Calidad.

Lorenzo Meyer

La Clave.- Hasta el momento, la marca de nuestra democracia es su novedad no su calidad; es necesario revertir los términos a la brevedad.
Desde que circunstancias extraordinarias condujeron a la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812 y hasta el año 2000, uno de los grandes problemas políticos de México –quizá el mayor— fue la dificultad para introducir la democracia como forma efectiva de gobierno en un sistema social, económico y cultural que por tres siglos había tenido como razón de ser el sostenimiento de una feroz desigualdad institucional. Tras casi doscientos años de independencia, el país ha logrado darse, de manera pacífica, una forma democrática de gobierno que promete ser duradera pero a condición de que esta complicada y delicada forma de gobierno logre una calidad que la haga no sólo deseable sino indispensable para la mayoría.
El Desafío Inmediato: la Base Material.- No es coincidencia que la etapa final del autoritarismo mexicano del siglo XX estuviera acompañada de un estancamiento económico prolongado. En efecto, desde 1982 la estructura económica de México no ha visto la suya. A lo largo de los últimos veinte años el crecimiento promedio anual del producto per capita mexicano ha sido de un ridículo 0.3%. Sin el sustento de una economía vigorosa que vuelva a despertar –y sustentar-- la idea de un futuro colectivo mucho mejor que el presente, la moral ciudadana no va a ser la adecuada para sortear los problemas y frustraciones propias de la democracia, un sistema donde habitualmente ninguno de los actores consigue ver satisfechas plenamente sus demandas pero donde tampoco el grueso de la sociedad pierde sistemáticamente en la distribución de tareas y recompensas. El crecimiento de la economía y la disminución de la desigualdad son ingredientes indispensables --¿insustituibles?-- para institucionalizar el compromiso como forma de afrontar las contradicciones irresolubles de clase y los conflictos de intereses entre los grupos.
El gobierno encabezado por Carlos Salinas (1988-1994) buscó neutralizar el efecto negativo del fraude electoral del 88 –su pecado original-- con la promesa irresponsable de hacer ingresar a México en el exclusivo club de los "primermundistas" por la vía del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la pérdida de la poca legitimidad que aún le quedaba al régimen del PRI se aceleró justamente porque la promesa de crecimiento “con solidaridad” se disolvió en la realidad de la corrupción en gran escala, el aumento de la desigualdad y el “error de diciembre” de 1994. La recuperación del crecimiento al final del último gobierno priísta –el presidido por Ernesto Zedillo-- ya no volvió las cosas a su sitio y el PRI finalmente fue obligado a dejar la presidencia.
La actual etapa democrática de México se inició con la promesa del líder opositor que triunfó de llevar al país a una etapa de crecimiento del 7%, promesa interesante pero cuyo cumplimiento dependía menos de la voluntad de quien la formuló y mucho más de las variables externas, en particular del dinamismo de la economía norteamericana. El 7% anual es la tasa mínima de crecimiento necesaria para empezar a abatir desempleo y subempleo estructurales. Sin embargo, el compromiso electoral --¿apuesta?-- se ha convertido en una tasa de crecimiento cero actualmente. Es claro que la razón de un tropiezo tan espectacular poco o nada tiene que ver con la naturaleza del nuevo sistema político sino con el comportamiento de la demanda de nuestro gran comprador: Estados Unidos. Sin embargo, la pretensión del nuevo liderazgo político de que su triunfo aseguraría el buen comportamiento de una economía dependiente del TLC, era falsa. Y ahora las consecuencias negativas del planteamiento caen no sólo sobre quien las formuló sino también sobre el prestigio del sistema democrático recién inaugurado.
Corrupción.- Otra promesa y compromiso central de quienes derrotaron al PRI el 2 de julio del 2000 fue que la democracia, cuando se lograra, tendría la fuerza y la voluntad de enfrentar con éxito uno de los más graves problemas históricos de México: el de la corrupción pública. Desde esa perspectiva, alcanzar la democracia equivaldría a llevar a cabo la auténtica revolución moral, esa que el PRI prometió por boca de Miguel de la Madrid (1982-1988) pero que ni quiso ni pudo llevar a cabo.
Ya han transcurrido nueve meses desde que este gobierno democrático asumió el poder y aún no es posible ver ningún resultado interesante en el supuesto combate al mal endémico. Dejemos de lado el desafortunado y ridículo incidente de la supuesta compra con dineros públicos de toallas de cuatro mil pesos para la casa presidencial. Lo realmente importante es que el profesor Carlos Hank González, símbolo de la corrupción institucional priísta, se fue de este mundo sin que nadie intentara llamarle a cuentas. Y si Oscar Espinosa, el último regente priísta de la Ciudad de México está hoy en problemas con la ley, se debe al esfuerzo del PRD por exigirle responsabilidad y no de quienes hoy controlan al gobierno federal.
Actualmente, y como un factor necesario para imponer la prometida legalidad, centenares de miembros de la antigua clase gobernante que deberían estar respondiendo ante los jueces por actos de corrupción --ex presidentes, ex gobernadores, ex regentes, ex secretarios de Estado, ex directores de empresas paraestatales, ex alcaldes--, viven tranquilos, seguros de que el nuevo régimen no tiene la voluntad de exigirles cuentas, pues busca su colaboración en un esfuerzo de “cambio sin ruptura”. Así pues y hasta el momento, el arribo de la democracia política a México no ha significado el castigo de la impunidad, lo que no ha aumentado su eficacia y sí ha minado su credibilidad y calidad.
