Posibilidades.- Kabul, Jalalabad, Kandahar o Herat están, literalmente, al otro lado de nuestro mundo, pero la fuerza de los impactos de los misiles que norteamericanos y británicos dispararon sobre esas ciudades el primer día de su ofensiva contra el islamismo radical, lanzaron a las páginas interiores de la prensa al Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional (APDN) firmado con gran solemnidad en la Ciudad de México la tarde del domingo 7 de octubre, por el presidente Fox y los dirigentes de los partidos. Sin embargo, los eventos en Afganistán y México están relacionados por algo más que la simultaneidad. Fue justamente la crisis política internacional desatada por el enfrentamiento entre Estados Unidos y el islamismo que le declaró la “guerra santa” desde Afganistán, la que sirvió de catalizador para la firma de un documento que resume la agenda nacional, que había sido demandado de tiempo atrás por el presidente pero que los partidos se habían mostrado reticentes a negociar. Finalmente el fin de semana pasado se plasmó el acuerdo en cuatro capítulos --social, económico, internacional y político-- 34 temas y 67 puntos. Si bien aún falta que los órganos de dirección de los partidos lo ratifiquen, el documento podría ser el punto de partida de una serie de decisiones concertadas de la clase política mexicana en su conjunto para evitar una parálisis o dispersión de esfuerzos en medio de una economía que no crece. Claro que igual el documento puede ser un simple pedazo de papel que conduzca a la nada.
Antecedentes.- En 1942, ya bien entrada la II Guerra Mundial, pero recién ingresado México a las filas de los reales o supuestos defensores de la libertad en guerra contra El Eje totalitario, el gobierno de Manuel Avila Camacho aprovechó lo espectacular y peligroso de la coyuntura externa para anunciar la firma de un Pacto de Unidad Obrera que acabó con las luchas sindicales y afianzó una política de “unidad nacional” respaldada por todos los ex presidentes vivos. En la práctica, el acuerdo buscó acabar con las pugnas internas del partido oficial en aras de un esfuerzo colectivo y a costa de sacrificar lo que aún quedaba del cardenismo, clausurar la Revolución Mexicana y encaminar a México por la derecha.
A diferencia de hace 59 años, hoy hace ya tiempo que la política económica y social mexicana marcha sistemáticamente por la derecha. En realidad, lo que las circunstancias demandan es mover al país aunque sea un poco hacia el centro –combatir la pobreza y mejorar distribución del ingreso, como lo propone el APDN--, para amortiguar los duros golpes que la globalización y el neoliberalismo le han propinado al nivel de vida y a las expectativas del grueso de la población. De seguir México por el camino trazado por de De la Madrid-Salinas-Zedillo, se va a dificultar en extremo la consolidación de la democracia política recién ganada, pues la igualdad política necesita de una disminución de la brutal desigualdad social para poder funcionar y clausurar las alternativas que ofrecen los radicales.
El intento de Ernesto Zedillo 1995 por llegar a un gran pacto político que le hubiera permitido afrontar mejor la emergencia económica resultado del mal llamado “error de diciembre” del año anterior y la caída en picada de todos los indicadores económicos, se vino abajo como consecuencia de la propia debilidad del presidente que no pudo hacer frente a la insubordinación de un cacique del sur que aún sigue operando –Roberto Madrazo— y en cambio debió sacrificar a su secretario de Gobernación y ver como el PRD se alejaba del acuerdo recién firmado. Lo que fue anunciado como la “Refundación de la República” terminó en una simple anécdota. Es posible que hoy la clase política en su conjunto haya aprendido de los errores del pasado y no vuelva a sacrificar lo más por lo menos, pero no nos llamemos a sorpresa si esto último es lo que vuelve a ocurrir. Como sea, lo que hoy está en juego es de importancia: avanzar o estancarnos en la consolidación de la primera etapa del régimen democrático. Hace ya más de diez meses que Vicente Fox asumió el poder y ni su gobierno ni la oposición han logrado dar una coherencia mínima a sus acciones, y si tal incapacidad es problema serio en los tiempos normales, lo es mucho más en tiempos de incertidumbre interna y externa como son los actuales. En el siglo XIX México ya pagó el alto costo de la dispersión y fragmentación del poder; sería imperdonable volver a repetir la experiencia en el XXI.
