crimen y conflicto, Bogotá, Universidad Nacional, 2001).
Los carteles de los narcotraficantes son otra fuerza económica y política que ha desafiado con éxito a la autoridad. Hoy, el financiamiento de las guerrillas proviene, parcialmente, de los impuestos al tráfico de drogas en sus regiones. Desde luego que el gobierno colombiano --apoyado por Estados Unidos mediante el “Plan Colombia”--, aún conserva la capacidad de hacer frente al desafío de alguno de los capos de la droga, como bien lo pudo comprobar el tristemente célebre Pablo Escobar, muerto en diciembre de 1993. Sin embargo, antes de caer abatido por el ejército en Medellín, Escobar –que llegó a contar con una milicia particular calculada en mil hombres-- fue capaz de infiltrar a las instituciones gubernamentales, ordenar el asesinato de un buen número de personas, incluidos varios candidatos presidenciales, un ministro de justicia, un procurador general, dinamitar dos periódicos y un avión con 107 pasajeros a bordo, secuestrar a un buen números de periodistas y personalidades relacionadas con la vida pública y dictar al gobierno en 1991 las condiciones de su rendición y estadía –temporal, claro está.
La importancia del narcotráfico en Colombia se puede apreciar en las cifras: se calcula que entre 1982 y 1998, el narcotráfico obtuvo utilidades por 31, 768 millones de dólares, (Ricardo Rocha García, en Martínez Ortiz, op. cit., p. 225). La corrupción es notable en muchos estados, pero en el caso de Colombia y por la magnitud del narcotráfico en su economía (alrededor del 3.3 % PIB en los últimos veinte años) ha tocado el centro mismo de su vida política. Así, por ejemplo, desde el inicio y hasta el final de su cuatrienio (1994-1998), el presidente Ernesto Samper tuvo que invertir el grueso de su energía política en defenderse de la acusación de haber recibido dinero para su campaña electoral. Para Colombia, se trató de una presidencia que puede resumirse como una oportunidad política perdida y un ahondamiento de la desconfianza de la sociedad frente a su clase gobernante (Mauricio Vargas, Tristes tigres, Planeta, 2001, pp. 81-129).
¿Y México?.- Volviendo la vista a nuestro caso, tenemos que por un buen tiempo del siglo XX, el Estado, régimen y gobierno mexicanos, dominados por una presidencia autoritaria y un partido corporativo y sin competidor, fueron la antítesis de sus contrapartes colombianas. Sin embargo, en la medida en que la crisis política del 68 y la económica del 82 minaron al régimen, el autoritarismo mexicano entró en un proceso irreversible de decadencia y debilitamiento, y la red institucional que canalizaba y controlaba las demandas sociales –sindicatos, organizaciones ejidales, universidades, uniones de productores, organismos empresariales, etcétera-- empezó a perder eficacia y el Estado dejó de ser fuerte.
En Colombia, los partidos políticos tradicionales son ya maquinarias muy alejadas de la vida cotidiana de los ciudadanos, aparatos corruptos, sin disciplina, caciquiles y sin penetración real en la sociedad. En México, la famosa solidez y disciplina del partido de Estado, el PRI, empezó a resquebrajarse con la escisión producida por salida del ingeniero Cárdenas y los suyos en 1987, y ese proceso de descomposición dio un salto cualitativo con los asesinatos de su candidato presidencial y de su secretario general en 1994. Hoy, tras el fin del largo dominio del PRI sobre la vida política del país, ese partido, así como sus rivales, el PAN y el PRD, cada vez son más, como en Colombia, unas meras maquinarias electorales manejadas por una pequeña oligarquía y cada vez menos institutos políticos capaces de penetrar y procesar las demandas de la sociedad.
La enorme corrupción de un gobierno mexicano que por mucho tiempo no tuvo que dar cuenta a nadie de sus actos, fue un campo fértil para la colonización de sus servicios de seguridad por parte de unos narcotraficantes que empezaron a actuar en escala internacional modesta después de la II Guerra Mundial, pero que con el correr del tiempo crecieron, se conectaron con los colombianos y lograron la capacidad de reproducir su volumen y sofisticación. En 1985 la Dirección Federal de Seguridad tuvo que ser destruida por el presidente Miguel de la Madrid, tras comprobarse que trabajaba más para los narcotraficantes que para el Estado. El narcotráfico mexicano hoy puede eliminar jueces, como acaba de hacerlo en Sinaloa, y el general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, ex jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y hoy en prisión por servir a un cartel de narcotraficantes, ha lanzado una acusación de complicidad con el narcotráfico de parientes del ex presidente Ernesto Zedillo (Proceso, 4 de noviembre del 2001). La situación aún no es igual a la colombiana, pero tampoco es enteramente diferente.
