Lorenzo Meyer
¿Mensaje Franquista Ahora?.- “La Nación Mexicana es Unica e Indivisible” reza el añadido que los senadores le acaban de hacer al artículo 2 de la constitución –ese que antes sólo servía para prohibir la esclavitud- a propósito de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas. Al leerlo, más de uno ha creído percibir en la sonoridad y contundencia de la frase un eco de cosas no muy positivas que tuvieron lugar en otros tiempos y lugares. En efecto, en su afán de ser profundos aunque en la práctica no digan nada, los senadores acuñaron una frase que inevitablemente remite a la España de “La Cruzada Nacional” y a su divisa: “España Una y Grande” ¡Vaya manera de entrar al siglo XXI mexicano!.
El levantamiento que encabezó en España el general Francisco Franco en contra de la segunda república española (julio de 1931 a marzo de 1939), tenía entre de sus metas la recuperación a sangre y fuego del terreno perdido por el centralismo frente al regionalismo --en particular en el País Vasco y en Cataluña--, al que veía como separatismo. Tras la victoria, la derecha española se dio a la tarea de construir un centralismo feroz, una “unidad del poder” enmarcada por una “democracia orgánica”. Y todo lo anterior en nombre de ese lema tan simple como contundente: “España Una y Grande”. Las dos afirmaciones dogmáticas de unidad nacional, la española y la mexicana, son resultado de una visión conservadora de la nación, una visión que ve un peligro enorme en la diversidad cultural. Y aunque el PRI que aprobó la ley de la que forma parte el lema unitario viene de una tradición antifranquista, en la práctica se trata de un partido corporativo y autoritario que a lo largo de 71 años consolidó un sistema político no muy diferente al surgió en España después de la guerra civil. Y aunque el otro coautor de la legislación, el PAN, viene, en teoría, de una tradición democrática liberal, en sus orígenes, miembros de ese partido mostraron abierta simpatía por el franquismo y el hispanismo.
En la España posterior a 1939, los términos de “Una y Grande” sirvieron de martillo y yunque para machacar sin consideración a las culturas locales en un esfuerzo por hacer de ellas un mero añadido de la cultura dominante. Sin embargo, cada uno a su manera, el nacionalismo vasco o el catalán resistieron y persistieron. Sin embargo, el primero respondió con violencia e intolerancia a la violencia y a la intolerancia y del choque surgió la ETA, organización y forma de vida que persiste hasta el presente a pesar de que la España actual, democrática, acepta, reconoce y fomenta las culturas de las varias autonomías que la conforman. Ahí hay una lección que harían bien en estudiar lo senadores.
El constituyente mexicano de 1916 --revolucionario y nacionalista--, no creyó necesario tener que poner en el nuevo documento fundamental y base formal de su proyecto, que la nación mexicana era única, pues eso debió parecerle obvio. La idea de México como nación indivisible es, históricamente, más problemática porque, en la práctica, si ha resultado divisible, aunque nunca como producto de movimientos indígenas. En cualquier caso, los legisladores carrancistas hicieron su trabajo mientras las tropas norteamericanas al mando del general John Joseph Pershing se encontraban ocupando una parte del norte de México. Pese a semejante situación y a las implicaciones de tener tropas extranjeras en el norte de México a la hora de redactar el documento que creaba el nuevo marco jurídico y político, los constituyentes no se consideraron en la obligación de anunciar al mundo que su país era único e indivisible. ¿Porqué, entonces, a 84 años de haber entrado en vigor la actual constitución, y cuando nadie amenaza ya la integridad mexicana los senadores que regatearon derechos a las comunidades indígenas resultaron tan pródigos en frases de un nacionalismo de corte cercano al franquismo?.