El Problema.- Una de las características más importantes del orden priísta en su etapa clásica –la que transcurrió entre su consolidación con Lázaro Cárdenas y el inicio de su destrucción bajo Miguel de la Madrid--, era la gran concentración del poder político. En efecto, hubo entonces una unidad de mando en la presidencia y toda la maquinaria administrativa del país así como los actores políticos relevantes, obedecían sin cuestionar las decisiones políticas tomadas por el jefe del Ejecutivo cualesquiera que éstas fueran. Con la decadencia y caída de ese orden, esa concentración del poder ha dado rápidamente paso a un proceso opuesto pero que tampoco es saludable.
En principio, la desconcentración de las decisiones políticas tendría que ser una evolución bien recibida por una sociedad ya muy compleja y deseosa de vivir en el pluralismo democrático. Sin embargo, sí un cambio de esa magnitud histórica no se hace con cuidado, pude llevar a que la descentralización se transforme en dispersión o fragmentación del poder, situación que ya no es compatible con la democracia pues puede paralizarla o ahogarla en el desorden y la ingobernabilidad.
Definiciones y Enfoques.- Robert Dahl, un notable científico político norteamericano, ha definido la democracia real, la que efectivamente existe, como un sistema poliárquico, es decir, uno que es altamente incluyente –el grueso de las clases y grupos están representados y sus intereses son tomados en cuenta— y extensamente competitivo –la oposición es real, legítima y tiene capacidad de influir en la formulación y puesta en práctica de las decisiones políticas, (Polyarchy. Participation and Opposition, 1971, pp. 7-8). En ese tipo de régimen –que es el propio de las sociedades complejas y exitosas modernas--, hay una multitud de actores y de fuentes de poder, influencia y decisión. Para contener y encausar esa pluralidad en pugna, es necesario contar con un sólido marco institucional, uno capaz de resistir la fricción producida por el choque de los intereses, pues la energía que genera la dinámica democrática es tal que sin las instituciones adecuadas, fácilmente puede degenerar en parálisis o en conflictos de clase incontrolables.
Pero ¿y si no existen las instituciones que permitan el juego pacífico que requiere la poliarquía? El alegato en favor de la concentración del poder aún a expensas de la democracia está muy bien formulado en el trabajo sobre la modernización política en las sociedades atrasadas publicado en 1968 por Samuel P. Huntington –el politólogo hoy famoso por su tesis del “choque de civilizaciones”— y titulado El orden político en las sociedades cambiantes. En esa obra, Huntington sostuvo que aquellas sociedades que debieron enfrentarse tardíamente al proceso de modernización, como fue el caso de México, casi nunca pueden darse el lujo de seguir los lentos pero seguros pasos de las democracias originales –Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etcétera— sino que, para recuperar parte del tiempo perdido, debieron de romper los patrones tradicionales –en nuestro caso, el orden colonial— antes de contar con las instituciones que pudieran contener ordenadamente a sus nuevos actores masivos. De ahí que los países que más o menos tuvieron éxito en el siglo XX en tan difícil proceso, fueron las que recurrieron no a la poliarquía democrática sino a la hegemonía, es decir, a la concentración del poder y a la limitación del pluralismo. Y fue ese desarrollo el que dio lugar a un orden más o menos autoritario cuya alternativa real, según el autor, no era la democracia sino la inestabilidad, el caos y la inviabilidad.
La posición anterior puede resumirse así: para que se pueda limitar democráticamente a la autoridad se requiere que primero exista algún tipo de autoridad efectiva. En otras palabras, la concentración del poder por los varios medios disponibles es primero y luego la democracia. Desde esta perspectiva, obviamente conservadora pero que acumula una buena dosis de datos históricos en su favor, la Revolución Mexicana fue un proceso exitoso de modernización, pues la vía revolucionaria ha sido una de las principales rutas hacia la modernización, ya que en su esencia está la creación de instituciones nuevas para encuadrar y controlar a las masas recién movilizadas. Sin embargo, las revoluciones no conducen a la democracia política sino todo lo contrario, a la creación de un liderazgo y de un partido autoritarios, en nuestro caso, el PRI. Desde esta perspectiva teórica, resulta que la victoria de la oposición en México en el 2000 puede ser interpretada como el momento en que la autoridad política efectiva pero no democrática creada a lo largo del siglo XX por la vía de un partido de Estado, maduró al punto que el marco institucional antidemocrático se hizo cada vez más obsoleto y disfuncional; el poder altamente concentrado se convirtió en obstáculo para el desarrollo y el Estado de Derecho y se hizo necesario empezar a acotarlo, a controlarlo desde la sociedad. En términos de Dahl y como resultado de su modernización, México pasó de una hegemonía relativamente incluyente a una poliarquía.