La “industria del secuestro” en México no esta ligada a variables políticas como en Colombia, pero va en aumento y es otro indicador claro y alarmante de la ineficiencia y la corrupción de los aparatos policiacos, en cuyo seno encuentran cómplices de las bandas de secuestradores. La impunidad de los asesinatos de varios centenares de mujeres en Ciudad Juárez lleva ya tanto tiempo que se puede considerar institucionalizada, pues ninguna autoridad ha tenido la capacidad o la voluntad de enfrentarla.
Al actual presidente colombiano, Andrés Pastrana, se le reclama ser un mandatario al que simplemente no le gusta gobernar, que rehuye el combate interno y asume la actitud de jefe de Estado pero no de gobierno, situación particularmente grave sí, como ya se dijo, el Estado es precisamente la institución más débil de Colombia y el país requiere, justo por la enorme crisis en que vive, de un jefe de gobierno particularmente activo y de actuar decisivo. Pastrana, un hombre de buena voluntad que simplemente apostó todo a la firma de la paz con los poderosos guerrilleros y fracasó; es un presidente que deja que los miembros de su gabinete --lleno de conflictos-- entren en choque público como consecuencia de sus diferencias en torno a las grandes decisiones políticas, y que rehuye meterse él mismo en el debate, poner orden y asumir la responsabilidad de las decisiones finales. Se trata, en fin, de un presidente que habiendo visto que no fructificó su esfuerzo por lograr la paz, pareciera que ya sólo espera el momento de entregar el mando. Sus críticos, señalan que el presidente colombiano ya únicamente se entusiasma por la gestión en el campo internacional: por sus visitas al exterior o por las de mandatarios extranjeros a Colombia (ver a Vargas, op. cit., pp. 160-182).
Es verdad que el presidente Fox dispone de un Estado menos débil que el colombiano, pero también es cierto que ese Estado esta perdiendo fuerza. Es cierto que la insurgencia mexicana es casi simbólica comparada con los veinte mil guerrilleros bien armados y muy curtidos por cuarenta años de experiencia de Colombia, y que los asesinos de la defensora mexicana de derechos humanos, Digna Ochoa, aún están lejos de ser equivalentes a los paramilitares colombianos, y así por el estilo. Sin embargo, en el estilo de gobernar foxista, en la violencia del crimen organizado, en la impunidad que sigue manteniendo el pasado, en la corrupción y debilidad creciente de las instituciones publicas, en el también creciente desencanto de la sociedad con su gobierno, etcétera, ya hay ecos de la situación colombiana. Y es mejor vernos abiertamente en el espejo colombiano para actuar en consecuencia, que pretender que lo que sucede en ese bello y trágico país andino no puede pasar en México, porque ya esta pasando.
Con una mezcla de amargura y resignación, un colega colombiano afirmó: “desafortunadamente, la mejor visión para explicar a este país no es la de Locke, sino la de Hobbes”. Y resulta que, efectivamente, ese enfoque es tan bueno como el que más para adentrarnos en la terrible problemática del país de los “Cien años de soledad” pero, si seguimos como vamos, también para el nuestro.
Como se recordará, al despuntar la Ilustración, John Locke (1632-1704), científico y filósofo inglés, consideraba que la relación original entre los hombres, la anterior a la existencia del derecho y la autoridad --el “estado de naturaleza”-- era básicamente una relación ética, positiva, que se caracterizaba por ser “pacífica, de buena voluntad, de ayuda y preservación mutuas”. Sí a pesar de lo anterior, la humanidad creó la gran gama de instituciones estatales que hemos conocido a lo largo de la historia, fue para mejorar la convivencia mediante la elaboración de leyes, la preservación de la propiedad, la seguridad y la libertad individual. En cualquier caso, la soberanía era del pueblo y la autoridad legítima sólo es posible por voluntad de los gobernados. Tomas Hobbes (1588-1679) partió de supuestos muy diferentes: el “Estado de naturaleza” era la inmoralidad misma, una lucha de todos contra todos motivada por una búsqueda incesante de poder del fuerte a costa del débil, y en esa condición la vida era “solitaria, pobre, dura, brutal y corta”. Justamente para evitar esa situación, los hombres cedieron su libertad al Estado, que sólo funciona bien con un príncipe fuerte y soberano, único medio para controlar los malos instintos de los súbditos. Desde esta perspectiva, incluso la peor tiranía es preferible al retorno a la guerra sin fin de todos contra todos.