Fantasmas.- La insistencia en definir hoy a la nación mexicana como “única e indivisible” se explica por la decisión de quienes redactaron la reforma constitucional en materia indígena, de enviar un mensaje al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en particular y a las comunidades indígenas en general, Se trata de advertirles a ambos que se ha puesto en la Constitución misma, el principio que habrá de impedir que germinen las negras semillas de un separatismo o balcanización que, según los redactores de la reforma, podría estar siendo sembrado ahora mismo por los indigenistas radicales. Pareciera, pues, que para los senadores –que en su mayoría, tienen una posición de derecha-- el movimiento indígena de hoy es sospechoso de ser el nuevo “enemigo interno”, un equivalente, por ejemplo, a los comunistas y a sus “compañeros de viaje” de épocas pasadas. En el mundo posterior a la guerra fría, los suspicaces conservadores mexicanos parecieran haber sustituido sus viejas referencias por otros nuevos, entre los que se encuentra la demanda de autonomía y libre determinación de los pueblos indios, que desde su perspectiva pareciera ser un ataque encubierto al México “único e indivisible”.
¿Realmente las demandas de libre determinación de las comunidades donde vive el 10% de los mexicanos más pobres, son instrumentos del EZLN o fuerzas afines para lograr la división de la nación? ¿era necesario hacer sonar la campana de alarma?. Una ojeada al pasado y a la situación actual nos dice que no.
La Historia.- Una vez que se conjugaron los efectos de largo plazo de la ambición napoleónica en España –la destitución del rey, la invasión de la Península Ibérica y el liberalismo-- con la ambición de criollos y mestizos novo hispanos, tuvo lugar la Independencia de México. Y con la independencia vino un estallido de regionalismo, localismo y debilitamiento del poder central. Muchas de las comunidades indígenas que vivían en el territorio de lo que se había declarado como una nueva nación, aprovecharon las circunstancias para ensanchar sus espacios de autonomía. Sin embargo, ante los embates de los propietarios criollos, que con la divisa de la modernización capitalista se propusieron la expansión de sus intereses a costa de las tierras de las comunidades, surgieron acciones de resistencia indígena. En algunos casos esa resistencia fue pacífica pero en otros, los menos, desembocó en violencia y en un esfuerzo de unificación de los pueblos en rebeldía.
Los casos de resistencia indígena más notables por su magnitud y duración, fueron las rebeliones de los mayas en Yucatán, de los coras en la Sierra de Álica y de los yaquis en Sonora. La rebelión maya o “Guerra de Castas” se inició en julio de 1847, en plena guerra mexicano-americana, y concluiría medio siglo después, cuando a principios del siglo XX el ejército federal tomó la capital de los rebeldes cruzoob: Chan Santa Cruz, aunque la pacificación total de la península habría de tomar algunos años más. La rebelión de los coras y huicholes encabezada por un potosino, Manuel Lozada, estalló justo en vísperas de la Guerra de Reforma y al cabo del tiempo adquirió una base social agraria amplia y que le permitió convertirse en la fuerza política regional dominante hasta que en 1873 el régimen liberal logró derrotarla en Jalisco y luego fusiló a Lozada. Los pueblos yaquis en Sonora siempre mantuvieron una relación muy tirante con los españoles y en 1823, a poco de haber logrado México su independencia, se rebelaron en unión de mayos y ópatas; sus rebeliones se iban a suceder una tras otra; a veces estallaron de manera independiente y otras aprovechando la coyuntura de las divisiones entre los yoris y uniéndose a uno de sus bandos, es decir, al de los liberales o conservadores. En 1875 un yaqui que había servido en las filas liberales, José María Leyva Cajeme, mantuvo independiente a su región por varios años; tras su muerte, el mando lo tomó primero Juan Maldonado Tetabiate y Luis Bule después; sólo hasta 1909, es decir en vísperas de la caída del Porfiriato, se rindieron formalmente los yaquis, pero con la Revolución Mexicana volvieron a movilizarse y a actuar dentro de la guerra civil para finalmente chocar con el nuevo régimen al que habían auxiliado. Sólo con la reforma agraria cardenista se establecieron las condiciones materiales y políticas para la convivencia pacífica de los yaquis con el sistema nacional.