La Gran Interrogante.- Hasta aquí, y si se hace caso omiso del enorme costo que tuvo la transformación política mexicana, todo pareciera ir más o menos encaminado en el sentido shakesperiano de: “todo está bien si termina bien”. Sin embargo, resulta que toda poliarquía funciona bajo la sombra o la amenaza de la incoherencia, la ineficacia y la parálisis, pues la complejidad del pluralismo debe de resolverse sin la presencia de un centro articulador fuerte. La mayor poliarquía del mundo, los Estados Unidos, funcionan con una presidencia muy acotada por el congreso salvo, quizá, en momentos de emergencia nacional como la actual. El congreso, a su vez, está muy determinado por las relaciones de cada uno de sus miembros con fuertes intereses económicos o sindicales. Además, la norteamericana es una sociedad de litigio permanente --todos y todo se lleva a pleito en las cortes-- y, finalmente, donde los poderes locales son muy fuertes y en no pocas ocasiones se ponen en abierta contradicción con los estatales y los nacionales. Sin embargo, sus sólidas instituciones políticas --originalmente inglesas que luego se desarrollaron como nacionales a lo largo de más de dos siglos--, más un notable desarrollo económico, han permitido a Estados Unidos después de su guerra civil de hace casi siglo y medio, resolver con éxito las incoherencias propias de su pluralismo. Pero nada asegura un resultado semejante en otros casos.
La recién estrenada poliarquía mexicana, tiene que empezar a desarrollarse no sólo en un entorno de subdesarrollo económico sino de franco estancamiento. El “milagro mexicano” que tanto legitimó al autoritarismo priísta entre 1940 a 1982, hoy es sólo un débil recuerdo en un país donde hace veinte años que no hay nada digno de llamarse ya no “milagro” sino simple crecimiento económico. Así pues, el novedoso experimento democrático mexicano tiene que desarrollarse en condiciones muy desfavorables en lo económico, pero lo peor es que también debe de hacerlo dentro de un marco institucional que fue creado por y para el autoritarismo.
El Pendiente.- Es claro que la democracia mexicana aún tiene que dar forma a sus propias instituciones. Lo ideal sería hacerlo mediante la promulgación de una nueva constitución pero por el momento eso es casi imposible. Una alternativa sería la tan mencionada aunque nunca emprendida reforma del Estado. Ante la ausencia de ambas posibilidades, la solución temporal (¿la “peor es nada”?) no es otra que el recién presentado APDN, que no es otra cosa que una lista de buenas y vagas intenciones, cuyo cumplimiento en mucho depende de la buena voluntad de las partes, en particular del PRI, que nunca se ha distinguido por esa buena voluntad pero que mantiene la mayoría relativa en el Congreso. En fin, la moneda que habrá de decidir nuestro destino político aún está en el aire, a merced de inercias, intereses creados y violentas confrontaciones en el exterior. Vamos a necesitar toda la suerte del mundo para salir bien librados.
Antecedentes.- En 1942, ya bien entrada la II Guerra Mundial, pero recién ingresado México a las filas de los reales o supuestos defensores de la libertad en guerra contra El Eje totalitario, el gobierno de Manuel Avila Camacho aprovechó lo espectacular y peligroso de la coyuntura externa para anunciar la firma de un Pacto de Unidad Obrera que acabó con las luchas sindicales y afianzó una política de “unidad nacional” respaldada por todos los ex presidentes vivos. En la práctica, el acuerdo buscó acabar con las pugnas internas del partido oficial en aras de un esfuerzo colectivo y a costa de sacrificar lo que aún quedaba del cardenismo, clausurar la Revolución Mexicana y encaminar a México por la derecha.
A diferencia de hace 59 años, hoy hace ya tiempo que la política económica y social mexicana marcha sistemáticamente por la derecha. En realidad, lo que las circunstancias demandan es mover al país aunque sea un poco hacia el centro –combatir la pobreza y mejorar distribución del ingreso, como lo propone el APDN--, para amortiguar los duros golpes que la globalización y el neoliberalismo le han propinado al nivel de vida y a las expectativas del grueso de la población. De seguir México por el camino trazado por de De la Madrid-Salinas-Zedillo, se va a dificultar en extremo la consolidación de la democracia política recién ganada, pues la igualdad política necesita de una disminución de la brutal desigualdad social para poder funcionar y clausurar las alternativas que ofrecen los radicales.