Las Instituciones Débiles y la Violencia.- Con el asesinato en Bogotá el 9 de abril de 1948 y a plena luz del día del líder populista Eliécer Gaitán, se inicio la etapa de “La Violencia”, aunque en realidad el arranque de tan brutal proceso data de antes (ya en 1947 se registraron 14 mi muertes por razones políticas). En cualquier caso, entre 1948 y 1962 la lucha por el poder cobró la vida de 200 mil colombianos, y desembocó en un acuerdo entre liberales y conservadores para compartir el gobierno: el Frente Nacional de 1958-1974. La guerrilla de izquierda por una parte, los carteles del narcotráfico y los paramilitares por la otra, terminaron por institucionalizar una nueva violencia que se prolonga hasta hoy. Así, para una buena parte de los colombianos, y a pesar de la existencia formal de una estructura de autoridad, la vida pública se asemeja mucho más a la pesimista visión de Hobbes que a la optimista de Locke.
Tanto en el análisis de los académicos colombianos como en el de los equipos de los cuatro candidatos por la presidencia en el 2002, se sostiene que el problema urgente de solucionar es la debilidad de las instituciones estatales, aunque los problemas de fondo son la pobreza, el estancamiento económico y un desempleo del 20%. La debilidad de las instituciones políticas tiene sus indicadores más dramáticos en la violencia imparable y en la imposibilidad del Estado de tener presencia efectiva en una amplia zona del país controlada por los movimientos armados guerrilleros –las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de liberación Nacional (ELN)— o por sus enemigos, los cada vez más fuertes y visibles paramilitares. En conjunto, la violencia no estatal controla zonas que, sumadas, puede llegar a un tercio del territorio nacional; el 60% de los municipios han experimentado o experimentan alguna forma de acción guerrillera o paramilitar.
Entre 1985 y 1998, Colombia vivió 14 mil acciones armadas, desde atentados y sabotajes hasta combates formales. En el período, el promedio anual de muertes originadas por esa violencia fue de 1,420. A lo anterior hay que añadir el secuestro, que si bien en muchos casos tuvo y tiene un origen meramente criminal, en otros esta perversamente ligado a la acción guerrillera o paramilitar; entre el 85 y el 98, el promedio anual de secuestros pasó de nueve a ochenta por millón de habitantes. Y hay más indicadores en el mismo sentido (ver Astrid Martínez Ortiz, ed., Economía, crimen y conflicto, Bogotá, Universidad Nacional, 2001).
Los carteles de los narcotraficantes son otra fuerza económica y política que ha desafiado con éxito a la autoridad. Hoy, el financiamiento de las guerrillas proviene, parcialmente, de los impuestos al tráfico de drogas en sus regiones. Desde luego que el gobierno colombiano --apoyado por Estados Unidos mediante el “Plan Colombia”--, aún conserva la capacidad de hacer frente al desafío de alguno de los capos de la droga, como bien lo pudo comprobar el tristemente célebre Pablo Escobar, muerto en diciembre de 1993. Sin embargo, antes de caer abatido por el ejército en Medellín, Escobar –que llegó a contar con una milicia particular calculada en mil hombres-- fue capaz de infiltrar a las instituciones gubernamentales, ordenar el asesinato de un buen número de personas, incluidos varios candidatos presidenciales, un ministro de justicia, un procurador general, dinamitar dos periódicos y un avión con 107 pasajeros a bordo, secuestrar a un buen números de periodistas y personalidades relacionadas con la vida pública y dictar al gobierno en 1991 las condiciones de su rendición y estadía –temporal, claro está.
La importancia del narcotráfico en Colombia se puede apreciar en las cifras: se calcula que entre 1982 y 1998, el narcotráfico obtuvo utilidades por 31, 768 millones de dólares, (Ricardo Rocha García, en Martínez Ortiz, op. cit., p. 225). La corrupción es notable en muchos estados, pero en el caso de Colombia y por la magnitud del narcotráfico en su economía (alrededor del 3.3 % PIB en los últimos veinte años) ha tocado el centro mismo de su vida política. Así, por ejemplo, desde el inicio y hasta el final de su cuatrienio (1994-1998), el presidente Ernesto Samper tuvo que invertir el grueso de su energía política en defenderse de la acusación de haber recibido dinero para su campaña electoral. Para Colombia, se trató de una presidencia que puede resumirse como una oportunidad política perdida y un ahondamiento de la desconfianza de la sociedad frente a su clase gobernante (Mauricio Vargas, Tristes tigres, Planeta, 2001, pp. 81-129).
¿Y México?.- Volviendo la vista a nuestro caso, tenemos que por un buen tiempo del siglo XX, el Estado, régimen y gobierno mexicanos, dominados por una presidencia autoritaria y un partido corporativo y sin competidor, fueron la antítesis de sus contrapartes colombianas. Sin embargo, en la medida en que la crisis política del 68 y la económica del 82 minaron al régimen, el autoritarismo mexicano entró en un proceso irreversible de decadencia y debilitamiento, y la red institucional que canalizaba y controlaba las demandas sociales –sindicatos, organizaciones ejidales, universidades, uniones de productores, organismos empresariales, etcétera-- empezó a perder eficacia y el Estado dejó de ser fuerte.