Enrique Florescano, tras examinar en: Etnia, estado y nación (1997) el choque violento entre la autoridad y las comunidades indígenas en el inicio de la etapa nacional, concluye que en el siglo XIX mexicano las movilizaciones indígenas provocaron una histeria colectiva entre los grupos dirigentes urbanos, que vieron en las llamadas guerras de castas una intención de las comunidades indígenas –la barbarie-- de llevar a cabo una insurrección general para exterminar a los mexicanos no indios y acabar con la civilización. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que la violencia indígena fue siempre una reacción defensiva, que sólo buscaba “detener la avalancha exterior que amenazaba su existencia” (p. 406). Fue el Estado y no las etnias, quién jugó sistemáticamente el papel de agresor. En el siglo XX, un régimen cada vez más fuerte y centralista, imbuido de un nacionalismo excluyente respecto de lo indígena, simplemente apabulló a los restos de la identidad étnica.
Es muy difícil imaginar que en el siglo XIX la clase gobernante hubiera podido actuar de una manera diferente a como finalmente lo hizo pues, después de todo, en una época obsesionada por la idea de progreso, la permanencia de la comunidad indígena era considerada un obstáculo para el desarrollo nacional. Sin embargo, en el período posterior la situación, pudiendo ser distinta, no lo fue tanto. En efecto, en el siglo XX, una pérdida relativa de importancia del componente indígena dentro del conjunto nacional hizo que la idea misma de la “guerra de castas” perdiera actualidad; por otro lado, hubo una revaloración de lo indio y un compromiso de la Revolución Mexicana con la justicia social. Por la vía del municipio libre, del orgullo y fomento de lo autóctono y de la reforma agraria y el crédito, de la educación y de los servicios públicos, las comunidades indígenas debieron haberse recuperado. Sin embargo, lo que ocurrió fue que la marginación del sector indígena continuó. El proceso iniciado en el siglo XIX de eliminar de México lo indígena como requisito para fortalecer lo nacional se mantuvo hasta toparse en 1994, de nuevo, con una resistencia armada.
Históricamente lo que realmente ha dividido y partido a México, no han sido los esfuerzos indígenas por institucionalizar su autonomía, sino las acciones separatistas de las regiones fronterizas, todas ellas producto de la sociedad no indígena. Centroamérica se unió a México en 1821 bajo la dirección de las élites de comerciantes asentadas en sus principales ciudades, pero ese mismo liderazgo fue el que la separó definitivamente en 1823. En noviembre de 1835 Texas se declaró independiente de México por iniciativa de colonos de origen norteamericano y europeo y en marzo del año siguiente ratificó su decisión, ese fue el principio de lo que concluiría como una traumática y sangrienta división de México. En efecto, la independencia de Texas terminaría por arrastrar al país a una guerra y a la pérdida de la mitad norte de la nación original, pero en ese desastre nada tuvo que ver ninguna comunidad indígena. Y tras la separación de Texas se presentó la de Yucatán. En efecto, en 1840 el congreso yucateco, dominado por criollos, declaró rotas las relaciones con México y al año siguiente consideró un proyecto para declarar su independencia. En el 42, el Poder Legislativo federal declaró a Yucatán enemigo de la nación y corrió la sangre; dos años después la península se reincorporó a México pero en 46 volvió a romper de nuevo. Durante la guerra con Estados Unidos Campeche se declaró neutral y, fue entonces cuando entró de lleno en el cuadro político el factor indígena porque entonces estalló la Guerra de Castas. Para la élite criolla la situación fue tan crítica que de nuevo volvió a intentar la separación para conseguir ayuda de Estados Unidos o de Europa, aunque al final volvió a unirse a México y a unir al resto del país con su conflicto étnico. En Suma.- Se puede ahondar aún más en la historia del separatismo en México, pero en cualquier caso es claro que lo divisible de nuestra nación no viene por el lado de sus comunidades indígenas sino de sus élites dirigentes. Si a los legisladores les preocupa la posible división de México, entonces se deberían dirigir a las élites y no a los indígenas. Y para ello no es necesario recurrir a una reforma constitucional, bastaría con un comunicado interno.
