Lorenzo Meyer
La Herencia.- La definición de impunidad es sencilla: dejar un delito sin castigo, libertad para incumplir la ley. Evidentemente en todas las sociedades y tiempos es posible encontrar casos de crímenes sin castigo y la impunidad institucional puede ser compatible con varios tipos de régimen, pero no con el democrático. En efecto, pocas cosas desmoralizan más a una sociedad y le restan legitimidad a un régimen de este signo, que saber que es la propia estructura gubernamental la que favorece de manera regular la impunidad.
Históricamente, la existencia de una cultura de la impunidad en una estructura de poder totalitaria, autoritaria o simplemente dictatorial, es parte de su normalidad, pues está en la naturaleza de ese tipo de poder no rendir cuentas a nadie que no sea parte del círculo más alto de autoridad. Sin embargo, cuando esa ausencia regular de castigo a quien transgrede la ley --sobre todo cuando el transgresor es la autoridad y sus asociados-- sucede en un sistema formalmente democrático, entonces el hecho se convierte en un indicador de un problema estructural, de una patología que, de no corregirse, hace al régimen inviable.
La impunidad sistemática de quienes ocupan u ocuparon puestos de autoridad, significa que el Estado de Derecho no existe porque lo violan de manera regular justamente aquellos que, en teoría, son sus guardianes. Cuando un país con estructuras democráticas mantiene un doble juego de reglas, dos varas para medir a los ciudadanos --una para los que tienen poder y otra para el resto (“para los amigos, clemencia, para los enemigos todo el rigor de la ley”)--, en la práctica se niega la igualdad de los individuos ante la ley, elemento central e insustituible de la democracia política. Por tanto, donde la impunidad sistemática es incompatible con la democracia.
Ejemplos.- Nuestro país y Rusia son un par de ejemplos notables de autoritarismo y totalitarismo en el siglo XX respectivamente, Sus revoluciones coincidieron al inicio de ese siglo, se consolidaron al mismo tiempo y en ambos casos los regímenes que nacieron del fuego y la sangre --basados en sendos partidos de Estado-- concentraron el poder a un grado sin precedentes y construyeron dos estructuras políticas que en la práctica en México, y tanto en la práctica como en teoría en la Rusia soviética, rechazaron la democracia política (“burguesa”) en nombre de un tipo más elevado de igualdad: la social. Al final, en ninguno de los casos se logró el objetivo último y al concluir el siglo XX, ambos sistemas debieron confrontar una crisis terminal. Sin convicción, pero impulsadas por la necesidad, tanto las élites soviética como la priísta fueron obligadas a iniciar procesos que, supuestamente, las pondrían al día en materia democrática. Sin embargo, en ambos casos la falta de voluntad y, sobre todo, la larga tradición histórica de antidemocracia e impunidad, está impidiendo que las recién adquiridas y muy frágiles formas democráticas se puedan consolidar.
Al conocerse al final del año pasado la renuncia voluntaria del patético e impredecible presidente ruso, Boris Yeltsin, en favor de su último Primer Ministro, Vladímir Putin, el presidente de Estados Unidos definió a Yeltsin como alguien “sincero" y que “creyó honestamente que son los votos los que mandan en Rusia", y como el norteamericano, otros jefes de gobierno de países centrales le dieron un adiós al antiguo comunista supuestamente transformado en demócrata como el personaje que desintegró a la Unión Soviética en 1991 e inauguró la democracia y la economía de mercado en ese sufrido país. (Reforma, 1° de enero, El País, 2 de enero) ¿Pero es Rusia en verdad una economía de mercado y, sobre todo, una democracia?. En la renuncia misma de Yeltsin, envuelta en el manto de la impunidad, quedó marcado el carácter no democrático de Rusia. En efecto, la primera medida de Putin como nuevo jefe interino del Estado, fue firmar un decreto que le garantiza total inmunidad a Yeltsin y a su familia --el documento fue redactado en términos que favorecen por igual a todos los expresidentes, pero en la práctica sólo puede aplicarse a Boris Yeltsin, hasta hoy único expresidente ruso--, de tal manera que la exprimera familia no podrá ser llevada ante ningún tribunal para que responda posibles acusaciones de enriquecimiento ilícito y en gran escala. Y resulta que hay sospechas más que fundadas de que Yeltsin, su hija Tatyana, su yerno Leonid Dyachenko, y un grupo de ricos empresarios mafiosos cercanos al expresidente, como Boris A. Berezovsky, se beneficiaron personal y enormemente de una política de privatizaciones sin control y de sus estrechas ligas con las grandes empresas exportadoras rusas, como las petroleras (The New York Times, 7 de octubre, 1999).