En Colombia, los partidos políticos tradicionales son ya maquinarias muy alejadas de la vida cotidiana de los ciudadanos, aparatos corruptos, sin disciplina, caciquiles y sin penetración real en la sociedad. En México, la famosa solidez y disciplina del partido de Estado, el PRI, empezó a resquebrajarse con la escisión producida por salida del ingeniero Cárdenas y los suyos en 1987, y ese proceso de descomposición dio un salto cualitativo con los asesinatos de su candidato presidencial y de su secretario general en 1994. Hoy, tras el fin del largo dominio del PRI sobre la vida política del país, ese partido, así como sus rivales, el PAN y el PRD, cada vez son más, como en Colombia, unas meras maquinarias electorales manejadas por una pequeña oligarquía y cada vez menos institutos políticos capaces de penetrar y procesar las demandas de la sociedad.
La enorme corrupción de un gobierno mexicano que por mucho tiempo no tuvo que dar cuenta a nadie de sus actos, fue un campo fértil para la colonización de sus servicios de seguridad por parte de unos narcotraficantes que empezaron a actuar en escala internacional modesta después de la II Guerra Mundial, pero que con el correr del tiempo crecieron, se conectaron con los colombianos y lograron la capacidad de reproducir su volumen y sofisticación. En 1985 la Dirección Federal de Seguridad tuvo que ser destruida por el presidente Miguel de la Madrid, tras comprobarse que trabajaba más para los narcotraficantes que para el Estado. El narcotráfico mexicano hoy puede eliminar jueces, como acaba de hacerlo en Sinaloa, y el general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, ex jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y hoy en prisión por servir a un cartel de narcotraficantes, ha lanzado una acusación de complicidad con el narcotráfico de parientes del ex presidente Ernesto Zedillo (Proceso, 4 de noviembre del 2001). La situación aún no es igual a la colombiana, pero tampoco es enteramente diferente.
La “industria del secuestro” en México no esta ligada a variables políticas como en Colombia, pero va en aumento y es otro indicador claro y alarmante de la ineficiencia y la corrupción de los aparatos policiacos, en cuyo seno encuentran cómplices de las bandas de secuestradores. La impunidad de los asesinatos de varios centenares de mujeres en Ciudad Juárez lleva ya tanto tiempo que se puede considerar institucionalizada, pues ninguna autoridad ha tenido la capacidad o la voluntad de enfrentarla.
Al actual presidente colombiano, Andrés Pastrana, se le reclama ser un mandatario al que simplemente no le gusta gobernar, que rehuye el combate interno y asume la actitud de jefe de Estado pero no de gobierno, situación particularmente grave sí, como ya se dijo, el Estado es precisamente la institución más débil de Colombia y el país requiere, justo por la enorme crisis en que vive, de un jefe de gobierno particularmente activo y de actuar decisivo. Pastrana, un hombre de buena voluntad que simplemente apostó todo a la firma de la paz con los poderosos guerrilleros y fracasó; es un presidente que deja que los miembros de su gabinete --lleno de conflictos-- entren en choque público como consecuencia de sus diferencias en torno a las grandes decisiones políticas, y que rehuye meterse él mismo en el debate, poner orden y asumir la responsabilidad de las decisiones finales. Se trata, en fin, de un presidente que habiendo visto que no fructificó su esfuerzo por lograr la paz, pareciera que ya sólo espera el momento de entregar el mando. Sus críticos, señalan que el presidente colombiano ya únicamente se entusiasma por la gestión en el campo internacional: por sus visitas al exterior o por las de mandatarios extranjeros a Colombia (ver a Vargas, op. cit., pp. 160-182).
Es verdad que el presidente Fox dispone de un Estado menos débil que el colombiano, pero también es cierto que ese Estado esta perdiendo fuerza. Es cierto que la insurgencia mexicana es casi simbólica comparada con los veinte mil guerrilleros bien armados y muy curtidos por cuarenta años de experiencia de Colombia, y que los asesinos de la defensora mexicana de derechos humanos, Digna Ochoa, aún están lejos de ser equivalentes a los paramilitares colombianos, y así por el estilo. Sin embargo, en el estilo de gobernar foxista, en la violencia del crimen organizado, en la impunidad que sigue manteniendo el pasado, en la corrupción y debilidad creciente de las instituciones publicas, en el también creciente desencanto de la sociedad con su gobierno, etcétera, ya hay ecos de la situación colombiana. Y es mejor vernos abiertamente en el espejo colombiano para actuar en consecuencia, que pretender que lo que sucede en ese bello y trágico país andino no puede pasar en México, porque ya esta pasando.
No hay comentarios:
Publicar un comentario