El levantamiento que encabezó en España el general Francisco Franco en contra de la segunda república española (julio de 1931 a marzo de 1939), tenía entre de sus metas la recuperación a sangre y fuego del terreno perdido por el centralismo frente al regionalismo --en particular en el País Vasco y en Cataluña--, al que veía como separatismo. Tras la victoria, la derecha española se dio a la tarea de construir un centralismo feroz, una “unidad del poder” enmarcada por una “democracia orgánica”. Y todo lo anterior en nombre de ese lema tan simple como contundente: “España Una y Grande”. Las dos afirmaciones dogmáticas de unidad nacional, la española y la mexicana, son resultado de una visión conservadora de la nación, una visión que ve un peligro enorme en la diversidad cultural. Y aunque el PRI que aprobó la ley de la que forma parte el lema unitario viene de una tradición antifranquista, en la práctica se trata de un partido corporativo y autoritario que a lo largo de 71 años consolidó un sistema político no muy diferente al surgió en España después de la guerra civil. Y aunque el otro coautor de la legislación, el PAN, viene, en teoría, de una tradición democrática liberal, en sus orígenes, miembros de ese partido mostraron abierta simpatía por el franquismo y el hispanismo.
En la España posterior a 1939, los términos de “Una y Grande” sirvieron de martillo y yunque para machacar sin consideración a las culturas locales en un esfuerzo por hacer de ellas un mero añadido de la cultura dominante. Sin embargo, cada uno a su manera, el nacionalismo vasco o el catalán resistieron y persistieron. Sin embargo, el primero respondió con violencia e intolerancia a la violencia y a la intolerancia y del choque surgió la ETA, organización y forma de vida que persiste hasta el presente a pesar de que la España actual, democrática, acepta, reconoce y fomenta las culturas de las varias autonomías que la conforman. Ahí hay una lección que harían bien en estudiar lo senadores.
El constituyente mexicano de 1916 --revolucionario y nacionalista--, no creyó necesario tener que poner en el nuevo documento fundamental y base formal de su proyecto, que la nación mexicana era única, pues eso debió parecerle obvio. La idea de México como nación indivisible es, históricamente, más problemática porque, en la práctica, si ha resultado divisible, aunque nunca como producto de movimientos indígenas. En cualquier caso, los legisladores carrancistas hicieron su trabajo mientras las tropas norteamericanas al mando del general John Joseph Pershing se encontraban ocupando una parte del norte de México. Pese a semejante situación y a las implicaciones de tener tropas extranjeras en el norte de México a la hora de redactar el documento que creaba el nuevo marco jurídico y político, los constituyentes no se consideraron en la obligación de anunciar al mundo que su país era único e indivisible. ¿Porqué, entonces, a 84 años de haber entrado en vigor la actual constitución, y cuando nadie amenaza ya la integridad mexicana los senadores que regatearon derechos a las comunidades indígenas resultaron tan pródigos en frases de un nacionalismo de corte cercano al franquismo?.
Fantasmas.- La insistencia en definir hoy a la nación mexicana como “única e indivisible” se explica por la decisión de quienes redactaron la reforma constitucional en materia indígena, de enviar un mensaje al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en particular y a las comunidades indígenas en general, Se trata de advertirles a ambos que se ha puesto en la Constitución misma, el principio que habrá de impedir que germinen las negras semillas de un separatismo o balcanización que, según los redactores de la reforma, podría estar siendo sembrado ahora mismo por los indigenistas radicales. Pareciera, pues, que para los senadores –que en su mayoría, tienen una posición de derecha-- el movimiento indígena de hoy es sospechoso de ser el nuevo “enemigo interno”, un equivalente, por ejemplo, a los comunistas y a sus “compañeros de viaje” de épocas pasadas. En el mundo posterior a la guerra fría, los suspicaces conservadores mexicanos parecieran haber sustituido sus viejas referencias por otros nuevos, entre los que se encuentra la demanda de autonomía y libre determinación de los pueblos indios, que desde su perspectiva pareciera ser un ataque encubierto al México “único e indivisible”.