Putin ha dicho una y otra vez que su objetivo como premier, y que lógicamente deberá ser el mismo como presidente, no es sólo ganar las próximas elecciones --cosa casi segura-- sino algo más trascendente: meter en cintura a lo que los observadores de la escena rusa llaman “una burocracia y una economía fantásticamente corruptas”, para dar lugar a un Estado fuerte “basado en la ley” (The New York Times, 2 de enero). Pero ¿es compatible ese supuesto objetivo con un decreto como el del 31 de diciembre que descaradamente institucionaliza y legitima la impunidad al nivel más alto de gobierno? La respuesta, supongo, es no.
En principio, Chile es un caso exitoso de retorno a la democracia después de la brutal dictadura militar del general Augusto Pinochet. Sin embargo, mientras sigan sin castigo los militares responsables de tres mil desapariciones y de, por lo menos, cuarenta mil casos de tortura --un número creciente de víctimas ya identificó a sus torturadores, aunque éstos siguen libres y sin visos de ser castigados-- la transición chilena a la democracia permanecerá inconclusa, víctima de la contradicción insalvable entre la igualdad ante la ley y Estado de Derecho e impunidad.
¿Y que decir de México?. La revolución nunca intentó, ni siquiera de manera simbólica, juzgar a Porfirio Díaz. Cualquiera que no hubiera sido Madero, carecía de la estatura moral para intentarlo: Carranza era responsable del asesinato mediante la traición de Zapata. Obregón y Calles fueron responsables, entre otros muchos, del asesinato de Francisco Serrano. Una clase política notable desde el principio por el uso del poder para su beneficio personal, desde los generales revolucionarios hasta los actuales tecnócratas, desde los presidentes municipales hasta los presidentes de la república pasando por los gobernadores, los secretarios de Estado y los responsables de las grandes empresas paraestatales, sólo muy de tarde en tarde ha puesto a uno de los suyos ante el juez --Jorge Díaz Serrano, Joaquín Hernández Galicia o Raúl Salinas, para mencionar sólo casos recientes-- y eso más por venganza política que por acto de justicia.
En contraste, son centenares las historias de fortunas inexplicables hechas a la sombra de los puestos públicos, desde, por ejemplo, las de Juan Andrew Almazán y Miguel Alemán hasta las que se adivinan en los expresidentes que aún viven y sus familiares y en las decenas de exgobernadores cuya forma de vida no corresponde al resultado de un simple y honesto ahorro de sus sueldos, bonos, aguinaldos y pensiones, por altos que éstos hayan sido. A diferencia del caso de Yeltsin, en México no se ha dado ningún decreto que impida que un juez llame a declarar a un expresidente, pero los usos y costumbres de la “familia revolucionaria y postrevolucionaria” son más fuertes y efectivos que cualquier decreto a la rusa. En efecto, de no ser el caso de Calles cuando el gobierno de Cárdenas le acusó de acumulación de armas o de las declaraciones que un comedido funcionario del gobierno actual le tomó a Carlos Salinas en su exilio en Irlanda --y que finalmente le sirvieron a Salinas como un medio para reafirmar su inocencia--, ningún presidente o expresidente mexicano del siglo XX ha tenido que responder por el uso innegable que todos ellos han hecho de los poderes anticonstitucionales de que han disfrutado en tanto jefes de un sistema antidemocrático con más de ochenta años de control monopólico del poder.
En el gobierno actual, la impunidad tiene ejemplos conspicuos en el caso omiso por parte de la autoridad de los miles de documentos que probaron un gasto por encima de las normas y de la lógica, en la campaña electoral de Roberto Madrazo en Tabasco en 1994 o en la conveniente desaparición en 1999 del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, sospechoso de relaciones estrechas y añejas con el narcotráfico. Por otro lado, sólo peces pequeños cayeron por las matanzas de Aguas Blancas y Acteal. Hace una semana, The New York Times presentó a sus lectores una de las razones detrás de la presencia masiva de personal del FBI en Ciudad Juárez al final de 1999: el asesinato en esa ciudad de tres jóvenes narcotraficantes norteamericanos residentes en El Paso en enero de 1998. Hay muchas evidencias que los secuestradores y asesinos de los norteamericanos fueron policías judiciales federales al servicio de un narcotraficante mexicano: José Ismael Cruz, que ya se encuentra en una prisión norteamericana, pero ninguno de los policías judiciales que secuestraron a las tres y a muchas otras víctimas, han sido presentados ante ningún juez; la impunidad es la regla central del juego en la relación narcotraficantes y autoridades (The New York Times, 29 de diciembre, 1999). ¿Y que decir de banqueros como Angel Isidoro Rodríguez (“El Divino”) y de todos aquellos que participaron en la enorme cadena de fraudes que hoy están escondidos, con el pretexto de mantener a salvo el secreto bancario, detrás de las increíbles cifras --75 mil millones de dólares-- del Fobaproa y el Ipab?.