La Gran Visión y el Equipo.- El nuevo gobierno llegó al poder tras prometer el cambio, pero ¿de que tipo? ¿hacia donde? ¿para qué? Durante la campaña del 2000 nunca se hizo una definición clara de hacia donde y como debía ir México si lograba la democracia; esa problemática se dejó envuelta en la ambigüedad. Ya en el poder el Plan Nacional del nuevo régimen se agotó en generalidades.
La historia muestra que una vez que se han hecho con el poder, ninguna fuerza opositora, ni las mas revolucionarias, ha logrado dominar a la realidad al grado de hacerla cumplir con el proyecto elaborado en la etapa de oposición. Pero todo indica que quienes derrotaron al PRI en el 2000, simplemente se montaron sobre la enorme insatisfacción acumulada por decenios de monopolio y abuso del poder pero sin plantearse seriamente la cuestión de la naturaleza del cambio.
La recién estrenada democracia mexicana pareciera haber sido echada a volar sin un plan de vuelo, y que éste se está haciendo sobre la marcha. Por ejemplo, han pasado ya nueve meses y la Secretaría de Educación –encargada del corazón del programa para sacar a mediano plazo a México del subdesarrollo-- admite que aún no cuenta con su programa sectorial. Y esa no es la única dependencia donde no se sabe exactamente que hacer con el futuro, pues tampoco se nos ha dicho como se modificará el modelo económico para impedir que otra desaceleración externa nos conduzca a un nuevo “cero crecimiento”, y la lista puede seguir.
En la campaña electoral el candidato triunfador prometió rodearse de los mejores hombres y mujeres del país. Es verdad que una parte mayoritaria del actual gabinete y algo de la alta burocracia constituyen una nueva clase política no contaminada por la corrupción pública del pasado, reclutada en buena medida en el ámbito de la empresa privada. Sin embargo, y aunque algunos miembros del grupo son funcionarios competentes, no es evidente que en conjunto sean “los mejores”.
En ninguna país ningún gabinete va a satisfacer los criterios de calidad de todos los electores, pero hasta hoy, los mexicanos seguimos esperando que se nos muestre que las virtudes del nuevo equipo van más allá de no tener un pasado priísta –aunque algunos tienen la pátina de un pasado formal o funcionalmente priísta— o no ser sospechosos de enriquecimiento inexplicable.
Los Partidos.- La democracia griega podía funcionar sin partidos y Juan Jacobo Rousseau esperaba que igual ocurriera cuando se materializara la que él tenía en mente en el siglo XVIII. Sin embargo, en la sociedad de masas actual, no hay la menor posibilidad de una democracia eficaz sin ese mal necesario que son los partidos, cada uno dominado por su respectiva oligarquía. Lo realmente malo es la pobre calidad de nuestro muy costoso sistema de partidos.
En principio, en los sistemas democráticos los partidos políticos son organizaciones de masas o de cuadros que compiten entre sí por el apoyo ciudadano en las urnas, y cuya función principal es la agregación e incluso la articulación de los intereses ciudadanos en función de una orientación ideológica.
Formalmente el México democrático es un sistema multipartidista que en la elección del 2000 tuvo once partidos en competencia. En la realidad el país cuenta con sólo tres partidos --PRI, PAN y PRD--, y aunque en esta época post “Guerra Fría” el elemento ideológico se ha diluido, no ha desaparecido. El partido formalmente en el gobierno, el PAN, es de derecha y el PRD de izquierda, ambos comprometidos con la promoción y preservación de la democracia política. El partido con mayor representación en el congreso, el PRI, es uno que en su declaración de principios se anuncia democrático pero que en su práctica de más de siete decenios se ha comportado como lo contrario. En las circunstancias actuales no le queda al PRI más que actuar dentro de las reglas democráticas, pero su pasado hace sospechoso su compromiso en ese terreno. Y por lo que a su orientación ideológica se refiere, resulta que la del PRI siempre ha sido poco confiable, pues a lo largo de su historia ha asumido indistintamente la de izquierda, centro o derecha. Hoy, es simplemente imposible saber cual es el objetivo del PRI más allá de simplemente sobrevivir.
Los dos partidos fuera del poder, el PRI y el PRD muestran enormes fracturas internas como resultado de sus fracasos, por tanto resultan instituciones muy deficientes como agregadoras de las demandas sociales. El PAN mantiene una mayor unidad –resultado de su victoria— pero aún no encuentra la fórmula para coordinarse con el presidente y ser eficaz.
La Legalidad.- Independientemente de sus resultados económicos y administrativos, la razón última de ser de las formas democráticas de gobierno tiene que ver con algo intangible: la dignidad individual y colectiva. En efecto, el ejercicio de la autoridad siempre conlleva un elemento de imposición, de fuerza, de humillación. Hasta hoy, la mejor forma de hacer tolerable el choque entre poder por un lado y libertad y dignidad por otro, es la creación de un sistema donde las órdenes y la obediencia no sean a persona alguna sino a instituciones y disposiciones emanadas, al menos en principio, de la voluntad mayoritaria. Esa es la democracia. Sin embargo, para que sea efectiva la ficción de que el ciudadano obedece a la ley y no a persona o grupo alguno, es indispensable que la legalidad sea una realidad la mayor parte del tiempo para la mayor parte de la población.
Se puede argumentar que es demasiado pronto para revertir decenios de ilegalidad en México y es válido, pero ya no es tan pronto para conocer y ver los primeros resultados de la gran transformación de la justicia que se prometió y que de necesidad tiene y debe acompañar a toda democracia viable.
Para concluir, la experiencia histórica muestra que en ningún caso se puede dar por sentado que una vez alcanzada la democracia ésta se convierta en una situación irreversible. Sólo la calidad es lo más cercano a una garantía de que el nuevo régimen echará, finalmente, raíces entre nosotros.