¿Realmente las demandas de libre determinación de las comunidades donde vive el 10% de los mexicanos más pobres, son instrumentos del EZLN o fuerzas afines para lograr la división de la nación? ¿era necesario hacer sonar la campana de alarma?. Una ojeada al pasado y a la situación actual nos dice que no.
La Historia.- Una vez que se conjugaron los efectos de largo plazo de la ambición napoleónica en España –la destitución del rey, la invasión de la Península Ibérica y el liberalismo-- con la ambición de criollos y mestizos novo hispanos, tuvo lugar la Independencia de México. Y con la independencia vino un estallido de regionalismo, localismo y debilitamiento del poder central. Muchas de las comunidades indígenas que vivían en el territorio de lo que se había declarado como una nueva nación, aprovecharon las circunstancias para ensanchar sus espacios de autonomía. Sin embargo, ante los embates de los propietarios criollos, que con la divisa de la modernización capitalista se propusieron la expansión de sus intereses a costa de las tierras de las comunidades, surgieron acciones de resistencia indígena. En algunos casos esa resistencia fue pacífica pero en otros, los menos, desembocó en violencia y en un esfuerzo de unificación de los pueblos en rebeldía.
Los casos de resistencia indígena más notables por su magnitud y duración, fueron las rebeliones de los mayas en Yucatán, de los coras en la Sierra de Álica y de los yaquis en Sonora. La rebelión maya o “Guerra de Castas” se inició en julio de 1847, en plena guerra mexicano-americana, y concluiría medio siglo después, cuando a principios del siglo XX el ejército federal tomó la capital de los rebeldes cruzoob: Chan Santa Cruz, aunque la pacificación total de la península habría de tomar algunos años más. La rebelión de los coras y huicholes encabezada por un potosino, Manuel Lozada, estalló justo en vísperas de la Guerra de Reforma y al cabo del tiempo adquirió una base social agraria amplia y que le permitió convertirse en la fuerza política regional dominante hasta que en 1873 el régimen liberal logró derrotarla en Jalisco y luego fusiló a Lozada. Los pueblos yaquis en Sonora siempre mantuvieron una relación muy tirante con los españoles y en 1823, a poco de haber logrado México su independencia, se rebelaron en unión de mayos y ópatas; sus rebeliones se iban a suceder una tras otra; a veces estallaron de manera independiente y otras aprovechando la coyuntura de las divisiones entre los yoris y uniéndose a uno de sus bandos, es decir, al de los liberales o conservadores. En 1875 un yaqui que había servido en las filas liberales, José María Leyva Cajeme, mantuvo independiente a su región por varios años; tras su muerte, el mando lo tomó primero Juan Maldonado Tetabiate y Luis Bule después; sólo hasta 1909, es decir en vísperas de la caída del Porfiriato, se rindieron formalmente los yaquis, pero con la Revolución Mexicana volvieron a movilizarse y a actuar dentro de la guerra civil para finalmente chocar con el nuevo régimen al que habían auxiliado. Sólo con la reforma agraria cardenista se establecieron las condiciones materiales y políticas para la convivencia pacífica de los yaquis con el sistema nacional.
Enrique Florescano, tras examinar en: Etnia, estado y nación (1997) el choque violento entre la autoridad y las comunidades indígenas en el inicio de la etapa nacional, concluye que en el siglo XIX mexicano las movilizaciones indígenas provocaron una histeria colectiva entre los grupos dirigentes urbanos, que vieron en las llamadas guerras de castas una intención de las comunidades indígenas –la barbarie-- de llevar a cabo una insurrección general para exterminar a los mexicanos no indios y acabar con la civilización. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que la violencia indígena fue siempre una reacción defensiva, que sólo buscaba “detener la avalancha exterior que amenazaba su existencia” (p. 406). Fue el Estado y no las etnias, quién jugó sistemáticamente el papel de agresor. En el siglo XX, un régimen cada vez más fuerte y centralista, imbuido de un nacionalismo excluyente respecto de lo indígena, simplemente apabulló a los restos de la identidad étnica.
Es muy difícil imaginar que en el siglo XIX la clase gobernante hubiera podido actuar de una manera diferente a como finalmente lo hizo pues, después de todo, en una época obsesionada por la idea de progreso, la permanencia de la comunidad indígena era considerada un obstáculo para el desarrollo nacional. Sin embargo, en el período posterior la situación, pudiendo ser distinta, no lo fue tanto. En efecto, en el siglo XX, una pérdida relativa de importancia del componente indígena dentro del conjunto nacional hizo que la idea misma de la “guerra de castas” perdiera actualidad; por otro lado, hubo una revaloración de lo indio y un compromiso de la Revolución Mexicana con la justicia social. Por la vía del municipio libre, del orgullo y fomento de lo autóctono y de la reforma agraria y el crédito, de la educación y de los servicios públicos, las comunidades indígenas debieron haberse recuperado. Sin embargo, lo que ocurrió fue que la marginación del sector indígena continuó. El proceso iniciado en el siglo XIX de eliminar de México lo indígena como requisito para fortalecer lo nacional se mantuvo hasta toparse en 1994, de nuevo, con una resistencia armada.
Históricamente lo que realmente ha dividido y partido a México, no han sido los esfuerzos indígenas por institucionalizar su autonomía, sino las acciones separatistas de las regiones fronterizas, todas ellas producto de la sociedad no indígena. Centroamérica se unió a México en 1821 bajo la dirección de las élites de comerciantes asentadas en sus principales ciudades, pero ese mismo liderazgo fue el que la separó definitivamente en 1823. En noviembre de 1835 Texas se declaró independiente de México por iniciativa de colonos de origen norteamericano y europeo y en marzo del año siguiente ratificó su decisión, ese fue el principio de lo que concluiría como una traumática y sangrienta división de México. En efecto, la independencia de Texas terminaría por arrastrar al país a una guerra y a la pérdida de la mitad norte de la nación original, pero en ese desastre nada tuvo que ver ninguna comunidad indígena. Y tras la separación de Texas se presentó la de Yucatán. En efecto, en 1840 el congreso yucateco, dominado por criollos, declaró rotas las relaciones con México y al año siguiente consideró un proyecto para declarar su independencia. En el 42, el Poder Legislativo federal declaró a Yucatán enemigo de la nación y corrió la sangre; dos años después la península se reincorporó a México pero en 46 volvió a romper de nuevo. Durante la guerra con Estados Unidos Campeche se declaró neutral y, fue entonces cuando entró de lleno en el cuadro político el factor indígena porque entonces estalló la Guerra de Castas. Para la élite criolla la situación fue tan crítica que de nuevo volvió a intentar la separación para conseguir ayuda de Estados Unidos o de Europa, aunque al final volvió a unirse a México y a unir al resto del país con su conflicto étnico. En Suma.- Se puede ahondar aún más en la historia del separatismo en México, pero en cualquier caso es claro que lo divisible de nuestra nación no viene por el lado de sus comunidades indígenas sino de sus élites dirigentes. Si a los legisladores les preocupa la posible división de México, entonces se deberían dirigir a las élites y no a los indígenas. Y para ello no es necesario recurrir a una reforma constitucional, bastaría con un comunicado interno.
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