La Democracia y el Estado Fuerte.- En la Europa del Este lo mismo que en el sur de Europa y América Latina, transitar del autoritarismo a la democracia significó, en el primer caso, desmantelar una economía centralmente planificada y en el segundo, una economía protegida y con fuerte presencia estatal. Quizá por ello se popularizó el concepto de “adelgazar” y limitar al Estado. Sin embargo, la democracia necesita de un Estado muy fuerte, aunque se trata de una fortaleza distinta a la del pasado. La fortaleza de los estados cuyo régimen democrático es de reciente creación, requiere, sobre todo, generar legitimidad y una nueva lealtad de la ciudadanía hacia el régimen, el gobierno y las autoridades. En efecto, la democracia como régimen político estable y eficiente necesita de estructuras estatales particularmente fuertes, en muchos sentidos más fuertes que las existentes en el momento de apogeo de Hitler, Stalin, Franco, Pinochet o el PRI, pues sólo así se puede mantener dentro de cauces pacíficos, legales y constructivos el conflicto y las contradicciones permanentes e inherentes a toda sociedad plural --luchas de intereses entre partidos, grupos, regiones y clases sociales.
La fortaleza y viabilidad de un Estado democrático --su capacidad para mantener la gobernabilidad respetando la legalidad y la igualdad política a pesar de los efectos de la desigualdad económica y las diferencias regionales, religiosas, raciales, culturales, etcétera-- está directamente ligada a su legitimidad. Y, a su vez, esa legitimidad depende de la existencia real, efectiva, del Estado de Derecho. Por definición, la impunidad y el Estado de Derecho no pueden coexistir; si está una no está el otro. En México la impunidad sistemática, institucional y no ocasional, es un legado histórico que subsiste. Y mientras esa situación no cambie, nuestro país puede dejar de ser el autoritarismo que ha sido desde fines del siglo XIX, pero no será una democracia.
La Herencia.- La definición de impunidad es sencilla: dejar un delito sin castigo, libertad para incumplir la ley. Evidentemente en todas las sociedades y tiempos es posible encontrar casos de crímenes sin castigo y la impunidad institucional puede ser compatible con varios tipos de régimen, pero no con el democrático. En efecto, pocas cosas desmoralizan más a una sociedad y le restan legitimidad a un régimen de este signo, que saber que es la propia estructura gubernamental la que favorece de manera regular la impunidad.
Históricamente, la existencia de una cultura de la impunidad en una estructura de poder totalitaria, autoritaria o simplemente dictatorial, es parte de su normalidad, pues está en la naturaleza de ese tipo de poder no rendir cuentas a nadie que no sea parte del círculo más alto de autoridad. Sin embargo, cuando esa ausencia regular de castigo a quien transgrede la ley --sobre todo cuando el transgresor es la autoridad y sus asociados-- sucede en un sistema formalmente democrático, entonces el hecho se convierte en un indicador de un problema estructural, de una patología que, de no corregirse, hace al régimen inviable.
La impunidad sistemática de quienes ocupan u ocuparon puestos de autoridad, significa que el Estado de Derecho no existe porque lo violan de manera regular justamente aquellos que, en teoría, son sus guardianes. Cuando un país con estructuras democráticas mantiene un doble juego de reglas, dos varas para medir a los ciudadanos --una para los que tienen poder y otra para el resto (“para los amigos, clemencia, para los enemigos todo el rigor de la ley”)--, en la práctica se niega la igualdad de los individuos ante la ley, elemento central e insustituible de la democracia política. Por tanto, donde la impunidad sistemática es incompatible con la democracia.
Ejemplos.- Nuestro país y Rusia son un par de ejemplos notables de autoritarismo y totalitarismo en el siglo XX respectivamente, Sus revoluciones coincidieron al inicio de ese siglo, se consolidaron al mismo tiempo y en ambos casos los regímenes que nacieron del fuego y la sangre --basados en sendos partidos de Estado-- concentraron el poder a un grado sin precedentes y construyeron dos estructuras políticas que en la práctica en México, y tanto en la práctica como en teoría en la Rusia soviética, rechazaron la democracia política (“burguesa”) en nombre de un tipo más elevado de igualdad: la social. Al final, en ninguno de los casos se logró el objetivo último y al concluir el siglo XX, ambos sistemas debieron confrontar una crisis terminal. Sin convicción, pero impulsadas por la necesidad, tanto las élites soviética como la priísta fueron obligadas a iniciar procesos que, supuestamente, las pondrían al día en materia democrática. Sin embargo, en ambos casos la falta de voluntad y, sobre todo, la larga tradición histórica de antidemocracia e impunidad, está impidiendo que las recién adquiridas y muy frágiles formas democráticas se puedan consolidar.