El intento de Ernesto Zedillo 1995 por llegar a un gran pacto político que le hubiera permitido afrontar mejor la emergencia económica resultado del mal llamado “error de diciembre” del año anterior y la caída en picada de todos los indicadores económicos, se vino abajo como consecuencia de la propia debilidad del presidente que no pudo hacer frente a la insubordinación de un cacique del sur que aún sigue operando –Roberto Madrazo— y en cambio debió sacrificar a su secretario de Gobernación y ver como el PRD se alejaba del acuerdo recién firmado. Lo que fue anunciado como la “Refundación de la República” terminó en una simple anécdota. Es posible que hoy la clase política en su conjunto haya aprendido de los errores del pasado y no vuelva a sacrificar lo más por lo menos, pero no nos llamemos a sorpresa si esto último es lo que vuelve a ocurrir. Como sea, lo que hoy está en juego es de importancia: avanzar o estancarnos en la consolidación de la primera etapa del régimen democrático. Hace ya más de diez meses que Vicente Fox asumió el poder y ni su gobierno ni la oposición han logrado dar una coherencia mínima a sus acciones, y si tal incapacidad es problema serio en los tiempos normales, lo es mucho más en tiempos de incertidumbre interna y externa como son los actuales. En el siglo XIX México ya pagó el alto costo de la dispersión y fragmentación del poder; sería imperdonable volver a repetir la experiencia en el XXI.
El Problema.- Una de las características más importantes del orden priísta en su etapa clásica –la que transcurrió entre su consolidación con Lázaro Cárdenas y el inicio de su destrucción bajo Miguel de la Madrid--, era la gran concentración del poder político. En efecto, hubo entonces una unidad de mando en la presidencia y toda la maquinaria administrativa del país así como los actores políticos relevantes, obedecían sin cuestionar las decisiones políticas tomadas por el jefe del Ejecutivo cualesquiera que éstas fueran. Con la decadencia y caída de ese orden, esa concentración del poder ha dado rápidamente paso a un proceso opuesto pero que tampoco es saludable.
En principio, la desconcentración de las decisiones políticas tendría que ser una evolución bien recibida por una sociedad ya muy compleja y deseosa de vivir en el pluralismo democrático. Sin embargo, sí un cambio de esa magnitud histórica no se hace con cuidado, pude llevar a que la descentralización se transforme en dispersión o fragmentación del poder, situación que ya no es compatible con la democracia pues puede paralizarla o ahogarla en el desorden y la ingobernabilidad.
Definiciones y Enfoques.- Robert Dahl, un notable científico político norteamericano, ha definido la democracia real, la que efectivamente existe, como un sistema poliárquico, es decir, uno que es altamente incluyente –el grueso de las clases y grupos están representados y sus intereses son tomados en cuenta— y extensamente competitivo –la oposición es real, legítima y tiene capacidad de influir en la formulación y puesta en práctica de las decisiones políticas, (Polyarchy. Participation and Opposition, 1971, pp. 7-8). En ese tipo de régimen –que es el propio de las sociedades complejas y exitosas modernas--, hay una multitud de actores y de fuentes de poder, influencia y decisión. Para contener y encausar esa pluralidad en pugna, es necesario contar con un sólido marco institucional, uno capaz de resistir la fricción producida por el choque de los intereses, pues la energía que genera la dinámica democrática es tal que sin las instituciones adecuadas, fácilmente puede degenerar en parálisis o en conflictos de clase incontrolables.
Pero ¿y si no existen las instituciones que permitan el juego pacífico que requiere la poliarquía? El alegato en favor de la concentración del poder aún a expensas de la democracia está muy bien formulado en el trabajo sobre la modernización política en las sociedades atrasadas publicado en 1968 por Samuel P. Huntington –el politólogo hoy famoso por su tesis del “choque de civilizaciones”— y titulado El orden político en las sociedades cambiantes. En esa obra, Huntington sostuvo que aquellas sociedades que debieron enfrentarse tardíamente al proceso de modernización, como fue el caso de México, casi nunca pueden darse el lujo de seguir los lentos pero seguros pasos de las democracias originales –Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etcétera— sino que, para recuperar parte del tiempo perdido, debieron de romper los patrones tradicionales –en nuestro caso, el orden colonial— antes de contar con las instituciones que pudieran contener ordenadamente a sus nuevos actores masivos. De ahí que los países que más o menos tuvieron éxito en el siglo XX en tan difícil proceso, fueron las que recurrieron no a la poliarquía democrática sino a la hegemonía, es decir, a la concentración del poder y a la limitación del pluralismo. Y fue ese desarrollo el que dio lugar a un orden más o menos autoritario cuya alternativa real, según el autor, no era la democracia sino la inestabilidad, el caos y la inviabilidad.
La posición anterior puede resumirse así: para que se pueda limitar democráticamente a la autoridad se requiere que primero exista algún tipo de autoridad efectiva. En otras palabras, la concentración del poder por los varios medios disponibles es primero y luego la democracia. Desde esta perspectiva, obviamente conservadora pero que acumula una buena dosis de datos históricos en su favor, la Revolución Mexicana fue un proceso exitoso de modernización, pues la vía revolucionaria ha sido una de las principales rutas hacia la modernización, ya que en su esencia está la creación de instituciones nuevas para encuadrar y controlar a las masas recién movilizadas. Sin embargo, las revoluciones no conducen a la democracia política sino todo lo contrario, a la creación de un liderazgo y de un partido autoritarios, en nuestro caso, el PRI. Desde esta perspectiva teórica, resulta que la victoria de la oposición en México en el 2000 puede ser interpretada como el momento en que la autoridad política efectiva pero no democrática creada a lo largo del siglo XX por la vía de un partido de Estado, maduró al punto que el marco institucional antidemocrático se hizo cada vez más obsoleto y disfuncional; el poder altamente concentrado se convirtió en obstáculo para el desarrollo y el Estado de Derecho y se hizo necesario empezar a acotarlo, a controlarlo desde la sociedad. En términos de Dahl y como resultado de su modernización, México pasó de una hegemonía relativamente incluyente a una poliarquía.
La Gran Interrogante.- Hasta aquí, y si se hace caso omiso del enorme costo que tuvo la transformación política mexicana, todo pareciera ir más o menos encaminado en el sentido shakesperiano de: “todo está bien si termina bien”. Sin embargo, resulta que toda poliarquía funciona bajo la sombra o la amenaza de la incoherencia, la ineficacia y la parálisis, pues la complejidad del pluralismo debe de resolverse sin la presencia de un centro articulador fuerte. La mayor poliarquía del mundo, los Estados Unidos, funcionan con una presidencia muy acotada por el congreso salvo, quizá, en momentos de emergencia nacional como la actual. El congreso, a su vez, está muy determinado por las relaciones de cada uno de sus miembros con fuertes intereses económicos o sindicales. Además, la norteamericana es una sociedad de litigio permanente --todos y todo se lleva a pleito en las cortes-- y, finalmente, donde los poderes locales son muy fuertes y en no pocas ocasiones se ponen en abierta contradicción con los estatales y los nacionales. Sin embargo, sus sólidas instituciones políticas --originalmente inglesas que luego se desarrollaron como nacionales a lo largo de más de dos siglos--, más un notable desarrollo económico, han permitido a Estados Unidos después de su guerra civil de hace casi siglo y medio, resolver con éxito las incoherencias propias de su pluralismo. Pero nada asegura un resultado semejante en otros casos.
La recién estrenada poliarquía mexicana, tiene que empezar a desarrollarse no sólo en un entorno de subdesarrollo económico sino de franco estancamiento. El “milagro mexicano” que tanto legitimó al autoritarismo priísta entre 1940 a 1982, hoy es sólo un débil recuerdo en un país donde hace veinte años que no hay nada digno de llamarse ya no “milagro” sino simple crecimiento económico. Así pues, el novedoso experimento democrático mexicano tiene que desarrollarse en condiciones muy desfavorables en lo económico, pero lo peor es que también debe de hacerlo dentro de un marco institucional que fue creado por y para el autoritarismo.
El Pendiente.- Es claro que la democracia mexicana aún tiene que dar forma a sus propias instituciones. Lo ideal sería hacerlo mediante la promulgación de una nueva constitución pero por el momento eso es casi imposible. Una alternativa sería la tan mencionada aunque nunca emprendida reforma del Estado. Ante la ausencia de ambas posibilidades, la solución temporal (¿la “peor es nada”?) no es otra que el recién presentado APDN, que no es otra cosa que una lista de buenas y vagas intenciones, cuyo cumplimiento en mucho depende de la buena voluntad de las partes, en particular del PRI, que nunca se ha distinguido por esa buena voluntad pero que mantiene la mayoría relativa en el Congreso. En fin, la moneda que habrá de decidir nuestro destino político aún está en el aire, a merced de inercias, intereses creados y violentas confrontaciones en el exterior. Vamos a necesitar toda la suerte del mundo para salir bien librados.
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