Al conocerse al final del año pasado la renuncia voluntaria del patético e impredecible presidente ruso, Boris Yeltsin, en favor de su último Primer Ministro, Vladímir Putin, el presidente de Estados Unidos definió a Yeltsin como alguien “sincero" y que “creyó honestamente que son los votos los que mandan en Rusia", y como el norteamericano, otros jefes de gobierno de países centrales le dieron un adiós al antiguo comunista supuestamente transformado en demócrata como el personaje que desintegró a la Unión Soviética en 1991 e inauguró la democracia y la economía de mercado en ese sufrido país. (Reforma, 1° de enero, El País, 2 de enero) ¿Pero es Rusia en verdad una economía de mercado y, sobre todo, una democracia?. En la renuncia misma de Yeltsin, envuelta en el manto de la impunidad, quedó marcado el carácter no democrático de Rusia. En efecto, la primera medida de Putin como nuevo jefe interino del Estado, fue firmar un decreto que le garantiza total inmunidad a Yeltsin y a su familia --el documento fue redactado en términos que favorecen por igual a todos los expresidentes, pero en la práctica sólo puede aplicarse a Boris Yeltsin, hasta hoy único expresidente ruso--, de tal manera que la exprimera familia no podrá ser llevada ante ningún tribunal para que responda posibles acusaciones de enriquecimiento ilícito y en gran escala. Y resulta que hay sospechas más que fundadas de que Yeltsin, su hija Tatyana, su yerno Leonid Dyachenko, y un grupo de ricos empresarios mafiosos cercanos al expresidente, como Boris A. Berezovsky, se beneficiaron personal y enormemente de una política de privatizaciones sin control y de sus estrechas ligas con las grandes empresas exportadoras rusas, como las petroleras (The New York Times, 7 de octubre, 1999).
Putin ha dicho una y otra vez que su objetivo como premier, y que lógicamente deberá ser el mismo como presidente, no es sólo ganar las próximas elecciones --cosa casi segura-- sino algo más trascendente: meter en cintura a lo que los observadores de la escena rusa llaman “una burocracia y una economía fantásticamente corruptas”, para dar lugar a un Estado fuerte “basado en la ley” (The New York Times, 2 de enero). Pero ¿es compatible ese supuesto objetivo con un decreto como el del 31 de diciembre que descaradamente institucionaliza y legitima la impunidad al nivel más alto de gobierno? La respuesta, supongo, es no.
En principio, Chile es un caso exitoso de retorno a la democracia después de la brutal dictadura militar del general Augusto Pinochet. Sin embargo, mientras sigan sin castigo los militares responsables de tres mil desapariciones y de, por lo menos, cuarenta mil casos de tortura --un número creciente de víctimas ya identificó a sus torturadores, aunque éstos siguen libres y sin visos de ser castigados-- la transición chilena a la democracia permanecerá inconclusa, víctima de la contradicción insalvable entre la igualdad ante la ley y Estado de Derecho e impunidad.
¿Y que decir de México?. La revolución nunca intentó, ni siquiera de manera simbólica, juzgar a Porfirio Díaz. Cualquiera que no hubiera sido Madero, carecía de la estatura moral para intentarlo: Carranza era responsable del asesinato mediante la traición de Zapata. Obregón y Calles fueron responsables, entre otros muchos, del asesinato de Francisco Serrano. Una clase política notable desde el principio por el uso del poder para su beneficio personal, desde los generales revolucionarios hasta los actuales tecnócratas, desde los presidentes municipales hasta los presidentes de la república pasando por los gobernadores, los secretarios de Estado y los responsables de las grandes empresas paraestatales, sólo muy de tarde en tarde ha puesto a uno de los suyos ante el juez --Jorge Díaz Serrano, Joaquín Hernández Galicia o Raúl Salinas, para mencionar sólo casos recientes-- y eso más por venganza política que por acto de justicia.
En contraste, son centenares las historias de fortunas inexplicables hechas a la sombra de los puestos públicos, desde, por ejemplo, las de Juan Andrew Almazán y Miguel Alemán hasta las que se adivinan en los expresidentes que aún viven y sus familiares y en las decenas de exgobernadores cuya forma de vida no corresponde al resultado de un simple y honesto ahorro de sus sueldos, bonos, aguinaldos y pensiones, por altos que éstos hayan sido. A diferencia del caso de Yeltsin, en México no se ha dado ningún decreto que impida que un juez llame a declarar a un expresidente, pero los usos y costumbres de la “familia revolucionaria y postrevolucionaria” son más fuertes y efectivos que cualquier decreto a la rusa. En efecto, de no ser el caso de Calles cuando el gobierno de Cárdenas le acusó de acumulación de armas o de las declaraciones que un comedido funcionario del gobierno actual le tomó a Carlos Salinas en su exilio en Irlanda --y que finalmente le sirvieron a Salinas como un medio para reafirmar su inocencia--, ningún presidente o expresidente mexicano del siglo XX ha tenido que responder por el uso innegable que todos ellos han hecho de los poderes anticonstitucionales de que han disfrutado en tanto jefes de un sistema antidemocrático con más de ochenta años de control monopólico del poder.
En el gobierno actual, la impunidad tiene ejemplos conspicuos en el caso omiso por parte de la autoridad de los miles de documentos que probaron un gasto por encima de las normas y de la lógica, en la campaña electoral de Roberto Madrazo en Tabasco en 1994 o en la conveniente desaparición en 1999 del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, sospechoso de relaciones estrechas y añejas con el narcotráfico. Por otro lado, sólo peces pequeños cayeron por las matanzas de Aguas Blancas y Acteal. Hace una semana, The New York Times presentó a sus lectores una de las razones detrás de la presencia masiva de personal del FBI en Ciudad Juárez al final de 1999: el asesinato en esa ciudad de tres jóvenes narcotraficantes norteamericanos residentes en El Paso en enero de 1998. Hay muchas evidencias que los secuestradores y asesinos de los norteamericanos fueron policías judiciales federales al servicio de un narcotraficante mexicano: José Ismael Cruz, que ya se encuentra en una prisión norteamericana, pero ninguno de los policías judiciales que secuestraron a las tres y a muchas otras víctimas, han sido presentados ante ningún juez; la impunidad es la regla central del juego en la relación narcotraficantes y autoridades (The New York Times, 29 de diciembre, 1999). ¿Y que decir de banqueros como Angel Isidoro Rodríguez (“El Divino”) y de todos aquellos que participaron en la enorme cadena de fraudes que hoy están escondidos, con el pretexto de mantener a salvo el secreto bancario, detrás de las increíbles cifras --75 mil millones de dólares-- del Fobaproa y el Ipab?.
La Democracia y el Estado Fuerte.- En la Europa del Este lo mismo que en el sur de Europa y América Latina, transitar del autoritarismo a la democracia significó, en el primer caso, desmantelar una economía centralmente planificada y en el segundo, una economía protegida y con fuerte presencia estatal. Quizá por ello se popularizó el concepto de “adelgazar” y limitar al Estado. Sin embargo, la democracia necesita de un Estado muy fuerte, aunque se trata de una fortaleza distinta a la del pasado. La fortaleza de los estados cuyo régimen democrático es de reciente creación, requiere, sobre todo, generar legitimidad y una nueva lealtad de la ciudadanía hacia el régimen, el gobierno y las autoridades. En efecto, la democracia como régimen político estable y eficiente necesita de estructuras estatales particularmente fuertes, en muchos sentidos más fuertes que las existentes en el momento de apogeo de Hitler, Stalin, Franco, Pinochet o el PRI, pues sólo así se puede mantener dentro de cauces pacíficos, legales y constructivos el conflicto y las contradicciones permanentes e inherentes a toda sociedad plural --luchas de intereses entre partidos, grupos, regiones y clases sociales.
La fortaleza y viabilidad de un Estado democrático --su capacidad para mantener la gobernabilidad respetando la legalidad y la igualdad política a pesar de los efectos de la desigualdad económica y las diferencias regionales, religiosas, raciales, culturales, etcétera-- está directamente ligada a su legitimidad. Y, a su vez, esa legitimidad depende de la existencia real, efectiva, del Estado de Derecho. Por definición, la impunidad y el Estado de Derecho no pueden coexistir; si está una no está el otro. En México la impunidad sistemática, institucional y no ocasional, es un legado histórico que subsiste. Y mientras esa situación no cambie, nuestro país puede dejar de ser el autoritarismo que ha sido desde fines del siglo XIX, pero no será una democracia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario